Colombia/ La hora de la protesta social [Jerónimo Ríos Sierra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de mayo 2019

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Colombia

 

La hora de la protesta social 

 

Las protestas sociales parecen haberse adueñado del suroccidente colombiano.
Diversos colectivos indígenas y movimientos sociales, han reclamado sus
derechos en zonas sumidas en la pobreza y la miseria. El presidente Iván
Duque criminaliza a quienes protestan y los compara con los antiguos
guerrilleros. 

 

Jerónimo Ríos Sierra *

Nueva Sociedad, mayo 2019 

http://nuso.org/

 

Junto al incumplimiento de las promesas electorales y a una agenda política
sin rumbo programático, el primer año de presidencia de Iván Duque en
Colombia tiene otro rasgo distintivo: el notable nivel de conflictividad
social existente. Unido a las múltiples reivindicaciones de los estudiantes
universitarios y de diversos colectivos del sector rural -especialmente
protagonistas en los primeros meses de su mandato-, en las últimas semanas
se han hecho visibles las protestas indígenas. Las protestas han afectado
particularmente al suroccidente del país y al departamento de Cauca en
particular. Se trata de un departamento que se encuentra entre los más
pobres del país y en una de las regiones más olvidadas de Colombia, tanto
por la violencia adolecida durante décadas como por la desinversión
gubernamental concurrente.

 

De este modo, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la protesta social ha
derivado en una conflictividad que, lejos de cualquier atisbo negociador, ha
sido reprimida por la Fuerza Pública colombiana, dejando consigo varias
muertes por el camino, además del cierre de la carretera panamericana y la
falta de abastecimiento de miles de personas. Sin embargo, lejos de entablar
negociaciones, como ya es costumbre en Colombia, la protesta civil se ha
criminalizado y no tardaron las voces que desde el Ejecutivo, y también
desde algunas instancias del Poder Judicial -como la Fiscalía-, aseguraban
que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
–donde tradicionalmente operaron el Frente 6 o el Frente 8- o algunas
estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estaban detrás del
conflicto social.

 

A pesar del énfasis con el que la Organización de las Naciones Unidas ha
manifestado la necesidad de formalizar avances y buscar intercambios
cooperativos que apacigüen el malestar del Consejo Regional Indígena del
Cauca, lo cierto es que cualquier avance en el diálogo requiere de
compromisos que, en cualquier caso, afectan sustancialmente a la agenda
política que ha llevado a cabo Iván Duque hasta el momento. 

 

En primer lugar, el departamento de Cauca es uno de los lugares del país en
donde la falta de compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz
suscrito con las FARC, ha generado mayores estragos. Este departamento del
Pacífico fue durante años uno de los bastiones territoriales de la
guerrilla. Sin embargo, las carencias acontecidas en el proceso de
desmovilización y reincorporación a la vida civil se traducen en el hecho de
convertir al departamento, junto con el de Antioquia, en el lugar de
Colombia en el que han sido asesinados el mayor número de ex combatientes de
la guerrilla y en donde se concentra uno de cada cuatro de los más de 500
líderes sociales asesinados en los últimos tres años.

 

De otro lado, el departamento de Cauca se caracteriza por ser un escenario
en el que la conformación de disidencias de las FARC y el retorno a
estructuras de criminalidad presenta mayores niveles, en buena medida por la
ausencia de acciones destinadas a la reincorporación, a lo que se suma la
consolidación del ELN, que aprovechó el proceso de desmovilización de las
FARC para reacomodar su posición en el departamento. Ello, sin olvidar la
precariedad en la que llega el Estado a la región, reducido en exclusiva a
una Fuerza Pública ineficaz para gestionar la magnitud del problema de la
violencia. Una violencia a la que habría que sumar la concurrencia de grupos
armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las disidencias de
las FARC como el Frente Oliver Sinisterra, los de Pija, los de Juvenal o el
Frente Andrey Peñaranda del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se
disputan en la actualidad un escenario en el que además, según fuentes de
Naciones Unidas, se contabilizan hasta 16.000 hectáreas de cultivos
cocaleros y varios enclaves de minería ilegal.

 

Pero además de estas situaciones, el trasfondo de la conflictividad en Cauca
radica en la privación de derechos y la afectación a la naturaleza. Esto, en
tanto y en cuanto el departamento presenta algunos de los peores niveles de
desarrollo socioeconómico del país, tal y como sucede con el Índice de
Desarrollo Humano (0,700), el PIB per cápita (3.700 dólares) y una tasa de
pobreza cercana al 50% que vendría a duplicar el registro del promedio
nacional. A todo lo anterior, cabría sumar uno de los mayores rezagos de
competitividad de acuerdo a los índices que maneja la Comisión Económica
para América Latina y uno de los cinco escenarios con mayor tasa de
deforestación, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales para el año 2018.

 

En cualquier caso, la estrategia de Duque durante los últimos dos meses
dista mucho de ser la adecuada para superar el impasse actual de
conflictividad social. Mantiene un discurso beligerante, de categorías
binarias (ellos/nosotros; buenos/malos) y resuelto bajo el uso de la fuerza
y la asunción de atributos para quienes protestan tales como guerrilleros,
terroristas o criminales. Duque confía en que la mala prensa y la
popularizarización de este tipo de lecturas pueden, per se, desescalar
paulatinamente el conflicto en Cauca.

 

Pero sucede todo lo contrario. Desde hace tiempo, Colombia es un polvorín
que en cualquier momento puede explotar. Y no lo es solo por la ingente
pobreza, la exclusión social y el abandono que sufren millones de personas y
buena parte de la geografía del país. También es un polvorín porque, una vez
reconducido formalmente el conflicto armado, la movilización social tiene
ante sí una serie de carencias y necesidades en términos de precariedad
laboral, vulnerabilidad y desposesión de derechos que, sin el soporte del
conflicto armado, tienen todo a su disposición para visibilizar,
problematizar y politizar numerosas necesidades maltrechas durante décadas.
Es decir, ahora más que nunca la conflictividad social juega con todo a su
favor para hacer gravitar la agenda política por fuera del tradicional
esquema paz/seguridad que durante décadas dominó las agendas de gobierno
acontecidas en Colombia y que invisibilizó una marcada violencia
estructural.

 

La imagen de un «presidente con autoridad» que busca construir Duque,
contraviene la de sus predecesores Uribe y Santos, que ya en el pasado
tuvieron que negociar con los colectivos indígenas del Cauca, conocedores
que la solución unilateral y por la fuerza, lejos de ser ineficaz,
igualmente es inconveniente. 

 

En definitiva, y a pesar de que en el último mes se avanzaron algunas
cuestiones y se ha emplazado a seguir dialogando en el próximo mes de mayo,
es imprescindible repensar la relación territorial no solo con Cauca, sino
con el resto del territorio nacional. Lo anterior, en tanto que el
centralismo endémico del que adolece el país desdibuja cualquier sentido de
autonomía regional y descentralización territorial, contribuyendo así a una
mayor fractura regional, a largo plazo, insostenible para la economía del
país. Por ello, transferir competencias y recursos, fortalecer la
institucionalidad local e incrementar las inversiones en vivienda, salud,
educación y empleo son algunas urgencias que lejos de ser percibidas como
política de gobierno, deben ser integradas en Colombia con un sentido
unívoco de política de Estado. 

 

* Jerónimo Ríos Sierra es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense de Madrid. Es profesor asociado de la Facultad de
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN
(Colombia). Sus últimos libros publicados son Breve historia del conflicto
armado en Colombia (Catarata, Madrid, 2017) y Breve historia de Sendero
Luminoso (Catarata, Madrid, 2018).

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