América Latina/ "Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados" [Beatriz Hernández Pino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de abril 2020

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América Latina



“Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”



Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional
del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan
un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las
drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para
enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen
dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan
en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en
sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible
porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables.
Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran
número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a
preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí.



Beatriz Hernández Pino, desde Buenos Aires

CTXT, 4--2020

https://ctxt.es/es/



Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para
niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero
también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de
jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta
absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar.
“¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector
mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil
que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en
Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los
que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice
por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite.



Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento
económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave
de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500
muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del
coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá
en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio
comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.



El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la
bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria
relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de
otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo
en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las
dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del
mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la
crisis derivada del Covid-19.



Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su
tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de
inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya
hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí
está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales.
Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto
sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el
hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o
inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que
la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la
misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia.



En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se
levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se
movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en
sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la
región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus,
el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y
Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica
la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el
PIB, por ejemplo, es del 8,9%.



“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés
Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica
de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la
vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la
economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la
cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la
experta.



La responsabilidad es individual y colectiva



Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus
ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la
ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a
trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un
compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos
porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono.
Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no
saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué
otra manera hay de combatir el virus?



La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda
la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar
teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no
tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su
trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas,
empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades
cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir
a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros.



En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector
laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro
“para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del
presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa
“aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo
un simulacro de cuatro días”.



“En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y
medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un
paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”,
sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la
emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una
casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que
tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para
seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que
tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo.
“Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula
por las redes sociales esta última semana.



El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26
de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin
embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su
presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la
“gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de
su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de
que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su
presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro
contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a
alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la
excentricidad que le caracteriza.



Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron
algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas.



Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía
brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado
para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno
anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol
Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector
informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas
recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a
otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros).



A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece
estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas
universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que
el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana
distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está
quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de
turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna,
una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de
México.



La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso
de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población
mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por
el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio
del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes
a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los
sectores más vulnerables”.



En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la
pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de
clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una
organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas
económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar
contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se
parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales
del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y
bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a
trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de
la población ocupada.



En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de
coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de
personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La
falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha
quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la
apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer
en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin
Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un
polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de
salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios
suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil
publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la
pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio
y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana
“que viven como parásitos”.



Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está
enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener
a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su
cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis.



Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello
se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres
durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las
nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12
millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del
sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el
Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de
Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el
chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta
institución lo rechazó.



En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni
con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago
fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de
Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las
fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus
casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman
parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el
Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100
euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las
personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus
trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.



¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?



En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres:
“La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad
económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el
coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA
(Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con
aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la
actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos
sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio
será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector
público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.



Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino
presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de
familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la
cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda
excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas
en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos
vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de
Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los
entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y
especialmente precarizados.



La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los
productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos
no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la
inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto,
Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de
marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la
ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con
normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que
no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad
de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión
ATB Digital.



El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del
confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita
valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un
millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente
afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia
policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones
presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que
destituyó a Evo Morales el año pasado.



Dilema de la humanidad



Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus
empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la
salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro.
El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades
de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades
especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales
estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay
más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué
manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?,
¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto
de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un
falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los
que salgan fortalecidos de la crisis?



Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras
el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de
“subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina
causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales
que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida,
se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen
del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no
descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la
gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.



La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista,
resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al
mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad,
usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene
sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la
humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus
discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político,
Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia
ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros
formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones
que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de
algunos grupos en detrimento de otros”.

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