Brasil/ Bolsonaro desmantela metódicamente el derecho ambiental [Jean-Mathieu Albertini]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de junio 2019

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Brasil



Bolsonaro desmantela metódicamente el derecho ambiental



Deforestación, pesca, biodiversidad.... desde su elección, el presidente
brasileño ha rebajado todos los estándares ambientales y lleva a cabo una
verdadera caza de brujas en el interior de la administración. Aquí repasamos
en detalle la férrea política antiecológica emprendida por el Gobierno de
Jair Bolsonaro.



Jean-Mathieu Albertini, corresponsal en Río de Janeiro

Mediapart, 17-6-2019

https://www.mediapart.fr/es/



A principios de abril, en el bosque nacional de Jamari, agentes del Ibama
(Instituto Brasileño del Medio Ambiente), desembarcaron, armas en mano, para
poner fin a la explotación ilegal de madera financiada por productores de la
región de Rondônia (noroeste del país). Para evitar que la actividad no se
retome cuando se vayan, los funcionarios prendieron fuego a dos camiones y a
un tractor, como autoriza la legislación desde 2008. Indignados, los
productores empezaron a organizarse para « no dejar que pase eso ». Uno de
ellos contactó con el secretario de Medio Ambiente de Rondônia, quien a su
vez contactó con el gobernador de Rondônia, miembro del PSL, el partido de
Bolsonaro, que alertó al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.



« Ricardo Salles me ha informado de esta situación. Ya ha abierto un
expediente administrativo contra los responsables. No hay que quemar las
máquinas, los tractores ni nada de nada. No es nuestra política », dice Jair
Bolsonaro en un vídeo difundido en redes sociales. En menos de un minuto, el
mensaje del presidente es suficiente para detener todas las operaciones en
la región del bosque de Jamari. Ahora bien, justo a partir de abril, con el
final de la estación lluviosa, es cuando la actividad de los inspectores
debería intensificarse. Incluso antes de la intervención del presidente, la
acción del Estado parecía ya paralizada: en 4 meses, solamente se
interceptaron 40 m3  de madera ilegal (equivalente a diez grandes troncos de
árbol), contra 25.000 m3 en el mismo periodo en 2018.

.

« Ya no vamos más al terreno. Desde principios de 2019 todas las operaciones
previstas van con retraso y no sé si finalmente serán realizadas », explica
Daniel (este nombre ha sido modificado), un agente de campo del Ibama que ha
aceptado hablar anónimamente. Porque en esta institución, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente, todos los funcionarios viven con miedo a
perder su empleo.



El responsable de la multa impuesta a Jair Bolsonaro en 2012 por pesca
ilegal en una unidad de protección integral (una reserva natural prohibida
al público) ha sido despedido. Pero, más allá de este caso emblemático, se
ha iniciado desde principios de este año una oleada de exoneraciones sin
precedentes. Han sido dadas consignas expresamente para prohibir cualquier
contacto con los periodistas, incluso al agregado de prensa del Ibama, que
debe redirigir todas las peticiones al ministro. Otra empleada que había
aceptado hablar en un primer momento ha preferido anular la entrevista, «
por prudencia ».



La presión es generalizada. Por ejemplo, las reglas del Ibama indican que si
prescribe un dossier, el agente responsable puede ser sancionado. Antes,
salvo irregularidades o corrupción, el expediente administrativo concluía
que el funcionario estaba sobrecargado de asuntos y que había tenido que
priorizar los más importantes. « Ahora, todos los que dejan que un dossier
prescriba son sancionados y pueden incluso ser despedidos », dice Daniel. «
De repente, muchos prefieren no encargarse de nuevos crímenes o delitos
medioambientales ».



Además de intimidar la base y los funcionarios diligentes, el gobierno
arremete contra los superiores jerárquicos. En abril, el presidente del
ICMBio (encargado de la protección de las 335 reservas ecológicas del país,
que depende también del Ministerio) dimitió tras las acusaciones caprichosas
del ministro en su contra. Éste había anunciado en una reunión del lobby del
agrobusiness que habría sanciones porque no estaba allí presente ningún
miembro del ICMbio. Pero resulta simplemente que los funcionarios no habían
sido invitados.



« Es una verdadera caza de brujas y el ambiente interno es terrible. Son
gente que pone todo su empeño en defender el medio ambiente y el Gobierno
les impide hacer su trabajo », nos dice Márcio Astrini, analista de
Greenpeace. La presidenta del Ibama también dimitió el pasado mes de enero
por las falsas acusaciones de corrupción compartidas en redes sociales por
el presidente y por Ricardo Salles.



El ministro ha echado a 21 de los 27 directores regionales (uno por cada
Estado de la federación) sin sustituirles (sólo dos puestos han sido
cubiertos). « Sin un alto responsable no se toma ninguna decisión », analiza
Daniel. « Nuestros superiores dicen que no hay presupuesto para ir sobre el
terreno. Es falso, las actividades de 2019 fueron autorizadas en 2018, por
lo que el dinero ha sido ya librado. Incluso sin orden oficial, nuestros
jefes tienen miedo a ser despedidos o apartados si autorizan operaciones que
son sin embargo legales ». A finales de mayo fue, finalmente, anunciada una
serie de operaciones, pero, previamente, la web del Ibama divulgó el lugar
donde se iban a desarrollar, reduciendo así su utilidad y su eficacia,
altamente relacionadas con el efecto sorpresa.



El Gobierno ha terminado por reducir el presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente. Algunos sectores como el de la lucha contra el cambio climático
acusan una bajada del 95%. El Ibama también ha sufrido recortes dramáticos:
un 24% de media que llega hasta el 38% en lo que concierne a la prevención
de incendios. Una medida que podría hacer estragos en la Amazonía, donde la
estación de incendios se extiende de junio a octubre y muchos fuegos son
intencionados, permitiendo así revalorizar los terrenos a favor de los
ganaderos o grandes hacendados.



Frente a los despidos y las dimisiones masivas, el ministro se rodea de
militares con los que comparte sus ideas antiecológicas y, mientras tanto,
al menos cinco secretarías importantes del Ministerio siguen sin dirección.
El Gobierno parece estar esperando el mejor momento para ofrecer los puestos
vacantes a aliados políticos a cambio de apoyo en asuntos difíciles, como la
reforma de las pensiones. « Los que van a ser nombrados no serán ni amigos
del medio ambiente ni conocedores del tema », se lamenta Daniel.



Durante la campaña, Bolsonaro quería transferir todas las competencias de
medio ambiente al Ministerio de Agricultura. « Finalmente ha adoptado un
plan B: hacer de ese Ministerio un concha vacía al desmontar todos los
mecanismos de protección implantados desde hace 30 años », detalla Márcio
Astrini, de Greenpeace. El Consejo Nacional de Medio Ambiente, cuyo papel ha
sido esencial en la elaboración de la legislación brasileña, ha sido
prácticamente desmantelado al pasar el servicio de protección forestal al
Ministerio de Agricultura, dirigido por un representante del lobby del
agrobusiness. « Hasta hoy no ha sido tomada medida alguna a favor de la
ecología », afirma Daniel. « Este Gobierno está totalmente contra la
protección del medio ambiente ».



La ofensiva para modificar la legislación medioambiental se multiplica a
todos los niveles, especialmente para reducir o hacer desparecer zonas
protegidas. Josué (este nombre también ha sido modificado), otro funcionario
del Ibama que ha aceptado hablar anónimamente, se lamenta de la política
pesquera: « Las cuotas de pesca han sido siempre decididas teniendo en
cuenta la opinión de un organismo vinculado a la defensa del medio ambiente.
Ahora, solo decide el Ministerio de Agricultura ». El padre del nuevo
secretario nacional de Pesca, que dirige una gran empresa del sector,
acumula 650.000 euros en multas por pesca ilegal. En cuanto al futuro de los
árboles brasileños, el nuevo director del servicio de bosques es un
exdiputado que fue uno de los principales opositores al código forestal,
mientras que su ministro ha sido condenado por favorecer a empresas mineras
cuando era secretario de Medio Ambiente en São Paulo.



Por su lado, Bolsonaro ha anunciado su voluntad de transformar la reserva en
la que le multaron en un « Cancún brasileño ». « Pero es más difícil cambiar
la legislación porque necesita el apoyo del Congreso, con el que tiene malas
relaciones », explica Márcio Astrini. Ahora el nuevo jefe del Estado apuesta
por los decretos presidenciales, por ejemplo para poner en marcha un sistema
que facilita la amnistía de las multas medioambientales.



Durante toda su campaña, Bolsonaro denunció una supuesta « industria de la
multa » que corrompería el Ibama e impediría desarrollarse al país. A
finales del mes de abril confirmó su voluntad de « hacer limpieza ». «
Estamos acostumbrados a ser criticados sobre el terreno, a nadie le gusta
recibir una multa », explica Daniel. « Pero si es el presidente el que nos
critica, eso tiene consecuencias. Cada funcionario que luche contra los
buscadores de oro clandestinos o las serrerías ilegales sabe ahora que
irrita personalmente al presidente ».



Las repetidas críticas de Bolsonaro tienen consecuencias directas en los
territorios en tensión. Antes de su presidencia, los funcionarios del Ibama
corrían ya el riesgo de ser atacados durante sus operaciones e incluso en
sus locales, uno de ellos incendiado en 2017. Pero para Daniel, el clima es
aún peor. Dice que « los autores de infracciones son cada vez más audaces.
¡En algunos lugares la población cree que desde la llegada de Bolsonaro las
acciones del Ibama son ilegales! De repente, los enfrentamientos son cada
vez más violentos ».

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