México/ Retornos "temporales" de migrantes. Ciudad Juárez, una sala de espera de Estados Unidos [Rocío Gallegos]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de julio 2019

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México

 

Retornos "temporales"

 

Ciudad Juárez ha sido una ruta de migrantes hacia el norte desde hace muchos
años, pero ahora está convertida en una sala de espera de Estados Unidos.
Desde octubre pasado han llegado más de 17 mil migrantes que esperan su
turno para cruzar. A ellos se suman los retornados, porque Juárez y Tijuana
fueron las primeras ciudades donde se aplicó el programa de retorno a
solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluso antes de que Donald Trump
lanzara su amenaza arancelaria. La atención a los migrantes en esta ciudad
vive su peor crisis, con miles de extranjeros varados, albergues saturado y
refugios improvisados, así como gobiernos que dedican parte de su capacidad
a desalentar el cruce de migrantes hacia territorio estadunidense. Los
refugiados que llegan aquí enfrentan, además, otro problema: la falta de
abogados y traductores en el juicio, que es en inglés

 

Rocío Gallegos, Ciudad Juárez/Chihuahua

Pie de Página, julio 2019

https://piedepagina.mx/

 

La mirada de Ricardo se sostiene hacia el norte mientras de su boca brotan
palabras de manera atropellada para contar su historia: huyó de la violencia
en Honduras junto con su esposa embarazada; llegó a esta frontera en 12
días; cruzó a Estados Unidos por el Río Bravo; los de la Patrulla Fronteriza
los detuvieron, los separaron y al día siguiente a él lo regresaron a
territorio mexicano.

 

“Solo estuve un día allá y me regresaron. Me dieron una fecha en la que debo
volver y me dijeron que debo esperar en Ciudad Juárez”, dice.

 

Su retorno a México ocurrió el 13 de junio. El hombre, de 26 años, dice que
escapó de su país el 30 de mayo por las amenazas contra su vida. Ahora debe
esperar hasta el 22 de noviembre para acudir a la Corte de Inmigración en El
Paso, Texas, para iniciar el proceso de asilo político. 

 

Su compañera corrió otra suerte. A ella las autoridades migratorias la
liberaron en Estados Unidos y pudo reunirse con familiares residentes en
Houston, narra el hombre desde el exterior de un supermercado en la Felipe
Ángeles, donde encontró refugio temporal. La colonia es un asentamiento que
en la época de mayor violencia de esta ciudad se convirtió en un laboratorio
fallido de la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos intervino en
comunidades víctimas de la criminalidad.

 

Ricardo, que pide omitir sus apellidos por estar en trámite su asilo, es uno
de los casi 9 mil extranjeros –la mayoría centroamericanos– que se
encuentran en Ciudad Juárez bajo el polémico programa de la administración
Trump, llamado “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en
inglés), el cual obliga a los migrantes extranjeros a permanecer en México
mientras siguen sus procesos en tribunales de Estados Unidos.

 

Muchos de ellos tienen sus citas hasta el 2020.  Como Karla Mirón y su
esposo, Wilber Velázquez, originario de El Salvador. Ella fue devuelta luego
de permanecer cuatro días en un centro de retención cerca de El Paso, Texas.
Tiene una cita hasta el 14 de enero para presentarse ante un juez de
inmigración. A su esposo le dieron cita para finales de febrero. “Siento que
lo de la cita es un engaño”, dice la mujer.

 

La pareja salió el 22 de marzo de Ahuachapan, una de las ciudades más
importantes de la zona occidental de El Salvador, por las amenazas de muerte
de pandilleros. Llegaron el 11 de mayo a Ciudad Juárez, cruzaron a Estados
Unidos y fueron retornados. 

 

De este lado de la frontera, personal del Instituto Nacional de Migración
(Inami) les entregó un permiso para permanecer en México por 180 días, que
“servirá para que la policía no nos detenga y para que esperáramos aquí la
fecha de la cita”. Del trabajo o de dónde vivir, nadie les dijo nada. 

 

“Pregunté si iban a llevarnos a algún albergue y su respuesta fue: ‘no hay
lugares’. Solo trasladaban a quien trae niños, a los demás nos dejan a
nuestra suerte”, cuenta Karla, quien de tanto insistir por un refugio y de
permanecer varias horas en el puente internacional sin pisar Juárez, junto
con otras 40 mujeres, logró que los del Grupo Beta le buscaran un lugar en
la Casa del Migrante.

 

Pero la historia de Karla y Ricardo se repite en miles de extranjeros
solicitantes de asilo político retornados, que huyeron de sus países por la
violencia y que fueron atraídos por historias de que la gente estaba pasando
a Estados Unidos para salvar sus vidas.

 

“A veces se las pintan a uno de otra forma allá y uno viene con esa
esperanza”, dice Karla luego de sostener por minutos su cabeza sobre sus
manos entrelazadas.

 

Nunca imaginaron que deberían hacer antesala en otro país, en una ciudad
conocida en el mundo por sus niveles de violencia y donde muchos han tenido
que dormir en la calle hasta que encuentran refugio temporal, en espera de
su turno en la corte estadunidense. 

 

“No es una espera fácil”, advierte Rocío Meléndez Domínguez, abogada de
Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhía), organización promigrante que
ha advertido sobre el peligro de la política migratoria de Donald Trump para
los solicitantes de asilo.

 

“Al ser retornadas, las personas quedan con un alto grado de vulnerabilidad
porque aquí no tiene redes de apoyo, familiares, amigos, y ha habido, en los
casos que hemos atendido, muchos problemas de víctimas de delito grave, como
secuestro y violación”, dice la defensora. 

 

“Son personas que regresan del otro lado con estado emocional critico porque
allá estuvieron varios días encerrados en condiciones inhumanas, frustrados
porque no los dejaron exponer su situación y también confundidos porque no
sabían que iban a regresar a México”.

 

La frontera amurallada

 

Juárez una ciudad fronteriza que colinda con los estados de Texas y Nuevo
México. Por su ubicación, ha sido ruta del tráfico de migrantes que se
dirigen hacia el norte, desafiando las condiciones del desierto, su cruce
por el Bravo y la violencia de los cárteles. También es polo de atracción de
la actividad maquiladora desde hace 50 años —aunque se han registrado
repuntes y descensos en períodos determinados— lo que impulsó un crecimiento
desordenado, principalmente hacia el suroriente. 

 

Aquí habitan más de un millón 400 mil habitantes, de los cuales casi un 40
por ciento son personas no nacidas aquí, sino migrantes que llegaron de
otros estados y de otros países. En la última década, a partir de lo que se
llamó la “guerra contra las drogas”, fueron asesinadas aquí más de 13 mil
500 personas.

 

La frontera amurallada es una realidad desde más de dos décadas. Sobre un
paisaje arenoso y a pocos metros de que inicie los caseríos por el
norponiente, se extiende una valla metálica que, ubicada entre Anapra y
Sunland Park, divide a México de Estados Unidos. Es el muro, que lejos de
ser la propuesta del presidente Donald Trump, es una realidad en Ciudad
Juárez. La barrera se colocó ahí en septiembre de 1995. Era una malla
ciclónica que desde mediados del 2016 fue sustituida por una valla metálica
pegada por el bordo del Río Bravo.

 

La barda dividió a una comunidad binacional, porque cuando México cedió su
territorio a Estados Unidos las familias quedaron en los dos países. Por eso
Juárez es la frontera más porosa del norte del país. Comparte seis cruces
internacionales, de los cuales cinco son puente, sólo uno es un paso
terrestre.

 

Atrapados entre dos países

 

Frente al juez de inmigración en la Corte de El Paso, Texas suplicó que la
dejarán quedarse en ese país; sin embargo, ella y a sus tres hijos, con los
que abandonó Guatemala, fueron regresados a Ciudad Juárez. 

 

“Le pedí al juez que me ayudara, necesito cruzar no por un sueño, sino por
la vida de mis hijos”, cuenta la mujer que permanece en la Casa del Migrante
y desde este lado de la frontera enfrenta su proceso en tribunales
estadunidenses. Llora al narrar que tuvo que salir de su país por violencia
familiar y amenazas de muerte lanzadas por su esposo. 

 

Ella llegó el 3 de marzo y aunque le decían que corriera y cruzara por el
río Bravo, se negó. 

 

Caminó junto con sus hijos —una niña y dos niños—, hasta un puente, ahí pasó
hasta la mitad, donde “unos oficiales gringos” les dijeron que se regresaran
al lado mexicano, que acá les iban a dar un número con su turno para cruzar.
Les asignaron el 7 mil 923, el 7 mil 924, 7 mil 925 y 7 mil 926.

 

Ahora se alista para su segunda cita ante la Corte de Estados Unidos,
programada para el 24 de agosto. 

 

Pero el futuro de esta madre guatemalteca es incierto, advierte Carlos
Spector, abogado estadunidense que atiende asuntos migratorios en El Paso,
Texas. 

 

Como el de más de 20 mil 800 migrantes de 11 nacionalidades que esperan en
México respuesta a su solicitud de asilo hecha ante el gobierno de Estados
Unidos, de acuerdo la cancillería mexicana. El 50 por ciento de ellos está
en Baja California, donde se puso en marcha, desde febrero, el Protocolo de
Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en inglés). Luego se extendió a
Ciudad Juárez, en mayo, y ahora en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

 

Los inmigrantes enfrentan un sistema judicial cambiante que pone a prueba su
esperanza. Spector explica que el gobierno de Trump modificó y complicó el
proceso: primero eliminó a las víctimas de la violencia, a los perseguidos
por la delincuencia, o por la criminalidad de cárteles o pandilleros, de la
lista de personas que pueden calificar para el asilo político. Ahora, ordenó
prohibir el asilo para los migrantes que pasen por México u otro país antes
de llegar a Estado Unidos.

 

También restringió las opciones establecidas en la ley con ordenanzas a
jueces o tribunales, redefinió las calificaciones para otorgar asilo, y
excluyó a los grupos más vulnerables en México y Centroamérica.

 

Con esas condiciones es más difícil ganar el asilo. Después de la primera
audiencia, el proceso se puede llevar hasta 12 meses o más y al final de
cuentas, es probable que sean rechazados debido a que huir de la violencia
ya no es un argumento válido por los cambios ordenados por el gobierno del
Trump.  Además, explica el abogado, “son como 4 audiencias o más ante un
juez de inmigración y cada vez que vienen tiene que ser retornados a México.
Allá deben esperar”.

 

Los migrantes cruzan y se enfrentan con un proceso legal confuso, en un
idioma que no hablan, sin conocer sus derechos y sin quién los defienda.
¿Cómo conseguir un abogado en Estados Unidos? 

 

“Muchos piensan que se pueden resolver su solicitud de asilo en la primera
audiencia y no es así” explica Rocío Meléndez, la abogada de Dhía, que desde
octubre no se da abasto para atender a migrantes que llegan en busca de
ayuda, un abogado y traductores voluntarios para llenar formulario que deben
presentar en inglés ante los tribunales.

 

La organización juarense ha establecido lazos con grupos de derechos humanos
en Estados Unidos, como con Americas Immigrant Advocacy Center, para
preparar a los migrantes en sus procesos ante los jueces.

 

La abogada asegura que hay organizaciones probono en Estados Unidos que
ayudan a sus contrapartes mexicanas con listados de defensores y aunque sus
servicios tienen costos simbólicos (de mil 500 a 3 mil dólares por persona y
por audiencia) son montos que la mayoría no puede costear, mucho menos si se
trata de familias. Pero los abogados privados cuestan más.

 

Hay migrantes que nunca logran contactar un abogado, por lo que ante el juez
desisten de su solicitud de asilo y piden su regreso a su país. Eso ocurrió
con una mujer y sus hijos de 9 años y de 11 meses, que entraron a Estados
Unidos por El Paso el 25 de marzo, según documentos judiciales. Ellos fueron
enviados a Ciudad Juárez entre las primeras personas retornadas a México
bajo el programa MPP. 

 

La familia compareció inicialmente en la Corte el 17 de abril y sus casos
continuaron hasta la segunda semana de mayo, para darles la oportunidad de
encontrar un abogado. Sin embargo, ante el tribunal de inmigración la madre
dijo que no pudo conseguirlo y rechazó la oferta del juez de tener dos
semanas más para seguir buscando. “Quiero volver a mi país”, le dijo al
juez. Al final de la audiencia se emitió una orden de expulsión que resultó
en la deportación de la familia a Guatemala. 

 

“Uno les explica a los solicitantes de asilo: ‘vas a tener que hacer esto,
vas a tardar un año o más después de tu primera cita y al fin de cuentas te
van a rechazar’. Entonces ellos responden: ‘ni modo, voy a tratar’”, dice
Spector, quien asegura que los migrantes desconfían de sus explicaciones y
se niegan a escuchar que al final del proceso enfrentarán la deportación.
Incluso, cree que algunos los consideran como “abogados de la migra”. 

 

“Debemos hablarles con la verdad, advertirle lo que van a pasar. Uno les
dice sus opciones: ‘te regresas a tu país o vas a México y pides asilo allá
o esperas un año más en este trauma que vives, entre dos países, y al final
enfrentarás la deportación’. ¡Es una tragedia!”, afirma Spector.

 

La sala de espera de Estados Unidos 

 

El puente internacional Paso del Norte – construido sobre el Río Bravo y la
valla metálica que la hace de muro entre México y Estados Unidos– se ha
convertido en el punto por el que retornan a los migrantes extranjeros. 

 

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por
sus siglas en inglés) los trasladan hasta la joroba, que luce llena de
barricadas y alambre de púas. Ahí los sueltan para que sigan sus pasos hacia
México. 

 

Los migrantes indocumentados cruzan desorientados. A Ricardo le costó dar
los pasos para abandonar el territorio donde se quedó su esposa y adentrarse
a un lugar desconocido.

 

“Los de migración de este lado solo nos dieron un papel, el permiso para
estar en México, y luego nos pidieron que nos retiráramos. ¿A dónde podemos
ir? No tuvimos respuesta”, cuenta el hombre que en su país era bombero.

 

La atención a los migrantes en Ciudad Juárez vive su peor crisis: con miles
de migrantes extranjeros varados de este lado de la frontera, albergues y
refugios improvisados saturados, así como gobiernos rebasados que dedican
parte de su capacidad a desalentar el cruce ilegal de migrantes hacia
territorio estadunidense.

 

“Vivimos una situación extraordinaria” dice Rodolfo Rubio, investigador en
el Colegio Chihuahua (Colech) y estudioso de movimientos de migrantes.

 

La ciudad siempre ha sido una ruta de migrantes, pero ahora es prácticamente
una sala de espera de Estados Unidos. Desde octubre pasado han llegado a la
ciudad más de 17 mil migrantes que se apuntaron para esperar su turno para
cruzar, dice Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población,
dependencia que opera el Centro de Atención Integral al Migrante en la
ciudad. 

 

Otros toman otra alternativa: Cruzan la frontera clandestinamente fuera de
los puertos oficiales de entrada y se entregan a los agentes de la Patrulla
Fronteriza, que proceden a detenerlos y enviarlos de regreso a México.

 

De la cantidad de migrantes que tiene conocimiento las autoridades, unos 11
mil 800 ya pasaron a Estados Unidos, otros 5 mil 540 aún están esperando su
turno, pero solo unos mil 100 están en albergues, de los otros no se sabe
cuántos permanecen en hoteles o en casas y quienes decidieron cruzar de
manera ilegal. A ellos hay que sumar a los retornados que a diario son
enviados por las autoridades estadunidenses para que permanezcan aquí
durante su proceso de asilo político en sus tribunales.

 

“Estamos enfrentando los efectos de un problema que no provocamos nosotros,
esto se provocó en virtud de otros factores, este es un problema
internacional que no parece que vaya a variar, pinta para recrudecerse en
los próximos meses”, dice Valenzuela. 

 

Un estudio reciente de académicos e investigadores sociales de California y
Texas, denominado “Procesos de asilo y listas de esperas en la frontera
EU-México”, muestra que los solicitantes se topan con “cuellos de botella”
en los puertos de entrada a Estados Unidos y eso ha provocado que los
migrantes permanezcan meses del lado mexicano en espera de poder cruzar.

 

La situación trastocó la dinámica cotidiana de unos 60 mil fronterizos que a
diario se trasladan entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, debido a que
Estados Unidos canalizó al personal de sus garitas a centros migratorios
como apoyo a la Patrulla Fronteriza, con lo que provocó que trabajadores,
estudiantes, compradores y turistas que diariamente cruzan entre ambos lados
se vieran afectados con traslados de hasta 3 y 5 horas. 

 

“En este momento, los migrantes en Ciudad Juárez son un problema que han
venido a cambiarle la vida a la gran mayoría de los juarenses” dice Armando
Cabada, presidente municipal de Juárez que hace unos días reclamó al
gobierno federal que esta localidad sea de las que más retornos de migrantes
extranjeros recibe, unos 200 diarios.

 

“¿Y nosotros por qué?”, preguntó el edil. “Tenemos aquí a miles de personas
que no teníamos contemplado que llegarían a Ciudad Juárez en un solo año”.

 

Los gobiernos no han atinado acciones para enfrentar el fenómeno: activaron
acciones informativas, un programa de empleo temporal, reparto de víveres en
albergues y un “muro humano” en el bordo del río Bravo con la Guardia
Nacional para impedir que migrantes crucen la frontera.

 

Son los templos e iglesias de distintos dogmas de fe quienes han habilitado
una red de albergues para dar cobijo a quienes esperan su turno para ser
atendidos por autoridades de Estados Unidos.

 

Con el apoyo ciudadano y de agrupaciones civiles de ambos lados de la
frontera, las comunidades religiosas brindan asistencia a los migrantes en
sus necesidades básicas, como alojamiento temporal, alimentos, agua, ropa y
servicios.

 

El regreso

 

Karla Mirón y su esposo viajaron desde El Salvador hasta Gracias a Dios, la
frontera entre Huehuetenango, Guatemala y Carmen Xhán, Chiapas, México. De
ahí viajó a Puebla, luego a la Ciudad de México, a Querétaro, a Juan Aldama,
Zacatecas y de ahí hasta Ciudad Juárez. Su trayecto fue en autobús, camiones
de carga y trocas de rediles. Les costo 3 mil dólares a cada uno.

 

La ruta de Ricardo fue distinta, aunque tuvo el mismo destino. Él y su
esposa llegaron por balsa a México. Ingresaron Chiapas, de ahí los
trasladaron a Villahermosa, Tabasco y luego hasta Durango, donde sus
pasadores o ‘polleros’ los retuvieron en un rancho antes de arribar a Ciudad
Juárez. Por el traslado de los dos pagaron 6 mil 500 dólares, más los
desembolsos que tuvieron que dar a policías federales y militares que
ofrecían abrirles el camino hacia la frontera.

 

En ambos casos, lograron cruzar la frontera y después fueron regresados a
Ciudad Juárez.

 

Ricardo se puso a trabajar lavando carros y se juntó con un grupo de cubanos
que consiguió una casa prestada para vivir en el norponiente de la ciudad,
donde espera su cita ante las autoridades del vecino país del norte.

 

Karla fue contactada en la Casa del Migrante por conocidos de un pariente
que se la llevaron a vivir en su casa junto con su esposo. Dice que trataron
de retomar su vida mientras llegaba su turno en la Corte de Estados Unidos,
él trabajando en una mueblería y ella vendiendo pupusas – similares a las
gorditas de maíz–, pero la frustración los hizo desistir y decidieron
regresar a su país.

 

“No dimos cuenta que ya hemos tenido suficiente”, dice la mujer.  

 

“Voy triste, no es fácil. Tal vez la situación en mi país está muy difícil,
por la violencia y la falta de trabajo, pero con la experiencia que he
tenido ahora me siento capaz de luchar”, dice en el área de comida de una
plaza comercial que recorrió unas horas antes de tomar el avión que la lleva
a Guatemala para de ahí seguir a El Salvador.



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