Colombia/ Hugo Giraldo no pudo cumplir su sueño de volver al Alto Naya. Arremetida criminal contra líderes sociales en el Cauca [Verdad Abierta[

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de abril 2020

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Colombia

 

Hugo Giraldo no pudo cumplir su sueño de volver al Alto Naya

 

Ricardo Cruz

Verdad Abierta, 25-4-2020 

https://verdadabierta.com/

 

La arremetida violenta perpetrada por estructuras criminales durante las
últimas dos semanas en el departamento de Cauca cobró la vida de seis
líderes sociales, entre ellos, dos líderes campesinos que lideraban el
proceso de restitución de tierras para un puñado de labriegos que salieron
expulsados de la región montañosa a principios de la década de dos mil. Los
asesinatos dejaron ‘herido de muerte’ ese proceso.

 

Hugo de Jesús Giraldo murió sin cumplir su anhelado sueño: retornar a su
tierra, en la vereda La Playa, en la región conocida como el Alto Naya, en
el suroccidente colombiano, donde vivió los mejores años de su vida, tal
como le contó en vida a este portal en agosto de 2019.

 

El pasado miércoles, hombres armados le propinaron varios disparos con arma
de fuego en momentos en que regresaba a su residencia, en el barrio Lourdes,
en las afueras de Santander de Quilichao, municipio del norte de Cauca donde
el dirigente campesino se encontraba radicado desde 2010.

 

Hugo era un reconocido líder campesino, integrante del movimiento político
Marcha Patriótica y de la Federación Nacional Sindical Agraria (Fensuagro),
así como dirigente de la Asociación de Trabajadores, Campesinos y Pequeños
Productores Agrícolas (Astcap), organización que, desde hace dos años,
lidera el proceso de restitución de tierras que adelantan poco más de 30
familias campesinas expulsadas por la violencia paramilitar que imperó en el
Naya durante los primeros años de la década del dos mil.

 

Su asesinato se produjo tan sólo 72 horas después del homicidio de su amigo
y compañero de reivindicaciones, Mario Chilhueso Cruz. Según reportaron
organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos, Chilhueso Cruz fue
atacado por varios hombres armados en la madrugada del pasado domingo justo
cuando el líder campesino se disponía a cumplir con sus faenas agrícolas
diarias. El hecho tuvo lugar en la vereda Los Robles, corregimiento El
Ceral, del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

 

Giraldo y Chilhueso Cruz participaron activamente en la conformación de
Astcap y preciso fueron ellos quienes se “echaron sobre sus hombros” la
responsabilidad de ubicar a las familias desplazadas del Naya, que desde el
éxodo forzado masivo se asentaron en municipios como Corinto, Caloto,
Timbío, Timba, Buenos Aires, López de Micay, Jamundí, Dagua y Puerto Tejada,
para luego convencerlas de apelar al derecho a la restitución de tierras y
así, volver a vivir en las tierras que colonizaron y labraron durante años.
(Leer más en: Los orígenes de la masacre del Naya)

 

Esa iniciativa cuenta con la asesoría y el acompañamiento de la organización
no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Paula Villa, una de
sus abogadas y quien ha estado al tanto de todo este proceso, declaró que
“el pasado mes de febrero le entregamos a la Unidad de Restitución de
Tierras (URT) toda la información y la caracterización de afectaciones
padecidas por los campesinos, para ver si la Entidad los reconocía como
víctimas de abandono forzado e incluía su caso en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonas Forzadamente”. (Leer más en: La parábola de los
campesinos reclamantes de tierra del Naya)

 

De acuerdo con Villa, ambos campesinos desarrollaban sus actividades de
liderazgo en un contexto bastante hostil, caracterizado por la confrontación
armada que sostienen facciones disidentes de la extinta guerrilla de las
Farc que se disputan el control de los eslabones de la cadena del
narcotráfico en el norte de Cauca con otros grupos de narcotraficantes,
donde “cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de reivindicaciones,
cualquier tipo de protesta pues es mal visto por los actores armados y los
convierte en objetivo militar”.

 

En ese sentido, agregó la abogada, “consideramos que el proceso de
restitución de tierras que adelantaban estos campesinos constituyó un factor
de riesgo adicional, pues los actores armados lo que ven allí es un riesgo a
que se cuente lo que sucedió en los territorios y por eso lo rechazan y
genera fuerte estigmatización hacia quienes participan en estos procesos”.

 

La trágica desaparición Giraldo y Chilhueso Cruz es un “golpe mortal” contra
el proceso de restitución para las familias campesinas que venían liderando.
De hecho, al momento de escribir el presente artículo, la Comisión
Colombiana de Juristas se encontraba tramitando medidas urgentes de
protección para otras dos familias que hacen parte del proceso de
restitución.

 

“Habrá más muertos si no hacemos algo. En este momento hay dos familias que
tienen un riesgo muy grande y no queremos que les pase lo mismo de Hugo y
Mario. Estamos mirando a ver si logramos sacarlas del departamento”, indicó
Villa. “Cuando ocurrió lo de Mario, nos comunicamos con Hugo, quien nos
dijo: ‘el próximo que van a matar es a mí’. Advertimos a todas las
autoridades, hicimos las denuncias respectivas, pero las respuestas fueron
nulas y hoy tenemos otro líder asesinado”.

 

¿Fueron las disidencias de las Farc?

 

Miembros de la ‘Fuerza Unida del Pacífico’, disidentes del Frente 30 de las
Farc en el Naya, anunciando que asesinaron a los hermanos Angulo y a Simeón.
Fotograma tomado del video emitido en junio de 2018.

 

El pasado domingo, Giraldo se comunicó con este portal en horas de la
mañana. A través de un mensaje de whatsapp, denunció la muerte de su amigo y
compañero: “Mataron a Mario Chilhueso, representante de los campesinos
Astcap. Amenazado por las Farc por oponerse al narcotráfico en la región”.

 

Si bien no se conocían amenazas previas contra él y su amigo, desde la CCJ
aseguraron que ambos dirigentes quedaron en medio del fuego cruzado de estas
estructuras armadas disidentes del proceso de paz que se disputan el control
territorial, militar y social del departamento de Cauca, especialmente esa
región de Alto Naya.

 

“Allí (en el Cauca) hay una disputa armada que finalmente busca imponer un
orden social, un orden económico y una imposición del narcotráfico en esas
comunidades y, en ese sentido, cualquier voz de protesta frente a una de
estas imposiciones es castigada con amenazas o asesinatos”, señaló Villa.
(Leer más en: ¿Se avecina guerra entre disidencias en el Naya?)

 

Pero, ¿qué tan fuerte es la presencia de las disidencias de las Farc en
Cauca y que relación pueden tener con el homicidio de ambos líderes? Un
reciente informe elaborado por la organización defensora de derechos humanos
Indepaz, titulado Grupos posfarc-ep: un escenario complejo, lanzó una alerta
sobre la presencia de grupos residuales, entendidos como “grupos armados
formados para negocios y servicios de seguridad ilegales, reclutados para
protección de cultivos, cocinas, laboratorios, rutas del narcotráfico,
servicios sicariales, justicia privada y diversas formas de control armado”
en por lo menos 20 municipios de ese departamento.

 

De acuerdo con este informe, la estructura residual conocida como ‘Frente
Oliver Sinisterra’ (FOS) amplió su radio de acción en 2019, extendiéndose
desde los municipios de la costa Pacífica nariñense hasta los municipios de
Buenos Aires y Suárez, en el Cauca.

 

“En informe anterior se estableció que el FOS tendría alianzas con la
disidencia conocida como Jaime Martínez que actúa en el departamento del
Cauca; sin embargo, debido a la muerte de ‘Guacho’, la captura de alias ‘El
Tigre’, quien estaba al frente esta unión y la de alias Mordisco, al frente
de la estructura en Cauca, parece que esta alianza se debilitó y con ello,
la idea de controlar el corredor entre los dos departamentos y la región de
El Naya”, reseña Indepaz.

 

El documento también consigna la posible presencia de las ‘Guerrillas Unidas
del Pacífico’ (GUP) en el municipio caucano de Buenos Aires: “Este grupo
buscó llegar hacia el municipio mediante intimidaciones a la población civil
entre ellos indígenas y campesinos. Allí también al parecer se dio una
reunión en mayo de 2018 entre las GUP y otras disidencias en cercanías al
ETCR de La Elvira. Presuntamente estarían buscando apoderarse de la ruta de
la cuenca del río Naya que sirve como ruta para el transporte de droga y la
comunicación entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca”.

 

Dicha advertencia también la hizo en su momento el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. A través de Alerta Temprana
050-18, llamó la atención de las autoridades sobre el riesgo que se cernía
sobre los líderes campesinos, indígenas y afros que habitan la región del
Naya, por cuenta del surgimiento de estructuras disidentes de las Farc,
entre ellas las GUP y un grupo del Frente 30 de la extinta guerrilla,
autodenominado ‘Frente Unido del Pacífico’ (FUP).

 

En su caracterización sobre los grupos residuales, Indepaz señaló que el
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, también denominado ‘Columna
Jaime Martínez’, liderado en sus inicios por alias ‘Mordisco’, pero que,
tras su captura por parte de autoridades militares en 2018, quedó al mando
de alias ‘Mayimbú’, es uno de los responsables del crecimiento de la
violencia que desde finales de 2019 experimentan localidades caucanas como
Corinto, Caloto y Miranda.

 

Indepaz documentó la presencia de esta estructura en municipios como
Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Inzá, Jambaló, Morales, Padilla, Patía,
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio y agregó que “en
2018, con el fin de tomar control de todo el Cauca, alias ‘Mayimbú’ dividió
el frente en dos estructuras, las cuales serían la Jaime Martínez, que él
mismo comanda y la Dagoberto Ramos, que estaría bajo el mando de alias ‘El
Indio’”.

 

A esta estructura se suma el Frente Fuerza Unida del Pacífico (FUP), Frente
Rafael Aguilera o disidencia del Frente 30, que estaría liderada por alias
‘Chumbi’, quien, al parecer, está buscando ejercer control militar y
territorial en la cuenca del Naya donde, además, tienen presencia un frente
del Ejército Popular de Liberación (Epl), denominados por el gobierno
nacional como ‘Los Pelusos’ y la guerrilla del Eln. De acuerdo con Indepaz,
esta estructura habría celebrado una alianza con los ‘elenos’ para combatir
a los ‘Pelusos’.

 

Estos grupos armados ilegales, precisó el SAT, se encuentran enfrascados en
una férrea disputa por el control militar y territorial de corredores
naturales vitales para los eslabones de la cadena del narcotráfico. La más
reciente medición de presencia de cultivos ilícitos en el país, realizada
por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (Unodc), registró un total de 17. 117 hectáreas sembradas con hoja de
coca, la tercera extensión más alta del país detrás de Nariño (41.903 ha) y
Norte de Santander (33.597 ha).

 

Asimismo, tal como lo declaró Camilo González Posso, director de Indepaz,
“estos grupos residuales sí son muy agresivos con los líderes sociales,
porque estos grupos se han convertido en agentes del narcotráfico, y pues,
de hecho, esa es su prioridad, y por eso chocan con los líderes, sobre todo
aquellos que hicieron pedagogía del proceso de paz, que piden sustitución de
cultivos, que piden implementación de los Acuerdos de Paz. Nuestro
estimativo es que estos grupos residuales tienen una responsabilidad cercana
al 15 por ciento en materia de asesinatos de líderes sociales”.

 

A la fecha, ningún grupo armado se ha atribuido el asesinato de los dos
líderes campesinos asesinados ni tampoco se conocen hipótesis por parte de
las autoridades judiciales que ayuden a esclarecer estos crímenes. Pero lo
que esperan los campesinos expulsados de la región de El Naya por la
violencia es que estos crímenes no queden en la impunidad.

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