Venezuela/ Asfixiar al ahogado. Sanciones internacionales: ¿culpables del colapso económico? [Manuel Sutherland]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de setiembre 2019

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Venezuela

 

Apuntes sobre las sanciones internacionales

 

Asfixiar al ahogado 

 

Un vistazo a la economía venezolana de los últimos años indica que, lejos de
ser la razón de la crisis actual, las sanciones sirven de excusa al gobierno
de Maduro para desviar la atención de sus graves errores. Al mismo tiempo,
complican aún más el ya difícil acceso de los venezolanos a medicinas y
alimentos.

 

Manuel Sutherland *

Brecha, 13-9-2019

https://brecha.com.uy/

 

Venezuela tiene actualmente la crisis más severa en la historia de América y
una de las más destructivas en la historia del capitalismo. Las estimaciones
más moderadas calculan la caída del Pbi, para el período comprendido entre
2013 y el primer trimestre de 2019, en alrededor de 60 por ciento. Una
destrucción sin precedentes. Para tener una idea, entre 1939 y 1943 la
Polonia devastada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial sufrió,
según historiadores como el británico Mark Mazower, una contracción del 43
por ciento del Pbi. En medio de este hórrido panorama, se yerguen una serie
de sanciones financieras y económicas, impulsadas por Donald Trump, que
buscan atizar los efectos de la crisis hasta el extremo y completar la tarea
de devastación.

 

Por motivos de espacio no se podrá detallar el complejo devenir de la crisis
venezolana, la totalidad de sus razones y causas, ni ver en profundidad la
ristra de sanciones y asfixias económicas que Estados Unidos ha impuesto con
inusual ferocidad al país caribeño.(1) Ahora se buscará, más bien, explicar
las principales interrogantes que este tema suscita: ¿La crisis de Venezuela
se debe a las sanciones? ¿Cómo afectan estas a la población venezolana? ¿Son
útiles para impulsar el cambio político en el país? Veamos.

 

El auge y desplome del chavismo y la crisis rentística 

 

En 1998 el chavismo surge como alternativa política con base en un discurso
nacionalista que retrotrae al imaginario de la Gran Venezuela, de los
tiempos de Carlos Andrés Pérez. Con una retórica popular y patriótica, el
proyecto bolivariano se vendía como una esperanza de regreso a los años de
esplendor de la economía.

 

El período dorado del gobierno bolivariano fue entre 2004 y 2008. La primera
crisis puramente económica (la crisis de 2002-2003 fue completamente
política) se desarrolló entre 2009 y 2010, motivada por la caída en los
precios del petróleo como efecto de la crisis mundial de 2008 y por una
gestión económica que no ahorró durante los tiempos de bonanza rentística.
En 2014 y 2015 el precio del petróleo empezó a caer otra vez. El ritmo
incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones
hicieron que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los
observados a inicios de la década del 2000 –según cifras de 2016 del Banco
Central de Venezuela (Bcv)– luzcan ahora como “pequeños”. En 2014 y 2015
empezó la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de bienes
y servicios, y comenzaron a reflejarse los resultados de un proceso de
desindustrialización que, en favor de un entusiasmo importador, llegó a
traer leche líquida, cemento, gasolina, plástico, e incluso obreros (desde
China) para construir viviendas.

 

La caída estrepitosa de la producción y de la productividad hizo más patente
la escasez de bienes, con lo que se agudizó el incremento en sus precios. La
enorme impresión de dinero inorgánico, componente útil para la expansión del
gasto y la cobertura de déficits fiscales, se vio reflejada en un aumento de
la base monetaria en más de 125 mil por ciento (desde enero de 1999 a enero
de 2017). Todo ello incrementó, para 2015, las tasas de inflación a casi el
doble de las más altas de la historia del país, registradas en 1996. En
Venezuela, apenas acaece un descenso de la renta, parece inhibirse la
producción agrícola e industrial y tiende a diluirse el salario, como bien
lo explica el estudioso del sector petrolero venezolano y ex representante
de los gobiernos chavistas ante la Opep, Bernard Mommer, en su libro
Petróleo global y Estado nacional.

 

La crisis, hiperinflación, fuga de capitales y destrucción económica

 

. Por quinto año consecutivo, según la Asamblea Nacional (AN), el país
exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada por la AN, ya para 2018,
en 1.698.488,2 por ciento. Aunque puede considerarse la estimación de la AN
como exagerada, la cifra oficial para el año pasado ofrecida por el Bcv
–130.060 por ciento– parece quedarse muy corta debido a que la metodología
empleada subestima los precios de muchos bienes, al tomar sólo las versiones
“reguladas” por el gobierno nacional.

 

Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contrajo en un
impresionante 50,61 por ciento en el breve período que va desde 2013 hasta
2018. La estimación oficial del Bcv no se queda muy lejos de esa cifra y
ubica la contracción en un 47,7 por ciento. El colapso es innegable. El
valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la
economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo que ha
desintegrado por completo el poder adquisitivo. El salario real medido en
divisas descendió, en el período 2013-2018, un 95 por ciento.

 

El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de
la renta petrolera ingresada al país. Ello se realizó a través de una
hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las
importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por cuatro veces y media, y
la fuga de capital se conjetura en alrededor de 600.000 millones de dólares
si consideramos bajo ese concepto las importaciones fraudulentas. Si vamos a
los términos de intercambios aplicados a las exportaciones no petroleras,
podemos ver que el precio pagado por cada quilogramo exportado de mercancías
subió en apenas 11 por ciento en el período 1998-2014, según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), lo que no justifica un aumento tan
fuerte en los precios de las importaciones.

 

¿Son las sanciones culpables del colapso económico?

 

El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que
ver con las sanciones. Como ya se ha explicado, la crisis estalló en 2014,
varios años antes de las primeras sanciones económicas de importancia. Desde
el año 2004 se han venido llevando a cabo políticas que facilitaron e
incentivaron la exportación de la renta petrolera. Puntualmente, la
sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la
fuga de capitales a través de elementos financieros y la tríada
endeudamiento externo-sobrefacturación importadora-sobreprecios en la
importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto
industrial como agrícola, ya que una importación artificialmente barata
hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las
cosas, la producción y la productividad cayeron en picada tan temprano como
2009. Otro auge petrolero permitió entonces estirar la dilapidación
rentística de capital, gracias a que el precio del petróleo subió a niveles
nunca antes vistos. Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy
grande y el endeudamiento externo muy severo y costoso. La caída en el
precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la
falta de inversiones en el mantenimiento industrial de esa actividad)
evidenciaron que el modelo era insostenible. En 2014 aún se estaba a tiempo
para frenar esa avalancha, pero, a falta de renta petrolera para mantener el
gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico
para tratar de dar la impresión de que el Estado podía gastar más, aún
cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la hiperinflación y
la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de
las primeras sanciones de cierta importancia, que llegaron en agosto de
2017.

 

¿Afectan las sanciones a la población venezolana? 

 

Para setiembre de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto, luego
de su acumulación importante sobre diversos sectores, desde el
armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía.
El verdadero efecto de las sanciones económicas recién está manifestándose,
ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 sólo habían venido a
refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de
Venezuela y de Pdvsa, y los tenedores actuales se niegan a negociar una
reestructuración. El impacto real arrancó con las sanciones económicas de
finales de 2018, mientras que las sanciones petroleras (sin dudas las más
fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019
(contaron, además, con “licencias generales”, emitidas por el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecieron ciertas excepciones hasta
mediados de julio de 2019). Por ende, el real efecto de estas vigorosas
sanciones recién está asomando su rostro, con consecuencias considerables,
pero lejos de ser la razón de la crisis.

 

Los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs argumentan, en su
trabajo para el Centro de Investigación en Economía y Política (Cepr), de
Washington, “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de
Venezuela” (abril de 2019), que, gracias a esas medidas de Estados Unidos,
Venezuela ha perdido el crédito internacional necesario para su desarrollo.
El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ya habían alejado a
los prestamistas internacionales, que desde 2016 ven imposible que Venezuela
pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace casi
cuatro años el Banco de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela,
tampoco el Banco de Asia.

 

El “embargo” de Citgo (2) es gravísimo, pero no es la causa de la caída en
la producción de petróleo, como de alguna manera aseveran Weisbrot y Sachs.
Si bien Citgo llegó a comercializar, en tiempos relativamente recientes,
hasta 580 mil barriles diarios de Pdvsa, las cantidades que esta ya no puede
enviar a Citgo se pueden colocar en otros mercados. Los diluentes y el
petróleo liviano también se pueden adquirir en otros espacios (aunque a un
precio mucho mayor, lo que reduce el beneficio). Lo cierto es que este
“embargo” no puede justificar la caída de alrededor del 70 por ciento en la
producción petrolera venezolana ocurrido entre 2008 y 2019. Dicha caída se
puede apreciar como un tobogán que arranca ya en 2009, como lo señalan en un
trabajo conjunto el economista y ex ministro de Planeamiento de Venezuela
Ricardo Hausmann y el investigador Frank Muci (Americas Quarterly, 2-V-19),
casi nueve años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya para 2016 y
según el Atlas de Complejidad Económica (Oec), la exportación de petróleo
crudo había caído un imponente 68 por ciento. La caída en la producción
petrolera tiene múltiples factores causales por completo ajenos a las
medidas de reciente data contra Pdvsa. Entre ellos, la reducida inversión
efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada generada por los
bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el
insuficiente ingreso interno al “regalar”la gasolina, expropiaciones y
problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para
captar divisas, que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un
precio irrisorio.

 

¿Cómo influyen las sanciones en la crisis? 

 

De 2014 a 2016 la economía se había desplomado ya en casi 25 por ciento
–según el informe de marzo de 2017 de la consultora económica venezolana
Ecoanalítica– al sufrir, por primera vez en su historia, una caída sostenida
de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpieron recién en agosto de
2017. En los primeros dos trimestres de ese año, la economía había
disminuido en alrededor de un 8 por ciento adicional. Por tanto, cuando las
sanciones ingresaron al escenario financiero, la economía ya estaba en una
gravísima senda de destrucción acumulada.

 

Ahora bien, como dice el director de política internacional del Cepr,
Alexander Main, las sanciones “incrementan” el sufrimiento del pueblo
venezolano (Nacla, 17-V-18). Estas sanciones encarecen y dificultan la
importación de alimentos y materias primas. De hecho, imposibilitan los
procesos necesarios para que empresas estatales o privadas puedan generar
divisas con las que adquirir medicinas y alimentos.

 

Según una extensa investigación realizada en 2017 por el entonces
investigador de la Universidad de Mánchester Dylan O’Driscoll, en la mayoría
de los casos las sanciones no alcanzan el resultado deseado, y cuando se
combinan con el sufrimiento humano que provocan, a menudo pueden ser
comparables a intervenciones armadas, aunque sin la misma “tasa de éxito” a
nivel de cambios de régimen. En otro estudio, publicado en 2015 en el
European Journal of Political Economy por Matthias Neuenkirch y Florian
Neumeier, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012,
las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico.
El impacto observado ronda, en promedio, un 2 por ciento de caída del Pbi
per cápita interanual.

 

¿Las sanciones son determinantes para el cambio político? 

 

Como explica el estudio Targeting autocrats: Economic sanctions and regime
change, del profesor de economía internacional de la Universidad de Lucerna
Manuel Oechslin, en el que se examinó países sancionados entre los años 1914
y 2000, sólo en el 21 por ciento de los casos las sanciones colaboraron en
provocar una transición de gobierno. En el 65 por ciento de los casos las
sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14
por ciento de esas naciones seguía teniendo sanciones sobre sus espaldas en
el año 2000, sin producir cambio político alguno.

 

Las sanciones son ideológicamente muy útiles a los gobiernos que las sufren.
Al ser, en efecto, medidas que buscan destruir la economía del país
afectado, asfixiarlo económicamente, sirven de excusas geniales para
culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales. Ello
permite moralizar a las bases de adeptos y victimizar al gobierno local, que
empieza a gastar ingentes recursos en propaganda contraria a las sanciones.

 

Además, al incrementar notablemente las limitaciones para importar y
conseguir alimentos, las sanciones potencian en muchos casos la efectividad
moral y material de los programas de asistencia social clientelares del
gobierno sancionado. En situaciones de miseria como la actual, la caja de
alimentos que reparte el gobierno venezolano mediante comités chavistas de
abastecimiento (Comités Locales de Abastecimiento y Producción),
mayoritariamente distribuida con criterios políticos, ha pasado a ser mucho
más importante que el salario, al que incluso ha llegado a superar por ocho
veces. Las sanciones potencian, así, la efectividad clientelar de una dádiva
que en la actual situación de pobreza extrema es, prácticamente, el único
sustento de muchos. 

 

* Economista, magister en ingeniería industrial y director del Centro de
Investigación y Formación Obrera de Venezuela (Cifo).

 

Notas 

 

1) He realizado dicho trabajo en extenso en Impacto y naturaleza real de las
sanciones económicas impuestas a Venezuela, Provea, 2019. 

 

2) Empresa estatal venezolana con sede en Estados Unidos, dedicada a refinar
petróleo y a comercializar allí sus derivados (N de E).

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