Nicaragua/ Represión imparable: se eleva a 767 la cifra de presos políticos [Confidencial]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de febrero 2019

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Nicaragua

 

Represión imparable: más de 200 detenidos en menos de dos meses

 

Se eleva a 767 la cifra de presos políticos

 

“Apresan por manifestarse y han creado juicios que son viciados”, reclama
Brenda Gutiérrez, madre de Rodrigo Espinoza, joven condenado a 17 años.

 

Confidencial, 1-2-2019

https://confidencial.com.ni/

 

La cifra de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario
Murillo se ha elevado a 767 personas, según el Comité de Presas y Presos
Políticos, que reúne a familiares de los detenidos a consecuencia de la
persecución política del régimen. El dato revela que, contrario a la demanda
de libertad de los presos políticos, el número de detenidos ha aumentado en
más de doscientas personas en menos de dos meses, pues a principios de
diciembre se contabilizaban 565 reos de conciencia.

 

“Apresan a las personas por manifestarse y han creado juicios que son
viciados. Sabemos que esa orden viene desde El Carmen. Las palabras de (el
exmagistrado Rafael) Solís confirman que todo esto es un montaje”, afirmó
Brenda Rodríguez, madre de Rodrigo Espinoza (joven condenado a 17 años de
prisión), y miembro del Comité.

 

En una entrevista exclusiva con el periodista Carlos F. Chamorro, el
exmagistrado judicial declaró que los juicios contra los ciudadanos son
órdenes políticas que dicta la pareja presidencial desde El Carmen.

•Solís: No hubo golpe, los juicios políticos “deben ser anulados”

 

“Todavía pueden los magistrados de los Tribunales de Apelación, o en nuestro
caso, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
revertir estas decisiones, pero es sumamente difícil que por el estado de
terror impuesto”, escribió Solís en su carta de renuncia a su cargo de más
de 21 años en la CSJ y su militancia de más de cuatro décadas en el actual
gobernante Frente Sandinista.

 

Más de 70 detenidos fuera del término de ley

 

Entre los 767 detenidos, hay al menos 77 que están secuestrados en las
celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote,
fuera del término legal de las 48 horas que la ley establece.

 

Las cifras de presos políticos se entregaron en un documento al secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por
Mayra Tijerino, madre del preso político de Eduardo Tijerino, líder del
Movimiento 19 de Abril, en Matagalpa.

 

Los datos precisan que unos 42 ciudadanos permanecen detenidos en estaciones
policiales departamentales o distritales, y unos 450 están alguna
dependencia del Sistema Penitenciario Nacional, algunos de ellos en celdas
de máxima seguridad, como el líder campesino del movimiento anticanal y
miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Medardo
Mairena.

 

Del total de presos, al menos 113 ya han sido condenados, a penas que
incluso superan las ocho décadas, aunque el período máximo establecido en
prisión es de treinta años.

 

Sin embargo, en realidad las condiciones carcelarias entre procesados y
condenados no varían ni hay separación entre los mismos, como establece la
legislación nicaragüense.

 

¿Dónde están 149 secuestrados?

 

De acuerdo con los datos del Comité, únicamente 23 detenidos enfrentan
procesos políticos en libertad provisional. La mayoría de ellos
adolescentes, aunque en algún momento, todos sufrieron encarcelamiento en
celdas compartidas con adultos, contrario a la ley.

 

“Adicionalmente, se registran 149 nombres de personas que alguna vez fueron
denunciadas como secuestradas por la Policía o fuerzas paraestatales, sin
tener constancia de su ubicación real y un indeterminado número de presos y
desaparecidos, cuyas familias no han hecho las denuncias respectivas por el
justificado temor a represalias del régimen”, señala el documento.

 

“Nosotros denunciamos en este informe la situación de los presos políticos,
las torturas, las represalias que continúan en contra de ellos, los
secuestros y las acusaciones falsas que realizan las autoridades”, detalló
Gutiérrez.

 

Las penumbras de los presos políticos

 

El informe del Comité precisa que los reos recluidos en la DAJ y el Sistema
Penitenciario, así como en las estaciones policiales, sufren de manera
sistemática negaciones y violaciones a sus derechos: las detenciones son
ilegales y los procesos de judicialización son viciados de forma
generalizada.

 

Este viernes, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que
acompaña o está a cargo de la defensa de muchos de los procesados, denunció
que más de un centenar de manifestantes presos fueron víctimas de “robo” y
“trato cruel” por parte de sus carceleros, quienes los sacaron de las celdas
para quitarles sus pertenencias de aseo personal y hasta medicamentos.

 

“Preocupa mucho la situación de salud de varios presos y la falta de
atención médica. Las condiciones de reclusión en sectores como El
Infiernillo, en la cárcel La Modelo. Asimismo las palizas y tratos crueles
en La Esperanza y en La Modelo”, expone el documento del Comité de Presos y
Presas Políticos de Nicaragua.

 

La ilegalidad por norma

 

En cuanto a las detenciones ilegales, el informe refiere que la norma en las
actuaciones de la Policía y paramilitares, son específicamente en contra de
quienes se manifiestan en contra del Gobierno. También se caracterizan por
la sustracción de las personas en lugares públicos o sus domicilios, bajo
violencia.

 

“Estas detenciones se dan sin orden de captura, y por autoridades no
competentes, o bien por civiles armados al servicio del régimen. En muchas
ocasiones, se tienen testimonios de capturas, sobre todo de los meses de
junio y julio, de personas capturadas no llevadas a cárceles, sino a casas
del partido FSLN y lugares clandestinos. Ha sido una constante que las
personas detenidas, pasen más de 48 horas, incluso semanas y meses, sin ser
presentadas a las instancias judiciales”, determina el documento.

 

Respecto a los procesos de judicialización, el Comité expresa que se han
identificado una serie de patrones ilegales, entre los cuales están la
sustracción del juez natural, y que las audiencias preliminares son
secretas, pues no se informa de ellas a los familiares y en ocasiones
tampoco se hace a los abogados defensores.

 

“Durante los procesos judiciales se violenta de manera permanente el
contacto con los presos, su derecho de comunicarse con su abogado, el
derecho a tener un juicio público, entre otros. Los testigos de las defensas
son permanentemente hostigados antes y después de sus comparecencias”,
reclaman.

 

Detenidos a pesar de órdenes de libertad

 

Organismos defensores de derechos humanos también han denunciado que al
menos cinco personas permanecen detenidas a pesar de tener órdenes de
libertad. Uno de ellos es el maratonista Alex Vanegas, quien corría por las
calles de la capital precisamente para exigir la libertad de los presos
políticos, y ya lleva más de noventa días preso.

 

Albert Quincell Bernard Monroe y Guillermo Alberto Sobalvarro Oporta también
están detenidos a pesar de que tienen órdenes de libertad, y se encuentran
en celdas de máxima seguridad en la Cárcel La Modelo.

 

Jorge Huascar Montenegro, preso en la cárcel La Modelo, y el menor de edad
Jonathan Lira Matey, en El Chipote, tampoco han sido liberados, a pesar de
tener una orden.

 

El Comité informó en el documento citado que tienen conocimiento del no
cumplimiento de forma sistemática de oficios girados por jueces, respecto a
traslados de ciudadanos detenidos, para una valoración forense en el
Instituto de Medicina Legal.

 

Algunas de las situaciones más preocupantes son el caso de “Brenda Muñoz,
del Diriá, quien tiene una enfermedad poliquística de hígado y riñón; Nardo
Sequeira, de Acoyapa, quien presenta un caso agudo de depresión; Max
Francisco Cruz Gutiérrez, de Ometepe herido por la policía el día de su
secuestro y que se mantiene en la cárcel con una infección
intrahospitalaria”.

 

También la situación de Juan Bautista Guevara, de Ticuantepe que podría
quedar sordo producto de una golpiza recibida en El Chipote, y Ruth Matute,
de Masaya, secuestrada el 7 de octubre cuando iba a dejar comida a su esposo
detenido en la estación de Policía y quien se encuentra en situación grave
en un hospital capitalino por una deficiencia cardíaca no atendida a tiempo.

 

“Tenemos constancia de múltiples casos de presas y presos políticos con
diabetes, hipertensión, epilepsia y convulsiones producto de golpes y
lesiones. Estas son condiciones críticas de salud que necesitan especial
cuidado”, señala el informe.

 

Igualmente, se estima que unos 54 presos políticos sufren condiciones
infrahumanas y de reclusión diferenciada, entre las cuales diez están en
celdas de castigo, 29 presas bajo máxima seguridad y 15 en el sitio llamado
“El Infiernillo”, donde no reciben sol excepto por pocos minutos al día.

 

202

 

ciudadanos han sido apresados ilegalmente entre diciembre y enero, elevando
la cifra de presos políticos a 767.

 

77

 

presos políticos permanecen en las celdas de El Chipote fuera del término
legal de 48 horas que establece la ley.

 

5

 

presos políticos, entre ellos un menor de edad, continúan presos pese a las
órdenes de libertad aprobadas.

 

113

 

presos políticos ya han sido condenados por los delitos fabricados por la
dictadura. Pero condenados o no, todos comparten las mismas condiciones
carcelarias, contrario a la ley.

 

70

 

mujeres y tres mujeres trans están entre la lista de más de 700 presos
políticos de la dictadura de Ortega-Murillo.

 

423

 

de los presos políticos ya enfrentan algún proceso judicial en su contra,
mientras otros 200 siguen pendientes de audiencia.

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