Brasil/ La guerra contra los pobres en Río de Janeiro. Militarización y violencia estatal [Alberto Azcárate]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de setiembre 2019

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Brasil  

 

La guerra contra los pobres: militarización y violencia estatal en Rio de
Janeiro 

 

En Rio de Janeiro, el Gobierno lanza una cruzada contra los excluidos bajo
el pretexto de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. 

 

Alberto Azcárate, en Río de Janeiro 

El Salto, 21-9-2019

https://www.elsaltodiario.com/

 

El Estado de Rio de Janeiro, junto con el de Ceará, es pionero en un modelo
que emerge como “huevo de la serpiente” en el país más densamente poblado
del Cono Sur latinoamericano.

 

En un estudio comparativo entre la realidad de las favelas de Rio y los
territorios palestinos ocupados, la investigadora Gizele Martins reflexiona:
“Lo que los vecinos del conjunto de favelas A Maré vivieron durante la Copa
Mundial de Fútbol no es demasiado diferente de lo que viven los palestinos.
La militarización de la vida es algo constante y asustador. Allí son los
cazas que atraviesan diariamente la vida de la gente, aquí son los blindados
aéreos (helicópteros blindados y artillados). Lo trágico es percibir que hay
una naturalización mundial de la violencia que ambos pueblos sufren por
parte de los poderes estatales y militares”.

 

En efecto, existen una serie de relaciones y analogías, que autorizan la
comparación: el Batallón de Operaciones Especiales carioca entrena en
Israel. Brasil es el quinto mayor comprador mundial de armas israelíes. Los
carros blindados que ruedan en las grandes ciudades brasileñas son de esa
procedencia. Rio de Janeiro, como Palestina, ostenta su “muro de la
vergüenza”, construido en 2009 para el Mundial de Fútbol y los Juegos
Olímpicos, cerca el complejo de favelas A Maré. Las autoridades lo llamaron
“barrera acústica”, argumentando que era para preservar a sus habitantes del
ruido de los automotores —la favela existe desde 1940—. A nadie escapó que
el muro fue levantado para evitar que los extranjeros que asistieran a los
eventos se enteraran de que —para demasiada gente— la ciudad distaba de ser
maravillosa. 

 

Otros muros se construyeron en otras tantas favelas de la ciudad. También
los controles de entrada y salida de los habitantes por parte de los
militares conforman una escena comparable. Además, anualmente se celebra una
gran feria de armas en Brasil, la LAAD Security, unas veces en Rio, otras en
São Paulo, a la que asisten sistemáticamente fabricantes israelíes. Según
especialistas, el ejército brasileño desarrolló un fuerte know how cuando en
2004 comandó la intervención en Haití. Al volver, lo aplicó en las favelas
cariocas de A Maré, Rocinha, Jacarezinho, Alemão y, ahora, en el resto del
país. Según testimonios recogidos en A Maré, los militares comentan que “era
más fácil actuar con los haitianos, porque aquí hay muchos activistas que
denuncian”.

 

La creación de un Estado policial

 

La estrategia de construir un Estado policial en el Brasil de Bolsonaro pasa
por la creación de un imaginario de guerra que, al tiempo que siembra el
terror entre sus potenciales víctimas lanza una apelación garantista hacia
el mundo empresarial y las capas medias, eterno campo fértil para el
imperativo securitario. “Cuando el asunto es la seguridad, decir que el
Estado está quebrado instala el terror en la cabeza de las personas. Es una
narrativa producida para conseguir más recursos. Le hace creer a la gente
que es necesario invertir en seguridad, porque así se va a resolver el
problema de la sociedad. Venden el pánico y la sociedad acaba apoyándolos”,
contaba una vecina de la favela de A Maré.

 

La creciente militarización tiene varios frentes. Por una parte, han
disminuido las competencias de la Policía Civil. Sus delegacias (comisarías)
actualmente sirven de intermediarios entre la sociedad civil y la Policía
Militar (PM), que es una fuerza de choque. De conseguir su objetivo, la PM
quedaría legitimada para actuar sin mediaciones.

 

En paralelo, se ha producido una legalización de las milicias, una vasta red
paramilitar —con la que el clan Bolsonaro mantiene íntima relación— a través
de la propuesta de creación de una PM voluntaria. Aún sin aprobación
legislativa, la iniciativa de Wilson Witzel —gobernador del Estado de Rio de
Janeiro— pretende crear un cuerpo remunerado, según escalas diferenciadas
por edad y responsabilidades. No parece fácil que consiga la aprobación
legislativa, al menos por el momento.

 

Dentro de este esquema, la PM tiene cada vez más recursos y equipamientos:
helicópteros blindados, granadas, armas de guerra de última generación. Para
ello, el gasto en Seguridad experimentó un aumento exponencial: en 2017, el
Gobierno autonómico destinó a este rubro unos 2.600 millones de euros,
prácticamente el doble de los que dedicó a Salud Pública.

 

Además, el Gobierno promueve activamente la posesión y el uso de armas de
fuego. De hecho, la fábrica de armas local Taurus hizo lobby para el triunfo
de Bolsonaro. El proyecto de liberalización de las armas de fuego fue
frenado en el Congreso, pero el Gobierno ha conseguido la autorización para
algunas categorías del personal de seguridad.

 

Otra de las medidas más polémicas permite a los policías prestar servicios
particulares fuera del horario de trabajo. Por si fuera poco, en los últimos
tiempos es habitual que la policía haga desfilar sus batallones por las
calles bajo el artificio de maratones y jornadas con un perfil casi lúdico,
con la evidente finalidad de mostrar su poderío ante la sociedad. Desfilan
mientras corean consignas de orden y amenazas hacia “los bandidos”.

 

La militarización también se ha dejado ver en las escuelas. Comenzó durante
las legislaturas del PT, cuando Sérgio Cabral —político del PMDB hoy preso
por corrupción— comandaba el Gobierno autonómico. Se normalizó la presencia
policial en las escuelas de las 44 favelas cariocas. Aprovechando las
frecuentes carencias en el profesorado los policías cubrían ese vacío,
haciendo música, leyendo libros y revistas del ejército, como Recrutinha
(Soldadito), que contenía letras de himnos militares y dibujos de tanques y
vehículos de guerra para colorear. De paso, inhibían a algunos profesores de
perfil crítico a dar clases de Historia.

 

La militarización viene de lejos 

 

El proceso de militarización y la violencia policial aumentaron
exponencialmente en 2018 con la intervención militar en Rio de Janeiro
durante la presidencia de Michel Temer, pero vienen de mucho antes. Según
datos del Instituto de Seguridad Pública, entre marzo de 2016 y el mismo mes
de 2017, el número de homicidios derivados de la acción policial aumentó un
96,7%, pasando de 61 a 120 víctimas. Y, entre enero y septiembre de 2018 se
habían contabilizado 813 personas asesinadas por policías autonómicos, en
todos los casos la policía apeló al conocido eufemismo “resistencia a la
autoridad”.

 

La figura de “resistencia a la autoridad” fue creada a partir del Acta
Institucional-5 de diciembre de 1968 de la dictadura militar. La prensa la
adoptó para hacer suyas las versiones oficiales y evitar la prisión en
flagrante de policías y militares autores de homicidios. Pasó a ser la
expresión que aludía a las muertes resultantes de acciones policiales.

 

En 2019, el Instituto de Seguridad Pública registró 434 casos de
“resistencia a la autoridad” —tal como se suele denominar a las muertes
producidas por las fuerzas policiales o militares— solo en los primeros
cuatro meses del año. Son los peores indicadores de los últimos 20 años, con
el agravante de que con harta frecuencia las autopsias verifican que los
disparos se han efectuado a menos de un metro y en la cabeza o la nuca. Por
si no bastase, los militares intentan ahora una vuelta de tuerca en la
legitimación de los asesinatos ypropugnan que el concepto “resistencia a la
autoridad” sea sustituido por el de “legítima defensa”.

 

Otro antecedente oriundo de aquel período es la “gratificación far west”, un
bonus monetario que premiaba a los policías que más mataban. Promovió la
aparición de grupos de exterminio de siniestra fama que dejaron un reguero
de masacres: en 1993, la de Vigario Geral con 21 asesinados; en el mismo
año, la de La Candelaria, con el asesinato de ocho niños en situación de
calle o la de Acarí, con la desaparición de 19 personas.

 

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP)

 

Son unidades especiales creadas por el PT en 2008, como alternativa al
fracaso de las anteriores políticas de combate al narcotráfico. Para algunos
operadores del poder público y especialistas en seguridad fue un modo
eficiente de combatirlo, sin embargo, para familiares y moradores de las
favelas las UPP representaron una forma adicional de control de la población
negra y pobre. 

 

En los últimos diez años 16.000 personas murieron víctimas de acciones
policiales en las favelas. En la Baixada Fluminense, según cifras de la
propia Policía Civil, entre 2010 y 2015 hubo 2.046 actos de “resistencia a
la autoridad”. 

 

Familiares y grupos del movimiento Favelas de Rio de Janeiro ofrecieron
numerosos relatos y testimonios a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que visitó la ciudad. En rueda de prensa posterior, el
organismo conminó al Estado brasileño a revisar la figura de “resistencia a
la autoridad”, exhortándolo a que dé explicaciones sobre las masacres,
desapariciones forzadas y las numerosas violaciones cometidas por la policía
y el ejército en las favelas y periferias cariocas.

 

Las milicias 

 

Constituyen una red paramilitar y parapolicial nacida en las últimas décadas
y mantiene estrechos lazos con las corporaciones del aparato del Estado.
Están integradas por militares, policías, bomberos y funcionarios,
expulsados por delitos de diferente tenor, hasta asesinatos en algunos
casos.

 

En amplios sectores de la bolsa de pobreza que es la Baixada Fluminense,
área periférica densamente poblada, proveen luz, gas, Internet, TV digital a
un coste menor que las redes oficiales. Tienen hasta autobuses con destinos
a media y larga distancia, incluso una aplicación propia que sustituye a
Uber. Mandan cobradores mensualmente y cuando algún propietario se niega a
pagar algún servicio, tiene que asumir el riesgo de un cartel en la puerta
de su casa que reza: “Estás debiendo”. 

 

Dada la influencia alcanzada en algunas áreas, consiguen elegir
representantes políticos que integran los cuerpos legislativos autonómicos y
municipales. Por su vasta implantación, se podría decir que operan en
“territorios liberados”, noción propia de la estrategia militar. Un
comerciante nos reveló que las milicias están empezando a llegar a los
barrios de capas medias acomodadas. No lo hacen con la truculencia que
exhiben en las comunidades carentes, sino vendiendo “seguridad privada”,
bajo el argumento de evitar posibles asaltos.

 

Secuelas de la represión en las favelas 

 

Controles policiales, cacheos humillantes, impedimentos arbitrarios del
paso, circulación de vehículos de guerra, presencia de soldados armados,
muerte de personas producto de acciones policiales son una constante en la
vida de las poblaciones que habitan las favelas y periferias pobres. Esta
dinámica brutal altera el cotidiano de esos colectivos, interfiere en el
comercio, la asistencia de los moradores a sus lugares de trabajo, el
funcionamiento de las escuelas y los puestos de salud.

 

Los testimonios lo dicen todo: el Estado, en vez de aportar soluciones para
ayudar a la población más precaria, asume su aniquilación social y física 

En 2017, las escuelas tuvieron que suspender su actividad 65 veces sólo en
los primeros 22 días lectivos del año. Ha habido manifestaciones denunciando
el cierre de escuelas y puestos de salud debido a los tiroteos. Los alumnos
relatan que buena parte de los operativos policiales se realizan en horario
escolar, a veces a la entrada o salida del aula. Bruna Silva, es vecina de
la favela A Maré y madre del estudiante Marcus Vinícius, de 14 años,
asesinado el año pasado durante un operativo policial. 

 

La mujer destacó la depresión y angustia de muchos vecinos, debido al pánico
por los disparos del helicóptero: “Nuestras calles están llenas de marcas de
bala. Mi hijo solo quería estudiar, pero un tiro acabó con su vida”. Según
Olivia Morgado Françozo, psicóloga y psicoanalista del Núcleo de Apoyo
Psicosocial para Afectados por la Violencia del Estado, “el asesinato de un
familiar por la violencia estatal causa un gran impacto, altera la vida de
todo el entorno familiar. Las mujeres acaban creando sus propias redes de
apoyo, ya que el Estado no garantiza atención a esas madres y familiares”.
Los testimonios lo dicen todo: el Estado, en vez de aportar soluciones para
ayudar a la población más precaria, asume su aniquilación social y física.
Se trata de una cruzada contra los pobres en toda regla, bajo el perverso
argumento de acabar con el delito y el narcotráfico.

 

Agradecimientos. 

 

Agradecemos a las vecinas de las favelas y periferias que nos han brindado
vídeos, imágenes e información, así como a Rogêria Pexinho y otras
activistas, al profesor Affonso Pereira, a la diputada Mónica Francisco, al
periodista Cid Benjamin; y ponemos en valor los documentados estudios de que
nos hemos servido, de la investigadora Gizele Martins.

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