Venezuela/ El colapso electrónico. ¿Corrupción, impericia o sabotaje imperial? [Manuel Sutherland]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de mayo 2019

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Venezuela 

 

El colapso eléctrico 

 

¿Corrupción, impericia o sabotaje imperial?

 

En las últimas semanas, Venezuela ha sufrido al menos siete megaapagones que
dejaron a oscuras a más de 80% del territorio nacional. Nicolás Maduro
afirmó que se trata de ataques contra estaciones eléctricas, provocados por
orden de Donald Trump y Juan Guaidó. La oposición, mientras tanto, culpa a
la corrupción del gobierno y a la impericia de la burocracia. Lo cierto es
que el colapso de los servicios evidencia la crisis general del país, una
crisis que afecta cada vez más a los que menos tienen.

 

Manuel Sutherland *

Nueva Sociedad, abril 2018 

http://nuso.org/

 

En las últimas semanas, Venezuela ha sufrido al menos siete megaapagones que
dejaron a oscuras más de 80% del territorio nacional; algo completamente
inédito. En estas fechas, millones de hogares no han recibido una gota de
agua y el país se ha paralizado casi por completo. El metro, ese estupendo
tren subterráneo capitalino, ha dejado de funcionar durante varias jornadas.
Los servicios estudiantiles se han detenido, no hay dinero en efectivo desde
hace meses y las plataformas de pago electrónico funcionan con gran
dificultad; hay una especie de dolarización informal que ha ido desplazando
al recientemente creado bolívar soberano. La telefonía viene fallando con
mayor frecuencia y el uso de internet es azaroso y eventual. Miles de
comunidades no reciben gas por bombonas y la policía brilla por su ausencia
en calles que no tienen ninguna señalización luminiscente para cuando la
electricidad falla.

 

El Estado se ha ausentado por completo en el agravamiento de esta coyuntura,
y sus funcionarios menores solo atienden a lo más alto de una burocracia
civil y militar. No hay programas de contingencia, ayudas o ejercicios
militares (o civiles) que organicen a la población cuando los apagones
ocurren. El gobierno simplemente aparece en una transmisión televisiva para
aludir, repetitivamente, a los sabotajes protagonizados por la dupla Donald
Trump- Juan Guaidó. Pero ¿qué hay detrás del colapso en los servicios?

 

La (absoluta) imposibilidad de acumulación de capital y su ruina indetenible

 

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el periodo
2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el
PIB, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y
2018, se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una
hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del
PIB en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 %, según pronósticos
moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25%, lo
que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5% de caída de la producción
para el periodo 2013-2019. 

 

De forma extremadamente sintética, puede decir que: 

 

•Por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del
mundo, estimada según la Asamblea Nacional (AN) en 1.698.488,2% para el año
2018. De este modo, el país detenta el décimosexto mes consecutivo con
hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019). 

 

•Aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el
mejor de los casos la inflación de 2018 estuvo alrededor de 90.000%,
considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio.

 

•El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de
la economía) se incrementó en más de 88.000% en 2018, lo cual ha
desintegrado por completo el poder adquisitivo. 

 

•El salario real para el periodo 2013-2018 descendió 95%.

 

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios
públicos «gratuitos». La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la
exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha
redundado en su contracción. 

 

20 años de subsidios a la energía: ¿por qué Venezuela sufre blackouts?

 

En el país, apenas 1% de la generación de energía primaria proviene de
biocombustibles y residuos, y solo 11% se explica por la energía
hidroeléctrica; 54% proviene del petróleo y 34%, del gas natural (2015),
pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado.
Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20% y la utilización
de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos
contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos
subsidios a la energía. 

 

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación,
que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a
través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir como
ejemplo que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200.000 tanques de
gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De
acuerdo con un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de
oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en
gasolina, diésel, energía eléctrica y gas. 

 

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares
anuales, lo que representó 98,4% del costo real del combustible; ahora esta
cifra ha empeorado porque la gasolina es aún más barata en términos reales.
Por el obsequio del diesel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares
anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente
34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar
de que la gran compañía estatal CADAFE pierde 40% de su electricidad
(energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

 

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre
2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de 10 veces
la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada,
equivaldrían a cerca de 20% del PIB promedio de esa triada de años. Esto es
evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en
educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6% del
PIB, muy por debajo del subsidio general otorgado.

 

Algunas razones estructurales del colapso eléctrico

 

Para la mayoría de las grandes ciudades (exceptuando las ubicadas en el
estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin
embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo
un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial
servicio. Esa «administración de carga», como ahora llama el gobierno al
racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto vocce. Entre
los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 MW
en el Sistema Interconectado Nacional (SEN). 

 

Aunque la vigente Ley Eléctrica que data del 14 de diciembre de 2010 dice
que el acceso a la electricidad es un «derecho humano», este se ha venido
vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En
septiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital
Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de
una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el Pediátrico
Menca De Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla
eléctrica duró cuatro horas, la planta eléctrica del Pediátrico no funcionó
y por lo tanto «fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y
el saldo fue de seis recién nacidos muertos». 

 

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico.
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según el especialista Víctor Poleo,
hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones
que solo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la
alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la
desnacionalización de Electricidad de Caracas (EDC), por una venta írrita
realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense
AES. La EDC estuvo en manos de AES hasta 2007, cuando fue recomprada por
Petróleos de Venezuela (PDVSA). La operación fue de 1.200 millones de
dólares, pero lo que AES vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había
vendido muchas partes a empresas de España y Colombia. 

 

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis
Vásquez, presidente de AES, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno
como ese. Infaustamente, las «nacionalizaciones» del gobierno bolivariano
fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una
elite y que de ningún modo fueron parte de una «revolución socialista» o de
algo remotamente similar.

 

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que
no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación
Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas
de electricidad de Venezuela, tienen desde 2012 sin firmar su contrato
colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de 10 salarios mínimos
ahora solo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12
dólares mensuales (al tipo de cambio oficial). 

 

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido
emigrar. Se estima que de 50.000 empleados ahora quedan 30.000 y
lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la
jubilación. En el principal Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un
tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas,
uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa
al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de
«apátrida» y «traidor» o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una
actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios,
sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones
en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue
detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN), por la difusión de «información falsa», «destinada a
causar pánico y zozobra en la ciudadanía».

 

Sabotajes con rayos electromagnéticos, francotiradores o un simple incendio

 

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el
tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 kilómetros de la represa
en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por
satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios
incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los
incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores y los
sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 4:30 pm,
desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente
contra la casa de máquinas y sacó de servicio a las turbinas del Guri,
Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad, y como
no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

 

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el
área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los
sistemas de control del SEN no están conectados a ninguna red externa con
posibilidad de conexión atacable a través de internet. En la misma cadena,
Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético,
que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra
estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump-Guaidó. Sin
embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es
completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía
necesaria para que este rayo pueda destruir partes de SEN requiere de una
liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en
su explosión. De haber sido así, sería visibles los rastros de alguna
estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela. 

 

* Manuel Sutherland: es economista, magister scientiarum en Ingeniería
Industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).

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