Paraguay/ Radiografía de un gobierno de derecha [Magdalena López]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de mayo 2019

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Paraguay

 

Radiografía de un gobierno de derecha 

 

En menos de un año, Mario Abdo ha mostrado cómo gobierna la derecha
paraguaya. Con un discurso tradicionalista, se ha lanzado contra la agenda
de género, ha aplicado políticas económicas ortodoxas y ha desatendido
reclamos populares. Mientras tanto, al movimiento campesino, considerado
como la espina dorsal de la resistencia social paraguaya, se le ha sumado un
nuevo elemento de lucha: los jóvenes que han tomado la dirección de
poderosas manifestaciones sociales.

 

Magdalena López *

Nueva Sociedad, mayo 2019

http://nuso.org/articulo/

 

Mario Abdo Benítez es el presidente de Paraguay desde el 15 de agosto de
2018, luego de un paso de mando caracterizado por un enfrentamiento muy
fuerte entre la facción saliente y la entrante del Partido Colorado
(Asociación Nacional Republicana, ANR). Abdo se impuso por menos de 4% de
los votos sobre la Alianza Ganar -coalición del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA) con el Frente Guasu (FG) y otros partidos minoritarios y
progresistas- que no pudo revertir la permanencia presidencial del
coloradismo.

 

La ANR obtuvo la mayoría de bancas en ambas Cámaras, mientras que el PLRA lo
secundó. En el Senado, la tercera fuerza instalada es el FG, partido cuya
figura central es el ex-obispo Fernando Lugo Méndez, único ex-presidente
habilitado para tener una banca activa pues fue destituido por impeachment,
y por lo tanto constitucionalmente eximido de ocupar la bancada vitalicia,
sin voto ni quorum, destinada a los ex presidentes.

 

Las gobernaciones, constituidas en las mismas elecciones generales, quedaron
mayoritariamente en manos coloradas.

 

La presidencia del hijo del secretario privado de Stroessner

 

Tras las difusas promesas de campaña y el escaso detalle de las propuestas
electorales de Abdo Benítez, el devenir de su gobierno fue difícil de
imaginar. Lo más relevante de este primer año de gobierno han sido las
consecuencias más o menos explícitas de la pelea entre la facción abdista
(Colorado Añetete) y la cartista (Honor Colorado) que responde al
ex-presidente Horacio Cartes.

 

El nuevo mandatario, colorado de paladar negro, proviene de una familia que
ascendió en el partido en el contexto de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Su relación con los movimientos y partidos más progresistas está manchada
por las acusaciones de fraude y alteración de votos que surgieron durante
las elecciones generales de 2018 y que aún no han sido completamente
saldadas. Además, las declaraciones presidenciales sobre la agenda de género
y los derechos de las mujeres, así como las decisiones tomadas en materia
económica y de relaciones internacionales (especialmente a la postura tomada
por Paraguay sobre la problemática venezolana) lo han distanciado aún más.

 

Reproduciendo un discurso fuertemente tradicionalista, con constantes
referencias a la liturgia colorada, Abdo pudo aglutinar a diferentes líderes
del partido y, desde esta articulación, enfrentar el problema de gobernar
con la ANR dividida y con las bancadas coloradas separadas, teniendo la
mayoría del Senado su contrincante interno.

 

El fracaso del abrazo republicano (práctica tradicional de la ANR, que
plasma la unión de los candidatos que perdieron la interna, detrás del
ganador) ha sido un constante elemento de enfrentamiento y negociación,
sobre todo, dentro del Congreso.

 

El vaticinado problema de la gobernabilidad, derivado de esto, ha sido
relativamente controlado por el período de bonanza económica que atraviesa
el país, sobre la base de una muy baja carga impositiva a la producción
ganadera y agrícola, del endeudamiento estratégico creciente aún controlado
y de inflación contenida, con la consecuencia de un nivel de desarrollo
humano y de inversión en bienestar social muy bajos. Según el informe del
Banco Mundial para Paraguay, el país atraviesa un período de crecimiento muy
próspero pero sólo será socialmente significativo cuando se convierta en un
modelo inclusivo y sustentable.

 

El Paraguay de las oportunidades económicas se sostiene sobre la división y
la expulsión social, cuyo problema se percibe tanto en el mercado laboral,
con una proliferación de trabajo informal, como en el acceso a salud, con un
sistema público muy desfinanciado. Esto se ve complejizado por un sistema de
retiro y jubilación de muy baja cobertura y una pobreza que hace alrededor
de 4 años se mantiene estancada.

 

El informe de Pobreza Monetaria (2019) visibilizó que a pesar del
crecimiento sostenido de Paraguay, aún existe un 4,8% de pobreza extrema,
llegando al 10% en zonas rurales.La pobreza total alcanza a un 24,2% de la
población (en el área rural es de 34,6% y en la urbana 17,8%).

 

Nuevas y viejas demandas sociales que confluyen

 

El movimiento campesino, espina dorsal de la resistencia social paraguaya,
volvió en marzo a realizar su marcha a Asunción, denunciando la persecución,
la expulsión rural y la hiperconcentración de la tierra, exigiendo la
reforma agraria integral. El modelo productivo paraguayo no contempla la
pequeña escala como unidad productiva prioritaria, por lo que el proyecto de
gobierno actual no es compatible con los reclamos de la Federación Nacional
Campesina (FNC). Sin embargo, tampoco lo ha sido con gestiones anteriores,
de hecho, la FNC retiró su apoyo incluso al gobierno de Lugo.

 

Por otra parte, desde 2017, irrumpió un nuevo repertorio de manifestaciones,
más asociadas a demandas ciudadanas de transparencia.

 

La contracara del proceso de distanciamiento de las facciones coloradas, fue
el destape de un conjunto de redes de corrupción y prebendarismo que
atravesó centralmente los poderes del Estado y alteró el pacto de protección
interno del Congreso.

 

Las denuncias que en otro momento podrían haber sido silenciadas por
acuerdos de pares, expusieron a diputados, senadores, intendentes y miembros
de otros organismos públicos. Esto generó una reacción popular que adquirió
cierta organización y que llevó adelante un rally anticorrupción, siguiendo
a los acusados en sus domicilios, escrachándolos en lugares estratégicos.

 

Al igual que la masiva movilización popular de marzo de 2017 en contra de
las maniobras de reelección presidencial, los movimientos anticorrupción, no
multitudinarios pero sí persistentes, lograron tanto remociones como
renuncias de varios funcionarios con causas confirmadas de enriquecimiento y
malversación.

 

Es interesante ver cómo las élites políticas se dejan permear por estas
manifestaciones, retoman sus demandas o incluso las interpretan como un
elemento que marca nuevos límites. Por ejemplo, al debatir en el Senado la
destitución del Contralor General de la República Enrique García, por
documentación falsa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, algunos
senadores, como el colorado Galaverna, sostuvieron que si la ley no se
aprobaba, no podrían contener las protestas populares: «Si hoy no
destituimos a García vamos a cargarle tanque lleno de combustible a los que
mañana quieran violentar la manifestación».

 

El reclamo por la remoción de estos funcionarios se articuló con una demanda
anterior por la eliminación de las listas sábanas. Esta asociación surgió
sobre todo tras el retorno a la Cámara del Senador del previamente
destituido González Daher, quien entró nuevamente por integrar la lista del
ex presidente Horacio Cartes. Daher debió finalmente renunciar a su nueva
bancada por la presión popular.

 

Esto reactivó a las agrupaciones que luchaban por el desbloqueo de listas.

 

Un elemento interesante de este fenómeno es la aparición de nuevos líderes
jóvenes encabezando estas manifestaciones y la revitalización de partidos no
tradicionales. Un ejemplo de esto es el del nuevo intendente de Ciudad del
Este, elegido en mayo de 2019, que fue concejal por un partido minoritario,
con un fuerte discurso anticorrupción.

 

La presión popular en torno al desbloqueo de listas llevó a una maratón
legislativa de ambas Cámaras en consecutivo, para debatir tres propuestas,
aprobando una de ellas, en medio de discursos confusos que mezclaban
desbloqueo con apertura de listas, al tiempo que buscaban acompañar esto con
la incorporación de urnas electrónicas.

 

En la misma línea del discurso de Galaverna, en el debate dentro de la
Cámara de Diputados, el colorado Luis Latorre expresó: «la gente que está en
la plaza, los que nos está siguiendo en las redes sociales y televisión
ameritan que votemos a favor», dando a entender que la sanción de leyes es
linealmente una expresión de la voluntad popular, afirmación con gran efecto
popular pero carente de realidad descriptiva, pues la normativa se ve
atravesada por clivajes mucho más complejos que eso.

 

Estos procesos abren el interrogante respecto a la representación y a la
idea de que la sociedad civil organizada puede modificar decisiones de la
élite de gobierno, hipótesis parcialmente corroborada por los casos en los
que, presión popular mediante, se logró remover de sus cargos a funcionarios
con causas comprobadas de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

 

El contexto de derechización del discurso político, la insistencia de los
argumentos en contra de la diversidad sexual y las mujeres y la política
internacional antiregionalista, posicionan a Abdo a las antípodas del
progresismo, como un presidente conservador que dirige un país con
crecimiento económico ininterrumpido por 15 años y que se enfrenta a una
sociedad que está aprendiendo nuevas formas de protesta, para complementar
aquellas ya arraigadas en sus prácticas de resistencia. 

 

* Magdalena López es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia
Política por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.

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