Nicaragua/ Impunidad. La dictadura Ortega-Murillo se vota una autoamnistía [Ismael López]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de junio 2019

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Nicaragua



Aplanadora orteguista aprueba a Ortega su autoamnistía



De manera unilateral, el régimen impone una autoamnistía para proteger a los
perpetradores de su matanza.



Ismael López

Confidencial, 9-6-2019

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Los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron la autoamnistía de la
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en sesión extraordinaria este
sábado nueve de junio. Lo hicieron con 70 votos de la maquinaria
oficialista, en medio de discursos de sus diputados que intentar justificar
ante las bases del gobernante Frente Sandinista porque, según el alegato
oficial, se están amnistiando a “terroristas”, “por el bien de la paz”.



La ley, propuesta el viernes por el grupo parlamentario orteguista, concede
“amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos
acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018
hasta la fecha”, y se extiende a las personas que no han sido investigadas,
que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para
determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.



Familiares de las víctimas de la matanza orteguista, presos políticos
excarcelados y familiares de los reos de conciencia aún en prisión, y
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sostienen que
Ortega pretende liberar de acusaciones legales a los pertetradores de su
matanza, entre estos Policía Nacional y los paramilitares o grupos ilegales
de civiles que con la fuerza de las armas levantaron los tranques o bloqueos
en las vías, instalados para evitar los ataques paramilitares en los barrios
y ciudades y también para presionar al Gobierno.



“El debate”



El primero en tomar la palabra por la bancada del FSLN fue su jefe, Edwin
Castro. “Estamos ante un acto de soberanía que busca la paz y la
reconciliación”, dijo el operador político de la dictadura.



Es un “perdón con justicia y no repetición”, dijo Castro, aludiendo al
artículo tres de la ahora Ley de Amnistía que prohíbe a los “presos
políticos” que serán liberados con la amnistía volver a protestar.



En el discurso de Castro no faltó el guión dictado desde el despacho de
Ortega en El Carmen: “Nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de
policías… a torturadores del Colegio San José en Jinotepe”, resaltó.



El pasado seis de junio, en un acto partidario para rendir homenaje al
militante sandinista Bismarck Martínez —asesinado en circunstancias no
claras durante las protestas—, el dictador Ortega intentó levantarle el
ánimo a la militancia, quejándose de la Conferencia Episcopal y de los
organismos de derechos humanos, intentando vender la idea de que los
sandinistas que lo apoyan fueron víctimas de persecución durante las
protestas de 2018.



La dictadura pretende justificar su autoamnistía, liberando a los presos
políticos. Un compromiso que ya había adquirido a finales de marzo en la
mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia,
con la Organización de Estados Americanos y el Vaticano como testigos. Sin
embargo, el compromiso es parte de los 26 acuerdos que el régimen firmó,
pero no ha cumplido.



El abogado y defensor de decenas de reos de conciencia de la dictadura,
Julio Montenegro, sostiene que debe liberarse con “nulidad de los procesos y
con sobreseimientos definitivos”, pero jamás con “amnistías o indultos”.



“Esta Ley de Amnistía podría dar pie a autos notorios de injusticias”, dijo
el abogado Montenegro en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro para el
programa Esta Semana, que se transmite este domingo, a partir de las 8:00 de
la noche, por el canal de Confidencial en YouTube y Facebook Live.



Montenegro y diversos penalistas y expertos en derechos humanos han indicado
que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas policiales y
paramilitares bajo órdenes de la dictadura de Ortega y Murillo no prescriben
ni son sujetos de amnistías.



La autoamnistía también es vista por familiares de los asesinados como un
intento de la dictadura por dejar en la impunidad los crímenes cometidos
desde que iniciaron las protestas en abril de 2018. Según organismos de
derechos humanos, al menos 325 personas fueron asesinadas entre abril y
septiembre de 2018, cuando Ortega impuso un Estado de sitio de facto para
prohibir las movilizaciones ciudadanas. Además, más de 700 nicaragüenses
fueron apresados y más de 60 000 se vieron forzados al exilio, debido a la
persecución política.



En el hemiciclo de la Asamblea, este sábado también hubo espacio para que el
diputado José Figueroa hiciera un resumen de los discursos de la primera
dama Rosario Murillo todos los días al mediodía: Vencimos un intento de
golpe de Estado y los que protestaban querían acabarnos a los sandinistas.

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