Chile/ "Hay un aparato que impide el acceso al derecho al aborto" [Gloria Maira - Entrevista]

Vie Jul 5 16:08:25 UYT 2019

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Correspondencia de Prensa

5 de julio 2019

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Chile

Entrevista a Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto
en Chile

“Hay un aparato que impide el acceso al derecho al aborto”

Carla Perelló

Nodal, 5-7-2019 

https://www.nodal.am/

En agosto de 2017 Chile dio un paso en favor de los derechos de las mujeres
y personas gestantes: dejó a un lado un sistema totalmente prohibitivo y
punitivista para el acceso al aborto y adoptó un sistema de causales que
permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en caso de violación,
de inviabilidad fetal o de riesgo de muerte. A poco más de un año de la
aprobación de la ley, la Mesa de Acción por el Aborto, que nuclea
organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos locales e
internacionales, llevó a cabo un sondeo para dar cuenta sobre la efectividad
de su implementación. En base a los resultados sobre siete regiones del país
(Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y
Aysén) denuncian que no existe una política pública para poner en práctica
esta normativa. En esta entrevista con NODAL, Gloria Maira, activista
feminista da cuenta del panorama.

-Entre las conclusiones del informe que presentaron denuncian que no existe
una política pública para la implementación de las tres causales por aborto,
¿podría hacer un breve repaso de las razones por las cuales llegan a esta
conclusión? ¿Por qué consideran que se ha llegado a este punto?

El monitoreo se realizó en siete territorios del país y lo que muestra es
que existe una implementación de mínimo de esta política pública. Eso
significa que el Ministerio de Salud ha concentrado los esfuerzos de
capacitación, revisión de casos y de seguimiento en los equipos IVE
directamente vinculados con la prestación. El resto del personal, tanto en
atención primaria como en los hospitales -que es donde se practica la
interrupción voluntaria del embarazo- no están ni sensibilizados ni
capacitados en torno a la ley, lo que implica obstáculos para las mujeres en
términos de acceder a información y de la ruta que siguen para llegar a
interrumpir ese embarazo si es que está en las tres causales y así lo
deciden. Entonces, la capacitación al personal de salud es un problema. El
segundo gran problema es la falta de información a las mujeres y la
comunidad. La IVE es una prestación no informada, es decir, no está incluida
en las acciones de promoción de la salud sexual y reproductiva que hace a la
atención primaria en colegios, en centros para adolescentes, por ejemplo.
Por lo tanto, no es conocida por la población y particularmente por las
mujeres jóvenes, las adolescentes y las niñas y eso es un tremendo problema
porque es allí donde se concentran las situaciones de violencia sexual con
resultado de embarazo.  Entonces, esas niñas, adolescentes y jóvenes no
tienen cómo conocer que pueden existir una respuesta distinta a la situación
y que pueden tener acogida en el servicio de salud. Un tercer gran problema
a destacar, aunque no el último ni menos importante, tiene que ver con la
objeción de conciencia. La política del Ministerio de Salud ha sido la de no
garantizar la existencia de al menos un equipo IVE en cada uno de los
hospitales. No ha habido un control de la objeción de conciencia del
personal de salud que interviene en la interrupción. La resolución última
del Tribunal Constitucional y el reglamento que finalmente quedó adoptado
para efectos de la objeción de conciencia hace que más que una norma
excepcional ésta se haya convertido en una norma general. Es decir, basta
que un médico, un ginecobstetra, una matrona, un/a enfermero/a, un/a
anestesista, declare que es objetora u objetor de conciencia, llene un
formulario y lo entregue a la dirección del hospital. Con eso acredita su
objeción, no hay necesidad de una fundamentación, no hay nada. Si juntamos
todos estos factores: falta de información, graves debilidades en la
capacitación de los equipos de salud y del personal, de salud en general, y
la objeción de conciencia declarada y no declarada, lo que está sucediendo
finalmente, es que tienes una implementación reducida al mínimo.  De hecho,
el número de casos que ha llegado a IVE es mucho menor del que se había
estimado por año y eso es una evidencia concreta de lo que está sucediendo.

-Justamente, lo que sucedió al inicio de su gobierno, Piñera impulsó la
objeción de conciencia institucional, ¿en qué quedó esa situación?
¿Consideran que esa iniciativa ha afectado a la implementación de la ley?

Efectivamente esa disposición fue introducida por el Tribunal Constitucional
después de la aprobación de la ley por parte del Congreso y a partir de los
requerimientos que han hecho o que hicieron los sectores conservadores del
Parlamento respecto de los protocolos de implementación de la objeción de
conciencia institucional. Finalmente, las últimas resoluciones y el último
reglamento han dejado una objeción de conciencia institucional de amplio
rango. El Tribunal Constitucional decidió que sí pueden objetar de
conciencia los/as profesionales de la salud e institucionalmente las
clínicas privadas que firman convenios con el Ministerio de Salud, es decir,
que son a las que el Ejecutivo le transfiere la potestad pública para la
entrega de prestaciones donde el sector público no tiene hospitales o no
alcanzan toda la cobertura necesaria. Por lo tanto, dan prestaciones de
ginecobstetricia que ellos estiman y reciben igual los fondos públicos, no
están obligados a entregar la IVE pese a que es una prestación legal y que
la autoridad sanitaria tiene la obligación de otorgar a nivel nacional. El
segundo punto, es que también el Tribunal estableció que las clínicas que
tienen ginecobstetricia o que otorgan prestaciones ginecobstétricas que no
tienen convenios con el Ministerio de Salud, también pueden decidir
libremente si otorgan o no la prestación IVE. Así, no tienen necesidad de
declararse objetores de conciencia institucional, simplemente pueden no
incluir esta prestación en su oferta en salud. Por lo tanto, es clarísimo
que la objeción de conciencia institucional ha permitido que las clínicas en
general puedan abstenerse de otorgar la prestación sin ningún tipo de
presión para que esta situación cambie.

-¿De qué manera afecta esta falta de puesta en marcha de la ley a las
personas que quieran abortar? ¿Existen registros oficiales de la cantidad de
abortos permitidos por ley? 

Esta implementación tan deficiente afecta de varias maneras. Una es que, en
la medida de que es una prestación no informada las mujeres no pueden
ejercer este derecho otorgado en la legislación. Segundo, que en tanto no
existan acciones que den cuenta de la interrupción del embarazo o del aborto
como una situación que sucede en la vida reproductiva de las mujeres el
estigma del aborto, el aborto como castigo, la penalización social de las
mujeres, se mantiene intocada. Siguen existiendo los mismos mitos y los
mismos prejuicios respecto del aborto y eso afecta a quienes estén dentro de
las tres causales, inhibe las personas a que hagan las consultas pertinentes
en los consultorios o en los establecimientos de salud. Incluso, si hacen
las consultas pertinentes se ven afectadas en su libertad de decisión porque
tienen un dogma establecido, que es el dogma de la maternidad. La no
información y la no discusión del aborto como un evento de la vida
reproductiva de las mujeres mantiene esos imaginarios e impide la decisión
de las mujeres. Existen registros sobre el número de abortos, están en la
página web del Ministerio, ahí se pueden ver cuáles han sido los casos que
se han atendido en cada una de las causales y evidentemente lo que eso
muestra es que los números son muy inferiores a lo que se había inicialmente
estimado. Y esa diferencia no se debe a un error de cálculo como ha
insinuado el ministro de Salud, Emilio Santelices, sino más bien a todo un
aparato que impide que las mujeres puedan acceder al derecho al aborto y
tomar en libertad una decisión. Tal como expliqué en las preguntas
anteriores ese aparato se manifiesta en la falta de información, de
capacitación, en la objeción de conciencia que afecta las posibilidades de
acceder a la prestación y sobre todo permanece intocado un modelo de
atención en salud y particularmente en salud sexual y reproductiva. Es un
modelo biomédico de una relación vertical entre el personal de salud y la
usuaria, la mujer que está accediendo a prestaciones y lo que prima, en
términos de imaginarios, es la maternidad siempre deseada por parte de las
mujeres. En la medida de que esa visión del modelo de atención en salud no
se modifique, la implementación de la IVE se hace sobre ese escenario y no
hay acciones sostenidas para la modificación de patrones, de conductas,
comportamientos y de prácticas dentro del sistema. Eso hace muy difícil que
la interrupción voluntaria del embarazo, por decisión de la mujer se pueda
implementar plenamente.

-¿Cuáles son los pasos y los desafíos de aquí en adelante para la Mesa y
desde las organizaciones de mujeres y feministas en general? 

Nosotras empezamos por hacer públicos los resultados del monitoreo, hemos
enviado también el documento al Congreso, particularmente a las comisiones
de mujer y salud, de manera que los parlamentarios y parlamentarias puedan
hacer uso de su labor de fiscalización y demandar al Ministerio de Salud y
al de Mujer y Equidad de Género respuestas frente a las graves falencias que
el monitoreo muestra. Por otro lado, estamos solicitando reunión con el
nuevo Ministro de Salud para también ponerlo en antecedentes de los
resultados del monitoreo y ver cuáles son las medidas urgentes que él
estaría dispuesto a tomar para corregir estas falencias. Finalmente, creo
que lo más importante, es que pretendemos seguir ampliando esta vigilancia a
otros territorios y a otras regiones del país de manera de documentar lo que
está sucediendo en la práctica, en la cotidianidad de los establecimientos
de salud, el tipo de obstáculos con que se encuentran las mujeres en esos
territorios en específico y ver y presentar esto a las propias autoridades
locales de manera que se hagan las correcciones de rigor en la
implementación. Nosotras como Mesa esperamos que este monitoreo fortalezca
al movimiento por el derecho al aborto en el país, fortalezca el camino
hacia el aborto legal y libre ya que en la medida en la que vamos
construyendo nuevos paradigmas en la salud sexual y reproductiva y en torno
a los derechos sexuales y reproductivos son esos mismos equipos de salud, es
esa misma red asistencial la que debería dar más adelante atención a una
legislación que pretendemos ampliar. Por lo tanto, el monitoreo se convierte
en un instrumento, en una herramienta para fortalecer los movimientos a
nivel local, fortalecer la acción de vigilancia, del movimiento por el
aborto e ir construyendo voluntades hacia el aborto libre y legal en el
país. Esta estrategia, evidentemente, se complementa con otras como las
campañas por la despenalización social del aborto que buscan que el aborto
se vea en la sociedad, se interprete, se entienda como un evento en la vida
reproductiva de las mujeres, frente al cual la titularidad para la decisión
respecto de ello es plenamente de las personas que quieran acceder a ella.

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