Uruguay/ El asentamiento Nuevo Comienzo desafía: propiedad privada versus derecho a una vivienda [Camilo Salvetti Curbelo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de abril 2020

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Uruguay

 

Se intenta desalojar a más de setecientas familias en el oeste de Montevideo

 

Propiedad versus familia

 

El barrio Nuevo Comienzo, nacido este verano en el norte de Santa Catalina,
parece una comunidad fuerte. Hace menos de diez días, un operativo policial
irrumpió en la tranquilidad laboriosa de sus días y se llevó a dos de sus
voceras, a instancias de la empresa propietaria de los terrenos. Pero el
barrio no se rinde.

 

Camilo Salvetti Curbelo

Brecha, 24-4-2020

https://brecha.com.uy/

 

Basta recorrer unos metros la calle de tierra que conduce al complejo de los
juveniles del Club Atlético Cerro para empezar a ver el paisaje de viviendas
de madera recién levantadas o en plena construcción. Casi todas tienen
nombre, el de la familia que la habita u otros más divertidos: Madagascar,
Estancia El Hueso.

 

Se estima que Santa Catalina, barrio bañado por el Río de la Plata y
delimitado por Casabó y el casco del Cerro –que observa todo desde una
cercana lejanía–, tiene una población de 8 mil habitantes, de donde proviene
–entre fines de 2019 y principios de 2020– buena parte de las más de
setecientas familias que ahora están instaladas entre los caminos Burdeos,
Dellazoppa, Ferrés y Sanfuentes, abandonados hace 50 años.

 

Desde Dellazoppa se puede apreciar la inmensidad del asentamiento. Las
parcelas se conectan por caminos iguales al de la entrada que recorren las
leves ondulaciones del terreno. Los predios están bien delimitados, sea por
alambre o cintas de “Pare”. Cada familia tiene una parcela de 15 por 25
metros, aunque algunos núcleos prefirieron hacerlos de 10 por 25. La idea
fue hacer una distribución equitativa.

 

Se respira tranquilidad. El aire agreste debe de contribuir a la convivencia
pacífica. Son tierras altas y el viento corre –a veces con fuerza, otras
como una brisa– entre los caminos. Sin embargo, cuando el aire se siente
frío, es inevitable pensar que estas personas aún no han pasado un invierno
aquí.

 

*****

 

Esa tranquilidad se vio interrumpida el jueves 16 de abril, cuando se
apersonaron varios efectivos policiales, que ingresaron –junto con la
Policía científica– por Burdeos. Al principio se creyó que se trataba de un
censo, pero la prepotencia, la cantidad de agentes y la presencia de un
helicóptero y un dron desarmaron la fachada rápidamente. El motivo, además
de recabar datos de los vecinos, era llevarse a Gimena Ballesteros y Estela
Larrosa, voceras y representantes de los vecinos.

 

Tanto Gimena como Estela fueron detenidas y se les aplicó la medida
preventiva de prisión domiciliaria por 60 días, con 12 horas libres durante
la primera semana. Durante el operativo se allanaron casas que tenían
documentación relacionada con el proceso de regularización del barrio:
fotocopias de las cédulas de los vecinos, que debían entregarse a Ose para
conseguir conexiones de agua potable, los documentos enviados a Ute y 9.500
pesos recaudados en una venta de tortas fritas, que serían destinados a la
construcción de un segundo merendero.

 

—A ellas las detuvieron porque fueron quienes se pusieron la causa al
hombro. Si ahora lo hacemos nosotras, van a venir a buscarnos –dice Victoria
mientras se señala a sí misma y a Romina repetidas veces–. Pero después de
nosotros van a venir otros.

 

—No hay ninguna orden para que nosotros desalojemos. Lo que hicieron fue
amenazar a las compañeras con que nos exhortaran a nosotros a desalojar,
porque, si no, eran ellas las que iban a comer cana por usurpación,
asociación para delinquir y hurto –añadió Romina.

 

—Bueno, pero esa parte es de allá arriba –interrumpió Sandra, una señora
mayor que se sumó a la conversación, señalando otro sector del asentamiento,
donde habría gente involucrada en actividades delictivas.

 

—A ver si entienden: que venga el señor juez, que venga el señor fiscal, que
venga quien venga y vaya para allá arriba, no para la gente humilde y de
trabajo –insistió Sandra, que venía a donar un megáfono para las asambleas
del barrio.

 

—No es tan así –objetó Romina–, porque ahora aparecieron sociedades
anónimas.

 

Y es así. La primera denuncia fue radicada el 15 de enero por Juan Carlos
Frois, director ejecutivo de Dervalix SA, cuyo nombre de fantasía es
Utilaje, empresa de gestión logística portuaria que opera en los puertos de
Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira. Sin embargo, en el acta de la
audiencia de formalización –fechada el 18 de abril– los denunciantes son
Vicente, Marianella y Eduardo Napoli, “accionistas de la empresa”, dijo a
Brecha el abogado de los ocupantes, Pablo Ghirardo.

 

Vicente Napoli, además, se desempeña como cónsul honorario de Albania y
consultor del gobierno nacional sobre puertos, y está vinculado a la agencia
marítima Sur. Su hija Marianella figura en el Registro Único de Proveedores
del Estado y su hijo Eduardo ha estado relacionado con las empresas de
transporte.

 

—Si los nombres visibles son estos, ¿quién está detrás? Estamos peleando
contra un tsunami. Si ellos nos quieren sacar, que nos den una solución.
Nosotros no podemos quedarnos en la calle con tantas criaturas –dice
Victoria en tono desafiante. A su lado, Romina asiente y complementa
diciendo que no puede desalojar a tantas familias, menos en medio de una
pandemia.

 

Una de las cosas que llamaron la atención del fiscal del caso, Diego Pérez,
fue el nivel organizativo de los vecinos que ocuparon los terrenos. “No es
una ocupación espontánea”, dijo a El País, por lo que “no se descarta” que
una organización delictiva esté detrás del barrio, valiéndose de “personas
humildes” para tener una pantalla. El magistrado se basó, además, en la
utilización de maquinaria para acondicionar los caminos que hoy recorren
Nuevo Comienzo. Sin embargo, según Victoria, la maquinaria la utilizaron
vecinos de una parte del terreno y costó 1.800 pesos, un precio especial que
se pagó a través de una colecta de 100 pesos por núcleo familiar. El resto
de la carpida la hicieron los mismos vecinos.

 

De todas formas, más allá de las denuncias hechas por la empresa Dervalix,
algunos terrenos fueron expropiados por la Intendencia de Montevideo para
desarrollar obras relacionadas con el saneamiento. Según un informe del
Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, en el marco del plan de
Saneamiento IV para las zonas norte y oeste de Montevideo, se desarrollaron
varias estaciones de bombeo y la planta de pretratamiento de Punta Yeguas.

 

El informe en cuestión señala que una franja “del predio donde [esta última]
se implanta es el que fue ocupado, además de los predios linderos por donde
llega la conducción que transporta las aguas servidas a dicha planta”. Un
colector de 1,70 metros de diámetro atraviesa ese espacio. Se espera que
transporte unos 5.200 litros de agua por segundo, que llegarán a la planta
de pretratamiento. “En caso de no resolver las ocupaciones en el predio
propiedad de la Intendencia de Montevideo, así como en las servidumbres de
saneamiento, las consecuencias serían gravísimas desde el punto de vista de
salubridad y ambientales”, añade. Y establece que, de continuar la
ocupación, se impedirá que funcione tal “como fue proyectado”. El informe
fue enviado, junto con la notificación de recepción de la denuncia hecha por
Dervalix, a la comuna, en la que se constata “la ocupación de los predios de
vuestra propiedad”.

 

Ghirardo, por su parte, contó a Brecha que el 22 de enero se tuvo una
reunión con delegados del barrio y funcionarios del Ministerio del Interior,
en la que se acordó deshabitar los predios pertenecientes a la Intendencia
de Montevideo. Sin embargo, el viernes pasado el director de Asesoría
Jurídica de la Intendencia ratificó la denuncia, “aún sin chequear la
información”: “Por ejemplo, afirmó que seguía ocupado el sector de las obras
de saneamiento, lo cual es falso a la fecha en que lo dijo”.

 

*****

 

Los carteles son importantes en el barrio, como el que está afuera del
merendero: “Fuerza para nuestras compañeras”. Allí, Jorge cocina unas
setenta viandas por comida –desayuno, merienda y cena– para los niños del
barrio.

 

—Yo me ocupo más del merendero que de mi casa –bromea.

 

—Cocino todos los días. Trato de cocinar temprano, aunque hay gente que
tiene y deja para otros niños.

 

—Jorge –lo interrumpe Romina–, decime qué se necesita para la olla.

 

—Boniato, condimentos…

 

—Carne, ¿no?

 

—Carne, sí.

 

El merendero es una construcción de chapa. Allí hay leña, algo donde cocinar
y un colchón, en el que a veces duerme Jorge. Gracias a las donaciones de
distintos sindicatos y a la colaboración de un arquitecto, se espera
edificar un merendero de material en la parcela contigua, donde yace una
construcción circular abandonada que un vecino viejo define como el depósito
de orujo de cuando estos campos eran viñedos.

 

Mientras Brecha recorría la ocupación, al costado de donde se alzará el
merendero, dos técnicos de Ose (Obras Sanitarias del Estado), ante la mirada
expectante de los vecinos, habilitaron la fuente de agua para el barrio.
¿Cuál es el Estado?, se preguntaban los vecinos. ¿La Policía pateando
puertas o los obreros abriendo canillas?

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