México/ Engaños y represión. AMLO y su "nueva" política migratoria [Eliana Gilet]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de mayo 2019

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México 

 

AMLO y su “nueva” política migratoria

 

Quédate en México

 

Aunque el gobierno de México justifique su política migratoria con un
discurso humanitario, la llegada de la cuarta caravana migrante estuvo
signada por engaños y represión. Las organizaciones sociales denuncian que
la migración es considerada por el Estado mexicano como la principal amenaza
a la seguridad nacional.

 

Eliana Gilet, desde Chiapas

Brecha, 10-5-2019

https://brecha.com.uy/

 

Unas 4 mil personas provenientes del norte de Honduras ingresaron a Chiapas,
a comienzos de abril, en otra de las caravanas migrantes que desde el año
pasado buscan atravesar México rumbo a Estados Unidos. Presionada por el
gobierno de ese país, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) apunta ahora a que la gente se instale en el sur
mexicano, algo que fuerza mediante engaños y el cambio de la entrega de
visas humanitarias –recibidas por 18 mil personas en enero– por una de
visitante regional, que no permite salir de la zona fronteriza con
Guatemala.

 

La caravana, que aún tiene como destino el norte –incluso es así para sus
integrantes que piensan quedarse en México–, es objeto por estos días de la
atención mediática y el despliegue policial, que se centra sobre esta forma
autoorganizada de transitar y no se replica en otras rutas, usadas para el
tráfico de drogas y regenteadas por el crimen organizado, por donde transita
la migración “que no se ve”, según dicen los expertos. 

 

Entre los que sí están bajo el foco de las autoridades hay –además de
centroamericanos– cubanos, haitianos, pakistaníes e indios que exigen un
documento que les permita viajar con la garantía de que no serán deportados
por el primer retén que se les cruce. Ellos han recorrido una parte de la
ruta migratoria que comienza en Sudamérica, gracias a la cual han conocido
más de una decena de países del continente, Uruguay incluido. Brecha
acompañó una nueva ola de este éxodo moderno en su entrada a México desde el
sur del país.

 

Una jugada sucia 

 

Sobre la calle que une a este pequeño pueblo chiapaneco con la ruta México
200 hay un arco que muestra a unos mapaches jugando con niños. Mapastepec
(“Cerro del Mapache”, en náhuatl) está en la ruta del Soconusco, que de un
lado tiene playa y del otro montañas donde crece el aromático café de altura
mexicano. Aunque la localidad tiene voluntad turística, la llegada de la
caravana no pasó desapercibida para ninguno de sus 50 mil habitantes.
Cualquiera puede señalar el camino a la unidad deportiva donde la autoridad
les montó un campamento, con la promesa de que allí les darían papeles para
continuar su viaje con libertad. El Instituto Nacional de Migración mexicano
ha concentrado a la gente en este pueblo, que pronto se ha visto saturado,
despertando el resquemor de la población local. 

 

Desde fines de diciembre de 2018 hasta el último día de enero de 2019 el
gobierno mexicano entregó visas humanitarias con vigencia de un año a unas
18 mil personas, según los datos oficiales anunciados. La nueva
administración ensayó así, a pocas semanas de haber asumido, una respuesta
novedosa a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente. Pero
luego canceló este programa ante la presión que el gobierno estadounidense
ejerce en pos de la “contención” y deportación de toda esta gente en
movimiento antes de que llegue a su frontera. 

 

La presión para que México reprima a la población centroamericana en
tránsito tuvo su inicio oficial a fines de 2014 con el Programa Frontera
Sur, diseñado por la Armada mexicana tras un reclamo de Washington ante la
llamada “crisis de los niños migrantes”. El programa implicó la
militarización de la ruta del tren llamado “La Bestia”, entonces el medio de
transporte usual para quienes atravesaban el país de manera clandestina.
Además garantizó la instalación, en los pasos fronterizos, de “quioscos”
donde se recaba información genética de quienes cruzan legalmente,
información que es luego guardada por el gobierno estadounidense. 

 

Como la estación de tren de Tapachula –que iniciaba la línea en México– fue
destruida en 2005 por el huracán Stan y nunca reconstruida, La Bestia dejó
de pasar por Chiapas. La compañía Chiapas-Mayab, que operaba la línea, dejó
de prestar el servicio de la costa hasta Guatemala y trasladó el comienzo de
su ruta a Arriaga, la última localidad chiapaneca antes de Oaxaca, el estado
vecino. Así, lo que se militarizó en Chiapas como parte del control
migratorio fue la carretera México 200, desde donde se ve el arco con los
mapaches. 

 

La ruta del Soconusco está llena de retenes de la Policía Federal y del
Instituto Nacional de Migración, además de al menos uno en manos del
Ejército. No hay forma de pasar a bordo de un vehículo que pueda evitarlos.
Es la ruta que han seguido las caravanas previas y también la de quienes hoy
están en Mapastepec. Allí los migrantes dijeron a Brecha que atravesaron
caminando sin problemas una de las aduanas, ubicada en Huixtla. Pero días
más tarde, cuando varios grupos buscaron salir de Mapastepec camino a
Oaxaca, fueron emboscados y detenidos por la “migra” para ser deportados:
200 el viernes 19 de abril y otros 400 el martes 23. 

 

Antes de llegar hasta aquí, viniendo de Guatemala, pasaron por Escuintla,
Huixtla, Tapachula y la fronteriza Ciudad Hidalgo; hacia adelante esperan
Pijijiapan y Arriaga, donde termina Chiapas y empieza Oaxaca, y el istmo de
Tehuantepec, zona codiciada en los planes del gobierno de AMLO. Según los
anuncios que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo el 26
de marzo de este año junto a la entonces secretaria de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el istmo es la próxima zona donde se
expandirá el “control migratorio”. Junto con él, AMLO espera afianzar los
recursos para su megaproyecto ferroviario que recorrerá la distancia más
corta entre la costa de Oaxaca, sobre el Pacífico, y la de Veracruz, en el
Golfo de México. 

 

En Mapastepec los migrantes denuncian que pasaron más de 40 días engañados y
que ahora se consideran amenazados y presionados a aceptar una estancia
legal restringida, que no responde a sus intereses. Se sienten estafados. La
visa de visitante regional era otorgada a los ciudadanos guatemaltecos que
tienen una vida binacional, como casi todos los habitantes fronterizos.
Ahora se busca que esta visa “ancle” aquí a la población migrante de la
región, para que esta funcione como un “polo de desarrollo” del nuevo
gobierno, en el que los migrantes representarían el papel de la mano de obra
precaria y abundante. Ya lo han sufrido en Mapastepec: denuncian que quienes
aceptaron trabajar en la limpieza del campo donde la autoridad los tiene
hospedados recibirán 80 pesos por jornal, cuando el mínimo legal es de 102.
Y la frase está conjugada en futuro, porque así les hablan del pago: que
sigan trabajando que luego les pagarán. 

 

El de Mapastepec es similar al campo de refugiados que el gobierno armó en
Tijuana en noviembre pasado para una caravana anterior, pero tiene más
problemas de abastecimiento de agua. La comida, igual que en aquel, es
brindada dos veces al día por la Armada, en estricto régimen de frijoles y
arroz; tampoco alcanza para todos, y los migrantes suelen reservarla para
los más chicos, según dicen. Para enfrentar las privaciones, el asedio
policial y poder seguir adelante, muchos de ellos obtienen su fuerza de la
fe, y creen que su desplazamiento tiene un origen bíblico y sagrado, según
pudo constatar Brecha en diálogo con los migrantes. En las alusiones al
éxodo presentes en la Biblia y en la invocación a Dios encuentran un mínimo
refugio al hostigamiento que sufren.

 

Bajo una “palapa” con techo de hojas de palma hay agentes de migración que
les emiten únicamente una constancia de que solicitaron su visa de visitante
regional. Los integrantes de la caravana que hablaron con este semanario
dijeron que han sufrido un trato racista por parte de algunos funcionarios,
y también que varias personas han sido amenazadas con multas por haber
dejado truncos, supuestamente, trámites anteriores ante la “migra”. 

 

Tapachula global 

 

Antes de que el gobierno instalara ese campo de refugiados en Mapastepec –y
concentrara allí la entrega de papeles que para muchos funcionan como un
candado legal en su camino hacia el norte–, el punto que se saturó fue
Tapachula, 90 quilómetros más cerca de la frontera chiapaneca con Guatemala.


 

“No han dejado de pasar”, explicó a Brecha una madre joven que vive con su
familia en uno de los “ranchos” (establecimientos rurales) de esa localidad,
antes de expresar su resquemor ante la inseguridad que representa la llegada
improvisada de tanta gente. Ella sabe que el trato que los migrantes reciben
es discriminatorio, que a los cubanos los han estafado una y otra vez
abogados que les prometen papeles que luego no existen; pero Tapachula se ha
puesto más violenta, dijo. Y esta mujer mexicana tendría razón si nos
atuviéramos a la información que publica el grueso de los diarios locales,
presentando una visión xenófoba en la que delitos como robos, asesinatos y
violaciones se habrían incrementado con la llegada de los migrantes. Esta
versión proviene de los discursos de la autoridad, la única fuente que los
medios locales usan para su trabajo periodístico. Sin embargo, las cifras
oficiales de delitos que fueron publicadas por Elena Reina (El País,
19-IV-19) señalan que la violencia en Tapachula no ha aumentado, si se
compara el período que va de octubre de 2018 a febrero de 2019 con el mismo
período del año anterior. 

 

La ciudad es la sede de la principal oficina migratoria del sur, así como
punto de atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que
desde el “apriete” represivo de 2014 a la ruta de La Bestia multiplicó la
cantidad de gente que debe permanecer en Tapachula, un lugar que antes era
sólo de paso. Según datos publicados por Mathieu Tourliere en la revista
Proceso del 7 de abril, la Comar tiene un rezago de 33.650 solicitudes de
asilo pendientes en México, además de otras 12.716 que recibió durante los
tres primeros meses de 2019. 

 

Para que el trámite ante la Comar no cayera, los interesados debían firmar
una vez por semana en las oficinas que esta comparte en Tapachula con la
“migra” (una de las cuatro en el país, la única en Chiapas); pero, como sus
instalaciones fueron cerradas el 5 de abril (tras las protestas de siete
comunidades distintas que están varadas aquí y que exigen documentos para
avanzar de manera segura al norte), ahora los solicitantes de asilo deben
viajar cada semana hasta la aduana de Ciudad Hidalgo, a 40 quilómetros y 35
pesos (dos dólares) de distancia en transporte público, para rubricar su
interés de obtener asilo en México. Una familia de salvadoreños, de la que
el papá es el único hombre que no fue asesinado en su país de origen, dijo a
Brecha que ellos consiguieron iniciar su solicitud tras esperar dos meses
por su turno para iniciar el trámite, y ahora firman cada semana. Saben de
casos de otras familias que llevan más de 28 semanas firmando regularmente
sin obtener avances en el trámite.

 

Lo preocupante para el gobierno de AMLO es que su cifra de detenciones
(12.770 personas en marzo) es ligeramente superior a las realizadas durante
el mismo mes del año pasado por Enrique Peña Nieto, cuando recibió la
primera de las caravanas migrantes. De las 16 mil personas detenidas en
enero y febrero de 2019, más de 13 mil fueron deportadas, entre ellas 2 mil
niños menores de 11 años. La política de detener y deportar no ha cambiado
esencialmente. Las personas detenidas son recluidas en la estación
migratoria Siglo XXI, que está rebasada en su capacidad y mantiene a la
gente en condiciones de hacinamiento. Así lo denuncian también los haitianos
que protestan en las puertas de la estación, la mayor cárcel para migrantes
en México. 

 

Una mujer de unos 25 años espera que su nombre salga en la lista. A su lado,
decenas de personas se agolpan contra las rejas de la Siglo XXI mientras
aguardan lo mismo. La mayoría son haitianos como ella, que llevan algunos
años fuera de su país, instalados en Chile o en Brasil. La mujer está con su
hija, que nació en Brasil. A la nena le habla en portugués, a los demás
manifestantes en francés o creole, y a Brecha, en español. La sensación de
desconfianza es palpable en esos y en otros idiomas. Hay un grupo grande de
asiáticos, mayormente ciudadanos provenientes de India, Nepal, Bangladesh y
Pakistán. Estos y aquellos transitaron una ruta que comenzó en Ecuador, pasó
por Colombia, los obligó a caminar entre cinco y siete días por la selva
centroamericana y, tras cruzar Panamá –el otro nudo migratorio del
continente–, los depositó sin más en Costa Rica, donde el Estado les dio
papeles. De ahí viajaron por tierra cruzando Nicaragua, Honduras y
Guatemala, para ahora estar varados en México, donde las autoridades les
niegan o retacean un “oficio de salida” que les permita circular libremente,
como cualquier otro ciudadano del mundo.

 

Atania, una de las manifestantes que conversaron con Brecha, denunció un
trato discriminatorio contra los haitianos, ya que ninguno de los que se han
entregado a la autoridad migratoria ha recibido papeles. Todos han sido
deportados. En la noche del 25 de abril, unas 600 personas “se amotinaron”
–según el relato de la autoridad– y escaparon de la Siglo XXI, que albergaba
entonces a 1.745 personas, casi el doble de su capacidad. Otras 12 lo
hicieron el domingo 28, de una cárcel migratoria más pequeña, en Comitán. 

 

Inseguros 

 

Tras el revés que la llegada de esta nueva caravana significó para el
gobierno, un número importante de organizaciones civiles que trabajan el
tema en México denunció el 26 de abril la continuidad de una política de
“control, gestión y administración de los flujos migratorios” que ha
vinculado la migración con un tema de “seguridad nacional, que favorece la
persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de
protección institucional. Lamentamos que este enfoque se haya incorporado
dentro de la estrategia de seguridad pública. Exigimos que se retire la
catalogación de los ‘flujos migratorios descontrolados’ como la primera
amenaza y riesgo a la seguridad nacional”. Las organizaciones alertaron
sobre la posibilidad de que esa clasificación justifique “actos de autoridad
que pueden llegar a constituir graves violaciones a los derechos humanos,
como tortura y desaparición forzada”. Que todos estos miles de personas
dejaran de ser clandestinas sería tan fácil como levantar la restricción de
la visa y que tuvieran que pasar por la aduana como cualquier otro
extranjero. No habría así peligro de que entrara gente con antecedentes
penales, uno de los grandes mitos no comprobados que usan las autoridades
para promover la represión contra la gente autoorganizada para el tránsito.
Sabrían así exactamente quién entra y la gente podría tomarse un autobús
como cualquier turista. Eso, claro, acabaría con el millonario negocio del
tráfico. Ruben Figueroa, uno de los expertos en la ruta migrante, no duda en
señalar siempre que existe un “cártel migratorio” que extorsiona y usa el
traslado irregular de gente para su beneficio. Esas son las otras rutas,
dice, que la autoridad no ha tocado, porque todo el ojo mediático está sobre
la caravana de desarropados que no traen nada y creen, firmemente, que son
parte de una predicción divina que los ha llamado a moverse, aunque así
alimenten la trama oscura de la precariedad laboral y el desarraigo.

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