Venezuela/ En el foco de la crisis. Referéndum para renovar todos los poderes [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de enero 2019

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Venezuela

 

Referéndum para Renovar Todos los Poderes 

 

Ni Estado Paralelo/Ni Régimen Inconstitucional 

 

Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución: Edgardo Lander -
Santiago Arconada - Oly Millán - Juan García - Héctor Navarro - Gustavo
Márquez M. - Gonzalo Gómez - Ana Elisa Osorio 

 

Aporrea, 17-1-2019

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No al Estado paralelo impulsado por EEUU, UE, y el Grupo de Lima 

Rechazamos el régimen entreguista e inconstitucional de Nicolás Maduro 

Referéndum para renovar todos los poderes públicos

 

Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hemos venido
tomando iniciativas y denunciando el régimen autoritario e inconstitucional
del Presidente Maduro, quien a raíz de perder el control de la AN luego de
la aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, comenzó a
gobernar al margen de la Constitución mediante la aplicación de un estado de
excepción permanente, para evadir y neutralizar el control del Parlamento
Nacional y facilitar la entrega al gran capital corporativo transnacional,
la explotación primaria de nuestros recursos naturales, mineros y
petroleros. Optó por avanzar en la profundización del modelo rentístico
extractivista depredador, lesionando la soberanía nacional y el patrimonio
social, natural y económico de la Nación. El Arco Minero del Orinoco, los
Acuerdos de Servicios Conjuntos de PDVSA en términos viles, que nos
retrotraen al régimen de concesiones de Gómez y a los contratos operativos
de la apertura petrolera de Luis Giusti, son la muestra de la clara
orientación entreguista de un gobierno cada vez más autoritario y opaco, que
sustenta su poder en el control político clientelar y en la represión y
coacción policial, violando los derechos humanos, con la falsa bandera de la
lucha antiimperialista.y la defensa de la revolución bolivariana.

 

Habiendo perdido la base social de apoyo heredada del liderazgo de Chávez,
por su connivencia y tolerancia con la corrupción y, su incapacidad para
corregir errores en el manejo de la política económica y en la conducción
del proceso, el gobierno de Maduro optó por preservar el poder a toda costa
sin importarle los graves daños causados al pueblo de Venezuela y sus
instituciones, echando por tierra los logros políticos y sociales alcanzados
por la revolución bolivariana, para lo cual no dudó en llevarse por delante
su logro histórico fundamental, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela parida por un proceso constituyente inédito, que sentó las
bases del protagonismo popular a través de la profundización de la
democracia y de su ejercicio directo y referendario. La instrumentalización
del poder electoral para "legitimar" la suspensión del referéndum
revocatorio presidencial convocado por la oposición (2016) y la posterior
convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (2017)
otorgándole poderes "supraconstitucionales y plenipotenciarios, sustituyendo
de facto la Asamblea Nacional y usurpando la soberanía popular que reside
intransferiblemente en el pueblo, fueron rechazados y denunciados en su
momento por esta Plataforma, como evidencia incontrovertible del carácter
autoritario e inconstitucional del gobierno de Maduro.

 

El 20 de mayo de 2018, el presidente Maduro resultó electo para un nuevo
período constitucional de seis años, en unas elecciones adelantadas
caracterizadas por un claro ventajismo e irregularidades en las cuales se
produjo una abstención del 52%, superando en 30% la abstención promedio de
los tres últimos procesos electorales presidenciales, en lo cual tuvo un
peso importante el llamado a no participar que hizo un sector de la
oposición, con el propósito de evidenciar la ilegitimidad del régimen
madurista, al cual se sumó el escepticismo derivado de la fragmentación de
los opositores y la desconfianza en el manejo del proceso por el CNE. En esa
oportunidad, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución llamó a
participar en el proceso electoral, por considerar que la abstención, además
de dejarle el campo libre a Maduro para atornillarse en el poder, también se
lo abría al gobierno de EEUU y sus aliados, interesados en imponer la tesis
del "estado fallido" al demostrarse, según ellos, la "ilegitimidad de
origen" del Presidente, para luego justificar su intervención en Venezuela,
siguiendo la ruta de la creación de un "Estado Paralelo", como hicieron en
Libia. No es casual que el vocero más conspicuo de Trump en la OEA, Luis
Almagro, haya participado directamente en la campaña electoral llamando a no
votar, presumiendo que una alta abstención permitiría declarar la
"ilegitimidad de origen" del presidente electo, con el fin de desconocer su
mandato y proclamar el "vacío de poder" a fin de darle "legitimidad" a un
gobierno paralelo impuesto por EEUU.

 

Reconocemos que en la alta abstención ocurrida en el proceso electoral del
20M (20 de mayo 2018) jugó un papel importante la pérdida de credibilidad
del liderazgo político y el escepticismo de amplios sectores de la población
en la eficacia de la participación electoral, como medio para cambiar la
situación del país, también, debido a la desconfianza en el CNE y la
fragmentación del liderazgo opositor. Sin embargo, independientemente de que
algunos sectores opositores acompañaron de buena fe la abstención para
demostrar su rechazo al gobierno de Maduro, los efectos prácticos de ésta y
de la política abstencionista impulsada por el Departamento de Estado y
asumida por algunos sectores de la oposición extremista pro-yankee, ha sido
la desmovilización del pueblo venezolano, sacándolo del juego, evitando que
asumiera su condición de decisor fundamental en la salida a la crisis
transitando la vía pacífica y constitucional. De ese modo EEUU y sus aliados
pasaron a ser actores de primera línea bajo el paraguas de la "comunidad
internacional" para imponer un desenlace por la vía violenta o a través de
una negociación injerencista con el gobierno de Maduro, funcional a sus
intereses económicos y geopolíticos, hiriendo gravemente la soberanía del
Estado Nación venezolano. Los hechos que se han venido suscitando antes y
después de la juramentación del Presidente Maduro ante el TSJ, especialmente
el pronunciamiento del llamado Grupo de Lima y de EEUU, marchan en esa
dirección.

 

Creemos que la ilegitimidad del presidente Maduro proviene del rechazo de
una mayoría aplastante (1) de venezolanos y venezolanas, que consideran a su
gobierno el principal responsable de la terrible crisis que los agobia, de
la masificación de la pobreza, del colapso de los servicios públicos, de la
parálisis económica, de la hiperinflación y de la destrucción del tejido
social y productivo del país, además de muy graves violaciones persistentes
de la Constitución, incluida la violación sistemática de los derechos
humanos. Igualmente, también hay un rechazo a la violencia y a la injerencia
externa. Esa mayoría considera de igual modo, que la vía para restaurar el
estado de derecho y la institucionalidad perdida, es la movilización
pacífica sustentada en los mecanismos constitucionales. En ese sentido,
respaldamos las luchas y reclamos de los trabajadores y trabajadoras
venezolanas por la defensa de su salario y de sus condiciones de vida y de
trabajo, hoy, terriblemente afectados por la caída del ingreso, el
desconocimiento por parte del gobierno de la contratación colectiva y demás
conquistas laborales y socioeconómicas. Esas luchas deben articularse con la
lucha por la restauración de la Constitución.

 

Rechazamos la creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea
Nacional y el TSJ en el exilio apoyado por EEUU y el Grupo de Lima, porque
conduciría a la profundización de la crisis y a un "choque de trenes" que
podría derivar en un conflicto interno de consecuencias impredecibles,
comprometiendo la soberanía e integridad de la Nación.

 

Más allá de la calificación y el pronunciamiento que puedan hacer gobiernos
extranjeros sobre la legitimidad del Jefe de Estado venezolano, sólo el
pueblo de Venezuela, apoyándose en la Constitución y conforme a su derecho
inalienable a la autodeterminación, debe ser quién decida sobre la salida a
la crisis política. Por ello, rechazamos firmemente la intención del
gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima de atropellar la dignidad del
pueblo venezolano, al pretender imponer como solución a la crisis, un
gobierno paralelo que equivaldría a un golpe de estado parlamentario.

 

El Grupo de Lima marca la "ruta de Trump" para intervenir en Venezuela

 

El pronunciamiento del Grupo de Lima (GL) sintetiza la hoja de ruta trazada
por el gobierno de Donald Trump para tensar la cuerda al límite, con el fin
de darle "jaque mate" al gobierno de Maduro, para colocarlo frente al dilema
de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza
EEUU-UE-Grupo de Lima en marcha, eufemísticamente llamada "comunidad
internacional", a través del estrangulamiento económico seguido de una
"intervención humanitaria" tipo Libia, articulada con la puesta en escena de
la disputa territorial por el Esequibo y del reclamo del gobierno colombiano
por la presencia en Venezuela de la guerrilla del ELN, como detonantes de
conflictos en los flancos occidental y oriental,

 

La ficha clave en esta jugada que ha venido preparando minuciosamente el
Departamento de Estado y el Comando Sur junto al Grupo de Limal, con la cual
esos poderes fácticos pretenden rebasar la soberanía y autodeterminación del
pueblo venezolano, para imponer un gobierno tutelado desde Washington y
condicionado a los intereses del gran capital transnacional comprometiendo
la existencia misma de la Nación, es la derecha apátrida que fuera y dentro
del país, ha hecho suya esa estrategia intervencionista, plasmada en el
referido pronunciamiento, asumiéndola como la única opción para lograr un
cambio político en el país, desechando de plano que sea el propio pueblo
venezolano el que protagonice el restablecimiento de la Constitución
derogada de facto por el gobierno de Maduro, y la salida a la crisis por la
vía pacífica y constitucional. El pronunciamiento del Grupo de Lima es
también un emplazamiento dilemático para los movimientos y organizaciones
políticas que hacen vida en el país, frente al cual solo puede haber dos
posiciones: o se rechaza por injerencista y violador de la soberanía
nacional y popular o se apoya por acción u omisión dándole luz verde a la
intervención extranjera. Por nuestra parte, rechazamos en todo su contenido
ese pronunciamiento intervencionista violatorio del derecho internacional y
ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano, con base en las siguientes
consideraciones: 

 

1. El Grupo de Lima es un grupo informal de presión creado bajo los
auspicios de EEUU, a partir de los cambios de gobierno hacia la derecha que
ocurrieron en la región en los últimos años, ante la imposibilidad de lograr
una mayoría en la OEA para imponer la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana en contra del gobierno de Venezuela. La creación de ese grupo
se produjo en el contexto de la deserción y reducción de la participación de
algunos de sus países miembros en la UNASUR, siguiendo la política
estadounidense de dinamitar la arquitectura de integración latinoamericana
que se construyó en los primeros tres lustros del siglo XXI, con el fin de
devolverle a la OEA el protagonismo perdido como foro regional y su
condición de "ministerio de colonias", operador de la Doctrina Monroe.  No
son razones humanitarias sino políticas y económicas, las que animan a ese
bloque de gobiernos, en el que participa EEUU como dueño del circo, y lo que
está de por medio son las ambicionadas riquezas naturales y la primera
reserva petrolera del mundo.

 

2. Al asumir de manera arbitraria y unilateral la facultad de calificar la
legitimidad de los órganos del Poder Público venezolano, renunciando al
escenario multilateral, a la mediación y al diálogo como el instrumento
fundamental para dirimir pacíficamente las diferencias y conflictos entre
los Estados y al interior de los países, lo hacen para darle sustento a la
política del gobierno de Trump, de bloquear cualquier salida que surja de la
decisión autónoma y soberana de los venezolanos. De ahí su política de
impulsar el abstencionismo y la insurrección violenta desmovilizadora, de la
cual se abanderó la derecha extremista, dándole al gobierno la oportunidad
de justificar la aplicación de un "estado de excepción" de facto, que aunque
inconstitucional, le ha servido de coartada para gobernar al margen de la
constitución e imponer un régimen represivo para supuestamente "garantizar
la paz" y atornillarse en el poder. Al reconocer la legitimidad al TSJ en el
"exilio", desconocer el nuevo mandato del Presidente Maduro y reconocer a la
AN como el único poder legítimo, el Grupo de Lima presiona hacia la
constitución de un Estado Paralelo, hacia un conflicto de poderes, hacia una
confrontación de alcance internacional de consecuencias impredecibles, entre
el gobierno de Maduro respaldado por la FANB y la oposición extremista
atrincherada en la AN respaldada por EEUU y el Grupo de Lima.

 

3. El guión seguido por una mayoría de la AN liderada por su nuevo
Presidente, Juan Guaidó (VP) sigue la misma estructura y letra del
pronunciamiento del Grupo de Lima y del Jefe de la Diplomacia
estadounidense, tanto en cuanto al desconocimiento del mandato de Nicolás
Maduro, como en lo referido al carácter plenipotenciario que asume la AN
para designar un Presidente interino o Consejo de Transición, que ejercería
la "coordinación con la FANB, la designación de representantes ante
instancias internacionales y la conducción de un proceso de transición, todo
ello presumiendo que el cargo de Presidente estaría vacante. De esta manera,
se plantean abiertamente la dualidad de poderes que promueven EEUU y sus
aliados, que como ya señalamos, podría conducirnos a un conflicto donde las
víctimas seremos los venezolanos y el poder de decisión quedará a merced de
los intereses geopolíticos y económicos de EEUU y sus aliados.

 

4. Superando al gobierno de EEUU en materia de sanciones a Venezuela, el
Grupo de Lima se dispone a elaborar, a discreción y sin definir un criterio
preciso, listas de personas naturales y jurídicas a las cuales se le
impedirá interactuar con instituciones financieras y bancarias de los países
miembros e incluso congelar sus fondos y activos. Por otra parte, anuncia
que "evaluará la aplicación de restricciones en el otorgamiento de créditos
al Estado venezolano, en los organismos financieros internacionales y
regionales de los que son parte". Estas son el tipo de medidas que suele
tomar EEUU aplicando leyes extraterritoriales que vulneran la soberanía de
los Estados, las cuales supuestamente van dirigidas a golpear a funcionarios
gubernamentales, pero que inexorablemente recaen sobre el pueblo. Son
medidas que en el marco de la grave crisis económica y social del país,
contribuyen a profundizar el sufrimiento de las grandes mayorías que padecen
los embates de la crisis.  Al supeditar en términos absolutos la cooperación
humanitaria al logro del objetivo político, en este caso, del cambio de
gobierno, queda al descubierto el chantaje detrás del ofrecimiento de la
ayuda humanitaria a cambio de ceder la soberanía. Muy diferente sería
ofrecer incondicionalmente la cooperación para atender la emergencia
humanitaria, siempre y cuando esta no sea manejada por el gobierno sino por
la comunidad organizada.

 

5. El hecho de que 10 de los 12 gobiernos del Grupo de Lima se retractaron
del espaldarazo que le dieron a Guyana, en su reclamo a Venezuela por la
expulsión de una embarcación extranjera que, con la autorización de ese
país, penetraron aguas venezolanas en el Delta del Orinoco, no le quita
relevancia al cipayismo vergonzoso de los gobiernos que integran ese Grupo.
Ese es solo un movimiento "táctico", lo que cuenta es su intención y
voluntad demostrada de adhesión total, incondicional e inédita a la posición
de EEUU de reconocerle a Guyana soberanía plena sobre el Esequibo y una
porción importante de la plataforma continental del Delta del Orinoco, como
si este fuera algo coyuntural vinculado al gobierno de Maduro, y no un
asunto de Estado de carácter histórico, altamente sensible para los
venezolanos, porque afecta la integridad del territorio nacional. Para colmo
del irrespeto, se atrevieron a calificar a las FANB como "provocadores" y
"violadores de los derechos humanos de los países vecinos", refiriéndose a
Guyana, cuando una nave patrullera de la Armada Nacional Bolivariana
interceptó y desalojó a un buque que realizaba estudios exploratorios para
la ExxonMobil con el permiso írrito del gobierno guyanés, porque cumplieron
con su deber de garantizar el ejercicio de la soberanía territorial en la
plataforma continental del Delta del Orinoco, apegándose a las normas
internacionales.

 

6. Adicionalmente, ese incidente lo utilizan para justificar la suspensión
de la cooperación militar en general y el posible establecimiento de una
zona de exclusión aérea mediante la suspensión de los "permisos de
sobrevuelo de aviones militares venezolanos en caso de asistencia
humanitaria". Estas son señales que anuncian la preparación para un
conflicto bélico, lo cual resulta mucho más preocupante si tenemos en cuenta
que en ese grupo están Brasil, Colombia y Guyana, países que tienen frontera
con Venezuela y con los dos últimos mantenemos diferendos territoriales.

 

7. En razón de que un sector extremista de la oposición encabezado por el
nuevo Presidente de la AN, decidió adherirse al Pronunciamiento del Grupo de
Lima y del gobierno de EEUU, de declarar unilateralmente vacante la Jefatura
del Estado Venezolano, argumentando la ilegitimidad de origen de la elección
de Nicolás Maduro para el período 2019-2025, y no reconociéndolo como tal y
en consecuencia procedió a conformar un Estado Paralelo en el que la AN
asume las funciones del Poder Ejecutivo y se reconoce como legítimo al
llamado TSJ en el exilio, crea las condiciones para que se desencadene un
conflicto interno que agravará la crisis y podría conducir a una guerra
civil con participación internacional o en el mejor de los casos, a una
negociación, impuesta desde afuera, amenazando la integridad territorial y
la soberanía nacional, desde esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la
Constitución proponemos:

 

¿Qué hacer?

 

Para el Pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la preservación
de la Patria, porque sin ella, ningún proyecto nacional sería posible para
construir el futuro. El suicidio, sea individual o colectivo, no es una
opción. De allí que cualquier propuesta, idea, decisión planteadas en
términos de lesionar nuestra herencia, nuestra integridad territorial,
nuestra identidad nacional, nuestro derecho a la autodeterminación,
incluyendo los derechos de nuestros pueblos originarios, debe ser combatida
con absoluta firmeza y es por ello que, desde la Plataforma Ciudadana en
Defensa de la Constitución, denunciamos y rechazamos como injerencistas las
acciones del llamado "Grupo de Lima" y cualquier venezolano, más allá de su
opinión política, está en la obligación de sumarse a ese rechazo.

 

Así mismo, rechazamos la tesis que internacionalmente viene siendo manejada
por un sector extremista de la oposición, siguiendo las instrucciones del
gobierno estadounidense, acerca del "vacío de poder" y de la necesidad, en
consecuencia, de una intervención extranjera. Tal idea, al final, busca
limpiar el camino para la disolución de la República, para la repartición de
lo que es de los venezolanos, para convertir a Venezuela, esa de las ocho
estrellas, esa del Libertador, esa de donde surgió la libertad para buena
parte del continente, en un grupo de pequeñas republiquetas: un proceso de
fragmentación, al estilo de lo ocurrido históricamente con la disolución de
la Gran Colombia y posteriormente con Panamá. Pero eso no implica, de
ninguna manera, que defendamos el actual gobierno, responsable de la gran
crisis que nos agobia y responsable también, por acción u omisión, de poner
en peligro a la República. Asumimos que en Venezuela sí existe un gobierno
pero el mismo es ilegítimo porque actúa al margen de la Constitución y,
porque sus acciones son absolutamente contrarias al interés general. Por
tanto, debe ser reemplazado pero no a través de un inconstitucional golpe de
estado con el apoyo de EEUU y sus aliados, sino a través de una acción
coherente y sostenida de participación y movilización popular en el marco de
la propia Constitución. La profundidad de la crisis requiere, sin dudas, de
un acuerdo general, un acuerdo de sociedad, no un simple acuerdo de cúpulas
y para ello, insistimos, la Constitución tiene previstos los caminos. No se
trata de reemplazar una cúpula por otra, se trata de que el pueblo, quien
ejerce la soberanía (A-5), se manifieste acerca de lo que verdaderamente
quiere (Artículos 70 y 71).  

 

Es necesario reinstitucionalizar la República pero ello no es posible
mientras las instituciones sigan siendo manejadas por los responsables de la
crisis. Se trata de que, a partir de un acuerdo de patria, un acuerdo con
visión de futuro, un acuerdo responsable, que prevea la renuncia de
absolutamente todos los poderes, en forma ordenada y frente al pueblo, con
el fin de llamar, en tiempo perentorio, a un nuevo proceso general de
elecciones que relegitime todos los poderes, para adelantar un plan que
atienda la emergencia humanitaria y le abra el camino a una nueva Venezuela.
Se trata, en definitiva, de poner las decisiones en manos del soberano, como
reza nuestra Constitución. De lo contrario, la deriva de la crisis nos
conducirá inexorablemente a una guerra civil con participación
internacional, la instalación directamente del fascismo, con todo lo que
ello implica para las generaciones presentes y futuras de venezolanos, o la
instalación, a partir de componendas, de un gobierno que no represente los
intereses de los venezolanos.

 

La AN liderada por la oposición extremista, avanza en la ejecución del
proyecto del estado paralelo promovido por EEUU-UE-Grupo de Lima para
desplazar a Maduro del gobierno, mientras éste con el apoyo de la FANB
acaricia la idea de disolver la AN y convocar unas elecciones anticipadas.
Esta confrontación podría desembocar en una guerra civil con participación
internacional o en una negociación cupular forzada por intereses foráneos.
En estas circunstancias, cuando está en juego la existencia de la Nación, es
que el pueblo debe ser el protagonista de su propia historia para decidir el
destino de la República, ejerciendo plenamente su derecho a la
autodeterminación. Por esa razón, proponemos que la disputa entre el
Gobierno y la AN debe resolverse mediante el diálogo y la negociación,
tomando como punto de partida la convocatoria a un referéndum consultivo
vinculante, en el que los venezolanos decidamos en elecciones transparentes
y con base en los artículo 70 y 71 de la Constitución, si queremos o no
renovar todos los poderes públicos.

 

La salida debe ser soberana, pacífica y constitucional a través de la
Consulta Popular!!!

Rechazamos el Pronunciamiento Intervencionista del Grupo de Lima!!!

Todos contra el despojo territorial imperialista en el Esequibo!!!

 

Nota 

 

1) Maduro obtuvo 67.84% de los votos, lo que equivale al 30.44% del Registro
Electoral, con un 52% de abstención.

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Entrevista con Manuel Sutherland

 

¿A dónde va Venezuela? (si es que va a alguna parte)

 

Como en la Cuba del «Periodo Especial», la oposición venezolana, fuertemente
dividida, espera un desmoronamiento del poder que nunca llega, mientras el
gobierno sigue denunciando conspiraciones externas y muchos venezolanos
votan con los pies y abandonan el país. El economista Manuel Sutherland
explica la situación en diálogo con Nueva Sociedad.

 

Pablo Stefanoni 

Nueva Sociedad, enero 2019 

http://nuso.org/

 

La reciente asunción de Nicolás Maduro para un segundo mandato de seis años
volvió a poner el foco en Venezuela y su crisis. Con la Asamblea Nacional en
manos de la oposición y declarada en «desacato», el presidente juró ante una
Asamblea Constituyente que, más que redactar una Constitución, actúa como
una suerte de supragobierno. Entretanto, el escalamiento de la crisis no ha
logrado fortalecer a la oposición que, con un nuevo líder de la Asamblea
Nacional, busca renacer de su fragmentación y sus cenizas. El economista
Manuel Sutherland brinda algunas claves de lectura de la coyuntura
venezolana, con una mirada más amplia sobre una Revolución Bolivariana que
ya está por cumplir dos décadas.

 

-Nicolás Maduro propuso en su asunción «un nuevo comienzo». Dado que el
chavismo ya lleva dos décadas en el poder, ¿qué significado tiene eso?

 

En el acto de asunción de Nicolás Maduro escuchamos una promesa que nos
retumba en los oídos. El presidente prometió, en efecto, un «nuevo
comienzo», y adornó sus ofrendas con frases como: «ahora sí», «esta vez sí».
Dichas frases podrían dar la esperanza a millones de sus seguidores sobre la
posibilidad de políticas de cambio estructural, que permitirían de algún
modo elevar el precario nivel de vida que sufre la población. Sin embargo,
Maduro lleva cinco años seguidos prometiendo exactamente lo mismo: un
cambio, y demandando más poder para tener la capacidad de hacer «más cosas
por el pueblo». En plena hiperinflación, Maduro sigue prometiendo que «esta
vez sí va a controlar los precios» y que tratará con «mano dura» a quienes
se atrevan a incrementarlos más allá de unas listas de precios regulados que
son básicamente el hazmerreír de la población. Cada año que promete que
«esta vez sí» va a derrotar a la fementida «guerra económica», la gente no
hace más que mirar hacia el suelo y suspirar. Las promesas mueren
inmediatamente después de nacer. La sonrisa con sorna de algunos de sus
adláteres en el acto de asunción de Maduro al oírlo prometer fue de real
antología.

 

Pero mientras tanto el quinquenio 2014-2018 se caracterizó por cinco caídas
sucesivas en el PIB, algo nunca antes visto en nuestra economía. Los
millones de bombas y el genocidio perpetrado por los nazis en Polonia
causaron una caída de 44% del PIB (1939-1943). La caída del PIB en Venezuela
ronda el 50% en los últimos cinco años, un récord absoluto para el
continente, una tragedia sin parangón. Para los años 2017 y 2018, se vio el
agravamiento de la crisis con el penoso protagonismo de una hiperinflación
que ha roto varias marcas históricas en el mundo. La hiperinflación en
Venezuela ya lleva alrededor de 14 meses consecutivos y se erige como la
octava hiperinflación más larga de la historia.

 

-Las preguntas del millón: ¿por qué la catástrofe económica no parece
erosionar el poder del gobierno como imaginaba la oposición? ¿Por qué los
sectores populares no bajan de los cerros? ¿O bajan para migrar?

 

De manera similar a la oposición cubana en pleno «Período Especial», después
del derrumbe de la Unión Soviética y los gobiernos de Europa oriental, los
más connotados líderes opositores venezolanos esperan que una voraz crisis
económica obligue a la gente a salir a la calle y a hacer una «revuelta de
hambre» que barra con el gobierno de alguna forma. En el exilio, presa o muy
lejos de las bases empobrecidas de la nación, la mayoría de la elite
opositora aspira a un desmoronamiento del presunto castillo de naipes
bolivariano. Cuando ello no ocurre, confía en que el tiempo hará que las
cosas empeoren y provoquen al fin la ansiada rebelión. Lo que parecen no
entender, aunque lo dicen todo el tiempo, es que el gobierno de alguna forma
desarrolla un plan muy amplio de dádivas, prebendas y asistencias sociales
masivas que contienen de manera relativamente efectiva a la población más
abiertamente empobrecida. De tal forma, el gobierno atiende a los sectores
de las barriadas con bolsas de comida (mediante los llamados Comités Locales
de Abastecimiento y Producción, CLAP), dinero en efectivo en sus cuentas
(Bonos de la Patria), servicios de electricidad, agua, aseo, transporte
público ampliamente subsidiado, gasolina casi gratuita. Ni hablar de sus
políticas muy permisivas con la delincuencia barrial, el tráfico de drogas,
el comercio de bienes subsidiados y el contrabando. El gobierno entrega
infinidad de mercancías a precios muy bajos, que son revendidas en el
mercado negro con enormes márgenes de beneficio. Así las cosas, a través de
empleados del gobierno, se obtienen ilegalmente beneficios que pueden ir
desde una casa o un auto hasta unos 500 gramos de carne de cerdo. Con muy
poco dinero el gobierno desarrolló una red política clientelar de gran
magnitud, que logró profundizar un proceso de lumpenización social de
amplios sectores de la población. Todo ello contiene el estallido de las
capas más empobrecidas de la sociedad.

 

Aunque la emigración de venezolanos de las capas más pobres lleva al menos
tres años, no es lo más común en las barriadas. Las formas de conseguir
dinero de manera subrepticia o abiertamente ilegal son muchas, lo que
generalmente desestimula una emigración aún mayor. Y cabe destacar que la
oposición no tiene prácticamente ningún trabajo político en las barriadas.
Aparte de ser peligroso hacer política en contra del gobierno en muchas
zonas populares, la oposición ha abandonado por completo la tarea de
organizar a esas bases sociales que, desgraciadamente, se van con quienes
tienen los recursos a la mano para «resolver» problemas cotidianos. Dicho
músculo solo lo tienen organizaciones estatales o delincuenciales. Por ende,
las barriadas populares están totalmente desconectadas de la política
opositora que ha encontrado su nicho en Twitter.

 

-Esa oposición no logra hasta ahora resultados en la calle, ni en las urnas,
ni en las instituciones que conquista, ¿qué podría hacer entonces?

 

El gobierno ha sido tremendamente exitoso en colocar el mote de «fracasada»
a la oposición. De tal forma, ha venido proyectando entre sus líderes una
sensación de derrota y frustración. A pesar de su enorme e inusitado éxito
electoral en 2015, cuando obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional, el
bloque opositor se ha ido desintegrando con extrema velocidad. En plena
desbandada, han deshecho la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y se han
dedicado a usar las redes sociales para atacarse entre sí de la manera más
chocarrera posible. En ese tortuoso devenir, la oposición ha optado por
presentar todo proceso electoral como fraudulento, con razón, pero con una
postura derrotista que ni siquiera le permite pelear por defender los votos.

 

A partir de ello se ha desarrollado una política de abstención que ha
logrado despolitizar aún más a las bases opositoras. La oposición se ha
abstenido sucesivamente y se ha alejado de manera poco astuta de ámbitos
políticamente útiles para sus fines, lo que la ha debilitado de manera
dramática, hasta el punto de parecer formalmente disuelta. En ese contexto,
han emergido al primer plano sus querubines más extremistas y, por ende, más
antipolíticos. A pesar de que estos últimos son muy buenos para encender las
redes sociales y atraer el entusiasmo de quienes no hacen política real, en
la práctica tienden a ser los menos inteligentes y hábiles en el arte de
construir alianzas y consensos. Todo esto hace a la oposición aún más
inoperativa y estéril. El tiempo parece indicar que no le queda otra opción
que tratar de reimpulsar un proceso de articulación política cada vez más
complicado. Cuando se requiere hacer más trabajo de hormiga, decide apelar a
una diatriba maximalista: enfrentar al llamado gobierno «usurpador» desde
una absoluta desventaja y esperando que llegue un milagro desde Estados
Unidos. o desaparecer a la luz de sus propias promesas irrealizables.

 

-Ahora el país tiene casi dos presidentes, si tomamos en serio la proclama,
aún confusa, de la Asamblea Nacional.

 

La oposición venezolana llevaba meses diciendo que Maduro dejaría de ser
presidente legítimo luego del 10 de enero. Habían desconocido la elección
del 20 de mayo de 2018 –en la que solo participó el ex-gobernador Henry
Falcón– y, por ende, Maduro iba a convertirse en un «usurpador». Entonces
comenzaron a a discutir qué hacer el 10 de enero. Las corrientes más
moderadas dijeron que nada nuevo iba a pasar. Las más radicales auguraban el
advenimiento de los marines y los paramilitares colombianos en aras de
«liberar» el país.

 

Pero el 10 de enero pasó sin sobresaltos en cuanto a protestas o posibles
enfrentamientos en la calle. La nota la dio el joven presidente de la
Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien con cierta timidez ofreció una
concurrida rueda de prensa en la que, de una manera sorprendente, dio el
paso de desconocer a Maduro como presidente de la República y aseguró estar
listo para asumir la Presidencia interina del país, ante lo que la oposición
considera como una usurpación de funciones por parte de Maduro. Acto
seguido, calificó la asunción de Maduro como nula y llamó a las Fuerzas
Armadas y a la comunidad internacional a actuar ante lo que denominó un
fraude electoral.

 

En la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Caracas, Guaidó habló en un acto que concentró a unas 3.000 personas y donde
estuvo a punto de autoproclamarse presidente de la nación, pero no lo hizo
del todo. Blandiendo el artículo 233 de la Constitución, alegó que si el
presidente electo no llegaba a asumir sus funciones, el presidente de la
Asamblea Nacional quedaría como encargado para dicha labor. Guaidó dijo que
se está preparando una Ley de la Transición y una posible amnistía general
para los militares que se plieguen al nuevo gobierno de transición que en 30
días convocaría a nuevas elecciones generales. Guaidó, del partido Voluntad
Popular, insistió en que requiere un apoyo popular masivo en las calles y un
soporte sólido de la comunidad internacional para hacer realidad sus
proclamas. Hacia el final de su discurso, dijo que asumiría «las
competencias para una encargaduría de la Presidencia de la República», en el
marco de una propuesta confusa y cargada de supuestos poco claros. La forma
esópica de su perorata parece deberse al imperativo de evitar que las
fuerzas de seguridad del gobierno lo encarcelen por protagonizar un golpe de
Estado.

 

-¿Y cómo reaccionó el gobierno?

 

La soflama de Guaidó deja muchos cabos sueltos. Lo que sí es cierto es que
la Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos de Brasil y
Estados Unidos pasaron inmediatamente a reconocerlo como presidente
legítimo. El Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) emitió un
comunicado de respaldo a Guaidó y lo exhortó a que se juramente de una vez
como presidente.

 

Ante esta situación, Maduro activó el ejército de propaganda de redes
sociales del gobierno y salieron 1.000 burlas y guasas contra el «presidente
de Twitter», por decir lo más decoroso. La oposición que dirige el plan que
Guaidó protagoniza espera exactamente que el gobierno reaccione para ver si
puede patear el tablero, sacudir de alguna manera el terreno y obligar a los
militares o a la «comunidad internacional» (especialmente Estados Unidos y
consortes) a ejercer alguna acción más decidida. Entre tanto, los gobiernos
de China y Rusia salieron rápidamente a confirmar a Maduro como presidente y
a asegurarle apoyo ante cualquier «injerencia externa».

 

La Asamblea Nacional busca generar una especie de «doble poder» o dualidad
gubernamental. De manera abierta, discuten que si Washington y sus aliados
–como el Grupo de Lima– reconocen plenamente al «nuevo presidente», este
podría de una vez tomar posesión de activos de la nación en el extranjero
(como sucedió en el caso de la invasión a Libia) incluyendo el cobro de
facturas, fondos estatales y empresas como la enorme petrolera CITGO situada
en Estados Unidos, que es una potente fuente de generación de divisas.
Obviamente, eso incluiría el oro que el Banco de Inglaterra no quiere
devolver a la nación y otros bienes congelados como producto de las
sanciones impuestas al país. Los fondos que pueda recoger irían para «ayuda
humanitaria», aunque en realidad serían para pagar una milicia nacional para
combatir al gobierno.

 

Lo más probable es que el gobierno no disuelva la Asamblea Nacional, que
declarada en «desacato», no tiene ningún poder real en el país. Es factible
que se amenace con la cárcel a Guaidó y de alguna manera se lo «incentive» a
huir a Brasil o a Colombia para conformar un gobierno en el exilio al estilo
del ya conocido Tribunal Supremo de Justicia venezolano que sesiona en
Colombia y que ya ha destituido a Maduro varias veces. La efectividad de un
gobierno criollo en el exilio parece ser nula y entra a formar parte de los
chistes sobre la ineficacia política vernácula. La acción inmediata
propuesta por la Asamblea Nacional fue la convocatoria a una gran marcha
insurreccional el 23 de enero, fecha histórica de la lucha por la democracia
en el país. Nada más. Hay un fuerte rumor de que se llevan a cabo
negociaciones secretas entre la oposición y el gobierno para lograr acuerdos
mutuos de cooperación en caso de que la situación empeore. Los próximos días
serán de enorme tensión.

 

Las dudas que surgieron inmediatamente después del cabildo abierto que
organizó el líder opositor son gigantescas. La primera es por qué Guaidó no
se envistió como presidente de la República en la misma Asamblea Nacional.
Si jurídicamente lo asiste el artículo 233 de la Constitución, en ese caso
debería ser proclamado en solemne acto en el Parlamento. Este debería haber
redactado una «Ley de Transición», declarar usurpación o vacancia en el
Poder Ejecutivo y nombrarlo de una vez, que es lo que clama el ala radical
de la oposición interna y externa. Pero en los «cabildos» que ha hecho ni
siquiera asume de manera informal la Presidencia.

 

El sector más duro de la oposición está ya atacándolo y tachándolo de
«blandengue» y «lerdo». Le reprochan no asumir la Presidencia y lo acusan
incluso de «omisión administrativa» y de evadir su responsabilidad concreta,
además de defraudar a las personas que tenían una esperanza firme en él. Más
aún, se escandalizan de oírlo llamar a los militares para que estos le den
la Presidencia, cuando en su interpretación de la ley él debería dar las
órdenes a los militares y estos obedecer. Ofrecer ese arbitrio a las Fuerzas
Armadas parece un retroceso histórico sin precedentes. El llamado a hacer
más «cabildos» les suena a muchos como un gesto tímido, apocado e incluso
cobarde. Los más encarnizadamente antichavistas creen que está «escurriendo
el bulto» porque que teme ir preso. Les parece demasiado lejana la
convocatoria a la marcha del 23 de enero y ven cómo la expectativa de
conflicto inmediato se va desinflando. Fue llamativo que tres de los cuatros
partidos políticos de oposición más importantes no estuvieran en el cabildo
caraqueño. En efecto, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un
Nuevo Tiempo (UNT) y otras organizaciones no asistieron o mandaron a
funcionarios de menor rango. No participaron y no han hecho nada para
impulsar leyes que envistan con la banda presidencial a Guaidó.

 

Y el domingo 13 pasó algo increíble. El Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN), interceptó el carro donde viajaba Guaidó y lo capturó a plena luz
del día. En pocos minutos, las redes sociales explotaban con la noticia del
«secuestro» del «presidente Guaidó». A los pocos minutos de esta acción, que
pudo ser filmada por un aficionado, el SEBIN también apresó a dos
periodistas de medios de comunicación de Estados Unidos y Colombia. En plena
elucubración del paradero del Guaidó, se publicaron noticias de su
liberación que señalaban que ya iba en camino al «cabildo» en Vargas, como
lo tenía planeado.

 

Poco tiempo después, el gobierno salió a decir que la operación del SEBIN
había sido «irregular» y que hubo una especie de «infiltración» u actuación
independiente de un funcionario que tomó esa iniciativa saltando a la
autoridad y con la oscura intención de dejar en entredicho a la gestión del
gobierno. Toda la culpa parece ser del comisario Hildemaro Rodríguez, a
quien se le han descubierto «nexos conspirativos con la ultraderecha» y que
luego de acometer esa acción fue puesto a la orden de la Fiscalía número 126
de Caracas. Así las cosas, el gobierno parece haber quedado en un ridículo
histórico, que podría evidenciar una importante fractura interna y una gran
descoordinación, más propia de una vecindad arruinada que de un gobierno
formal. Es evidente que a Maduro no le convenía apresar a Guaidó y
obviamente alguna tecla se movió para, de alguna manera, dejar en ridículo
al gobierno o quizás intentar precipitar hechos de violencia al impulsar una
agresión grave al presidente del Parlamento. Todo ello entra en el campo de
lo posible en un escenario enrarecido.

 

-¿Qué pasó con la llamada «izquierda crítica»?

 

Quizás la víctima más sufrida del proceso bolivariano ha sido la denominada
«izquierda crítica». Chávez en 2007 prometió convertir en «polvo cósmico» a
las bases de apoyo del proceso que no se adhirieran al Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), que recién estaba creando. En este caso, esa
promesa se cumplió a cabalidad. La «izquierda crítica» que en masa apoyó al
chavismo en los primeros años, y que poco a poco se ha ido distanciando del
proceso, ha desaparecido casi por completo. Tras años de fallido entrismo en
las filas de la mediana burocracia y del partido con el objetivo de
izquierdizar «desde adentro» un proceso fundamentalmente dirigido por
militares, ha optado por emigrar, pasarse a las filas de la derecha
decimonónica o simplemente mimetizarse en el gobierno con el repetido
argumento de «no hacerle el juego a la derecha».

 

La extrema dependencia de la población respecto al Estado también ha
alcanzado a esta izquierda dispersa, que en muchos casos expresa el miedo a
confrontar al gobierno por el temor de perder el empleo o una mínima
prebenda adquirida. El número de quienes han resistido, más los despidos, la
represión y la pobreza, es demasiado pequeño para hacerle sombra al
gobierno. Los sindicatos, centros universitarios y gremios están
desapareciendo por completo al desvanecerse la producción en todos los
ámbitos y haberse trasformado la emigración en el sino de millones de
jóvenes. Otra parte de la izquierda crítica de Maduro carga el lastre
ideológico de reivindicar a Chávez y tratar de contraponer a ambos
gobiernos, cosa que pareciera ser un gancho para atraer a las amplias bases
chavistas descontentas, pero que al final resulta confuso y contradictorio
para la mayoría de la población que no encuentra referentes políticos
consolidados.

 

-¿Por qué la izquierda latinoamericana está en una suerte de negacionismo
hacia Venezuela?

 

La izquierda latinoamericana en general ha «vivido» del chavismo, es decir,
infinidad de referentes de izquierda han desfilado por el país recibiendo
jugosos viáticos, entrevistas y asesorías. Centenares de líderes de pequeños
partidos y organizaciones han recibido generosa ayuda del gobierno
bolivariano, en muchos casos desde las embajadas. Esa izquierda está en
deuda con el gobierno y le cuesta separarse a estas alturas de un régimen al
que aplaudieron y defendieron a rabiar, aun si saber muy bien cómo
funcionaba en realidad, ya que los pocos viajes realizados fueron cuidadosos
tours políticos que reflejaban una realidad acomodada a la vista de quienes,
con toda fe, buscaban creer en una luz al final del túnel frente al
neoliberalismo o la derecha internacional. A ellos les cuesta mucho dar una
opinión distinta de la que dieron antes, para no recibir acusaciones de
«incoherentes» o de «traidores». Divorciarse de otro proceso, como fue con
la URSS, tiene un costo elevado.

 

Por otra parte, una gran porción de la izquierda de América Latina trata
honestamente de distanciarse de sus gobiernos de la derecha o de las
críticas al proceso bolivariano de las cancillerías de Mauricio Macri, Jair
Bolsonaro o Iván Duque. En ese devenir se pierden los análisis concretos de
la realidad concreta, sin tantos apasionamientos y sesgos ideológicos. De
esta forma, patinan tratando de justificar honestamente políticas claramente
erróneas y con consecuencias catastróficas para la clase obrera y el pueblo
venezolanos, quienes a la sazón deberían ser el centro de su solidaridad.
Como un avestruz, se niegan a ver los hechos más evidentes y se reemplaza el
análisis por delirios «geopolíticos».

  _____  

 

Rechazamos al gobierno antiobrero de Nicolás Maduro

 

Repudiamos la injerencia de Estados Unidos y los gobiernos patronales de la
región

 

Orlando Chirino y José Bodas 

La Clase.info, 11-1-2019

https://laclase.info <https://laclase.info/> 

 

En la capital peruana, el pasado 4 de enero, los cancilleres de trece
Estados de América Latina organizados en el llamado Grupo de Lima firmaron y
emitieron una declaración injerencista por órdenes del gobierno
norteamericano, donde asumieron la potestad política para calificar la
legitimidad del gobierno venezolano y liderar un cambio gubernamental en
Venezuela. Luego, el 10 de enero, diecinueve Estados del continente
aprobaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución
intervencionista para declarar como ilegítimo al nuevo periodo presidencial
de Nicolás Maduro.

 

En ese marco, la mayoría de la oposición patronal desde la Asamblea Nacional
declaró que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se encuentra usurpando
el cargo de Presidente de la República, y por eso le han pedido que renuncie
y conceda una transición gubernamental. Pero, además, han solicitado la
intervención de los militares en el conflicto institucional, porque
supuestamente son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional
y las leyes.

 

Las dos medidas diplomáticas injerencistas ejecutadas por Estados Unidos y
los gobiernos pro imperialistas de la región, y las acciones de la oposición
patronal en la Asamblea Nacional, son parte de las presiones extranjeras y
locales para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro mediante una
transición negociada y ordenada. Esa transición tendría como objetivo la
constitución de un denominado gobierno de unidad nacional, en el que
participen grupos disidentes del chavismo, sectores empresariales, y los
partidos patronales de la MUD/Frente Amplio, que evite la movilización
obrera y popular autónoma, y que incluya la impunidad penal de los crímenes
cometidos por militares y civiles en medio de la restricción a las
libertades democráticas, permita el resguardo de los recursos económicos
obtenidos en actos de corrupción por altos burócratas oficialistas y
empresarios, y continúe aplicando un paquete de medidas económicas que
beneficie al capital transnacional y local en detrimento de las condiciones
de vida del pueblo trabajador venezolano.

 

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos categóricamente al
gobierno de Nicolás Maduro, pero igualmente repudiamos la injerencia de
Estados Unidos y los gobiernos patronales y pro imperialistas de la región
en los asuntos internos de Venezuela, y denunciamos que la oposición
patronal desde la Asamblea Nacional tiene como único propósito crear las
condiciones políticas necesarias para el inicio de una nueva negociación con
el gobierno de Nicolás Maduro.

 

El PSL considera que solo las luchas unitarias, organizadas y con
independencia de clase del pueblo trabajador garantizarán la derrota del
gobierno autoritario de Nicolás Maduro, el cual, a través de fraudes
electorales como el efectuado el 20 de mayo de 2018 y la represión
permanente, se mantiene en Miraflores aplicando un paquete anti obrero y
capitalista, que favorece abiertamente a los intereses de las empresas
transnacionales y la burguesía local.

 

Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras del Hospital
Universitario de Caracas, quienes, con su movilización masiva y unitaria,
dividieron a sectores del chavismo que se sumaron a la lucha contra la
directiva corrupta del hospital, por la recuperación de los recursos que se
robaron y por salarios igual a la canasta básica.

 

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores continuemos la lucha
iniciada el año pasado por salarios dignos indexados mensualmente, en
defensa de las contrataciones colectivas, y contra las tablas salariales
impuestas por el gobierno en el sector público. Que cada vez más sectores se
sumen a la lucha, como ya hacen los docentes en todos los estados del país,
y que la movilización de las trabajadoras y trabajadores empalme con la
lucha que en las comunidades comienzan a desarrollar los sectores populares
por comida y servicios públicos, masificando y generalizando la protesta en
la calle contra el gobierno y su paquete de ajuste anti obrero y
antipopular.

 

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-cura, desde
la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y otras instancias unitarias
en las distintas regiones, seguirán promoviendo la movilización obrera y
popular para conquistar un Plan Económico Popular que parta de lograr un
salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de
importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el
petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales,
confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos, y
que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios,
jubilaciones, vivienda, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, y para
el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras, insumos y apoyo
técnico a los campesinos pobres, siempre teniendo como perspectiva la
necesidad de un gobierno de la clase trabajadora. 

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