Nicaragua/ La "normalización" de un régimen gansteril [Ernesto Herrera]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de enero 2019

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Nicaragua

 

La “normalización” de un régimen gansteril

 

Ernesto Herrera

Mangua, diciembre 2018

 

Se trata, apenas, de una descripción. Sin la pretensión de ofrecer una
lectura de la tragedia que ocurre. Ni de analizar con precisión una “crisis
socio-política” de imprevisible desenlace.        

 


Evidente. Ya no se ven tranques (barricadas) La rebelión popular que estalló
el 18 de abril y se prolongó por varios meses, fue aplastada. El saldo de la
masacre es inocultable: 325 muertos (el régimen “reconoce” 199), 2.000
heridos, 600 presos políticos, decenas de desaparecidos, 350 médicos
despedidos de los hospitales públicos. Más de 30.000 exiliados en Costa
Rica. En el campo la “cacería” fue salvaje y varias zonas rurales se
mantienen aún militarizadas por el Ejército y la Policía. 

 

Las organizaciones sociales, (estudiantes, territoriales, y otras) se han
replegado. Muchos de sus liderazgos previos, tanto como los surgidos en
medio de la insurrección, fueron asesinados o están en las cárceles.
Igualmente, centenares de activistas (imposible estimar cuántos) se
mantienen en la clandestinidad, refugiados en barrios periféricos, cobijados
por familias y amigos, camuflados en diversas instituciones de la sociedad
civil. 

 

El argumento de una protesta masiva, cívica sobre pacífica, por ser genuino,
debe ser sostenido por aquellos/aquellos comprometidos con la incondicional
solidaridad. Sin dejar de resaltar la otra cara de la formidable lucha
democrática: los miles de jóvenes, mujeres y pobladores que se
auto-organizaron en Masaya, León, Estelí, Matagalpa y otros tantos lugares.
Con valentía temeraria. Levantando tranques, piquetes de auto-defensa,
usando morteros de fabricación casera, piedras, palos, adoquines. Dispuestos
a todo, como en el municipio de Moninbó (Masaya). Todavía pueden verse allí
las huellas de la batalla desigual, en casas, edificios y grafitis. 

Contra esos “autoconvocados” el régimen desplegó una maquinaria criminal:
francotiradores parapoliciales armados con fusiles tipo AK y Dragunov,
Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas
portátiles PG-7. Es decir, armas de guerra que en Nicaragua solo posee el
Ejército (o se adquieren por fuera de las instituciones armadas oficiales),
como lo denunció Amnistía Internacional (AI) en una investigación de su
equipo para “Situaciones de Crisis”.  

 

Finalizada la “operación limpieza” (bautizada por la dictadora Rosario
Murllo, “vamos con todo”), que AI probó a través de fotos, videos y
testimonios, (100% Noticias, 8-11-2018), el régimen Ortega-Murillo orquestó
una nueva metodología autoritaria. Prohibió las marchas y tranques. Los
paros cívicos y las huelgas son considerados actos de “sabotaje”, la más
mínima protesta es acusada de “terrorismo”. Las etiquetas de “traidores a la
patria” (incluido en la lista el general Humberto Ortega, ex jefe del
Ejército Sandinista, hermano del dictador) y de “golpistas al servicio del
imperialismo” circulan como en los discursos oficiales, redes sociales y
canales de TV adictos al régimen. El “Poder Judicial” es un instrumento
siniestro que responde a las órdenes de la dictadura.

 

No se perciben, a simple vista, controles y retenes policiales ostensivos.
Ni el opresivo clima de sistema totalitario de las dictaduras del Cono Sur
en los años 1970-1980. 

 

Por aquellos tiempos, las organizaciones de izquierda estaban todas
clandestinas, sin asomar la cabeza, y la oposición democrático-burguesa bajo
total proscripción política y mediática. Ningún resquicio de legalidad.
Desde las catacumbas, las prisiones y el exilio, así era la resistencia en
los años de la “Doctrina de Seguridad Nacional” y el “Plan Cóndor”.
Inimaginable cualquier reportaje o columna de opinión en medios de prensa
masivos que calificara a los regímenes militares como dictaduras, o que
aludieran a sus innumerable atrocidades.  

 

Por esa razón, entre otras tantas (históricas, políticas, económicas,
sociales), las analogías son inútiles. Aunque el régimen Ortega-Murillo haya
instaurado un Estado policiaco, sistemático, y se sirva de métodos de
“represión pinochetista”.

 

En Nicaragua, luego de la matanza, la represión se ha vuelto más
“selectiva”, aunque no menos brutal. Busca descabezar ante todo a las
organizaciones y liderazgos sociales activos -algunos con abundante
exposición mediática- que generan conciencia y denuncia. Son los principales
obstáculos a la continuidad de la impunidad del terrorismo de Estado.  

 

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A partir del 12 de diciembre, la escalada represiva apuntó contra los dos
focos principales y más visibles de la resistencia: las organizaciones de
derechos humanos y los pocos medios periodísticos independientes (sobre todo
los televisivos, como 100% Noticias, Confidencial, La Prensa). Retiro de
personerías jurídicas, asalto a locales, saqueos de equipos, robo de cheques
y dinero destinados al funcionamiento y pago de alquileres y salarios.

 

La imagen de Vilma Núñez, 80 años, presidenta del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh), enfrentando a un pelotón policial el jueves 13 de
diciembre, es un símbolo indoblegable de este coraje democrático. Muchas de
las Ongs perseguidas son lideradas por mujeres. 

 

La Unidad Nacional Azul y Blanco (conformada el 4 de octubre de 2018) por
universitarios y campesinos, activistas sociales, dirigentes políticos,
colectivos feministas, empresarios, y la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, está desdibujada.  

 

Las exigencias de renuncia inmediata de Ortega-Murillo (demanda central
entre abril-setiembre), y el adelanto inmediato de las elecciones, perdieron
fuerza por no decir que se han diluido. La agenda de demandas está centrada
en el cese de las persecuciones: la libertad de los presos políticos, el
desmantelamiento de los paramilitares; el fin de la censura de prensa. 

 

Mientras tanto, vuelven a instalarse con más fuerza las propuestas de un
“diálogo nacional” para “restablecer la institucionalidad”. La Iglesia
Católica y el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), insisten
nuevamente con esta estrategia. 

 

Para el Cosep (reunido en asamblea general el miércoles 12 de diciembre), lo
prioritario es que “se busque con urgencia una solución negociada a la
crisis sociopolítica del país para que no aumente el problema económico que
afecta a la población” (La Prensa, 13-12-2018). Tímidamente, se menciona el
adelanto de las elecciones. Sobre todo para contemplar las directrices de
Estados Unidos que, a partir del Nica-Act, decidió alinear al conjunto de
los empresarios en una postura clara de oposición al régimen. 

 

Por su parte, los patrones de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic)
denuncian la “expropiaciones” que realizan grupos de “tomatierras”, que han
invadido unas 5.400 manzanas (7. 780 hectáreas) ocupando, desde abril,
propiedades de 65 empresarios. Los “tomatierras”, fieles al régimen, ocupan
esas propiedades, bajo la promesa de que el gobierno “legalizaría sus
lotes”.  

 

No está en la agenda la realización de Paros Cívicos nacionales, ni tampoco
manifestaciones masivas, a no ser que el régimen las autorice.  

 

*******

 

El estallido social fue la más radical expresión de hartazgo y repudio.
Mostrando la completa pérdida de legitimidad política del régimen, tanto
como su variopinta y fracturada base social. La rebelión popular desnudó la
naturaleza del gobierno Ortega-Murillo. Uno de los nueve comandantes que
dirigieron la revolución sandinista, Luis Carrión, apunta una definición: se
trata de un régimen gansteril. Represivo, clientelar, mafioso. Con
reacciones “esquizofrénicas”. Que defiende su territorio de negocios a los
tiros y abierto chantaje. Sus partidarios reciben tanto amenazas como
“beneficios” funcionales y económicos. 

 

La base es limitada, afirma el sociólogo Oscar René Vargas. “Digamos que son
unos mil, 1.500 que están dispuestos a matar para mantener a Ortega en el
poder. Tiene la ventaja que son inmunes y pueden hacer barbaridades, te
roban, te asaltan, te quitan los celulares, se roban los carros. No están
por ahí por una cuestión ideológica. Son fanáticos. (Entrevista en la
revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018) 

 

Por otro lado, los “militantes sandinistas” y empleados públicos, usados
como fuerza de tarea. Son los “rotonderos”, que deben hacer presencia todos
los días en las 12 Rotondas de Managua, construidas para facilitar la
circulación y evitar los “pegones” en el tráfico automovilístico.

 

El gobierno pretendió con ellos retomar las calles ganadas por la oposición
a partir de abril. Y, de paso, mostrar el apoyo “espontáneo” hacia el FSLN
contra “los vándalos golpistas”. Obligados a ondear banderas rojinegro y
azul y blanco, deben mantenerse bajo toldos precarios en los puntos de
concentración. En los primeros meses de la insurrección, también partían
desde allí de allí las “caminatas” en respaldo a Ortega-Murillo.

 

Como moneda de pago, transporte y comida. La población los bautizó con el
mote de “sapos”. Repudiados hasta por sus amigos, compañeros de trabajo y
vecinos, fueron desanimándose. La tropa civil de choque fue siendo
remplazada. En su mayoría, los rotonderos de hoy son empleados públicos que
cumplen su horario laboral en las Rotondas. Muchos dicen “también somos
víctimas”. Los hay funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (Inss) y del Ministerio de Educación (Mined) pero también de otras
reparticiones del Estado.

 

Las órdenes provienen de “coordinadores”, miembros de la Juventud Sandinista
que actúan que como tales en todos los ministerios. Subordinados
completamente a los Jefes. “Están bien pagados”, dice “Octavio”, vendedor en
un puesto de jugos, cercano a una de las Rotondas. Lo confirma “Patricia”,
profesora, forzada a la “fidelidad sandinista” revela, entre susurros, el
sueldo de los “coordinadores”: 22.000 córdobas mensuales (unos 750 dólares).

 

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh),
Gonzalo Carrión, afirma que el control absoluto del régimen y las órdenes
partidarias a los empleados públicos “han arruinado la función pública,
porque se impone la lealtad al partido sobre el servicio a los ciudadanos”.

 

La “participación” decrece. El número de rotonderos no supera la veintena de
personas en la mayoría de cada una de ellas, esparcidas por la capital.
Aunque el régimen se desvive por demostrar lo contrario: parlantes irradian
canciones revolucionarias y consignas alusivas al FSLN. A escasos metros de
cada Rotonda, se encuentran patrullas de la policía orteguista, estacionadas
junto a los buses rusos que trasladan a los “secretarios políticos”,
encargados del reclutamiento de nuevos rotonderos por los barrios populares.


 

Finalmente, la clase trabajadora de zonas francas, ocupada mayormente en el
sector de la maquila. A través de la dictadora Rosario Murillo, el régimen
anuncio un “ajuste del 8,5% para salarios de zona franca”. El salario mínimo
de los trabajadores de zona franca pasará de 5.460 córdobas (unos 169
dólares) a 5.910 córdobas (183 dólares).  

 

Nicaragua cuenta con 52 parques industriales y 226 empresas usuarias en más
de dos millones de metros cuadrados, que generan 124.334 empleos directos y
350 mil empleos indirectos en el sector de maquilas, según datos oficiales
citados por la agencia Efe (14-12-2018). Las empresas instaladas han
diversificado en años recientes su producción, ya no solamente producen
textiles, sino que también se fabrican artículos más elaborados y también
operan empresas de call centers. Gran parte de la inversión extranjera
“productiva” se encuentra en esas zonas francas. En 2019, una empresa textil
china comenzará a operar en el sector de Mateare (carretera nueva a León),
con una inversión de 200 millones de dólares y una promesa de 1.000 nuevos
empleos.

 

En las industrias maquiladoras, igual que en el sector público, predomina la
CST (Central Sandinista de Trabajadores), colateral sindical del régimen,
siguiendo el modelo cubano de Partido-Estado.

 

Durante los primeros meses de la insurrección y, sobre todo en ocasión de
los paros cívicos nacionales convocados por la oposición democrática, los
trabajadores que adhirieron a las protestas y a las medidas de huelga,
fueron expulsados de sus trabajos y perseguidos como “agentes de los
golpistas”. 

 

En tal sentido, la resolución de activar el aumento salarial (suscrito entre
el gobierno, patrones y sindicatos del sector, en junio de 2017) manifiesta
la intención del régimen de favorecer a las capas obreras que se mantienen
fieles, y que compensan la pérdida de apoyos sociales en el conjunto de la
sociedad. 

 

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EL “estado de excepción” presenta una engañosa “normalización” de la vida
cotidiana. Sobre todo durante el día (anochece a las 18 horas) donde
prevalece un clima de sosiego. “La situación está más calmadita”, dice
“Javier” un taxista. El movimiento en los grandes espacios comerciales tiene
ritmo de celebración navideña. 

 

El Mercado Central Roberto Huembes, impresiona. Localizado en el Distrito V
de Managua, abarca 130 mil metros cuadrados, 4.500 “comerciantes”:
vestimenta, artesanías, licores, verduras, frutas, “comiditas” para el día.
Cerca de 10 mil personas lo visitan diariamente. Al lado, la terminal de
buses interurbanos. La folletería turística lo describe como el lugar “más
seguro para ir de compras”. 

 

En su perímetro circundante, decenas de cuida-coches: pobres, aspecto
famélico. Hay cantidad de personas mutiladas, faltan piernas, brazos, manos.
Son los “lisiaditos”, antiguos milicianos de la Contra en la guerra de los
años 1980; pensionados miserablemente tras los acuerdos entre Ortega y los
jefes contrarrevolucionarios que dieron base a su primer “gobierno de
reconciliación nacional”. Obtienen un ingreso extra, cobrando unos 20
córdobas (70 centavos de dólar) por cada parqueo.

 

Los contrastes de la “normalización se acumulan. En todo caso, muestran los
efectos de la crisis económica y el aumento de la inseguridad. Las farmacias
han modificado el horario de entrega de medicinas. La mayoría de los
restaurantes y pizzerías cierran antes de las 21 horas. Al caer la noche,
Managua se apaga. Se respira desolación. 

 

El paisaje se repite en el Puerto Salvador Allende, ubicado en el Malecón de
Managua, frente al lago de Xolotlán, al norte de la capital.  Según datos
oficiales, el Puerto recibe al menos 3.000 visitantes al día y los fines de
semana la cantidad de turistas, en su mayoría nacionales, llega hasta los
10.000. Obviamente falso, parte de la campaña de simulacro del régimen.
Tanto como un anuncio televisivo en el programa de la dictadora Rosario
Murillo sobre el supuesto arribo de dos cruceros con 1.600 turistas, para
visitar el famoso mercado de artesanías de Masaya. Las imágenes de las naves
se ven antiguas o trucadas. 

 

Viernes 14 de diciembre, a media tarde, el Malecón está casi vacío. En la
entrada de los locales, decenas de meseros aguardan la llegada de algún
cliente y los taxistas, que se mantienen en las afueras del Puerto, esperan
un eventual pasajero. El precio del viaje se regatea, es la norma.  

 

El miedo a la delincuencia, el hostigamiento policial y el atropello de los
“encapuchados” (que pueden ser la mezcla de bandas lumpenes y escuadrones
parapoliciales), agregado a la sospecha de persecución, se ve reflejado en
bares, avenidas, parques, destinos turísticos, centros comerciales y
rotondas. Las bandas de mariachis guardan sus guitarras, deambulan por
restaurantes y hoteles con tarifas rebajadas para eventos de fin de año. 

 

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La extrema pobreza es visible, diversas estimaciones la ubican por encima
del 40%. Los barrios populares parecen gigantescos asentamientos
regularizados, aun provistos de servicios básicos (agua, electricidad,
saneamiento), las viviendas son de chapa galvanizada en su mayoría,
estrechos pasajes, basurales que se amontonan. El transporte público
continúa subsidiado, 2.50 córdobas el precio de un boleto urbano. Aunque el
régimen empieza a racionar la venta de combustible. Secuela del fin del
petróleo barato enviado por el régimen amigo de Maduro.  

 

Según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep), la crisis sociopolítica provoca la pérdida y suspensión de
unos 400.000 puestos de trabajo. De marzo a octubre se han perdido 142.760
empleos formales, según indican las estadísticas de Mercado Laboral
publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El 43% de los empleos
perdidos entre marzo y setiembre, pertenecen a la construcción y el
comercio. En la industria manufacturera (162.444 trabajadores/as) se
perdieron 11.806 empleos. (La Prensa, 13-12-2018).

 

La precariedad laboral y salarial, otra norma. La “informalidad” supera de
lejos el 50%. El salario medio ronda los 300 dólares, aunque en empresas de
seguridad, tiendas y supermercados, es todavía menor. No se paga el horario
nocturno, las horas extras son simples, y en muchos sectores los empresarios
hacen firmar dos tarjetas a sus empleados/as, una por las 8 horas y otra por
las 4 restantes, para evadir el tributo de los impuestos sociales. Así ha
ocurrido durante los 13 años continuos de orteguismo. 

 

Justamente al revés de la imagen oficial. La propaganda inunda avenidas,
parques, edificios, plazas. “Un pueblo feliz” que vive una revolución
“cristiana, socialista, solidaria”. Al tiempo que los gánster se atrincheran
en organismos públicos, la Policía, y los escuadrones parapoliciales. En
este país “alegre y trabajador”, sus máximos jefes, por precaución, casi no
salen del bunker de El Carmen, residencia presidencial.  

 

Casi todas las predicciones anuncian una caída del PIB, entre 4 y 8%. El
crédito al consumo cayó 10%. La inversión en vivienda bajará hasta 70% dicen
las “empresas urbanizadoras”. El turismo, base del “crecimiento económico”,
junto a las exportaciones agrícolas, habanos y mercancías producidas en las
zonas francas, ha colapsado. Se estima que este año se percibirán U$S 500
millones menos por turismo, con relación al 2017. 

Mientras tanto, el régimen anunció “reajustes presupuestarios. Es decir,
menos dinero para la enseñanza (sobre todo universitaria, foco decisivo de
la organización y rebelión social), y para aquellos hospitales públicos
departamentales, donde la resistencia, como en León, fue más fuerte. 

 

Sin embargo, la policía orteguista recibirá más dinero. Pese a que el
Presupuesto General de la República 2019 se contrajo para hacer frente a la
caída en las recaudaciones de impuestos, donaciones y préstamos
internacionales, la Policía, recibirá más recursos para “protección a
personalidad”, o sea, para la custodia directa del clan Ortega-Murillo:
gastará 263 millones de córdobas, 51.7 millones más que este año, lo que
equivale a un aumento del 24.4% con respecto a 2018. (La Prensa,
15-12-2018). 

 

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Difícil un pronóstico. La mayoría de las expresiones opositoras y de los
analistas, hablan de la “agonía del régimen”, describen las reacciones
brutales de Ortega como las de una “bestia herida”. Los “dirigentes
históricos” que se mantienen fieles son escasos. Bayardo Arce como discreto
“asesor” presidencial, aunque al principio de la rebelión intentó tomar
distancia de la salvajada represiva. Eden Pastora que en entrevista a CNN en
español, justifica la “legalidad” del régimen. Circulan rumores sobre una
supuesta lucha de fracciones al interior de la cúpula del FSLN. 

 

Lo único cierto y visible es que la dictadura no ha logrado “normalizar” la
situación. La crisis de régimen de dominación se mantiene en todos sus
términos. Aunque haya sorteado las predicciones de su “inminente” caída. 

Los apoyos internacionales del régimen son, ante todo retóricos, y en
algunos casos patéticos: los países del Alba (Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América), y las infames organizaciones del Foro de San
Pablo. Actores que no pueden ofrecer recursos para el problema más urgente y
crucial: la crisis económica. Apenas la generosa amistad con Taiwan que
aporta un aumento de las “donaciones”, informa un reportaje titulado
“Taiwán: ¿aliado o rehén? (Revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018).  De la
“alianza estratégica” con Rusia nadie presenta datos precisos, aunque se ven
muchos “turistas” y “hombres de negocios” rusos en los grandes hoteles y
locales de compras.   

 

No se perciben expresiones políticas organizadas de izquierda (tampoco las
había antes del 28 de abril) Y los distintos referentes que provienen del
“sandinismo revolucionario”, tampoco coinciden en una alternativa
independiente de las fuerzas patronales y religiosas hoy en la oposición,
las cuales mantuvieron por años un pacto de “gobernabilidad con el régimen.
Algunos de estos referentes de izquierda, no descartan la opción del
“diálogo” y la negociación con el régimen, para no fracturar la
“concertación democrática”. 

 

Mientras tanto, la apuesta a una “solución transitoria”, que incluía al
Ejército (o a una parte de ellos) y contaba con adeptos en la oposición, fue
perdiendo aire. Mucho más cuando las sanciones del Nica Act pueden llegar a
congelar los dineros del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) que,
además de constituir un emporio económico en el país (cientos de millones de
dólares invertidos en numerosas ramas económicas, tiene sus reservas
depositadas en fondos de pensión estadounidenses y bonos del Tesoro, según
dan cuenta informes publicados en El Nuevo Diario y Nicaragua Investiga.

 

No se trata solamente de dinero. Las sanciones pueden incluir pedido de
extradiciones por supuestos lazos con el narcotráfico y responsabilidad en
la masacre perpetrada por el régimen gansteril de Ortega-Murillo.

 

En realidad, como afirma “Marcela”, socióloga de la Uca (Universidad
Centroamericana), los militares perdieron legitimidad. “La impavidez del
Ejército es solo aparente. Porque sin intervenir directamente en la crisis,
el sólo hecho de callar ante la represión y el genocidio les convierte en
cómplices silenciosos del régimen”.

 

En Nicaragua las mediaciones amortiguadoras son débiles. Los partidos de
derecha son fantasmales, como el Liberal Conservador que todavía participa
en la Asamblea Nacional (parlamento) dominada por 65 legisladores del FSLN.
La alternativa que representaba el MRS (Movimiento Renovador Sandinista)
creado el 21 de mayo de 1995 por fundadores, ex comandantes guerrilleros y
gobernantes del FSLN que rompieron con la dirección orteguista, tuvo
sucesivas escisiones antes de ser ilegalizada por el régimen tiempo atrás.
Sus ex cuadros dirigentes se expresan contra el régimen a modo individua,
como miembros de diversas Ongs, o con la autoridad intelectual que les
brinda su profesión, como es el caso del escritor y ex vicepresidente de
Ortega en el primer gobierno sandinista, Sergio Ramírez.   

 

Queda la poderosa Iglesia Católica, aliada estratégica del régimen en los
dos gobiernos anteriores, hoy desplazada del círculo del poder y afectada
por el avance de las iglesias evangélicas que copan horarios televisivos
cedidos por el régimen y se benefician de concesiones económicas. 

 

En este cuadro, el odio masivo contra el régimen sigue acumulándose. El
estado de desobediencia civil, en repliegue por el momento, está latente. Y
bien puede volver a manifestarse bajo la forma de un nuevo estallido social,
en un país donde la “memoria revolucionaria” parece transmitirse de una
generación a otra. 

 

*******

Posdata. Montevideo, 30-12-2018

 

El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) es
demoledor. El régimen Ortega-Murillo cometió innumerables crímenes de lesa
humanidad. Acusa a los responsables, exige justicia y reclama reparación de
las víctimas. La masacre está certificada. 

 

Tanto, que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro (ex embajador
uruguayo en China durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, luego
embajador en Sudáfrica y canciller durante el gobierno de José Mujica),
recomendó a la reunión del Consejo Permanente (27-12-201), activar el
mecanismo de la Carta Democrática para la suspensión de Nicaragua como
Estado miembro, apelando al antecedente de Honduras, cuando el golpe de
Estado que derrocó a Manuel Zelaya.

 

Un discurso inédito para el ámbito y la ocasión, como si hablara un
dirigente de izquierda. Recordó los antecedentes del personaje en cuestión,
“uno de los últimos revolucionarios vivos”. Tras cartón, amenaza de
sanciones y de más aislamiento internacional. El gobierno “del presidente
Ortega” entró en una “lógica de dictadura”. Y “no queremos un Ortega
dictador”. Cese de la represión, libertad de los presos políticos, fin de la
censura de prensa, regreso al Estado de derecho, reforma del sistema
político-electoral.  Y vuelta a la mesa de diálogo nacional”. 

 

Demandas pesadas para el régimen Ortega-Murillo. Que estimularon a la
oposición democrática nicaragüense que lo tomó como un “bálsamo
democrático”.  Aun sabiendo de que el proceso en la OEA será complejo, lleno
de trampas diplomáticas y maridajes en la llamada “comunidad internacional”.
Y que, la línea expresada por Almagro para Nicaragua no implica, como para
Venezuela, una estrategia  de “cambio de régimen” sin vueltas. Es decir, el
derrocamiento, a como dé lugar, del gobierno instituido. Pese a la
verborragia acusatoria, no se le cerraron todas las puertas al régimen
criminal. “Asuman la responsabilidad”, le señaló el Secretario General al
gobierno de Ortega (en ningún momento hizo mención a la dictadora Rosario
Murillo). Y eso incluye la posibilidad de volver a negociar y/o pactar una
“solución a la crisis”. 

 

En todo caso, una de las hipótesis más probable, contemplada por analistas y
militantes conocedores del país y de la sociedad, es una combinación de
factores y de actores. Por un lado, la presión internacional encabezada por
Estados Unidos y la OEA. Por otro lado, un nuevo juego negociador entre la
dictadura y la oposición que enfríe la descomposición del régimen y
restablezca las “reglas de juego” de una pretendido “restablecimiento
institucional”. 

 

En este contexto, las especulaciones se multiplican. Por ejemplo, que ya
estarían en curso negociaciones. Ninguna de las fuentes especifica entre
quienes y cuales sus alcances. Aunque se repita desde algunos medios y
sectores opositores, que la dictadura “tiene los días contados”. 

 

Por lo pronto, un vocero de la Articulación de Movimientos Sociales, afirmó
que luego de conocido el informe del GIEI, la opción de un nuevo diálogo con
el régimen es inviable. Quieren participar en la toma de decisiones, y lo
único válido, aceptable, es la salida de Ortega-Murillo. Un objetivo que se
convierte en dilema por la propia coyuntura, O sea, cuando las relaciones de
fuerzas políticas y sociales al interior del país, son mucho más
desfavorables que en los primeros meses de insurrección popular. 

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