Guantánamo/ 17 años después espera a sus nuevos prisioneros [Roberto Montoya]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de enero 2019

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Cuba

 

Extremo ejemplo de violación de los Derechos Humanos

 

Guantánamo: 17 años después espera a sus nuevos prisioneros

 

Roberto Montoya *

blogpublico.es, 11-1-2012

https://blogs.publico.es/

 

Las fotografías difundidas con orgullo por el Pentágono de los primeros
prisioneros trasladados el 11 de enero de 2002 en aviones militares desde
Afganistán a la prisión de Guantánamo indignaron al mundo. Diecisiete años
después aún permanecen 40 prisioneros en ese campo de concentración del
siglo XXI, y Trump reclama invertir decenas de millones de dólares en
mejorar sus infraestructuras para recibir a nuevos rehenes.

 

Guantánamo nos recuerda que la cruzada contra el terror iniciada por Bush,
Blair y Aznar que se ha cobrado tantos miles de víctimas aún no ha
terminado.

 

En las imágenes de prisioneros talibán y de Al-Qaeda, vestidos con monos
naranja, en la prisión de la base estadounidense de Guantánamo (foto de AFP,
ver en la cabecera de este artículo, ndr), distribuidas por el Pentágono a
los medios de todo el mundo en 2002, se mostraba a numerosos hombres frente
a sus celdas de rejas metálicas al aire libre de cinco metros cuadrados.
Estaban vestidos con monos naranja, arrodillados, amordazados, encadenados
de pies y manos, con grandes gafas ciegas negras, mascarillas en la boca,
cascos de insonorización cubriendo sus orejas, guantes acolchados y pies
enfundados.

 

Ninguno de ellos tenía idea de dónde estaba, muchos no lo supieron hasta
años después. Con ese equipamiento y provistos de pañales habían soportado
cerca de 30 horas de vuelo encadenados en el suelo de aviones de carga
militares.

 

El primer grupo de prisioneros, 23, llegó a la base naval estadounidense
situada ilegalmente en la provincia cubana de Guantánamo el 11 de enero en
un avión militar C-141, pero no fue ese un vuelo directo desde Afganistán.

 

Escalas en suelo español

 

La primera parte del vuelo, realizada en un C-17, partió de la base de las
tropas estadounidenses en Kandahar, Afganistán, y aterrizó en España, en la
base militar de Morón de la Frontera. Allí se traspasó a los prisioneros al
C-141 con el cual se siguió viaje hasta Guantánamo.

 

Habían pasado exactamente cuatro meses desde los atentados terroristas del
11-S de 2001 y el servil Gobierno de José María Aznar se apuntó entre los
primeros gobiernos europeos en brindar gustosamente apoyo a la cruzada
contra el terror lanzada por George Bush junior.

 

Una comisión de investigación del Parlamento Europeo y otra del Consejo de
Europa confirmaron años después, en 2007, que los aviones camuflados de la
CIA que trasladaron a Guantánamo o a prisiones secretas a individuos
capturados en distintos países, hicieron más de 1.400 escalas en aeropuertos
europeos entre 2002 y 2005.

 

Más de 120 de esas escalas tuvieron lugar en 10 aeropuertos civiles
españoles y un número indefinido en bases militares españolas de uso
conjunto con EEUU.

 

La relación de Aznar con Bush se estrecharía aún más en los años siguientes
y ambos, junto con Blair, constituirían luego el tristemente célebre trío de
las Azores que menos de dos años después del 11-S y de la guerra de
Afganistán que se inició semanas más tarde de esos atentados, lanzaba en
marzo de 2003 la ilegal y unilateral guerra devastadora contra Irak en aras
también de la guerra contra el terror.

 

A ese primer avión C-141 que partió de la base de Morón hacia Guantánamo le
seguirían varios más en los siguientes días. En pocas semanas ya eran 150
los prisioneros que mostraba el Pentágono como trofeos a todo el mundo, y el
goteo de traslados fue constante durante los primeros años.

 

Aquellas fotos fueron portada de medios de todo el mundo, provocando gran
indignación por el trato inhumano y vejatorio que suponían y por la
violación de las normas sobre trato a prisioneros de guerra establecidas en
las Convenciones de Ginebra desde 1950.

 

George Bush respondió a esas críticas con su particular estilo: emitió un
memorándum en el que etiquetó a todos los detenidos como “talibán” o
“combatientes de Al Qaeda” sin aportar ninguna prueba que todos lo fueran, y
creó para ellos la figura de “combatientes enemigos”. Con ese novedoso
estatus, una verdadera burla a la ONU y a todos los organismos
internacionales, excluía a esos presos de los derechos que confieren las
Convenciones de Ginebra a todo prisionero de guerra desde 1949.

 

Aduciendo que la base naval de la bahía de Guantánamo, enclavada en la
provincia cubana del mismo nombre desde 1903 -pese a las reiteradas
denuncias del Gobierno de Cuba- era un “territorio estadounidense de
ultramar”, Bush impidió la actuación de los tribunales federales de EEUU.

 

Por medio de su Orden Militar del 13 de noviembre de 2001 Bush ya había
decidido que los prisioneros serían juzgados por tribunales militares.

 

La trama jurídica urdida por la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento
de Justicia y el Departamento de Estado dejó así en un absoluto limbo legal
a todos los individuos capturados por sus fuerzas armadas en Afganistán u
otros escenarios de guerra y a los secuestrados y trasladados por la CIA a
centros de tortura.

 

Agentes españoles participaron en los interrogatorios a dos de los detenidos
en Guantánamo que tenían nacionalidad española.

 

Prisioneros de entre 13 y 89 años

 

Se tardó años en conocer la identidad de quienes estaban detenidos en
Guantánamo y el tipo de torturas a las que habían sido sometidos con total
impunidad. Según los datos de ACLU (American Civil Liberties Union) la más
poderosa asociación defensora de los derechos civiles de EEUU, en total
pasaron por la prisión 779 personas de 40 nacionalidades diferentes.

 

El menor tenía 13 años -y hubo otros 20 menores de edad-; el mayor tenía 89
años. Fueron cerca de 200 los agentes del FBI que participaron en los abusos
y torturas a prisioneros; 26 de los detenidos en Guantánamo habían sido
previamente torturados por agentes de la CIA en cárceles secretas situadas
en distintos países, algunas de ellas en suelo europeo, en Hungría y
Polonia.

 

Al menos 7 prisioneros se suicidaron al no soportar las torturas y el
confinamiento; el más joven de ellos, Yasser Talal Al Zahrani, se suicidó a
los 21 años. Había sido capturado a los 16 años.

 

Muchos otros prisioneros intentaron suicidarse, más de 100 llevaron adelante
una huelga de hambre de protesta en 2005, a los que se terminó alimentando
por la fuerza, sujetos a una silla y por medio de sondas gastroesofágicas.

 

Según Harry B. Harris, el que fuera comandante de la Joint Task Force en
Guantanamo -y actual embajador de EEUU en Corea del Sur- los suicidios no
eran consecuencia de la desesperación sino “parte de un plan de guerra
asimétrica diseñado por Al Qaeda”, “una hábil estrategia de propaganda”.

 

Según el informe de ACLU, coincidente con datos de Amnistía Internacional y
otros organismos de derechos humanos, solo el 5% de los prisioneros que
pasaron por Guantánamo fueron detenidos por las tropas estadounidenses.

 

El 86% fue capturado por milicias controladas por señores de la guerra
afganos y vendidos por entre 3.000 y 25.000 dólares cada uno a las tropas de
EEUU tras acusarlos interesadamente de ser combatientes talibán o de Al
Qaeda. El Pentágono invirtió millones de dólares en esas compras.

 

De ahí los pésimos resultados logrados.

 

Cientos de ellos fueron liberados sin cargos tras años de confinamiento, más
de 500 de ellos durante la era Bush. Obama heredó 242 de su predecesor y
legó 41 prisioneros a Trump tras sus ocho años de mandato. Trump ha
transferido en dos años solo a uno, el saudí Ahmed Mohammed Al-Darbi.

 

Como en buena parte de los casos de prisioneros transferidos a sus países de
origen o a terceros países, Al-Darbi, capturado en 2002 en Azerbayán y
torturado en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán, tuvo que
autoinculparse ante el tribunal militar de la base de Guantánamo para poder
ser trasladado a una prisión de Arabia Saudí, para ser sometido a un
programa de ‘desradicalización’ durante varios años más.

 

Solo 8 fueron condenados por los tribunales militares, cuyos miembros
hicieron caso omiso de las denuncias de las torturas que habían sufrido para
que se autoinculparan. Siete de los fiscales militares designados por el
Pentágono pidieron su traslado al no poder soportar el nivel de injusticia
de esos juicios, realizados sin garantía alguna. Los prisioneros no tienen
derecho a conocer los autos acusatorios por ‘problemas de seguridad
nacional’.

 

Human Rights First, otra de las más grandes organizaciones defensoras de los
derechos civiles en EEUU aporta por su parte estos otros datos
complementarios: 4 detenidos murieron desde 2009 por distintas razones,
aparte de los suicidados; los 40 detenidos que aún permanecen en la prisión,
la mayoría de ellos yemeníes están allí desde hace más de 10 años; 7 de
ellos están actualmente siendo juzgados; 5 de los prisioneros están desde
hace tiempo a la espera de ser liberados; 26 son los considerados por el
Pentágono especialmente peligrosos y a los que no está dispuesto a liberar
en ningún caso aunque contra varios de ellos no se presentaron pruebas
incriminatorias.

 

Según los cálculos de HRF, similares a las cifras oficiales del presupuesto
de Defensa, mientras el mantenimiento de un preso en una cárcel federal de
máxima seguridad en territorio estadounidense cuesta al Estado 78.000
dólares anuales, un prisionero de la base de Guantánamo cuesta 10 millones,
dado que se mantiene el mismo personal militar y civil (1.760 efectivos) y
la misma infraestructura para los 40 detenidos actualmente que la que se
mantenía cuando había 780.

 

Solo la rehabilitación del Camp 7, el ultrasecreto bloque donde se mantiene
a los 15 prisioneros considerados más peligrosos -algunos están acusados de
participar en la planificación de los atentados del 11-S y otros actos
terroristas- fue presupuestada en 2014 por John F. Kelly, -comandante bajo
la Administración Obama del Comando Sur de Estados Unidos y desde 2017
Secretario de Seguridad Nacional de Trump- en 69 millones de dólares, a 4,6
millones por prisionero.

 

Paralizado el proyecto por Obama ha sido recuperado por Trump, quien
proyecta poder realizarlo antes de 2022 si se aprueba su nuevo presupuesto
general de Defensa para 2019.

 

Pese a los magros resultados obtenidos con este siniestro laboratorio
caribeño, Trump se obstina en mantenerlo abierto para trasladar allí a “los
tipos malos que amenazan la seguridad de Estados Unidos”.

 

El presidente estadounidense emitió el 30 de enero de 2018 una Orden
Ejecutiva revocando la decisión de Obama de cerrar la prisión y anunciando
que se trasladaría allí a nuevos prisioneros.

 

En 2008 llegaron los últimos detenidos a Guantánamo, pero el Pentágono le ha
presentado un plan a Trump meses atrás para ‘rentabilizar’ tan costoso penal
con el ingreso de prisioneros de alto valor del Estado Islámico que mantiene
actualmente en bases militares en Oriente Medio.

 

En junio pasado se llevó a cabo una simulación de llegada en avión a
Guantánamo de nuevos prisioneros para comprobar que todo el protocolo seguía
estando aceitado como hace una década.

 

El Partido Demócrata no apoyó a Obama para cerrar Guantánamo

 

Obama prometió en 2009 cerrar el penal y al irse de la Casa Blanca en 2017
este seguía abierto. ¿Por qué no utilizó el mecanismo presidencial de la
Orden Ejecutiva para hacerlo sorteando así la oposición republicana? Muchos
analistas se han hecho esa pregunta.

 

Los republicanos no eran su único problema. Obama encontró en realidad una
seria oposición en el seno del propio Partido Demócrata. No logró apoyo
cuando al inicio de su mandato anunció que se formaría una comisión para
investigar y castigar a los responsables de los numerosos casos de torturas
contra los prisioneros de guerra, y tampoco cuando planteó su plan para
cerrar Guantánamo, proponiendo liberar a los presos contra los que no había
cargos y juzgar en tribunales federales estadounidenses a aquellos contra
los que sí los hubiera.

 

Numerosos gobernadores demócratas se opusieron al igual que los republicanos
a que se trasladara a los que fueran condenados por esos tribunales a
cárceles de máxima seguridad en sus respectivos estados. Aseguraban que una
decisión de ese tipo haría que sus estados se convirtieran en objetivo de
los terroristas.

 

En 2015, durante el segundo mandato de Obama, el Partido Republicano
controlaba las dos Cámaras. Al aprobar el presupuesto de Defensa para 2016
tanto la Cámara de Representantes como el Senado rechazaron la partida
reclamada por el presidente para poder llevar a cabo su plan de cierre de
Guantánamo.

 

Obama no pudo vetar la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional
(NDAA) porque se votó por una amplísima mayoría, y ello fue posible porque
solo una minoría de demócratas votaron en contra. En la Cámara de
Representantes el Partido Republicano tenía 247 escaños de un total de 435,
pero consiguió 370 votos a favor y solo 58 en contra; en el Senado eran 54
los republicanos de un total de 102, pero fueron 91 los que votaron a favor
de la Ley y solo hubo 3 en contra.

 

Las cifras son elocuentes. El Partido Demócrata tiene evidentemente un
problema interno grave y varias familias con intereses muy distintos.Todo
esto ha contribuido para que Guantánamo siguiera abierto.

 

Entre los reclamos a Trump para que invierta en mejorar las infraestructuras
de la prisión, los mandos militares de la misma piden reacondicionar algunos
de sus bloques, sus campos, para albergar a prisioneros ancianos, como el
otrora rico empresario paquistaní Saifullah Paracha, de 71 años, u otros con
discapacidad física.

 

A pesar de que importantes cargos del Pentágono rechazan mantener abierto
Guantánamo por su costo y su manifiesta ineficacia en la lucha contra el
terrorismo, Trump sigue adelante con sus planes. En diciembre de 2017 el
Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Nils Melzer, criticó duramente
en un comunicado que en Guantánamo se siguieran aplicando torturas de
distinto tipo y denunció la impunidad con la que actuaban los responsables
de estas.

 

Pero para el presidente la tortura nunca fue un problema. En 2017 impidió
que se desclasificara el informe de 6.700 páginas elaborado por una comisión
parlamentaria presidida por la demócrata Dianne Feinstein -recientemente
elegida presidenta de la Cámara de Representantes- sobre los interrogatorios
y torturas de la CIA.

 

Desde el inicio de su mandato reivindicó el uso del ‘waterboarding’
(submarino). En un acto de su campaña electoral, en junio de 2016, Trump
preguntó a sus seguidores: “¿Qué opináis del waterboarding? Y se respondió:
“Me gusta mucho, no creo que sea suficientemente duro”.

 

En 2017 conmovió a muchos la decisión del presidente de nombrar a un hombre
clave en la elaboración de los memorandos de la Administración Bush
teorizando y justificando la tortura sistemática con los prisioneros, Steven
Engel, para presidir el Consejo Legal del Departamento de Justicia.

 

En 2018 nombraba igualmente a Gina Haspel, responsable de una cárcel secreta
de la CIA en Tailandia donde se torturó a varios prisioneros, como directora
de la agencia. Trump no ocultó en ningún momento su propósito de recuperar
las prácticas más siniestras de la ‘guerra contra el terror’ de la era Bush.

 

¿Y la comunidad internacional?

 

Las protestas y críticas de la ONU y la UE durante los años más duros de la
‘guerra contra el terror’ de Bush se fueron espaciando y prácticamente han
desaparecido.

 

Para aquellos prisioneros considerados menos peligrosos por el Pentágono la
vida diaria en la prisión ha mejorado y por ello organiza visitas de
periodistas para visitar algunos de los campos de detenidos, a los que solo
se pueden ver a través de mirillas. Pueden comprobar que tienen una
biblioteca, vídeos, juegos, clases de dibujo y manualidades.

 

Más de 30 de los cuadros pintados por prisioneros y varias esculturas fueron
presentados a fines de 2017 en la exposición Oda al mar: arte de la Bahía de
Guantánamo en una galería del Upper West Side de Manhattan. Fue un éxito,
varios famosos compraron algunas de esas obras y se empezaron a interesar
por los ‘artistas’, lo que decidió al Departamento de Estado a prohibir la
salida de más pinturas y esculturas de la prisión, alegando que eran
“propiedad del Estado”.

 

El Pentágono sabe que después de diez o más años aislados del mundo, el
‘valor’ de esos presos, lo que puedan saber de cómo funciona Al Qaeda o
Daesh es nulo. Se ignora cuál es el trato que reciben los 15 presos del Camp
7, un bloque del que se desconoce todo. Ni siquiera se sabe dónde está
localizado.

 

Y el tour para los medios se completa mostrando otras dependencias de la
base naval donde la bandera de McDonald ondea junto a la enseña de las
barras y estrellas, donde existe un campo de golf, gimnasio, piscina, cine,
supermercados, tumbonas en la plaza, bares y distintos lugares de
esparcimiento para las tropas y funcionarios civiles estadounidenses y sus
familiares.

 

El Pentágono organiza visitas a la base naval de grupos de payasos para
entretener a los hijos de los militares o de grupos de rock y otros
espectáculos en vivo para las tropas para hacerlos ‘sentir como en casa’ y
que olviden que están ocupando suelo extranjero, que del otro lado del
perímetro de la base está la legítima titular de ese territorio, la
archienemiga Cuba.

 

A escasa distancia de las viviendas, bares, polideportivo y ruidosas fiestas
de los carceleros hay 40 hombres encarcelados desde hace más de 10 años.
Están a merced de los caprichos de un presidente que como sus predecesores
actúa con total impunidad, con la seguridad que le da saber que la llamada
‘comunidad internacional’ no hará nada por ellos, que puede seguir contando
después de 17 años con su pasiva -cuando no activa- complicidad. 

 

* Roberto Montoya es periodista y escritor. 

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