Guatemala/Nicaragua/ Morales y Ortega frente a los poderes supranacionales [José Luis Rocha]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de enero 2019

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Guatemala/Nicaragua

 

Morales y Ortega frente a los poderes supranacionales

 

Su descalificación de la CICIG y GIEI, respectivamente, los convierte en la
punta de lanza que sus Estados-nación alzan contra poderes supranacionales

 

José Luis Rocha *

Confidencial, 11-1-2018

https://confidencial.com.ni/

 

Una premisa básica de algunas de las teorías de la globalización es el
declinante poder de los Estados-nación que acompaña o sucede a la creciente
preponderancia de los organismos supranacionales en la orientación de la
política con mayúscula. En la práctica, esa reconfiguración de los márgenes
de acción de los Estados ha cristalizado en el fortalecimiento de los
tentáculos del poder imperial. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional han expandido durante décadas los mercados financieros –con
notables beneficios para Wall Street– mediante actuaciones determinantes en
la dirección de los asuntos públicos de los Estados-nación a lo largo y
ancho del planeta. Las asimetrías que introducen entre los poderes
nacionales y los poderes supranacionales fueron subrayadas por el premio
Nobel de economía Joseph Stiglitz en El malestar en la globalización:
“Tenemos un sistema que cabría denominar Gobierno global sin Estado global,
en el cual un puñado de instituciones –el Banco Mundial, el FMI, la OMC– y
unos pocos participantes –los ministros de Finanzas, Economía y Comercio,
estrechamente vinculados a algunos intereses financieros y comerciales–
controlan el escenario, pero muchos de los afectados por sus decisiones no
tienen casi voz… el Fondo no reporta directamente a aquellos ciudadanos que
lo pagan ni a aquellos cuyas vidas afecta.”

 

La Organización de las Naciones Unidas y sus varias ramas que procuran la
paz, la estabilidad política y el respeto a los derechos humanos también han
ido incrementando su poder, moldeando las agendas sociales y políticas de no
pocos Estados-nación. Pero su capacidad está muy lejos de igualar a la de
las instituciones financieras internacionales (IFIs). La ONU propone, los
IFIs imponen. En general, la actitud de sus funcionarios suele ser en
extremo complaciente con los gobiernos de turno. No se limitan a limar
asperezas. Se aseguran de depurar los estudios que encomiendan a consultores
externos hasta dejarlos libres de toda polución crítica que podría quedarse
atascada en los hipersensibles gaznates gubernamentales. En Guatemala y en
Nicaragua –y en muchos otros países– era totalmente inadmisible afirmar en
un informe de Naciones Unidas algo tan inocuo como que hay jóvenes que
migran porque disienten de las políticas gubernamentales. Los funcionarios
de Naciones Unidas prefieren habitar un país ficticio, aun disponiendo de
todos los datos que podrían ayudar a enfrentar una amenaza en su –quizás
neutralizable– estado embrionario.

 

Cuando la sangre llega al río, como sucedió durante la rebelión de
abril-octubre, a sus funcionarios no les queda más remedio que admitir
públicamente lo que ya todos temían, sabían y sufrían. Eso le ocurrió muy
tardíamente al secretario general de la OEA Luis Almagro, que durante años
vino a Nicaragua a repartir sonrisas y palmadas. Repetía “Nicaragua no es
Venezuela” –y así era y es, tomando en cuenta todas las condiciones, pero no
en el sentido que él le quiso dar, porque en ese sentido Nicaragua sí es tan
dictatorial como Venezuela– y explicaba que las reformas al sistema
electoral iban marchando a paso firme y seguro. Ahora la OEA tiene meses de
estar utilizando todos sus mecanismos para lograr una solución a la crisis
de Nicaragua. La ONU la acompaña en esta misión, con menos visibilidad pero
igual percepción de lo que ocurre. Son dos instancias supranacionales con
similar misión de cara a los asuntos nicaragüenses actuales: estabilizar,
pacificar y reforzar la institucionalidad. La reacción del régimen de Ortega
ha sido descalificar los informes de la OEA y la ONU, vilipendiar a Luis
Almagro, expulsar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) y embutir a todos los anteriores juntos bajo la etiqueta de agentes
del imperialismo que tienen una “actuación injerencista, intervencionista”
(el Canciller Moncada dixit).

 

En el norte del istmo, la lucha contra la corrupción que desde hace años
libra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la
condujo hacia un enfrentamiento con el Presidente Jimmy Morales, un cómico
de baja estofa al que un grupo de militares convirtieron en su marioneta,
que sólo goza de autonomía cuando se dedica a perseguir jóvenes secretarias,
pasantes y otras funcionarias públicas. Algunos casos de acoso datan de su
época como Black Pitaya, su personaje más vergonzoso: un embetunado Morales
que encarnaba –ridiculizando– a un guatemalteco afrodescendiente. Cuando las
investigaciones de la CICIG le siguieron el rastro de corrupción, sus
intereses personales coincidieron más que nunca con los de empresarios y
políticos corruptos. Todos se coaligaron, en el que con mucho tino fue
bautizado como “pacto de corruptos”, para eliminar a la CICIG. La expulsión
del Comisionado Iván Velázquez fue uno de los primeros tantos contundentes
que anotaron los pactistas (agosto, 2018). El siguiente golpe fue la
expulsión de la CICIG al declarar terminada, de forma anticipada y
unilateral, la misión de dicho organismo (7 de enero, 2019) y, por tanto, el
acuerdo que al respecto tenía el Estado guatemalteco con la ONU, aduciendo
que “los funcionarios de la CICIG violaron los derechos humanos de
ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país” (el Presidente
Morales dixit).

 

Morales y Ortega son dos mandatarios con idéntico discurso de vilipendio
hacia quienes realizan un escrutinio imparcial de sus gestiones. Su
descalificación de la CICIG y el GIEI, respectivamente, los convierte en la
punta de lanza que sus estados-nación alzan contra los poderes
supranacionales. El primero quiere instaurar un poder dictatorial
oponiéndose a otros poderes del Estado (la Corte de Constitucionalidad, la
Fiscalía), el segundo tiene una dictadura consolidada, aunque tambaleante.
Sus modus operandi los unen, por encima y por debajo de las supuestas
diferencias ideológicas. No importa si uno es un títere del mismo ejército
que masacró hasta su aniquilación total a comunidades mayas para luchar
contra el comunismo, y el otro es un autoproclamado socialista que apuntala
su dominio con el apoyo de una policía y un ejército dirigidos por ex
guerrilleros. Las diferencias de color ideológico sólo significan que
Morales estima que el Comisionado Velázquez tiene inclinaciones de izquierda
y que Ortega acusa al secretario general Almagro de ser un agente de la
derecha. Ambos presidentes levantan ahora la bandera de la soberanía
nacional porque necesitan auxiliarse de una ideología que convoque las
simpatías de las que carecen entre sus conciudadanos.

 

La bandera de la soberanía no es despreciable. Pero luce muy distinta en la
era de la globalización. En la práctica no ha sido una bandera, sino a lo
sumo un kleenex con el que la pseudo-izquierda latinoamericana del Alba –y
ahora también Black Pitaya– se sopla los mocos cada vez que un poder
supranacional la reprende. Incluso atacar a Estados Unidos es claramente
anticool y trasnochado en un contexto donde hay cientos de miles de
guatemaltecos y nicaragüenses que viven en ese país y otros más que
mantienen vivo el sueño americano. Y aún hay más: la soberanía que Sandino
defendió con las armas en la mano, fue entregada por Ortega a cambio de unos
dólares más del FMI y unos yenes ilusorios de Wang Jing (el del canal, por
si alguno ya no lo recuerda). Esto no significa que las organizaciones
supranacionales sean omnipotentes. No queda claro el alcance de los
mecanismos jurídico-políticos de la ONU y la OEA. Queda claro que sus
funcionarios tienen más paciencia que los pueblos a los que deben asistir en
sus luchas contra los poderes dictatoriales. La actual coyuntura
guatemalteca y nicaragüense los ha sometido a un duro test. Estamos
presenciando sus dolorosos límites y la morosidad de sus desdentados
recursos y sus parsimoniosos protocolos, pero también el compromiso y
profesionalismo de algunos de sus funcionarios. Sigue siendo patente que el
brazo supranacional de las finanzas tiene más fuerza que el de los derechos
humanos, como si el animal supranacional fuera un cangrejo violinista con
brazos extremadamente desiguales. Por eso se requirió el golpe que impone la
Nica Act a través de los IFIs, genuino poder eficaz entre las entidades
supranacionales, para bien y para mal. 

 

* Periodista, escritor y sociólogo nicaragüense, investigador de la revista
Envío, publicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de
El Salvador, y de la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala. (Redacción
Correspondencia de Prensa]

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