Brasil/ La demolición del sistema ambiental ya enfrenta reacciones [Mario Osava]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de mayo 2019

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Brasil

 

Demolición del sistema ambiental ya enfrenta reacciones

 

Mario Osava, Río de Janeiro

Inter Press Service (IPS), 3-5-2019

http://www.ipsnoticias.net/

 

El gobierno de extrema derecha aceleró en abril la demolición del sistema de
gestión y protección ambiental, desarticulando sus propios órganos del
sector y despertando alarmadas reacciones internas e internacionales.

 

“Lo más grave está por venir, es el desmantelamiento de reglas ambientales,
como la reserva legal”, advirtió a IPS en una entrbista Paulo Barreto,
investigador asociado del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del
Amazonia (Imazon), en referencia a la parte que cada propiedad rural debe
mantener preservada por ley.

 

Esa reserva alcanza 80 por ciento en la región forestal amazónica, baja a 35
por ciento en el Cerrado (la sabana brasileña), el segundo mayor bioma del
país, y a 20 por ciento en otras ecorregiones.

 

Esa exigencia, implantada por el actual Código Forestal, vigente desde 1934
pero varías veces actualizado, tuvo los porcentajes de preservación fijados
en 1965 y confirmados en una revisión de la ley en 2012. A la reserva legal
se suman las áreas de preservación permanentes, como las ribereñas y las
montañosas.

 

Un proyecto de ley presentado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del
presidente Jair Bolsonaro, que pretende revocar la reserva legal, arguyendo
que se trata de restablecer el pleno “derecho constitucional de propiedad” y
eliminar un obstáculo al desarrollo.

 

La propuesta, enviada al Senado el 16 de abril y que tiene al senador Marcio
Bittar como coautor, sostiene que la medida destrabaría el aprovechamiento
potencial de 15 billones (millones de millones) de dólares en recursos
minerales y energéticos, ocho billones de dólares en biodiversidad y de
inmensas áreas de expansión agrícola.

 

“Si se aprueba, la situación queda muy fea”, reconoció Barreto.

 

Pero es poco probable que una medida tan radical, que echaría por tierra
todo el esfuerzo de muchas décadas para evitar mayores daños a la
naturaleza. En Brasil el bioma Mata (bosque) Atlántica perdió más de 90 por
ciento de sus bosques originales y la Amazonia cerca de 20 por ciento.

 

“Es hora de implementar, no de modificar” el Código Forestal, reaccionó la
Coalición Brasil Clima, Forestas y Agricultura, un movimiento que congrega
194 empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y centros de investigación.

 

La actual versión del Código, aprobada en 2012 tras cinco años de debates,
“es el primer paso para fortalecer la producción agropecuaria y a la vez la
conservación ambiental”, beneficiando al sector agrícola, cuya
“productividad es muy dependiente de las condiciones climáticas”, manifestó
la Coalición.

 

De ese grupo forman parte la estadounidense Cargil y la brasileña Amaggi,
dos de las corporaciones transnacionales que dominan el comercio agrícola
mundial, junto con la Asociación Brasileña del Agronegocio y la Asociación
de Criadores de Ganado Zebú.

 

“Es tan agresiva la acción del gobierno contra el medio ambiente que
encendió la señal de alerta”, no solo en Brasil, observó Barreto.

 

Antes de su toma de posesión el 1 de enero, Bolsonaro había anunciado su
intención de abolir el Ministerio de Medio Ambiente. No lo hizo, pero redujo
sus funciones, transfiriendo el Servicio Forestal y la gestión de recursos
hídricos a otros ministerios, además de eliminar los órganos internos que se
ocupaban de cambio climático y desertificación.

 

En cambio, el Ministerio de Agricultura amplió sus poderes con los temas
forestales y la demarcación de tierras indígenas, aunque sus intereses
productivos se opongan a las nuevas funciones. El negocio agropecuario
protege el ambiente, arguyó el presidente, ignorando la deforestación
promovida por el sector, especialmente de la ganadería.

 

Los denominados “ruralistas”, representantes del gran agronegocio que tienen
una fuerte bancada en el parlamento, fueron importantes para el triunfo
electoral de Bolsonaro. Cuentan, en consecuencia, con un poder avasallador
en el gobierno.

 

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un aliado incondicional de
los ruralistas, decapitó las principales agencias ejecutoras de políticas
ambientales.

 

El 28 de febrero despidió a los superintendentes del Instituto Brasileño de
Medio Ambiente (Ibama), órgano de regulación e inspección en 21 de los 27
estados del país. Dos meses después no hay sustitutos.

 

Además, Salles ordenó el 26 de abril un recorte de 24 por ciento en el
presupuesto de Ibama, ya afectado por grave carencia de recursos humanos y
financieros, rebajando su capacidad de evaluar grandes proyectos que exigen
licencia ambiental.

 

Dirigentes del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
(ICMBio), que gestiona 334 unidades de conservación y 14 centros de
investigación, renunciaron por discrepar sobre las medidas del ministro y
sus amenazas contra funcionarios.

 

Para reemplazarlos, Salles designó a cuatro policías militares del área
ambiental del estado de São Paulo, con experiencia limitada y dudosa
calificación para los nuevos desafíos.

 

Militarizar la administración pública es una orientación de Bolsonaro para
varios ministerios, desde educación a infraestructura, energía e incluso
turismo.

 

“Limpiar” el Ibama y el ICMBio es la tarea de Salles, dijo el 29 de abril
presidente en Agrishow, una feria de tecnología agrícola, en Ribeirão Preto,
un polo azucarero a 310 kilómetros de São Paulo.

 

Allí celebró con los agricultores la armonía entre los ministros de Medio
Ambiente y Agricultura, y reiteró su aversión a los órganos ambientales, por
ser una “industria de multas” y estar dominados por activistas radicales.

 

Toda esa presión antiambientalista dentro del gobierno aún no se reflejó en
el aumento de la deforestación amazónica porque hubo mucha lluvia en los
primeros meses del año en la región, lo que dificultó la depredación. “Pero
la tendencia futura preocupa”, lamentó Barreto.

 

“Es un tiro en el pie, además del impacto ecológico, se daña la salud, con
problemas respiratorios”, debido al humo de los incendios, y otras
enfermedades, acotó el investigador de Imazon, una organización no
gubernamental que monitorea la deforestación amazónica con celeridad.

 

Contraponer preservación forestal al desarrollo tampoco es buena opción. Hay
estudios que han confirmado que se puede producir más, sin deforestar, y que
una ganadería sustentable genera trabajadores más satisfechos y con mejores
sueldos, arguyó.

 

Esa realidad la reconoce un sector “moderno” de los agricultores, pero hay
otros con “ideas atrasadas que estorban y confunden todo” y se alinean con
el gobierno, que “no logra comprender la Amazonia” en su papel climático y
menos aún en su “dimensión simbólica”, según Barreto.

 

La ofensiva gubernamental contra el ambientalismo parece “orquestada con
ataques a la ciencia, la prensa” y otras áreas, evaluó. La enseñanza de
filosofía y sociología también es rechazada. Se debe priorizar “veterinaria,
ingeniería y medicina”, asignaturas de “retribución inmediata a los
contribuyentes”, según Bolsonaro.

 

Las reacciones comenzaron a surgir en el exterior,  como la carta de 602
científicos pidiendo que la Unión Europea condicione la importación de
productos brasileños al respeto de compromisos ambientales y de derechos
indígenas.

 

El Museo de Historia Natural de Nueva York se negó a acoger un acto en que
el presidente brasileño, seria homenajeado por la Cámara de Comercio
Brasil-Estados Unidos como uno de los personajes del año.

 

Dentro de Brasil, por ahora la resistencia consiste en una labor de
comunicación, de “información básica” sobre cuestiones ambientales,
climáticas y sus efectos económicos, “empezando casi de cero”, plantea
Barreto.

 

Lo decisivo, probablemente, será una reacción del sector privado, ya que
“este gobierno no escucha a las ONG”, concluyó.

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