Venezuela/ Ley de Amnistía. El borrón y cuenta nueva de Guaidó y el imperialismo [Armando Guerra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de febrero 2019

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Venezuela

 

La Ley de Amnistía

 

El borrón y cuenta nueva de Guaidó y el imperialismo

 

Armando Guerra

La Clase.info, 9-2-2019

https://laclase.info/

 

La Asamblea Nacional (AN) presentó al país la ley de Amnistía y Garantías
Constitucionales para los Militares y Civiles que Colaboren o Hayan
Colaborado con la Restitución del Orden Constitucional.

 

Este es un instrumento con el que la Asamblea Nacional y su presidente Juan
Guaidó, pretenden establecer un pacto para perdonar a los civiles y
militares ligados al gobierno, responsables de delitos de lesa humanidad,
violación de derechos humanos, actos de corrupción y crimen contra el
patrimonio y el pueblo venezolano, realizados por funcionarios del gobierno,
durante estos últimos veinte años.

 

Con esta ley se brinda el beneficio de la amnistía a “todos los civiles,
militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y
exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta
la entrada en vigencia de la presente ley” (Art. 1). Es decir, que mediante
el beneficio excepcional que se les otorga “se produce la extinción de la
responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, o tributaria,
mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos,
procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos que se han
producido en general desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en
vigencia de la presente ley”. (Art. 2).

 

En términos concretos la AN y las organizaciones políticas de la oposición
patronal, pretenden dejar sin efecto posibles penas contra los responsables
de una amplia gama de actos delictivos, penales y criminales, en los que han
participado tanto militares como civiles en el lapso de tiempo
correspondiente a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y gozarán
de esta gracia o amnistía siempre y cuando “contribuyan a la defensa de la
Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la CRBV”.
Es decir que a nombre de la constitución, se pretende encubrir todo género
de fechorías.

 

A los integrantes de la AN, poco les importa el tamaño del delito, el
desfalco a la nación, los crímenes en las cárceles y en los barrios, la
ejecución del Arco Minero y los destrozos a las comunidades indígenas, o la
muerte de centenares de niños en los hospitales o la desaparición de
medicamentos, el desastre en el sistema educativo, todo ocasionado por la
corrupción de funcionarios civiles y militares, empresarios e importadores
de maletín.

 

La AN busca dividir a las fuerzas armadas para propiciar un golpe

 

Lo que se persigue con esta ley es brindarle un puente de plata a
represores, violadores de derechos humanos y corruptos, perdonándoles sus
delitos, siempre y cuando se pongan del lado de los partidos patronales de
la AN, y propicien la ruptura del gobierno y de las Fuerzas Armadas, con el
objetivo de dar un golpe de Estado. Todo esto como parte de un plan de
intervención del imperialismo en los asuntos internos de nuestro país. Este
es el objetivo político fundamental de la ley.

 

En la práctica se les otorga un “salvoconducto”, para que criminales,
ladrones, desfalcadores del dinero del pueblo venezolano, evadan la
justicia, y puedan disfrutar sus millones obtenidos al amparo de toda clase
de negocios turbios, en un eventual gobierno de los factores de la derecha
tradicional agrupados en la AN, todo con el aval y respaldo del
imperialismo.

 

Esto queda claro en el párrafo final de la exposición de motivos, donde se
afirma que lo que se busca es“fijar una importante base para la facilitación
de una transición política, en la cual se concreten los pasos para unas
verdaderas elecciones presidenciales mediante votación universal, directa y
secreta, revestida de todas las garantías democráticas”.

 

La Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó, el imperialismo y los
partidos patronales, procuran el perdón y la impunidad de los delitos
cometidos, con la idea de que con este ofrecimiento lograrán la ruptura de
las Fanb con el gobierno, evitando de esta manera un estallido social, y que
sean los trabajadores y el pueblo movilizados lo que derroten al gobierno
hambreador de Maduro.

 

Una ley que establece sanciones a los jueces que no la cumplan

 

La ley además establece que: “Los funcionarios del sistema de administración
de justicia que se nieguen a dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal
de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

Es decir, que la AN y sus partidos, previendo que algún juez honesto no se
preste para la vagabundería de perdonar a criminales y corruptos, les
garantiza que el Estado será igual de corrupto que ellos.

 

Se sigue aplicando aquello de que “quien hace la ley hace la trampa”. Y al
final, gobierno y oposición por ser patronos, son iguales.

 

A la Asamblea Nacional le aterra la movilización obrera y popular

 

Al igual que el gobierno y el mismo imperialismo, le tienen miedo a la
movilización popular. Le tienen terror a que se produzca un desborde, y que
sea el pueblo movilizado en las calles, el que decida su destino. No quieren
que se produzca una situación de rebelión popular masiva como en el 2017.
Durante todo ese año se dieron ejemplos de movilizaciones que amenazaban a
la dirección de la MUD-FA, obligándolos a estar en las calles cuando las
masas asumieron el claro objetivo de salir de Maduro, y el que ellos
desviaron al acudir a las negociaciones con el gobierno, y a los procesos
electorales. No es casual que varios diputados, descalificaran las protestas
y saqueos que se produjeron en zonas populares, especialmente en Caracas,
entre el 21 y 23 de enero.

 

Desde esos días, el pueblo trabajador ha asumido la calle, situación que no
se puede adjudicar al liderazgo de Guaidó, este solo ha sido el canal
mediante el cual se ha expresado el descontento popular, manifestando su
deseo de salir del actual gobierno.

 

Nuestro partido plantea que no es Guaidó, ni el imperialismo, ni los
militares a través de un golpe, quienes deben sacar a Maduro. Creemos que
debe ser el pueblo, y las trabajadoras y trabajadores movilizados, quienes
cumplan esta tarea. Queremos que se produzca una crisis en el gobierno y en
las Fanb, pero que sea consecuencia de un amplio movimiento social,
acaudillado por los trabajadores, que movilizado con independencia, exija en
la calle la salida de Maduro.

 

Este grado de complicidad debemos denunciarlo y rechazarlo categóricamente.
Llamamos a la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, a los sindicatos,
estudiantes, a Provea y demás organizaciones de derechos humanos, a los
sectores populares, a los familiares de las víctimas de la represión, y a
los trabajadores en lucha, a repudiar esta nefasta ley.

 

El PSL (Partido Socialismo y Libertad) rechaza categóricamente esta ley de
la impunidad. Por el contrario, exigimos cárcel para los violadores de
derechos humanos y para los corruptos, repatriación de los capitales
fugados, y confiscación de los bienes de los corruptos e importadores
fraudulentos.

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