Venezuela/ Fuera de foco. La represión madurista en los barrios populares [Jean-Baptiste Mouttet]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Vie Mar 22 15:17:21 UYT 2019


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Correspondencia de Prensa

22 de marzo 2019

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Venezuela

 

Al abrigo de las miradas curiosas, la represión en los barrios populares

 

Fuera de foco, el poder madurista y sus aliados reprimen con violencia. Los
barrios populares, que habían anticipado con sus movilizaciones la
autoproclamación como presidente de Guaidó, son el blanco principal. Quienes
apoyan al presidente “socialista” afirman, por su parte, estar enfrentando a
“delincuentes”.

 

Jean-Baptiste Mouttet, enviado especial, Caracas 

Mediapart, 20-3-2019

https://www.mediapart.fr/

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

 

“Cuando la policía llegó, gritamos que era una manifestación pacífica.
Tiraron y en un primer momento pensamos que eran perdigones. Uno de los
manifestantes dijo que un joven había caído al suelo. Poco después, supimos
que no eran perdigones sino una bala”, cuenta un contable de músculos bien
entrenados, Kervin Arginzones.

 

Este habitante del barrio popular de Catia, al Oeste de Caracas, comenta en
detalle ese tranquilo 22 de enero cuando, con unos amigos, decidió “bajar”
hasta la estación de metro Gato Negro para protestar contra el presidente
Nicolás Maduro. “El joven cayó a tierra” ése es el rostro juvenil que mostró
luego la prensa, el rostro de Alixon Pizani. Habría sido el primer muerto de
2019 en las manifestaciones contra el presidente socialista. Para Amnesty
Internacional, “el panadero de 19 años” recibió una bala en el tórax. “Según
testigos, un motociclista con uniforme de la Policía Nacional Bolivariana
tiró sobre los manifestantes al azar con un arma de mano.” 

 

Al día siguiente, el 23 de enero, toda la prensa internacional se focalizaba
sobre la manifestación masiva de varias decenas de miles de personas que, en
Caracas, acompañaban a Juan Guaidó y su proclamación como presidente de
transición. Esta manifestación tuvo lugar sin violencia. 

 

Las grandes movilizaciones organizadas casi todas las semanas por la
oposición fueron pocas veces bloqueadas por las fuerzas del orden. El tono
empezó a subir a partir del 9 de marzo, cuando el país vivía el más largo y
vasto corte de energía eléctrica de su historia. La policía madurista
desmontó el estrado de Juan Guaidó y tres personas que había participado a
la instalación del estrado fueron detenidas.

 

El joven líder de la oposición pronunció finalmente su discurso subido al
techo de un coche y los manifestantes lograron evitar el bloqueo policial.
El contraste es sorprendente, comparado a las precedentes movilizaciones
contra el gobierno, que duraron varios meses en 2017. Las marchas eran por
entonces rodeadas y bloqueadas por la policía y los enfrentamientos eran
sistemáticos. Según Amnesty, ese año hubo más de 120 muertos entre abril y
junio (163, según el Observatorio venezolano del conflicto social,
www.observatoriodeconflictos.org.ve
<http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/>  entre principios de abril y
mediados de agosto de 2017).

 

Algunos opositores ven este cambio de táctica como una prueba de la
desintegración dentro de las fuerzas del orden, una confirmación de que los
subalternos están de su lado. "Para mí, es un error", advierte Marco Ponce,
dirigente del Observatorio venezolano del conflicto social, "es probable que
se trate de una orden del ejecutivo. Nicolás Maduro quiere conservar una
imagen de vida democrática ante los países extranjeros", afirma.

Las respuestas violentas del gobierno y de sus fuerzas actúan ahora de
manera alternativa. Intervienen bruscamente y al margen de los hechos y de
las movilizaciones entre Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro. La
estrategia de la oposición consistente en ingresar ayuda humanitaria y el
rechazo gubernamental de aceptar la provocaron la muerte de siete personas,
según el OVCS. Mientras que los enfrentamientos provocaron más de 300
heridos, todas las muertes ocurrieron en zonas cercanas a la frontera
brasilera, en el Sur del país, siendo que los medios de comunicación estaban
concentrados sobre la frontera colombiana. La víspera de la entrada prevista
de la ayuda, el 23 de febrero, cuatro amerindios de la etnia Pemón fueron
asesinados cuando trataban de impedir que los militares entraran a la zona
del Sur.

 

Con el inmenso apagón, el gobierno  endureció el tono. El 11 de marzo,
Nicolás Maduro llamó a la “resistencia activa” de los movimientos sociales,
de los consejos comunales y también de los “colectivos”, esas organizaciones
capaces de llevar adelante tanto un trabajo social como el apoyo al poder
con las armas en la mano. El presidente destacaba así el “deseo de paz”, la
solidaridad de la población, al mismo tiempo que aprobaba la represión de
las protestas.

 

Los grupos armados, que la oposición engloba bajo el término genérico de
“colectivos”, no habían esperado la declaración oficial de su presidente
para entrar en “acción” y diseminarse en la ciudad y en los barrios, cuyas
costumbres ignoran muy a menudo. En Chacao, municipio más bien rico y de
oposición, el 11 de marzo por la mañana, en pleno corte de agua corriente,
fueron levantadas pequeñas barricadas (“guarimbas”) construidas con
desechos. “Unos diez motociclistas vinieron a destruirlas. Un vecino les
lanzó una botella. Ellos sacaron las pistolas. Vimos a dos de ellos hacerlo.
Tiraron contra la fachada de nuestra casa. No apuntaban hacia ninguna
ventana, pero… » trata de relativizar un habitante del barrio. Más tarde, en
el mismo lugar, los vecinos armaron otra barricada. Unos individuos con
chalecos anti balas y armas de mano desarmaron todo “metódicamente”. 

 

“Es la primera vez que vemos civiles armados por aquí” cuenta un hombre de
unos treinta años, quien evalúa la reacción como “verdaderamente
desproporcionada con respecto a la mini guarimba”.

 

Los barrios más populares conocen este aumento de las intimidaciones desde
hace tiempo. En ellos, entre el 21 y el 25 de enero, las movilizaciones
precedieron la autoproclamación de Juan Guaidó, y luego siguieron
acompañando la agenda de la oposición (Artículo en francés:
https://www.mediapart.fr/journal/international/270219/dans-le-quartier-de-co
tiza-la-ou-l-affrontement-commence-au-venezuela). Abajo del barrio de Catia,
un grupo de personas, entre las cuales el contable Kervin Arginzone, esperan
en la entrada de un local, en la penumbra de la tardecita de un jueves de
fines de febrero. Llevan un suéter azul turquesa, un color que se ve poco en
esos barrios. Ese azul es el de un partido opositor,  Vente Venezuela,
conducido por María Corina Machado. Un partido de oposición denostado por el
gobierno de Maduro. Minoritario en la Asamblea Nacional, compuesta por una
mayoría de diputados opuestas al presidente socialista. Esta organización
política cumple con todos los esquemas con los que el gobierno califica a
sus adversarios: liberal, atlantista, favorable a una intervención militar
para conseguir el ingreso de la ayuda humanitaria.

 

El responsable del sector, Maikol Castañeda, recibe a los recién llegados.
Según Maikol, la amenaza de los civiles armados, de los colectivos, es
sistemática. “Sus objetivos son claros; nada de guarimbas. Cuando llegan,
generalmente, conseguimos hablar con ellos. Son gente del barrio. Somos
vecinos, crecimos juntos”, dice. Pero no siempre es así. Según Amnesty, los
cinco días de manifestaciones de febrero último hubo « 41 personas muertas
[…], todas por heridas de bala. Más de 900 personas fueron detenidas de
manera arbitraria”, 770 en un solo día, el 23 de enero.

 

La situación se tensa aún más debido a que los partidos antimaduristas
ocupan el terreno a medida que el Estado y sus programas sociales
desaparecen. Hoy, la presencia chavista es sobre todo visible a través los
Comités Locales de Aprovisionamiento y de Producción (CLAP), esos comités
que distribuyen alimentos por un precio módico. Maikol Castañeda mantiene
que algunos colectivos dirigen ciertos CLAP y “controlan” así de mancera
eficiente el barrio.

 

Esa noche, unas diez personas vinieron a la apertura del “colegio ciudadano”
de Vente Venezuela, que supuestamente haría “competencia” al “consejo
comunal” chavista. “Yo era miembro de un consejo comunal pero, con otras
personas, fuimos radiados. La dirección del consejo prefiere un consejo 100%
madurista”, nos cuenta Kervin Arginzones. Él vino a instalarse en Catia
desde hace solo unos meses e inmediatamente salió a la calle de su
comunidad, enfrentando las amenazas. “Con unos amigos, hace un mes y medio,
les pedimos a los habitantes del barrio una pequeña participación para ir a
buscar gas. Hace más de tres meses que no hay gas. Una responsable del
consejo comunal amenazó con denunciarme al Sebin (Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional). Por ahora, no ha pasado nada. Muchos vecinos nos
apoyan”, cuenta Kervin. Una vez que los miembros del « colegio » eligieron a
sus representantes, volvieron tranquilamente a sus casas. Muchos de ellos se
sacaron discretamente la camiseta azul turquesa.

 

“Cuando los caminos se vuelven difíciles, solos los más duros caminan”

 

No solo Catia vive esa realidad. Más al Sur, en el barrio de La Vega, el
cura jesuita Alfredo Infante, con sus zapatos agujereados por no poder
hacerlos reparar en estos tiempos de crisis, no esconde su aversión por
Nicolás Maduro, aunque aclara que no está en la oposición. El padre Alfredo
abrió comedores en los que se brinda comidas a los niños del barrio, con
Alimenta la Solidaridad, fundada por el opositor Roberto Patiño. Según el
cura Infante, la situación se volvió más tensa a partir de enero. Desde
entonces, se vio enfrentado varias veces a la policía o a los colectivos. El
sábado 16 de marzo, cuando organizaba una “jornada por la salud”, con la
participación de médicos, los colectivos aparecieron. “Para ellos, la
asistencia humanitaria es una “intervención del imperio”. “Tuve que hablar
largo y tendido con ellos para contrarrestar sus prejuicios”, cuenta el
cura.

La presión es tal que a menudo los militantes políticos prefieren alejarse
del barrio por cierto tiempo. Fue la decisión que tomó a mediados de enero
José Gregorio, delegado sindical por Caracas del sindicato venezolano de
maestros (Sinvema). El 7 de enero, con otros profesores, organizó una
manifestación en un liceo de La Vega. Reclamaban un aumento de salario de 5
dólares (2 kilos de pollo). «El 13 de enero, me mandaron un mensaje vocal de
Alexander Carrillo, el responsable de los colectivos de la parroquia. En ese
mensaje, me decía que había que “había que estar atentos sobre las
manifestaciones que íbamos a organizar en las escuelas […] y que había que
presionar a un profesor de matemáticas”, yo mismo. “Vamos a ser firmes con
ese tipo para que se calle un poco, porque él es el organizador de todo ese
escenario”. 

 

“Efectivamente, Alexander Carrillo vino al día siguiente con otros hombres
en moto, sigue contando. Me dijo que sabía dónde vivía, que no quería
guarimbas. Negocié el hecho de no armar barricadas pero sí mantener la
manifestación. Con las guarimbas que se armaron después, los saqueos de
comercios que hubo, me tuve que refugiar fuera de la parroquia.”

 

Alfredo Infante dice que los colectivos y las fuerzas del orden están muy
bien informados. Denuncia la presencia de “sapos” –delatores. Las ONG
venezolanas de defensa de los derechos humanos, como Provea, denuncian la
RAAS, Red de Articulación y Acción Sociopolítica
(http://www.psuv.org.ve/portada/psuvred-articulacion-y-accionmodelounidaddef
ensa-nacion/#.XJQGkLjjLct). Esa red, presentada como “un modelo de unidad
[…] para la defensa integral de la nación”, fue creada por el Partido
Socialista Unido de Venezuela ‘PSUV, partido de gobierno) par “hacer frente
a la constante amenaza de los Estados Unidos”.

 

El término “sapo” exaspera a Francisco Pérez. «Yo, por ejemplo, como actor
político, debo saber lo que pasa a mi alrededor. Hablo de ello en reuniones
políticas. ¿Es eso ser “sapo”? » Este chavista que trabaja para medios de
prensa gubernamentales dice que “si yo fuera a sus comedores, me dirían que
me fuera porque soy chavista”. Según lo que él dice, no hay más grupos
armados en La Vega. Se lo nota menos seguro cuando habla de la presencia de
la policía nacional bolivariana en la entrada de La Vega o cuando habla de
las intrusiones de las Fuerzas de acción especiales (FAES). (Ver
https://correspondenciadeprensa.com/2019/02/01/venezuela-faes-el-brazo-ejecu
tor-del-terrorismo-de-estado-informe-especial/)
<https://correspondenciadeprensa.com/2019/02/01/venezuela-faes-el-brazo-ejec
utor-del-terrorismo-de-estado-informe-especial/> 

 

Las FAES intervinieron, entre otras operaciones, en las jornadas de
manifestaciones de fines de enero. La Vega fue escenario de saqueos.
Francisco Pérez muestra una casa en la que hubo un “allanamiento”. No está
de acuerdo con ese tipo de acciones y prefiere repetir, como el gobierno,
que las FAES actúan contra los delincuentes. “La oposición alza la voz
cuando un estudiante es detenido, siendo que ese mismo estudiante puede ser
conocido aquí, en este barrio, como un vendedor de drogas”, afirma.

 

Para Amnesty International, las FAES manipulan los “escenarios de crímenes y
describen a las víctimas como si fueran delincuentes”. La ONG lleva
contabilizadas “seis ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES en
varios lugares del país […]. En cada uno de los casos, las víctimas estaban
vinculadas de una u otra manera a las manifestaciones que habían tenido
lugar en los días anteriores”. Según Provea, algunos miembros de grupos
armados se incorporaron a las FAES, de terrible reputación. Las fuerzas de
acción utilizan el miedo que provocan. En las paredes de uno de sus
cuarteles, en Petare, han sido pintados eslóganes acompañados de calaveras
como estos: “Cuando los caminos se vuelven difíciles, solo los más duros
caminan” o, el más tradicional “Leales siempre, traidores nunca”.

 

Los barrios populares, que fueron la base electoral del chavismo, son un
gran reto para el poder. En sus calles estrechas tiene lugar otro
enfrentamiento político, mucho más violento que en el centro de las grandes
ciudades. El padre Alfredo Infante advierte en ese sentido: “Si hay un
cambio político, los chavistas deberán ser protegidos. El resentimiento es
muy grande.”

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