El Salvador/ Cómo se sigue criminalizando a las mujeres [María García Arenales]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de junio 2019

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El Salvador



Cómo El Salvador sigue criminalizando a las mujeres



Unas 20 mujeres permanecen encarceladas debido a que sufrieron emergencias
obstétricas.



María García Arenales

La Diaria, 8-6-20

https://findesemana.ladiaria.com.uy/



Desde hace tres años a María Teresa Rivera le viene el mismo pensamiento
cada vez que cocina: “¿Qué estarán comiendo ellas ahora?”. No puede evitar
recordar a las compañeras que siguen en la cárcel en El Salvador cumpliendo
largas condenas –como también le sucedió a ella– sin haber cometido delito
alguno, por haber sufrido un aborto involuntario.



El Salvador tiene una de las legislaciones más severas del mundo en cuanto a
derechos sexuales y reproductivos: el aborto está prohibido bajo cualquier
circunstancia y existen penas de prisión para quien interrumpa de forma
voluntaria su embarazo. En América Latina hay otros cinco países que
prohíben el aborto sin excepciones: Haití, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana y Surinam.



Las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación o si la salud
del embrión o de la madre estaban en peligro, pero una ley lo prohibió en
1998. El aborto está sancionado en la ley con hasta ocho años de cárcel,
pero la realidad es bien distinta.



Actualmente las mujeres que sufren una emergencia obstétrica, un parto
extrahospitalario o un aborto espontáneo son denunciadas por el personal
sanitario que las atiende cuando acuden al hospital y son condenadas por el
delito de homicidio agravado. Pueden cumplir penas de hasta 40 años en
prisión. La legislación dice que cualquier persona presente en un aborto
puede ser judicializada, y hay presiones de grupos conservadores en el
sistema de salud para que esa denuncia se haga efectiva. Existe, además, un
desconocimiento entre los médicos y médicas de que el secreto profesional
los protege para evitar precisamente ese tipo de denuncias.



“Se trata de una situación extremadamente injusta, que niega a las mujeres
la condición de ser personas, porque se les niega el derecho básico de
defender y decidir sobre su vida. El Estado y la sociedad salvadoreña
reconocen a las mujeres como menos personas, y eso se traduce en situaciones
muy dolorosas”, dijo a la diaria la activista feminista Morena Herrera,
presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. Esta organización lucha
desde 2009 lucha para cambiar la legislación sobre la interrupción del
embarazo en el país.



Las instituciones encargadas de perseguir estos delitos tienen una
importante carga de prejuicios, y las condenas, asegura esta agrupación, se
basan en especulaciones, en argumentos sin enfoque científico y mucho menos
de género. “El sistema judicial es patriarcal en todos los sentidos. Se
ensaña con las mujeres, sobre todo con las mujeres pobres y jóvenes, y lo
demuestra una y otra vez”, afirma Keyla Cáceres, coordinadora de Incidencia
Parlamentaria de esta agrupación, que también trabaja en la defensa legal de
las mujeres acusadas de abortar.



Por esa situación pasó María Teresa, que vivió un auténtico calvario tras
sufrir un aborto espontáneo en noviembre de 2011. Nunca supo que estaba
embarazada. Menstruaba de manera regular y no notó cambios significativos en
su vientre. Sólo hubo algo que no era normal: comenzó a enfermarse “por
cualquier cosa” y tuvo una infección renal, por lo que el médico le recetó
un antibiótico. Un día sintió, de repente, un dolor terrible en el estómago
y se dirigió al baño, donde notó cómo “algo bajaba entre sus piernas de
forma muy rápida”. Era sangre y no sabía qué le pasaba. Se desmayó y cuando
pudo reaccionar, todavía aturdida, logró pedir ayuda a su suegra para que
llamara a la Policía, que llegó demasiado tarde.



María Teresa, que ya era madre de un niño pequeño, no recuerda mucho más de
ese día, sólo que despertó en un hospital rodeada de médicos y policías que
continuamente le preguntaban: “¿Qué has hecho con tu hijo?”.



La Fiscalía General de El Salvador la acusó de homicidio agravado en 2012 y
la condenó a 40 años de prisión. María Teresa, que por aquel entonces tenía
28 años, pasó casi cinco años privada de libertad.



“No fue nada fácil. No tenía que haber pasado por la cárcel siendo inocente.
El Estado salvadoreño violó mis derechos. Hubo un momento en que llegué a
pensar que había perdido todo, porque no me permitían ver a mi hijo, que se
tuvo que quedar con su abuela”, explica a la diaria.



Sin callarse



Al principio pensó que era la única encarcelada por sufrir un aborto
involuntario, pero después, gracias al apoyo de la Agrupación Ciudadana por
la Despenalización del Aborto, supo que había más mujeres enfrentando largas
condenas por situaciones similares a la suya.



“Yo las animaba a hablar, estaban cumpliendo pena por un delito que no
habían cometido. A mí no me gustaba estar callada y sentía que tenía que
ayudar de alguna forma. ¿Por qué ellas están en la cárcel cuando algunas han
sido violadas, mientras que el violador sigue libre?”, dice María Teresa, al
tiempo que asegura que la ley salvadoreña no protege a las víctimas.



El 20 de mayo de 2016 recuperó su libertad. Un juez anuló la sentencia al
reconocer que hubo errores procesales y que no había suficientes pruebas
para determinar que María Teresa hubiera cometido algún agravio. Tenía
entonces 32 años y una nueva vida por delante, o al menos eso pensaba. Sin
embargo, la reinserción no fue fácil y sufrió la discriminación de una
sociedad muy conservadora, patriarcal y machista.



“No pude encontrar trabajo. Como había dado entrevistas a medios de
comunicación era alguien conocida, y cuando iba a buscar empleo me decían:
‘Ah, la que mató a su hijo, la asesina’… Fue muy duro. Pasaba el tiempo y yo
me desesperaba”, recuerda.



La mayoría de las mujeres privadas de libertad en El Salvador tras sufrir
una emergencia obstétrica tienen hijos de los que son apartadas y una
familia a la que le toca cargar con el estigma. “Se convierten en asesinas
acusadas de homicidio agravado en vez de ser consideradas víctimas del
sistema. ¿Cómo se van a reinsertar? No hay ofertas para ellas cuando salgan
libres, por el fallo que cometió el Estado”, señala Keyla Cáceres.



Al salir de prisión, María Teresa se encontró con un problema añadido: la
Fiscalía apeló la sentencia del juez, por lo que su libertad peligraba. Fue
entonces cuando la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
comenzó a buscar apoyo y lo consiguió, pero a miles de kilómetros, en
Suecia. Ese país otorgó asilo político a María Teresa, que desde hace dos
años vive allí junto con su hijo.



“No ha sido fácil pero tampoco imposible como para empezar de nuevo. Si ya
pasé lo más difícil también puedo superar esto, hay que salir adelante”,
dice con seguridad. Su voz cambia cuando nombra a su hijo, de quien se
siente especialmente orgullosa, porque “ha aprendido a hablar sueco en poco
tiempo y se va adaptando bien al país”. A ella se le resiste un poco más el
idioma, pero lo estudia cada día para poder acceder a un empleo.



María Teresa asegura que la persecución de la Fiscalía no se debió tanto al
aborto involuntario sino a que al salir de la cárcel habló del infierno que
se vive en el centro penal para mujeres de Ilopango, donde el hacinamiento,
la mala alimentación y los abusos de funcionarios son una constante.



“Cuando la familia traía algo que había comprado con mucho esfuerzo, siempre
nos lo quitaban. Las mujeres policías nos metían sus manos en nuestras
partes para asegurarse de que no llevábamos nada, nos bajaban los calzones
delante de hombres policías, era todo muy violento. La comida era mala y
escasa y no había colchonetas suficientes. En un cuarto para 75 personas
había unas 250. [A la Fiscalía] le molestaba que yo hablara de esas
condiciones inhumanas que vivíamos dentro de la cárcel, pero estoy
satisfecha porque sé que hoy la situación ha cambiado un poco”, dice María
Teresa.



Por el momento no tiene intención de regresar a El Salvador a menos que la
ley sobre el aborto cambie y eso parece estar lejos, incluso con el nuevo
gobierno.



Tiempos de Bukele



El nuevo presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tomó posesión del cargo
el sábado pasado, sorprendía ese mismo día al pueblo al ordenar vía Twitter
a las Fuerzas Armadas que retirasen de un cuartel el nombre del coronel José
Domingo Monterrosa, responsable de la Masacre del Mozote de 1981, una de las
matanzas más cruentas de la historia reciente de América Latina, en la que
murieron cerca de 1.000 personas. Esa orden que no se atrevió a dar el
gobierno anterior, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), pese al reclamo de parte de la sociedad, aporta esperanza a las
miles de víctimas que dejó el conflicto armado (1980-1992) entre el Ejército
y las fuerzas insurgentes del FMLN.



A lo largo de estos días Bukele, que a sus 37 años se ha convertido en el
gobernante más joven de la región, y que fue electo como candidato del
partido derechista GANA, ha despedido –también vía Twitter– a una veintena
de funcionarios del gobierno saliente, incluyendo a familiares de varios
dirigentes del FMNL y del propio ex presidente Salvador Sánchez Cerén.



Sin embargo, todavía se desconoce cuáles serán las prioridades del gobierno
en un país donde sus habitantes huyen de la pobreza, la violencia de las
maras y la falta de oportunidades. Durante su toma de posesión, Bukele no
explicó las principales acciones que llevará a cabo bajo su mandato, que se
extiende hasta 2024. Tampoco mencionó la deuda que el Estado salvadoreño
tiene con las mujeres. Aunque anunció que el gabinete será paritario, por el
momento no ha hablado sobre políticas encaminadas a fomentar la igualdad de
género.



Este país de tan sólo 6,3 millones de habitantes registra una de las mayores
tasas de feminicidios en la región: alcanza 10,2 asesinatos de mujeres por
cada 100.000, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe correspondientes a 2017. Para poner esa cifra en contexto, en el
plano internacional se habla de “epidemia” cuando en promedio hay diez
asesinatos por cada 100.000 personas.



Acerca del aborto, el nuevo presidente ya ha dicho en varias ocasiones que
no está a favor de legalizarlo, incluso cuando el embarazo es consecuencia
de una violación. Pero se ha mostrado en contra de criminalizar a las
mujeres que hayan tenido un aborto espontáneo.



“Bukele se comprometió a no asumir presunción de culpabilidad de mujeres
pobres que sufren abortos espontáneos, y esperemos que lo cumpla, vamos a
vigilarlo. Existe la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las
Mujeres, que está en los hospitales y avisa cuando hay una denuncia a una
mujer”, explica Herrera.



Además de los encarcelamientos, una de las consecuencias de la prohibición
absoluta del aborto en El Salvador son los suicidios de mujeres y
adolescentes embarazadas, muchas de ellas víctimas de abusos, sin recursos
económicos ni posibilidad de acceder a información sobre salud sexual. Según
datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador a los que accedió la
diaria, entre 2011 y 2018 se suicidaron 32 mujeres de diferentes edades por
un embarazo no deseado.



Desde 2009 la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha
logrado que 34 mujeres obtuvieran su libertad por diferentes vías: revisión
de sentencias, conmutación de pena o medidas sustitutivas. “Lo importante es
que recobren esa vida que les arrebataron, pero también va sentando un
precedente de cuando el Estado se equivoca por aplicar leyes totalmente
absurdas y obsoletas”, añade Cáceres, que pone como ejemplo Uruguay para
evidenciar que con la despenalización del aborto las mujeres no tienen por
qué exponerse a prácticas inseguras o clandestinas que derivan en muertes.



En marzo tres mujeres recuperaron su libertad después de que la Corte
Suprema les conmutara la pena de 30 años de cárcel que enfrentaban después
de sufrir abortos involuntarios. La Justicia reconoció que si bien
cumplieron penas de entre nueve y 11 años de prisión, vivieron en
condiciones sociales, económicas y familiares inadecuadas. Esta misma semana
otra mujer quedaba en libertad tras una conmutación de su pena.



Sin embargo, hasta ayer unas 20 mujeres seguían encarceladas en El Salvador
por haber sufrido una emergencia obstétrica, mientras que casos como el de
Evelyn Hernández, de 21 años, siguen pendientes de resolverse. La joven tuvo
en 2016 un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda, los médicos
la culparon de lo sucedido y la Fiscalía la condenó a 30 años de prisión. En
diciembre de 2018 la Corte Suprema anuló la sentencia, aunque siguió
detenida hasta febrero. Ahora permanece en libertad condicional a la espera
de un nuevo juicio y de recuperar pronto su vida.



Números crecientes



Un estudio publicado recientemente por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en El Salvador registra en 2017 19.190 embarazos en niñas y
adolescentes de entre diez y 19 años, es decir, 53 embarazadas por día.
También indica que los casos de violencia sexual aumentaron de 3.849 en 2015
a 4.376 en 2017, la mayoría perpetrados por familiares o personas conocidas.

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