Honduras/ Lo que lleva a la revuelta. El desafío al poder autoritario [Marvin Barahona]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de julio 2019

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Honduras

 

El desafío al poder autoritario

 

Lo que lleva a la revuelta 

 

Militares en las calles, represión a las protestas, corrupción endémica y un
gobierno heredero de un golpe de Estado y surgido del fraude electoral. El
conservadurismo hondureño apuesta a la mano dura, pero no logra aplacar el
descontento popular ni frenar la sangría migrante.

 

Marvin Barahona, desde Tegucigalpa *

Brecha, 12-7-2019

https://brecha.com.uy/

 

La coyuntura política de Honduras está llena de descontento, convulsión
social, movilizaciones populares y represión gubernamental. El 24 de junio,
en el contexto de las protestas más recientes, agentes de la Policía Militar
del Orden Público irrumpieron en los predios de la Universidad Nacional
Autónoma (Unah) y dispararon contra un grupo de estudiantes que había tomado
las instalaciones universitarias en solidaridad con la Plataforma en Defensa
de la Salud y la Educación, organizada para oponerse a la privatización de
esos servicios estatales.

 

El resultado fueron tres estudiantes heridos de bala y una honda conmoción
en la comunidad universitaria y la sociedad hondureña, que presenciaron la
acción a través de imágenes capturadas con celulares por otros estudiantes.
A pesar de que el acontecimiento logró un gran impacto mediático, los
sucesos de ese día sólo fueron la continuación de acciones similares
llevadas a cabo entre el 19 y el 20 de junio, tras las que se reportó la
muerte de tres jóvenes, tal como denunció la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

 

Un escenario agitado 

 

La represión se desató poco después de las decisiones adoptadas por el
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Cnds), presidido por el jefe del
Ejecutivo y conformado por los presidentes de los restantes poderes del
Estado, el fiscal general y los ministros de Defensa y Seguridad. El consejo
ordenó el despliegue de las fuerzas armadas para “garantizar el derecho a la
libertad de locomoción, la protección de la propiedad privada y pública y la
integridad de la población”, como medida punitiva ante las protestas que a
diario se producen contra el gobierno. Los hechos que motivaron esa decisión
no han sido esclarecidos por las autoridades, no obstante la gravedad que se
le atribuyó a un conato de incendio en el edificio de la embajada de Estados
Unidos, el incendio parcial de varias decenas de contenedores supuestamente
pertenecientes a la trasnacional Dole en el noreste del país y el saqueo de
algunas tiendas de electrodomésticos en la capital, Tegucigalpa, y en San
Pedro Sula.

 

La crisis que prevalece desde finales de abril desembocó en la
multiplicación de actos de insubordinación iniciados por empleados de la
salud y la educación. Le siguió el paro declarado en junio por los Tigres,
fuerza especial de la policía, en reclamo de mejores condiciones laborales y
para exigir al Ejecutivo que cumpla con sus promesas. En el mismo contexto
estalló una huelga del transporte de carga pesada, también en reclamo de que
se cumplan los acuerdos suscritos con el Estado tras una huelga similar en
2018. En ambos casos, el incumplimiento dejó al descubierto uno de los
ardides más recurrentes del gobierno para enfrentar los paros laborales:
firmar acuerdos que no se propone respetar.

 

En junio de 2019, la oportunidad para que el transporte de carga pesada y un
escuadrón de la policía paralizaran nuevamente sus actividades se presentó
con la entrada en acción de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la
Educación, que reúne a varios miles de empleados de ambos rubros que se
mantenían en paro desde finales de abril. Desde ese momento, la plataforma
exigió y obtuvo la derogación de varios decretos ejecutivos. En ellos se
contemplaban reformas que los agremiados rechazan, con el argumento de que
se orientan a privatizar los servicios estatales de salud y educación y
vulneran derechos establecidos en la Constitución. A pesar de que dichos
decretos fueron derogados la noche del 31 de mayo, las protestas gremiales
continuaron, ahora contra la ley marco de protección social, que, en opinión
de los líderes de la plataforma, permite la privatización de los servicios
públicos defendidos.

 

Las raíces del fracaso

 

Las respuestas del gobierno han sido principalmente tres: el discurso
oficial que se afana en culpar de la crisis a la oposición partidaria y a
organizaciones sociales como la plataforma, que llamó a un diálogo
alternativo al convocado por el gobierno y está logrando un amplio respaldo
popular; la represión y la amenaza de represión a las organizaciones
gremiales, sociales y comunitarias adversas; el recurso al Consejo Nacional
de Defensa y Seguridad como último medio para gobernar en los momentos más
críticos.

 

La represión intenta disuadir la insubordinación colectiva, un acto
intimidatorio contra todo intento de mantener movilizados en las calles a
los opositores al gobierno. Esta labor disuasiva se venía concretando en el
uso abusivo de artefactos, como las bombas lacrimógenas, lanzadas a granel
contra los manifestantes, que por lo general responden arrojando piedras o
devolviendo esas mismas bombas lacrimógenas. Sin embargo, en la coyuntura
actual –como han denunciado las organizaciones sociales y populares– las
protestas son reprimidas “con bala viva”. En consecuencia, ha crecido el
número de heridos y muertos entre los manifestantes. A pesar del incremento
de la represión, esta no logra su cometido esencial: frenar las protestas,
pacificar las calles o aplacar el descontento popular.

 

El propósito de utilizar el Cnds como último recurso para maniobrar en la
crisis es también cada vez menos eficaz para asegurar la gobernabilidad y
sofocar las protestas que crecen día a día. Sin embargo, el secreto del
fracaso militar no responde sólo a la capacidad de autodefensa o resistencia
de las poblaciones reprimidas, sino además a la persistencia de innumerables
focos de descontento acumulados durante el decenio inaugurado por el golpe
de Estado del 28 de junio de 2009. Allí están las grietas que el golpe
ensanchó en la sociedad y el régimen político, el fraude electoral en 2017
que facilitó la reelección de Hernández para un segundo mandato, el mal
gobierno y la represión. A eso se suman los proyectos mineros y de represas
hidroeléctricas, que motivan la defensa del territorio por una población
organizada y desafiante del poderío del capital nacional y transnacional, la
corrupción institucionalizada y la extendida imagen de ilegitimidad que
tiene el gobierno. Con un caldo de cultivo tan fértil para la protesta, no
es exagerado decir que hay más problemas capaces de convocar a la
insubordinación popular que policías y militares aptos para reprimirla.

 

A diez años del golpe de Estado de 2009, el autoritarismo político y la
conflictividad social en Honduras se conjugan en una coyuntura que recuerda
y recrea otros escenarios de crisis vividos en esta década, determinados en
primera instancia por el propio golpe y luego por la ilegítima y fraudulenta
reelección que condujo al gobierno actual. Como señaló el historiador
italiano Guglielmo Ferrero hace casi un siglo, “el despotismo, arbitrario y
violento, es siempre consecuencia de la ilegitimidad” y, en virtud de ello,
“la fuerza no sólo no puede estar nunca segura de imponer por sí sola la
obediencia, sino que además tiende a provocar la revuelta”.  

 

* Marvin Barahona es historiador, doctor en ciencias sociales por la
Universidad Católica de Nimega, autor de Evolución histórica de la identidad
nacional y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, entre otras
obras de contenido histórico y social.

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