Nicaragua/ Estrechando el cerco. Cuarta fase represiva [Alejandro Ferrari]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de enero 2019

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Nicaragua

 

Cuarta fase

 

Estrechando el cerco

 

A casi nueve meses de iniciada una rebelión nacional, en Nicaragua las aguas
no se han aquietado. Más bien todo lo contrario: una nueva fase de la
represión ha comenzado.

 

Alejandro Ferrari

Brecha, 11-1-2019

https://brecha.com.uy/

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) maneja una
periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro
cercano.

 

Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso
desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en
abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel
Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país.
Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución,
encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso–
de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de
Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo
las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario
Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas Ong vinculadas a
la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa
independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.

 

El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la
cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes
en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su
funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente
durante el fallido intento de Golpe de Estado, promoviendo Terrorismo,
crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades
Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad
Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un
trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de
amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos
Humanos de tod en s l en s nicaragüenses” (todo sic).

 

Las Ong alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información
y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh),
Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la
Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la
Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de
Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las
Segovias.

 

A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les
incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo
que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y
Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.

 

Según ha expresado el Cenidh, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea
Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por
órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los
procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas
jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento
administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el
derecho a la defensa”.

 

La prensa en la mira

 

La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del
periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de
televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el
periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y
fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Fsln durante el
decenio de la revolución sandinista.

 

No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se
tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y
trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.

 

Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de
televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y
llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez
–liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de
otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal
dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión
satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan
detenidos.

 

Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de
la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto
hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas
salieran del país para asegurar su vida o su libertad.

 

Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par
de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.

 

En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha
desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa
independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.

 

En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada
de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo
Fsln. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del
oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar
como intimidación”, dice Chávez.

 

“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y
difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y
golpista”, relata.

 

Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y
pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal
que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi
trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.

 

Presión internacional 

 

El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y al Mecanismo de
Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Cidh, que habían sido creados en
acuerdo con Daniel Ortega.

 

El Giei, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos
de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de
2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485
páginas que recoge más de tres millones de twits y 10 mil videos generados
por ciudadanos.

 

El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno
“crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o
sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el
Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.

 

En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su
participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que
liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de
Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más
violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las
últimas décadas”.

 

“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis
política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen
Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y
política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones
nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad
internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mdiante la
aplicación de la carta democrática de la Oea, como ya ocurrió en 1979 contra
el régimen de Somoza”.

 

Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda
puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le
signifiquen un costo”, afirma la ex militante del Fsln. Y concluye: “No
puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las
víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”,
concluye Téllez.

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