Estado español/ Tras las elecciones siguen las incógnitas [Manuel Gari]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de noviembre 2019

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Estado español

 

Tras las elecciones siguen las incógnitas 

 

Manuel Garí *

 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, tras conocer el
resultado de las elecciones para el Parlamento español del pasado 10 de
noviembre han anunciado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición,
al que no califican de izquierdas, sino “progresista”. Lo que no fue posible
tras los comicios de abril de 2019 tras varios meses de negociación, ha sido
de inmediato en 24 horas al conocer ambos su retroceso electoral y el hastío
de población con los “juegos de tronos” de los partidos en su búsqueda de
mayores cuotas de poder. En estos momentos y con un secretismo
antidemocrático, ambos partidos, que hace meses decían estar dispuestos a
realizar sus negociaciones ante las cámaras, están realizando tres tareas:
improvisar un programa de gobierno, acordar la estructura ministerial y los
nombres de los ministros, y buscar los apoyos parlamentarios suficientes
para lograr la investidura de Pedro Sánchez del PSOE como jefe del gobierno.
Atrás han quedado las acusaciones recientes y mutuas de incompatibilidad,
falta de honestidad, etc. Asuntos nada novedosos pues forman parte de la más
vieja, rancia y burguesa forma de hacer política cuando lo que guía a sus
protagonistas es única y exclusivamente lograr cuotas de poder
gubernamental.

Mal momento para formar un gobierno con el PSOE que acaba de conocer el
pasado miércoles la sentencia judicial contra muchos de sus máximos
dirigentes andaluces por uso indebido, opaco e incontrolado de 600 millones
de euros con fines clientelares. Mal momento para formar gobierno cuando se
acaba de anunciar por parte del Banco de España que de los más de 60.000
millones de euros de las arcas públicas dedicados al rescate bancario se han
recuperado 5.000 y se consideran irrecuperables entre el 80 y el 90% del
resto. La lucha contra la corrupción y por la recuperación del coste del
rescate bancario han sido dos de las banderas de la izquierda a la izquierda
del PSOE. 

 

Recordemos los antecedentes

 

Durante un largo periodo España ha vivido un tiempo de inestabilidad
política. El fin del bipartidismo en el que el PSOE y el Partido Popular
(PP) se turnaban en el gobierno, ha dado paso a un mapa político más
fragmentado y complejo. Ambos partidos han sido y son los pilares del
régimen del 78 , siguen siendo los más votados en el cómputo de todo el
territorio del Estado español, pero no logran actualmente las mayorías del
pasado. Junto al fortalecimiento de los partidos nacionalistas en Cataluña y
País Vasco, han aparecido nuevos partidos.  En la izquierda nacieron Podemos
y diversas alianzas en Galicia y Cataluña que representaban el espíritu del
15M.  En la derecha surgió Ciudadanos (Cs) impulsado por importantes
sectores empresariales y financieros como opción “liberal de centro” que
hiciera de contrapeso a Podemos y también surgió Vox, una escisión
ultraderechista del PP que progresivamente adquirió peso e importancia a
partir del resurgir del nacionalismo españolista anti catalanista. Estos
nuevos partidos, que reflejan la crisis de credibilidad y legitimidad de los
viejos partidos deslegitimados en ambos casos por la corrupción y por sus
políticas antisociales dictadas por la Comisión Europea (CE), han intentado
disputar la hegemonía en sus propios campos. Al no lograrlo, el viejo
bipartidismo ha sido sustituido por una nueva polarización entre dos
bloques, en torno al eje derecha-izquierda- de geometría variable.

 

Todo ello ha sido una consecuencia de la crisis del régimen político que se
manifestó en dos ámbitos y que puso sobre la mesa la necesidad de la
apertura de un nuevo proceso constituyente alternativo a la Constitución de
1978. En primer lugar, se expresó en la aparición del 15 M que puso en
cuestión el sistema de representación política y las políticas económicas y
sociales simbolizadas por la reforma del artículo 135 de la Constitución que
ordena dar prioridad al pago de la deuda en detrimento de la inversión y el
gasto social. En segundo lugar, en el cambio de orientación del nacionalismo
catalán que ha cambiado de una posición autonomista dentro del marco estatal
a una posición independentista y que ha logrado una importante, masiva y
persistente en el tiempo movilización popular.

 

La moción de censura parlamentaria contra Mariano Rajoy el 1 de junio de
2018 conllevó la caída del gobierno del PP y la investidura de Pedro Sánchez
del PSOE como presidente del Gobierno de España e inauguró un periodo de
provisionalidad gubernamental. No logró conformar un nuevo gobierno con Cs
tal como proponían la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) que representa a la gran patronal y las empresas cotizadas en Bolsa
que forman parte del selectivo índice Ibex 35. Tampoco llegó a acuerdos con
Podemos. El gobernante socialista también fracasó en su intento de aprobar
unos nuevos presupuestos y ha tenido que gobernar con los heredados del PP.
Ello provocó la convocatoria de elecciones generales al Parlamento en abril
de 2019 que tampoco lograron la formación de un gobierno con suficientes
apoyos y abocó a la convocatoria de las recientes elecciones del 10 de
noviembre de 2019.

 

Mientras los problemas económicos y sociales se acumulaban y los problemas
políticos, en torno a la cuestión nacional catalana y las libertades
públicas, se agravaban. El gobierno en funciones del PSOE solo ha hecho una
política de gestos y buenas palabras sin solventar los problemas de la
mayoría social. Y la única respuesta ante las demandas catalanas ha sido
echar mano del repertorio de ideas y métodos de la derecha negando la
existencia de un problema político con el Estado español intentando
reducirlo a una cuestión de orden público, judicial y de mera convivencia en
el seno de Cataluña. Se puede afirmar que el equipo de Sánchez ha
protagonizado un giro hacia la derecha tras la moción de censura y
posteriores avatares.

 

Esta interinidad del gobierno junto a la repetición forzada de nuevas
elecciones (debido a cálculos burocrático-partidistas) ha degradado aún más
el ambiente político e incrementado la desafección de amplios sectores de la
población respecto a los políticos, pero al contrario que en el momento del
15 M, esta vez, el hastío no se ha traducido en acciones de masas
impugnadoras con una orientación hacia la izquierda. Bien al contrario, una
de las características de los últimos meses ha sido la ausencia de
movilizaciones populares importantes en la mayor parte del Estado español
tanto en el plano de la lucha social y la sindical, como en el de las
propuestas políticas, si hacemos la excepción de la muy importante lucha por
la autodeterminación en Catalunya -sin correlato en otros territorios- y del
incipiente movimiento juvenil contra el cambio climático o las acciones
defensivas de protesta frente a las agresiones machistas. Mientras tanto, la
derecha comenzó a ocupar las calles y los partidos de la derecha jalearon a
las fuerzas policiales como nuevos actores políticos. Dentro de la derecha
se dieron mutaciones y se abrió una carrera entre Cs, el PP y Vox por
hegemonizar el sentimiento nacionalista centralista español, las salidas
autoritarias respecto a Cataluña y las salidas alternativas económicas
ultraliberales. Toda la agenda política española viró a la derecha. Y en ese
contexto se explica el rápido crecimiento electoral de Vox a costa del PP y
sobre todo de Cs que está en plena bancarrota ideológica, política y
electoral. 

 

Mientras tanto, Unidas Podemos (UP), la coalición de Izquierda Unida con
Podemos, ha renunciado a una parte sustantiva de sus planteamientos
programáticos y ha centrado sus esfuerzos en lograr entrar en el gobierno
como un fin en sí mismo. Para Pablo Iglesias la cuestión “para qué gobernar”
va perdiendo importancia pues el medio se convirtió en el fin. Y de la mano
de esta mutación, UP fue cambiando de naturaleza para convertirse en la mera
izquierda del régimen, abandonando cualquier horizonte destituyente /
constituyente, cualquier estrategia impugnadora, igualmente abandonó la
radicalidad en las exigencias sociales e incrementó las ambigüedades sobre
la cuestión nacional catalana ya que en su seno coexisten posiciones
nacionalistas españolas y soberanistas catalanas. Con esta evolución hemos
conocido el último acto que certifica el fin del ciclo político abierto por
el 15M.

 

Y como telón de fondo: todo el proceso del aparato judicial (y la represión
policial) contra el movimiento independentista catalán está suponiendo -como
denuncian ya expertos constitucionalistas y penalistas- una puesta en
cuestión antidemocrática de la ya de por si poco democrática Constitución
española. En Cataluña (y en el País Vasco) se ha degradado la legitimidad
del sistema político vigente, lo que supone un factor de primer orden en la
crisis del régimen del 78 y dificulta realizar una restauración del propio
sistema político.

 

El marco descrito es el que nos puede permitir comprender el debilitamiento
electoral del PSOE y de UP, pero también la derechización del marco
discursivo en el conjunto del Estado español que ha rentado importantes
beneficios para Vox en detrimento del PP que se encuentra entre la espada y
la pared, lo que de momento ha resuelto compitiendo en la carrera
antidemocrática.

 

Significado político del resultado electoral

 

El PSOE ha obtenido en noviembre el 28,8% de los votos y 120 escaños sobre
un total de 350, por lo que ha perdido 3 diputados respecto a los obtenidos
en abril y le han abandonado más 700.000 votantes. UP, la coalición de
Podemos con Izquierda Unida, ha perdido entre ambas elecciones más de
635.000 votos, obteniendo 35 escaños por lo que pierde 7 y no logra revertir
la tendencia de pérdida de votos en cada contienda electoral desde su
momento álgido en 2015 e incluso las que obtuvo en 2016, año en el perdió un
millón de votos. En noviembre de 2019 la pérdida no se ha compensado con los
resultados obtenidos por Más País, el pequeño partido impulsado por el ex
dirigente de Podemos Iñigo Errejón, que solo obtiene 2,41% de votos y 3
diputados. El PP ha obtenido el 20,82% de votos, recupera 23 diputados y
obtiene un total de 89. Cs sufre un descalabro pues no supera el 6,79% de
votos, obtiene 10 escaños y pierde 47. Vox logra el 15,09% de votos y sube
de 28 diputados a 52, por lo que es la tercera fuerza política. Y junto a
estos partidos entran otros 10 partidos en el parlamento cada vez más
fragmentado y que muestra una gran volatilidad de los votos entre la
participación y la abstención -que aumentó- y dentro de cada bloque con
cambios masivos de votos dentro del de derechas. Ello da un resultado que
sólo augura inestabilidad y grandes dificultades para la gobernabilidad en
medio de una escena muy polarizada en términos ideológicos en la que Vox
cuya normalización y crecimiento fue alentado por PP y Cs al darle carta de
partido honorable en la conformación de gobiernos autonómicos y municipales
y cuyos argumentos xenófobos, machistas y autoritarios la derecha no ha
querido combatir y la izquierda no ha logrado todavía contrarrestar.

 

Todo ello son también manifestaciones de que la crisis del régimen del 78 no
se ha cerrado, lo cual no significa que en el futuro la alternativa
triunfante sea democrática y hacia la izquierda porque esa crisis puede
tener una “solución” restauracionista que exigirá un aumento del
autoritarismo. Pese a las dificultades las espadas están en alto, nadie ha
dicho la última palabra. El futuro está en disputa, pero la correlación de
fuerzas en la sociedad deberá modificarse para poder avanzar en términos
rupturistas democráticos.

 

Pero estas elecciones, además de verificar el retroceso del PSOE que no
logra recuperar su papel del “gran partido de la izquierda” y el declive
electoral de UP que no retrocede más porque hay un sector popular amplio que
se resiste a volver a votar PSOE o a la abstención, también han puesto en
evidencia la diferencia del mapa electoral en el País Vasco y Cataluña
respecto al resto del Estado español. Podemos afirmar que hay una
especificidad vasca dónde se produce un avance importante del nacionalismo
tradicional del Partido Nacionalista Vasco (PNV) pero también del
independentismo de izquierdas de Bildu. Y también podemos afirmar que hay
una especificidad catalana con un avance, aunque limitado, del voto
independentista de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC en sus siglas en
catalán) y del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, pero sobre todo
dónde cabe destacar la aparición en la escena parlamentaria estatal con dos
escaños de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que es un agrupamiento
nacionalista anticapitalista. Los comportamientos electorales en Cataluña y
País Vasco son disonantes respectos a las tendencias en el resto del Estado
español. Y si bien la orientación política de masas no es la misma en esos
dos movimientos nacionales, su lógica en ambos casos es de impugnación del
régimen del 78.

 

De Vox lo importante en estos momentos es comprender que no es simplemente
un partido de nostálgicos del nacional catolicismo franquista, sino que se
ha inscrito muy rápidamente en la corriente internacional populista
trumpista (negacionista del cambio climático, machista, xenófoba,
patriotera, ultra neoliberal, que utilizan los mecanismos políticos a su
alcance para destruir precisamente las herramientas políticas democráticas…)
gracias a la ayuda financiera, comunicacional e ideológica masiva de Bannon.
Es un error pensar que son una reedición nostálgica del pasado,
desgraciadamente son las nuevas bestias del presente que aspiran a copar el
futuro.

 

El gobierno de coalición

 

De momento hay un anuncio de preacuerdo que deberá recorrer un largo camino
en búsqueda de apoyos para la investidura, diseñar un programa de gobierno
que, en caso de poder formarse, estará sometido a grandes presiones
parlamentarias, y en caso de formarse el gobierno este deberá sortear
tensiones y crisis que hoy solo podemos intuir. De momento ya conocemos los
límites a las políticas económicas anunciados Sánchez para calmar a la Unión
Europea y a los mercados cuando en plena campaña electoral anunció que la
vicepresidenta económica sería Nadia Calviño, pero también hemos conocido
los chantajes alarmistas de la patronal de la CEOE y por las advertencias
efectuadas el martes pasado por la Comisión Europea.  Bruselas después de
estudiar los planes remitidos por el gobierno de Sánchez para 2020, acota
los límites en los que deberán situarse los próximos Presupuestos Generales
del Estado pronostica un “riesgo de desviación significativa” respecto a las
reglas comunitarias, advierte del riesgo en caso de no respetar las reglas
de ajuste fiscal y si no se reduce la deuda pública, a la que deberá
dedicarse cualquier ingreso extra. Ese sería el caso si aumentan los
ingresos tributarios de la Hacienda Pública o hay nuevas medidas para
aumentar los ingresos para el fondo público de las pensiones de jubilación.

 

La obsesión del PSOE ha sido eliminar el peso de los partidos a su
izquierda. Para ello ha intentado varias tácticas: desde la marginación de
UP mediante un cordón sanitario para lograr la recuperación del grueso del
voto de izquierdas para Sánchez (cosa que no ha logrado) a la apuesta por
desgastarle mediante su normalización institucional con su entrada en un
gobierno atado de pies y manos. Esta es la fórmula que por necesidad ha
tenido que aplicar, de ahí la propuesta de formar gobierno de coalición que
tendrá ante sí “retos” como reprimir al movimiento independentista en
Catalunya o a los movimientos sociales en el resto del Estado, o la
aplicación de los recortes que la Unión Europea y el capital exijan. De esta
manera, lo más probable es que el campo a su izquierda quedará vacío por
cooptación para el aparato de estado. De confirmarse esta hipótesis,
significaría un grave retroceso para la izquierda.

 

El preacuerdo es una ambigua y genérica declaración de intenciones como: a)
la voluntad de “combatir la precariedad laboral”, pero obvia la derogación
de las dos últimas reformas laborales del PSOE y PP; b) apuesta por el
“blindaje de las pensiones” sin explicar la forma de conseguirlo; c)
proclama “la vivienda como derecho y no como mera mercancía” pero no hay
propuesta sobre los desahucios o la ley hipotecaria o los planes de vivienda
pública de alquiler; d) dice comprometerse en la “lucha contra el cambio
climático” a la vez que en el punto 1 del acuerdo se habla de “consolidar el
crecimiento”; e) de nuevo se reafirma en “políticas feministas” sin aportar
las pistas de las misma. Y hay silencios clamorosos sobre política
migratoria, el cierre de los centros de internamiento de emigrantes no
regularizados, la derogación de las “leyes mordaza” contra la libertad de
expresión y muy en concreto nada dice sobre proyecto del PSOE de control de
internet para acallar disidencias.

 

Pero sí que se pronuncia claramente en dos cuestiones centrales. En primer
lugar, respecto a Cataluña, ya que el texto en su punto 9 niega la
existencia de un conflicto político entre un amplio sector del pueblo con el
Estado y la Constitución, reduciendo la cuestión a un problema de
convivencia entre catalanes y que aboga por un diálogo en el interior de
Cataluña en el marco de la Constitución, la misma Constitución que impide el
derecho a la autodeterminación. Ello es la cuadratura del círculo, máxime
con un Senado que puede impedir cualquier reforma constitucional o decretar
de nuevo la aplicación del 155. En el punto 10 el preacuerdo es aún más
explícito e intenta otro desiderátum: lograr la justicia fiscal (sin
concretar que es la misma) y hacerla compatible con la disciplina
presupuestaria, a la que alude mediante una alambicada fórmula, fácil de
desnudar: lograr el “equilibrio presupuestario” (…). La evaluación y el
control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un estado del
bienestar sólido y duradero”, lo que significa la aceptación encubierta del
artículo 135 de la Constitución.

 

Tanto el PSOE como Podemos e Izquierda Unida han convocado a sus bases a
participar en una consulta con trampa, pues es un referéndum plebiscitario
sin debate y sin contemplar otras soluciones alternativas a la de formar un
gobierno de coalición.  Es la elección entre el gobierno de sin conocer el
contenido del acuerdo o la repetición de las elecciones, que nadie quiere y
que podrían suponer más abstención de izquierdas y avances de la derecha y
ultraderecha. Pablo Iglesias en una carta a los inscritos ya anuncia que
habrá que renunciar a objetivos, que, por cierto, eran irrenunciables hasta
el día anterior. Demasiados vacíos e interrogantes como para confiar en ese
hipotético gobierno con hegemonía social liberal. Este es un gobierno que
viene de una derrota, la de la herencia del 15 M, y que nos recuerda en otro
contexto y momento, las concesiones que acabó haciendo el gobierno de
Tsipras tras su derrota ética y política. No hay memorándum, pero sí claras
exigencias de la misma Troika.

 

Ante la amenaza de unas nuevas elecciones y el ascenso de la ultraderecha,
el preacuerdo PSOE-UP ha podido suscitar una sensación de alivio en el
pueblo de izquierdas, pero no ha levantado el entusiasmo. Incluso las
burocracias sindicales que apoyan el preacuerdo de gobierno lo hacen
sabedoras de que no van a poder esperar grandes logros sociales -dice Unai
Sordo el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO)- y apelan a la
tranquilidad del capital porque en el fondo nada va a cambiar -dice José
María Álvarez de la Unión General de Trabajadores (UGT)-.

 

Para el futuro inmediato: habrá que seguir de forma rigurosa los acuerdos
que se alcancen finalmente por parte del PSOE y UP, pero sobre todo el
movimiento social y la izquierda deberá vigilar muy atentamente la acción de
ese gobierno “progresista” en el supuesto de que finalmente se constituya. 

 

* Militante de Anticapitalistas, integra el Comité de Redacción de Viento
Sur. Artículo enviado por el autor. Publicado en francés el 23-11-2019:
http://alencontre.org/ 

 

Notas

 

1) Expresión que denomina al sistema político de la Constitución de 1978
pactado entre la oposición reformista al franquismo y los herederos
políticos del dictador. 

2)  Denominación del movimiento de los indignados que surgió el 15 de mayo
de 2011 que marcó las pautas del debate político en el Estado español
introduciendo temas y críticas en el conjunto de la sociedad que hasta ese
momento solo planteaba la izquierda radical.

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