Venezuela/ Emergencia humanitaria interpela a Bachelet y a la ONU [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de junio 2019

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Venezuela



Emergencia humanitaria interpela a Bachelet y a la ONU



Datos duros, como que tres millones de niños necesitan ayuda urgente en
alimentos, salud o educación, o que un cuerpo policial de élite acumula
cientos de ejecuciones extrajudiciales, muestran la compleja crisis
humanitaria que padece Venezuela y pudo palpar en su visita al país la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet.



Humberto Márquez, desde Caracas

Inter Press Service, 24-6-2019

http://www.ipsnoticias.net/



“La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”, señaló
Bachelet en una declaración con la que cerró su visita de dos días a Caracas
la noche del viernes 21.



Poco antes, al reunirse con víctimas de abusos, sus familiares y
organizaciones de derechos humanos, la que fuera dos veces presidenta de
Chile dijo que “me duele profundamente lo que pasa en Venezuela. Me parte el
corazón lo que sufre la gente”.



Venezuela “padece una emergencia humanitaria compleja, en la que destacan
elementos como el hambre, la situación de la salud, ejemplificada con hasta
un millón de casos de malaria, la educación, con cientos de miles de niños y
jóvenes que pierden el espacio de protección que es la escuela, y las
migraciones masivas”, dijo a IPS Feliciano Reyna, de la organización no
gubernamental (ONG), Acción Solidaria.



En derechos civiles y políticos “un aspecto fundamental de su visita fue
reconocer y expresar preocupación por las gravísimas ejecuciones
extrajudiciales cometidas por organismos d seguridad del Estado, e instar a
la liberación de los centenares presos políticos”, observó a IPS Liliana
Ortega, de la coalición humanitaria Foro por la Vida.



Para Bachelet, médica de formación, “la situación sanitaria sigue siendo
extremadamente crítica” por “la escasez de medicinas y equipamientos,  el
éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el
saneamiento, y los apagones eléctricos”.



“He hecho un llamado al gobierno para que le dé una prioridad a los temas de
salud y de la situación humanitaria y otros derechos socioeconómicos que nos
permiten evaluar la situación y apoyar de la mejor manera que Naciones
Unidas pueda”, añadió sobre su reunión con el presidente Nicolás Maduro y
varios de sus ministros.



El reclamo se ha extendido: en el período enero-mayo de 2019, el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.715 protestas en
todo el país, en demanda de servicios como agua, electricidad, salud,
educación, trasporte y suministro de gas doméstico o gasolina, así como en
defensa de derechos políticos y laborales o demandando cambio de gobierno.



En alimentación, una encuesta de tres prestigiosas universidades nacionales
en 6.000 hogares sostuvo que, al despuntar 2019, cerca de 90 por ciento de
la población no puede adquirir los alimentos que necesita para mantener la
salud.



En una declaración el 7 de junio, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef)  estimó que 3,2 millones de niños en Venezuela -uno de
cada tres-  necesitan ayuda urgente en alimentación, salud o educación, pues
750.000 se han quedado sin escolarizar entre 2013 y 2017.



Ese mismo día de junio, las agencias de las Naciones Unidas para  para los
refugiados y las migraciones indicaron que ya cuatro millones de venezolanos
han abandonado el país “a un ritmo asombroso”, pues en los últimos siete
meses el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.



Venezuela tiene 32,2 millones de habitantes según proyecciones oficiales,
aunque se desconoce cómo contabiliza el fenómeno migratorio, impulsado por
el hundimiento en las condiciones de vida de la población.



Una lágrima



Bachelet dijo que “conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos
humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó
cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales
encapuchados de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía
Nacional) que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas
porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino”.



Ocurrió durante el encuentro con ONG y víctimas en un salón de la
Universidad Metropolitana de Caracas. Bachelet oía, tomaba notas. Un hombre
le narró con voz quebrada lo que agentes encapuchados de las FAES hicieron
en su casa y a su hermano, un zapatero de 29 años al que señalaron de
divulgar audios de una protesta, en Carora, ciudad del centro-oeste del
país.



Bachelet no pudo contener sus lágrimas. Se levantó de su asiento y fue a
abrazar al denunciante. Luego continuó la reunión. Los familiares y
activistas de derechos humanos quedaron primero estupefactos y luego
conmovidos y convencidos de tener una aliada sincera en la máxima
responsable de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).



“Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han
sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están
solos”, diría luego Bachelet.



Para Reyna “ese desahogo de víctimas, familiares y activistas fue de alto
valor, tuvo el efecto positivo y potenciador de una reparación”.



Las FAES fueron establecidas en 2016 y en su contra se han producido
protestas en barriadas populares de varias ciudades.  La organización
humanitaria Provea sostiene que esa fuerza es responsable de 205 ejecuciones
extrajudiciales en 2018 y al menos 69 en los tres primeros meses de 2019.



Presencia y política



La alta comisionada pidió a las autoridades “liberar a todo quien esté
detenido o privado de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos
de forma pacífica”.



En los días de su visita fueron liberados 28 detenidos durante protestas de
carácter político o laboral, pero según la ONG Foro Penal, que monitorea el
tema, permanecen presos por razones políticas 687 opositores.



Entre ellos, el socialdemócrata Edgar Zambrano, vicepresidente de la
Asamblea Nacional, el parlamento unicameral elegido en 2015, al que solo
concurren los diputados de la mayoría opositora y es sistemáticamente
desconocido por los demás poderes del Estado.



Tras la partida de Bachelet fueron arrestados por la policía política una
decena de oficiales de la Fuerza Armada, según denunciaron sus familiares a
medios locales. En mayo sumaban 97 los militares detenidos acusados de
conspiración o delitos conexos.



Bachelet anunció que dejará dos funcionarios de su oficina en Venezuela para
monitorear la situación de los derechos humanos “y el gobierno ha aceptado
que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder
monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los
privados de libertad”.



“Es un primer paso para ampliar la tutela de las víctimas, aunque es cierto
que su trabajo dependerá de que el Estado cumpla con su parte de los
compromisos, pero es un aporte muy valioso, porque sus opiniones siempre van
a ser vinculantes para la comunidad internacional que interactúa con
Venezuela”, dijo la activista Ortega.



El alivio de la situación humanitaria “corresponde a otros órganos con
responsabilidad en el sistema de Naciones Unidas, mientras que el aporte de
la oficina de Bachelet es el de visibilizar y exigir que las conductas
graves de un régimen en materia de derechos humanos tenga reclamo y sanción
internacionales”, estimó Reyna.



Para el activista “no se puede negar que la crisis humanitaria tiene una
raíz política, lo que fue reconocido por Bachelet. La presión ante la
destrucción de posibilidades en el país sigue aumentando y es posible que
con el trabajo para atender esa emergencia se encuentren espacios para una
negociación de buena fe que supere esta situación que nos afecta a todos”.



Bachelet hizo un llamado a los dirigentes políticos de gobierno y oposición
a “dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias
cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el
país”.



Les pidió expresamente que “participen constructivamente con el diálogo
facilitado por Noruega  (iniciado entre enviados de gobierno y oposición en
mayo)  y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual
situación política en Venezuela”.



El 5 de julio, la oficina de alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos
Humanos entregará un informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, que este lunes 24 inició su 41 periodo de sesiones en
Ginebra.

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