América Latina/ La militarización de la seguridad y la política [Denisse Legrand]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de noviembre 2019

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redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net> 

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América Latina

 

La militarización de la seguridad y la política 

 

Expertos de distintos países alertan sobre los riesgos de este fenómeno en
la región.

 

Denisse Legrand *

La Diaria, 16-11-2019

https://ladiaria.com.uy/

 

América Latina está atravesada por la discusión sobre la militarización de
la seguridad y de la política. Diversos países han militarizado –sin éxito–
la seguridad interna, y militares activos y retirados se han incorporado de
manera visible a la política.

 

Esta realidad permea a la política uruguaya. Hubo un intento de militarizar
la seguridad interna, la reforma Vivir sin Miedo, que fue rechazado por la
ciudadanía en la votación del 27 de octubre. Pero las elecciones nacionales
de ese día trajeron consigo otra novedad: la llegada al Parlamento de un
partido de génesis militar, Cabildo Abierto. Fundado por Guido Manini Ríos,
el ex comandante en jefe del Ejército Nacional, esa organización política
obtuvo tres senadores y 11 diputados. Sus ideas no sorprenden: hablan de
volver a un cierto “orden”, que no aclaran bien cuál es, y quieren derogar
parcialmente la agenda de derechos. (1) 

 

La incorporación de militares en la política ha generado alerta en el
continente. En Colombia, la fundación Friedrich-Ebert organizó el Primer
Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, que nucleó a expertas y
expertos en la materia de todo el mundo. “La militarización de la seguridad
y el regreso de los militares a la política” fue uno de los ejes centrales
de la conferencia.

 

Brasil, México, Nicaragua y Colombia fueron las geografías que estuvieron
sobre la mesa para demostrar lo fallidas que fueron estas políticas y las
consecuencias letales que traen consigo. Al respecto debatieron Ignacio
Cano, referente en estudios sobre violencia letal, prevención de la
violencia y seguridad; Elvira Cuadra, investigadora nicaragüense experta en
seguridad pública; Lisa Sánchez, mexicana, especialista en políticas
públicas, seguridad ciudadana y control internacional de drogas; Antonio
Ramalho, brasileño cuya área de investigación es la seguridad internacional
y la defensa; y Ariel Ávila, colombiano, especializado en conflictos armados
y mercados de criminalidad.

 

Para Ignacio Cano “la inclusión de militares en la toma de decisión tiene
que ver con la construcción de una Justicia alternativa, con un
acuartelamiento de la seguridad y de la política”. El experto en letalidad
explica que hay una diferencia sustancial respecto del proceso que vivió
América Latina en los años 70, cuando los militares se impusieron y
quebraron los estados de derecho: “En el siglo XXI son los gobiernos civiles
los que llaman a los militares, en el marco de gobiernos democráticos”.

 

El ingreso de los militares a la política ha tenido un proceso similar en
los países latinoamericanos. Se sucede en un marco de erosión de la
seguridad pública, en el que se confunde el rol de los ejércitos y se los
convoca para actuar en la seguridad interna, cuando ese no es su rol ni
tienen la formación para hacerlo. “Los procesos militares son progresivos,
reciben apoyo social de gran parte de la ciudadanía y así se instalan”.

 

La justificación del nuevo papel de los ejércitos tiene otros componentes:
se dice que la criminalidad supera a la Policía y que “para ir contra
ciertas cosas, como el crimen organizado, hay que mandar a los militares”.
El crimen organizado inserto en el territorio “justifica esta intervención”.
También se toma como excusa que faltan policías y que, “ya que los militares
tienen tiempo ocioso, pueden cubrir esas tareas”.

 

Para Cano también hay una cuota moral. Se tiende a creer que “los militares
son menos corruptos y más confiables que la Policía”, afirma. El único país
de América Latina que confía más en los policías que en los militares es
Uruguay. Esto representa claramente “la subordinación de la Policía”.

 

América Latina está atravesada por la discusión sobre la militarización de
la seguridad y de la política. Diversos países han militarizado –sin éxito–
la seguridad interna, y militares activos y retirados se han incorporado de
manera visible a la política.

 

Esta realidad permea a la política uruguaya. Hubo un intento de militarizar
la seguridad interna, la reforma Vivir sin Miedo, que fue rechazado por la
ciudadanía en la votación del 27 de octubre. Pero las elecciones nacionales
de ese día trajeron consigo otra novedad: la llegada al Parlamento de un
partido de génesis militar, Cabildo Abierto. Fundado por Guido Manini Ríos,
el ex comandante en jefe del Ejército Nacional, esa organización política
obtuvo tres senadores y 11 diputados. Sus ideas no sorprenden: hablan de
volver a un cierto “orden”, que no aclaran bien cuál es, y quieren derogar
parcialmente la agenda de derechos.

 

La incorporación de militares en la política ha generado alerta en el
continente. En Colombia, la fundación Friedrich-Ebert organizó el Primer
Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, que nucleó a expertas y
expertos en la materia de todo el mundo. “La militarización de la seguridad
y el regreso de los militares a la política” fue uno de los ejes centrales
de la conferencia.

 

Brasil, México, Nicaragua y Colombia fueron las geografías que estuvieron
sobre la mesa para demostrar lo fallidas que fueron estas políticas y las
consecuencias letales que traen consigo. Al respecto debatieron Ignacio
Cano, referente en estudios sobre violencia letal, prevención de la
violencia y seguridad; Elvira Cuadra, investigadora nicaragüense experta en
seguridad pública; Lisa Sánchez, mexicana, especialista en políticas
públicas, seguridad ciudadana y control internacional de drogas; Antonio
Ramalho, brasileño cuya área de investigación es la seguridad internacional
y la defensa; y Ariel Ávila, colombiano, especializado en conflictos armados
y mercados de criminalidad.

 

Para Ignacio Cano “la inclusión de militares en la toma de decisión tiene
que ver con la construcción de una Justicia alternativa, con un
acuartelamiento de la seguridad y de la política”. El experto en letalidad
explica que hay una diferencia sustancial respecto del proceso que vivió
América Latina en los años 70, cuando los militares se impusieron y
quebraron los estados de derecho: “En el siglo XXI son los gobiernos civiles
los que llaman a los militares, en el marco de gobiernos democráticos”.

 

El ingreso de los militares a la política ha tenido un proceso similar en
los países latinoamericanos. Se sucede en un marco de erosión de la
seguridad pública, en el que se confunde el rol de los ejércitos y se los
convoca para actuar en la seguridad interna, cuando ese no es su rol ni
tienen la formación para hacerlo. “Los procesos militares son progresivos,
reciben apoyo social de gran parte de la ciudadanía y así se instalan”.

 

La justificación del nuevo papel de los ejércitos tiene otros componentes:
se dice que la criminalidad supera a la Policía y que “para ir contra
ciertas cosas, como el crimen organizado, hay que mandar a los militares”.
El crimen organizado inserto en el territorio “justifica esta intervención”.
También se toma como excusa que faltan policías y que, “ya que los militares
tienen tiempo ocioso, pueden cubrir esas tareas”.

 

Para Cano también hay una cuota moral. Se tiende a creer que “los militares
son menos corruptos y más confiables que la Policía”, afirma. El único país
de América Latina que confía más en los policías que en los militares es
Uruguay. Esto representa claramente “la subordinación de la Policía”.

 

Con la participación militar en funciones de seguridad pública los niveles
de violencia aumentan ineludiblemente, porque los militares “se basan en una
doctrina en la que los símbolos [...] generan violencia de hecho”. Si bien
Cano manifiesta que todo esto no es nuevo, señala que “estamos atravesando
un proceso de agudización de lo militar”.

 

Cano es español, pero vive desde hace más de 20 años en Brasil y ha
investigado el caso de México. En ambos países se ha militarizado la
seguridad interna. “La consecuencia fue el aumento de la letalidad”, dice.
Los procesos fueron similares: primero se habilitó la incorporación de
militares a las tareas de seguridad pública y luego se buscó convalidar ese
papel que desempeñaban mediante leyes que lo avalen y que flexibilicen su
accionar, disminuyendo así las garantías.

 

De acuerdo con Cano, la incorporación de militares a la seguridad pública no
resuelve los problemas en el área, y eso es algo que está harto demostrado.
Cuestiona entonces: “Si sabemos que no resuelve el problema, ¿por qué los
seguimos llamando? Esto no se da sólo por un motivo instrumental que
implique resolver el problema. Hay otros objetivos en eso”.

 

Sin marcha atrás

 

Para pensar en política criminal hay que considerar que “la violencia
siempre derrama”. “Cuando la gente pide que se mate a criminales, se está
poniendo en riesgo a sí misma, porque es consciente de que no se puede
distinguir entre buenos y malos para usar la fuerza, y que realmente piensa
eso está confirmado por varios estudios”, afirma Cano. La gente también es
consciente de que el problema no va a ser resuelto, “lo que nos lleva a una
situación más complicada a la hora de pensar alternativas”.

 

Otra obturación de la discusión está dada cuando en política criminal el
crimen organizado se reduce al narcotráfico, y quedan así afuera todas las
otras redes delictivas, en particular “los delitos de los poderosos”,
afirma. “Cuando se habla de crimen organizado se persigue a quienes cometen
delitos visibles de drogas, pero no se toman en cuenta las redes de crimen
organizado que tienen que ver con empresarios, grandes estafas y otros
delitos empresariales asociados a las economías ilegales”, explica Cano.

 

Para el experto, una vez que se introduce la figura militar en la seguridad
“no hay vuelta atrás posible”. “La presencia militar tiene una fuerte
inercia y permanencia. La supuesta crisis que les dio lugar nunca
desaparece, y por eso los militares nunca se van”. Para el experto, “es la
profecía que se cumple a sí misma”. “Entran los militares, debilitan a la
Policía y luego esta fuerza pierde valor”, afirma Cano.

 

Otra problemática que representa la incorporación de militares en la
seguridad tiene que ver con la Justicia. “Las leyes militares son opacas, y
[los militares] no están obligados a aportar información a la Justicia
ordinaria. Los ejércitos exigen ser juzgados por la Justicia militar y no
quieren ser juzgados por los principios de seguridad pública. La
consecuencia de esto es que en muchos países cuando entran los militares en
acción se ven severas violaciones a los derechos humanos y no se pueden
juzgar”.

 

Además, Cano señala otro problema en el accionar militar: en este siglo las
políticas de seguridad tienden a la inteligencia y no al uso de la fuerza,
pero “los militares no hacen investigación, sino que usan la violencia”;
“los mandan a disparar, no a investigar”.

 

La cuestión económica y la discusión sobre presupuesto público también
parecen ir en una sola dirección una vez que se decide incorporar militares
a la seguridad pública. “Hay un aumento de los presupuestos militares, y eso
genera un sostenimiento de esa tarea para no perder el presupuesto. A nivel
institucional y personal, ¿qué militar que gane más por patrullar las calles
va a querer volver al cuartel? Por todo esto, es un proceso irreversible”.

 

De acuerdo con el experto, hay dos claves para asumir profesionalmente el
problema de la seguridad: invertir en la Policía y regular los mercados de
drogas. “Si queremos que las policías cambien, hay que invertir en ellas”.
Ejemplifica diciendo que en los países anglosajones es una profesión de alto
valor, mientras que en América Latina “nadie quiere que sus hijos sean
policías”. Por eso, “hay que multiplicar los salarios, hay que exigir
titulación universitaria, tenemos que tener policías a los que respetemos y
en los que confiemos para que no sean profesionales sustituibles”. Mantener
las sustancias psicoactivas en la ilegalidad es un riesgo de salud y de
seguridad, y es la excusa para habilitar acciones que ponen en riesgo la
estabilidad. “Uno de los motores de la militarización es justamente la
guerra contra las drogas, que no sirve, que genera violencia y que ya está
confirmado que nunca va a cambiar las cosas”.

 

La incorporación a la política y la búsqueda de marcos jurídicos

 

Nicaragua atraviesa altos niveles de conflictividad. Elvira Cuadra, que ha
enfocado su carrera de socióloga en la investigación de fenómenos asociados
a la seguridad pública, explica que en Centroamérica “las relaciones entre
civiles y militares en temas de seguridad son muy fuertes” y que “no se
pueden pensar las dinámicas y los hechos actuales si no se piensan los
procesos políticos que ha seguido la región”.

 

Para Cuadra, “la participación de militares tanto en seguridad como en
política ha sido una dinámica de ida y vuelta muy cercana”. Señala que “los
militares nunca salieron del ámbito político” y “tienen un peso muy
importante en las decisiones sobre seguridad”. Si bien “hubo épocas en que
su protagonismo público ha sido menos evidente, la realidad es que han
estado siempre”.

 

Explica que para desplazar la incidencia militar en América Latina
comenzaron a resurgir las fuerzas policiales, que se redimensionaron, así
como el número de efectivos y los presupuestos. Al mismo tiempo hubo un
giro, que vino de la mano de un mayor protagonismo político asociado a lo
militar: “Figuras de los ejércitos, oficiales de alto grado casi en
condición de retiro que pasaron a participar en política e impusieron sus
ideas”.

 

La experta explica que “los militares pasaron a ser el eje de la estrategia
de seguridad interna”. “La excusa fue la lucha contra el narcotráfico. La
Policía intentó hacer un giro hacia el relacionamiento con la comunidad,
pero se generó inmediatamente una remilitarización de la seguridad”, afirma,
y agrega que “todos estos giros sólo han aportado complejidad a la seguridad
en la región”.

 

Lisa Sánchez dirige la organización México Unido contra la Delincuencia y
cuestiona el modelo de seguridad de su país, que está fuertemente asociado a
la militarización con un “fallido enfoque antidrogas”. El ex presidente
Felipe Calderón comenzó un “combate frontal del Ejército contra el crimen
organizado”. Durante su gobierno, “se sacó el Ejército a la calle y se
empezó a usar para la persecución de los crímenes de drogas y de los delitos
comunes”. Sánchez explica que ese mandato se fue ampliando, sin que hubiera
un marco legal para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. “Por la
constitución mexicana, la seguridad es materia de civiles y policías”, y los
militares han querido impulsar cambios en la constitución para poder tener
un marco normativo que los avale.

 

La Guardia Nacional “es un problema para México”, afirma, y agrega que “hay
una condición de inevitabilidad de los militares en la función pública, no
se sabe si esto fue consecuencia del debilitamiento que tuvo la función
policial”.

 

Para Sánchez, “lo militar generó un aumento de la violencia de los grupos de
crimen organizado, dificultando cualquier tipo de reducción de la
violencia”. La experta agrega: “Si queremos mejor seguridad tenemos que
sacar a los militares de las calles; una seguridad sostenible tiene que no
hacer uso de los militares”.

 

En México, los militares “están involucrados con violaciones de derechos
humanos, y ahora, con marco jurídico, pasan a ser protagonistas de la
política”. En este sentido, explica Sánchez, “los militares se saltan las
normas y establecen su propio subsistema”, lo que dificulta toda incidencia
posible para contener su accionar.

 

En este contexto, en México se subestima el delito común. “Está
sobredimensionada la narrativa del crimen organizado y no se consideran los
delitos comunes”, afirma Sánchez. Esto trae consecuencias directas en la
seguridad pública: “Los delitos del crimen común se han visto empeorados
porque se ha debilitado a la Policía y se ha enfocado la seguridad en el rol
de los militares pensando sólo en el crimen organizado”.

 

Cambio de doctrina

 

De acuerdo con el brasileño Antonio Ramalho, que tiene experiencia en el
análisis del vínculo entre la seguridad y la defensa nacional, “los
militares siempre estuvieron en la política, no es que estén regresando. Han
estado como un espectro, como una amenaza”. Los militares han servido en el
ámbito político “para intentar recuperar la imagen de los gobiernos, con una
idea que se basa en el combate al enemigo interno”, en este caso, las
personas que cometen delitos. Afirma que lo que se ha construido es “una
lucha urbana”.

 

“Es muy difícil desmovilizar las doctrinas de persecución de los enemigos
internos, pero es muy fácil cambiar el enemigo interno”, afirma, y
ejemplifica: “Antes los enemigos eran los comunistas, ahora son las personas
que cometen delitos”.

 

En su opinión, “el fracaso de las instituciones democráticas, sobre todo del
Parlamento, es lo que genera el aumento militar”. Así se habilita el espacio
para que “los militares sean una opción para la construcción de sentido”. De
acuerdo con Ramalho, “las crisis que vivimos son crisis de los sistemas
representativos, nuestras instituciones democráticas no están dando
respuestas a las demandas de la sociedad”. Por eso, concluye que “no es
casualidad que los plebiscitos asociados a la seguridad sean tan apoyados”.

 

Ramalho explica que “la legitimidad no se genera sólo con el procedimiento,
sino con la capacidad de dar respuestas inmediatas, porque la gente no
quiere esperar los tiempos necesarios” para recibirlas “y los políticos
exageran al hacer promesas” al respecto. En este escenario “los militares
emergen como una solución, cuando no hay otra forma de dar respuesta”.
Emergen “porque son nacionalistas y tienen capacidad de comunicar”. Además,
ponen “en jaque a las instituciones” y reivindican un modelo moral y de
familia. “Es un retroceso brutal del nivel de tolerancia y aceptación de la
diversidad en las sociedades”, dice el experto, y agrega que la base para
que los militares aparezcan como posible solución es “que parecen
disciplinados”.

 

“Es muy difícil desmovilizar las doctrinas de persecución de los enemigos
internos, pero es muy fácil cambiar el enemigo interno”, afirma el brasileño
Antonio Ramalho, investigador en seguridad internacional y defensa, y
ejemplifica: “Antes los enemigos eran los comunistas, ahora son las personas
que cometen delitos”.

 

Parte de los desafíos que tienen los ejércitos es superar la nostalgia y
adaptarse a los conflictos actuales. “Los militares tienen que cambiar su
doctrina para comprender los aparatos del futuro, que tienen que ver con
otras formas de generar violencia transnacional. La mayoría de los jefes
militares quieren recursos para prepararse para formas de conflicto que ya
no existen”, afirma el experto brasileño.

 

Finalmente, Ramalho considera necesario comprender los fenómenos delictivos
actuales y el rol del crimen organizado en el trazado de estrategias para la
seguridad. “Los homicidios que llegan al conocimiento oficial del Estado en
Brasil se han reducido por un acuerdo criminal entre el Primer Comando
Capital, conocido como PCC, y otras bandas criminales”. Para el experto,
“sólo por eso se redujeron un tercio los homicidios”, y es necesario
comprender que los actores que forman parte de las cadenas de violencia son
parte de la estrategia, de una u otra manera.

 

Desmilitarizar

 

Ariel Ávila ejemplifica el proceso de revertir la militarización con el caso
colombiano. Parte de la sociedad y de la institucionalidad política
colombiana han iniciado un proceso de desmilitarizar la seguridad. Esto
implica que los militares empiecen a buscar otros lugares en los que cumplir
sus funciones y una intención de que la Policía se revincule con la
comunidad.

 

Pero “hay una resistencia al cambio”. De acuerdo con Ávila, “hay órdenes y
esfuerzos del sector político que se resisten. La resistencia es
fundamentalmente militar y de retirados militares”. También existe una
disputa muy fuerte entre la Policía y los sectores militares. “La Policía
quiere cambiar y los militares no quieren que la Policía cambie”. Las
resistencias a un régimen que saque a los militares del centro de la escena
generan dificultades en la seguridad pública, que, “como en todos lados,
parece una emergencia dramática”.

 

De acuerdo con Ávila, “hay que reconocer que la emergencia está en la
expansión de las economías ilegales y en la complejización de la
organizaciones criminales que funcionan en redes y que ni la Policía ni los
militares saben combatir”. Al igual que otros expertos en el área, considera
que la estrategia debe apuntar a la inteligencia y la investigación. 

 

* Denisse Legrand, periodista uruguaya, coordinadora del programa
socioeducativo en cárceles Nada Crece A La Sombra.

 

Nota  

 

1) Ver artículos en Correspondencia de Prensa: 

https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/01/uruguay-vivir-sin-miedo-victo
ria-tensa-derrota-a-medias-venancio-acosta/ 

https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/01/uruguay-que-pais-es-este-nuev
as-fisuras-en-el-relato-progresista-rosario-tourino/ 

https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/08/uruguay-a-proposito-del-exito
-electoral-de-cabildo-abierto/ 

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