Brasil/ Los pueblos indígenas, primeras víctimas del gobierno Bolsonaro [Mario Osava]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de enero 2019

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Brasil

 

Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno

 

Mario Osava, Río de Janeiro

Inter Press Swrvice (IPS), 8-1-2019

http://www.ipsnoticias.net/

 

“Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de
gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar
las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos
originarios.

 

En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak
baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el
noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde
ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de
intereses contrarios a los de pobladores originarios.

 

Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la
ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión
el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante
las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados
en este país.

 

Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente
desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social,
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.

 

A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona
proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las
comunidades amenazadas.

 

Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales
hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de
Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas
está previsto que terminen de instalarse este año.

 

Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de
identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas,
transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la
definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas.

 

Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los
10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese
ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema.

 

García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de
terratenientes, especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y
violentos conflictos por la tierra.

 

El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa
Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas
jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal,
que reconoció la validez de la demarcación.

 

Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000
pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima,
fronterizo con Guyana y Venezuela.

 

En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir,
con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por
demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya
identificadas y 74 declaradas.

 

“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la
comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”,
matizó  Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización
no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y
ambiental.

 

“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua
del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio
de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena,
sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a
IPS desde Brasilia.

 

“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya
venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las
declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que
agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”,
advirtió Ramos.

 

En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de
madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo
Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.

 

Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del
país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a
la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el
centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.

 

Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya
demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato
de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada
vez más precarias.

 

“La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al
dividir la Funai  y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura,
dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió
Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu
Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.

 

La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero
pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos
Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de
polémicas opiniones.

 

“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en
diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus
asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una
escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní
asesinado en 1982.

 

“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy
preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en
relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los
indígenas considera “una injusticia con nosotros”.

 

Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere
a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión
de la élite blanca.

 

Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15
por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de
un millón de personas, en un país de 109 millones de habitantes.

 

“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si
los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen
más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública
de los pueblos baniwa y apurinã.

 

En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por
ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.

 

“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”,
respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.

 

La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de
Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que
los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la
independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.

 

El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a
aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera,
como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.

 

Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que
comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que
ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes,
los que más amenazan los derechos indígenas.

 

Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel
relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.

 

Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de
iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas,  quienes constituyen las
amenazas más violentas, dictaminó.

 

Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes),
los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.

 

Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra”
tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que
invaden haciendas u otras propiedades.

 

A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las
leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía
de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.

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