Venezuela/ Colapso eléctrico. El saqueo boliburgués y sus consecuencias mortíferas [Simón Rodríguez Porras]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de marzo 2019

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Venezuela

 

El colapso eléctrico: ¿sabotaje imperialista o crimen boliburgués?

 

Simón Rodríguez Porras *

La Clase.info, 15-3-2019 

https://laclase.info/

 

El 7 de marzo en la tarde colapsó el suministro eléctrico en más del 80% de
Venezuela. Fue el punto más agudo de toda una década de crisis eléctrica, un
colapso sobre cuyo riesgo habían advertido reiteradamente los trabajadores
de la industria a lo largo de los años, pese a los intentos del gobierno de
silenciar las denuncias mediante la represión. En la mayor parte del país no
se restituyó el servicio en más de 36 horas y en algunas zonas la
interrupción duró más de 100 horas. En algunas regiones, como el estado
Zulia, no se normalizó el servicio todavía una semana después. El colapso
eléctrico, sobre todo en el interior del país, se superpuso a problemas ya
agudos de suministro de agua, gas y gasolina; a la escasez de alimentos y la
debacle de los hospitales públicos. Debido al ajuste hiperinflacionario
aplicado por el gobierno, el dinero en efectivo es prácticamente inservible
y el colapso de las comunicaciones anuló la posibilidad de realizar compras
con tarjetas de débito o crédito, paralizando el comercio. El gobierno
suspendió todas las actividades laborales entre el viernes 8 de marzo y el
miércoles 13. Se multiplicaron los saqueos y disturbios espontáneos en gran
parte del país. Entre las víctimas del apagón se encuentra un número no
precisado de fallecidos en hospitales como consecuencia de fallas en equipos
de sostenimiento vital.

 

El ministro de energía eléctrica, el militar Motta Domínguez, aseguró
inicialmente que el apagón duraría tres horas. La mentira quedó rápidamente
en evidencia, pero el gobierno huyó hacia adelante y sacó a relucir la
coartada habitual del “sabotaje”, bajo una nueva formulación: la “guerra
eléctrica”. El ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que se
trataba del mayor ataque terrorista en la historia del país y que Maduro
personalmente encabezaba las operaciones para restituir el suministro de
electricidad. En un intento por mostrarse como autoridad en medio del caos,
Maduro publicó un video el lunes 11, en el que da órdenes por radio y
denuncia que serían tres los ataques sufridos. La mayoría de los venezolanos
quedaron totalmente incomunicados durante varios días y tardarían en
enterarse de las versiones oficiales.

 

La tesis del sabotaje es refutada por dirigentes obreros del sector e
incluso por altos ex funcionarios del gobierno de Chávez. El ex ministro de
energía eléctrica, Héctor Navarro, respondió a las versión gubernamental de
un “ataque cibernético” explicando que la represa de Guri funciona con
equipos analógicos. Atribuyó el colapso a las consecuencias de la corrupción
y la falta de mantenimiento. Alí Briceño, secretario ejecutivo de la
federación de trabajadores eléctricos (Fetraelec), explicó que los
trabajadores reportaron un incendio que afectó la transmisión de energía en
tres líneas que comunican a Guri con subestaciones en el centro del país.
Los gerentes militares no llevan a cabo desde hace años las podas
preventivas para impedir que la vegetación invada las torres y, como
consecuencia de un incendio forestal, una de las de las líneas se recalentó
y dejó de transmitir energía. Las otras dos líneas cayeron por efecto
dominó, al resultar sobrecargadas con la caída de la primera línea. Briceño
alega además que hubo malas decisiones gerenciales por falta de pericia de
los militares al intentar restablecer el servicio, lo cual prolongó la
caída.

 

Una tesis oficial sin evidencias

 

Ante la falta de evidencias de sabotaje, el gobierno procedió a inventarlas,
al peor estilo de las farsas judiciales fascistas o estalinistas. Según el
ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, tuits emitidos luego del apagón
por funcionarios yanquis y el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó,
“demuestran” que sabían con antelación acerca del apagón. Rodríguez incluso
aseguró que el martes 12 de marzo, seguidores de Guaidó planearon sabotear
la restitución del servicio aumentando el consumo eléctrico en los hogares,
prendiendo varios aparatos electrodomésticos simultáneamente (!). En otro de
los esfuerzos disparatados por sostener la tesis de la “guerra eléctrica”,
el 11 de marzo el periodista Luis Carlos Díaz fue detenido por el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por declaraciones emitidas el
27 de febrero de este año, en las que establecía una analogía entre una
hipotética interrupción del acceso a internet por parte del gobierno y un
apagón eléctrico. El número dos del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que
esas declaraciones indicaban que el periodista sabía de antemano acerca del
apagón. Finalmente, hasta para las autoridades judiciales chavistas esa
versión resultó insostenible y el periodista no fue acusado de “sabotaje”
sino “incitación a delinquir”, en un nuevo ataque a la libertad de
expresión.

 

Simultáneamente se desató una persecución contra los trabajadores
eléctricos. Cabello, al referirse a los trabajadores detenidos, dijo que “es
por una investigación seria que se está haciendo por la forma como atentaron
contra la vida de los venezolanos”. El trabajador Geovanny Zambrano,
sometido a una jubilación forzada como retaliación por haber denunciado el
18 de febrero de este año las desmejoras laborales y fallas en la
infraestructura eléctrica, fue secuestrado el 11 de marzo por el Sebin y
estuvo desaparecido por 11 horas. Lo liberaron y volvieron a apresar el día
siguiente. Se le persigue por sus denuncias de febrero y al momento de
escribir estas líneas se desconoce su paradero. Angel Sequea, otro
trabajador de Corpoelec, jefe de despacho y operaciones en Guayana, fue
detenido por el Sebin el 7 de marzo y asesinado el día siguiente. Según sus
captores, el asesinato ocurrió en el marco de un “motín” en el sitio de
reclusión. Otro preso político asesinado.

 

El pueblo venezolano es en estos momentos rehén tanto de una dictadura
cívico-militar como de una campaña de injerencia y cerco económico por parte
del gobierno imperialista de EEUU. Mientras transcurría el apagón, el
gobierno de Trump anunció la salida de su personal diplomático de Caracas y
el gobierno de Maduro respondió “expulsando” a los funcionarios retirados.
La condenable escalada injerencista continúa. Sin embargo, ello no
constituye en sí una prueba de que el colapso eléctrico haya sido provocado
mediante una acción de sabotaje cibernético por parte de los yanquis. Sería
anticientífico invertir el peso de la prueba y asumir que hubo sabotaje,
aunque no haya evidencias, hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo
que se conoce como conspiracionismo.

 

No sería la primera vez que el gobierno miente sobre supuestos sabotajes
para evadir sus responsabilidades, el expediente es muy amplio. El caso más
notorio es el de la explosión del 25 de agosto de 2012 en la refinería de
Amuay, en la que murieron más de 40 personas y más de 150 resultaron
heridas. En 2013 el gobierno dio por confirmada la “sospecha” expresada
desde el primer momento, de que se trataba de un sabotaje terrorista. Pero
contradictoriamente, el supuesto ataque terrorista más grave de nuestra
historia nunca se conmemoró oficialmente como tal, ni se publicó jamás un
informe con las conclusiones definitivas de la investigación. Antes de la
explosión, los trabajadores petroleros encabezados por los revolucionarios
de C-cura y el PSL también venían denunciando el descalabro operativo de las
refinerías y la cada vez mayor frecuencia y gravedad de los accidentes,
obteniendo por única respuesta gubernamental despidos y persecuciones. La
“guerra eléctrica” posiblemente tendrá el mismo destino que el “ataque
terrorista” de Amuay: el olvido oficial.

 

El saqueo boliburgués creó las condiciones para el colapso

 

La represión del gobierno no podrá ocultar lo que numerosos trabajadores y
expertos venían denunciando desde hace muchos años: que la corrupción, la
incompetencia y la desinversión hacían inevitable un colapso del servicio
eléctrico.

 

El ex viceministro de energía eléctrica del gobierno de Chávez, Víctor
Poleo, entrevistado por el periodista Víctor Amaya en 2016, aseguraba que
desde 2005 se advertía el deterioro del sistema y que desde 2007 la oferta
de energía no cubre la demanda, lo que obliga a aplicar racionamientos. La
corrupción engulló los proyectos de generación de energía, como la represa
Tocoma en el río Caroní, que se debía construir entre 2002 y 2012 con un
costo de dos mil millones de dólares. El contrato otorgado a la empresa
brasileña Odebrecht se fue inflando hasta llegar a un costo de diez mil
millones de dólares y nunca se culminó.

 

Los proyectos de parques eólicos en Falcón y el Zulia también fracasaron y
generan menos del 1% de la energía consumida en el país, pese a los
cuantiosos millones de dólares licuados en ellos por el aparato corrupto del
chavismo. La generación termoeléctrica también ha caído, dejando al país
dependiendo en enorme medida de la represa del Guri. Así fue como el
chavismo, durante los años de la mayor bonanza petrolera de su historia,
conquistó el deshonroso mérito de destruir la industria eléctrica, llegando
al año 2010 con una declaratoria de emergencia eléctrica que se convertiría
en una de las operaciones de saqueo y corrupción más bestiales de nuestra
historia.

 

El año 2009, una fuerte sequía causó una caída importante de la generación
de energía en la represa de Guri. El deterioro de las plantas
termoeléctricas impidió suplir la demanda de energía y la situación degeneró
en un severo racionamiento, a lo que respondieron grandes protestas
populares en regiones como Mérida y el Zulia. En febrero de 2010, Chávez
decreta la emergencia eléctrica y procede a entregar sin licitación decenas
de contratos para la importación de plantas y equipos. Uno de los
conglomerados más beneficiados por estas contrataciones excepcionales fue la
empresa Derwick y Asociados, una obscura empresa dirigida por jóvenes
burgueses caraqueños sin experiencia en el ramo eléctrico. Habrían recibido
una docena de contratos por un valor superior a los 2.500 millones de
dólares para importar equipos. Compraron a una empresa yanqui equipos usados
con un sobreprecio que se estima en más de 1.400 millones de dólares, según
investigaciones realizadas por periodistas de varios medios de comunicación
venezolanos, entre ellos Armando.info. Estas investigaciones demuestran que
Derwick realizaba diligencias relacionadas con la importación de equipos
eléctricos hasta un año antes de la declaratoria de emergencia eléctrica, un
indicio de que hubo concertación con el gobierno chavista para las
operaciones corruptas.

 

Ha sido escandalosa la ostentosidad de los llamados “bolichicos”, mientras
el país padece las consecuencias mortíferas de la crisis eléctrica. Por
ejemplo, uno de los propietarios de Derwick, Alejandro Betancourt, compró
una finca de 1.600 hectáreas en el Estado español con todo y un castillo
medieval, mientras la mayor parte de la chatarra importada en 2010 está
fuera de servicio. Algunos equipos nunca llegaron a funcionar. El anunciado
“blindaje eléctrico de Caracas”, en el que se dilapidaron millones de
dólares, fue una farsa completa.

 

Pdvsa fue uno de los compradores de equipos eléctricos revendidos por
Derwick. Tal fue el nivel de imbricación de los “bolichicos” con
boliburgueses como Rodolfo Sanz o Rafael Ramírez, que la empresa se
incorporó al negocio petrolero en asociación con empresarios rusos de
Gazprombank y el gobierno venezolano, en la empresa mixta Petrozamora, que
explota un yacimiento en el estado Zulia. Allí también estallaron escándalos
de corrupción. Gran parte del dinero de la “emergencia eléctrica” se habría
lavado a través de la banca suiza, otra parte fue a parar en paraísos
fiscales como Barbados.

 

Tal fue el “legado eléctrico” de Chávez. En octubre de 2012, el sindicato
eléctrico de Lara (Sitiel) denunciaba la muerte de 7 trabajadores por
violaciones a las condiciones de seguridad industrial por parte de las
autoridades así como una escalada de la represión: “Los trabajadores reciben
constantes visitas y citaciones del Sebin, e incluso, cuando un trabajador
no asiste a su labor, con causa justificada o no, quien hace las
averiguaciones es el Sebin”. La campaña del gobierno para ocultar los
efectos de la corrupción y la desinversión, culpando a los trabajadores de
supuestos actos de sabotaje, llegó a generar linchamientos y secuestros de
trabajadores en sectores populares azotados por los apagones. El Sitiel
menciona el caso del asesinato de un trabajador en el estado Aragua por
linchamiento en 2012. Ese año, mientras hacía campaña por su reelección,
Chávez reconoció que persistían los problemas eléctricos, pero dijo que de
no ser por su gobierno la gente cocinaría con leña y se alumbraría con
faroles.

 

Como la crisis empeoró, en abril de 2013 Maduro ocupó militarmente la
industria. Se crearon zonas militares de seguridad para restringir la
libertad sindical de los trabajadores eléctricos. Se habló de una “Gran
Misión Eléctrica”, una nueva farsa. Los problemas seguirían agravándose con
la desinversión y se declararía una nueva militarización en abril de 2017,
luego de grandes y recurrentes apagones en 2015 y 2016. Otro gran apagón
nacional ocurrió en agosto de 2017. La situación era tan grave que
dirigentes sindicales del chavismo rompieron la disciplina partidista y
criticaron la gestión militar.

 

Elio Palacios, dirigente del sindicato de trabajadores eléctricos del
Distrito Capital, Vargas y Miranda, emitió una declaración a comienzos de
febrero de 2018, en momentos en que seis estados se mantenían sin luz,
denunciando la inminencia de un colapso eléctrico generalizado. Entre las
causas mencionaba la “estampida de técnicos”, debido a los míseros salarios
y las vejaciones laborales, el mantenimiento deficiente y la incompetencia
de las autoridades militares, comenzando por el ministro Motta Domínguez, a
quienes calificó de técnicamente analfabetos. El déficit de personal
calificado, calculado por Palacios en un 60%, obligaba a trabajadores a
cumplir turnos de hasta 30 hora seguidas. “Tenemos un caldo de cultivo para
un apagón… no se va a tratar de un sabotaje ni de una mala operación por
parte de los trabajadores… Las telecomunicaciones se van a afectar, se van a
afectar todos los servicios básicos, como el agua potable, porque las bombas
funcionan con energía eléctrica, el bombeo del petróleo, en pocas palabras
se va a paralizar el país. Esta es una situación que prácticamente es
inevitable que ocurra, por todos los escenarios que se están viendo”,
alertaba Palacios. Además, denunciaba el uso de elementos lumpen por el
gobierno para asaltar a los sindicatos y las maniobras de los tribunales e
instituciones oficiales para impedir la realización de elecciones
sindicales. ¿Cómo respondió el gobierno de Maduro a estas graves denuncias?
Con sus métodos habituales, enviando a la policía política a secuestrar al
dirigente sindical el 14 de febrero de 2018. Decenas de dirigentes obreros y
trabajadores han sido despedidos y perseguidos por denunciar el descalabro
operativo.

 

La respuesta de Guaidó al apagón lo mostró en todo su oportunismo e
incapacidad. Se limitó a plantear que la luz llegaría cuando “cese la
usurpación” y otros mensajes en la misma onda demagógica. La única respuesta
en el terreno de la movilización la dieron espontáneamente las comunidades
populares. Tampoco dijo claramente lo que su “Plan País” propone para salir
de la crisis, que es la privatización de los servicios públicos. La
oposición de izquierda plantea un camino opuesto a los planes de Guaidó:
recuperar la industria eléctrica apoyándose en la organización de los
trabajadores y realizar importantes inversiones con los recursos obtenidos
del no pago de la deuda externa y la nacionalización del petróleo. En vez de
la amnistía para los funcionarios civiles y militares corruptos, incluyendo
a los que destruyeron la industria eléctrica, como plantean Guaidó y la AN,
es necesario confiscar las propiedades de los corruptos y adoptar medidas
para la repatriación de sus capitales.

 

El gran apagón de marzo marca otro hito en el proceso de destrucción
económica impulsado por políticas gubernamentales burguesas y mafiosas, como
la apropiación de la renta petrolera mediante sobrefacturación de
importaciones, la amputación de la producción nacional para pagar deuda
externa, o la entrega de la industria petrolera y concesiones mineras a
grandes transnacionales. Esa política ha sido más destructiva que mil
sabotajes. La conspiracionista “guerra eléctrica” no es otra cosa que el
intento propagandístico del gobierno de ocultar las verdaderas causas de la
crisis, victimizándose para justificar la profundización de la represión y
los crímenes contra los trabajadores y el pueblo venezolano. 

 

* Militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).

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