Colombia/ La mala hora del parapresidente: el arresto de Álvaro Uribe [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de agosto 2020

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Colombia



El arresto de Álvaro Uribe



La mala hora del parapresidente



Líder de la extrema derecha en Colombia y opositor al acuerdo de paz con las
FARC, Uribe es el primer exmandatario de ese país en ser detenido por la
Justicia. A pesar del apoyo que recibe del gobierno de Iván Duque, los
profusos vínculos de su entorno con el paramilitarismo y los escándalos que
rodean sus gobiernos lo han puesto bajo la mira de los tribunales.



Decio Machado, desde Quito

Brecha, 7-8-2020

https://brecha.com.uy/



La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó, el 4 de agosto, la
detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se lo investiga
por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso vinculado a
escuadrones paramilitares de la ultraderecha.



La situación carece de precedentes: nunca antes un tribunal colombiano había
ordenado la privación de libertad de un expresidente. Mientras tanto, en los
pasillos y salas de la Corte se decide si Uribe será acusado y se lo llevará
a juicio o si, por el contrario, el caso quedará, como suele ocurrir,
archivado. Debe tenerse en cuenta que, más allá de que Uribe es el mentor
del actual presidente colombiano, Iván Duque, ejerce, además, como senador
de la república y es el líder indiscutible de los sectores conservadores más
fundamentalistas en un país ideológicamente muy polarizado.



Las investigaciones judiciales y periodísticas que involucran a Uribe con el
paramilitarismo vienen de lejos, desde sus orígenes como político local en
la capital antioqueña de Medellín, aunque una y otra vez –por arte de magia–
quedaron sistemáticamente archivadas. En el caso de la actual investigación,
las supuestas presiones ejercidas por Uribe sobre los testigos se dieron a
través de terceros, cuando el exmandatario se desempeñaba como congresista
tras dejar la presidencia.



Luego del anuncio público de las medidas cautelares, los uribistas
impulsaron en Bogotá una larga caravana de automóviles como demostración de
apoyo a su líder; en paralelo, cacerolas y bocinas se hicieron notar en
barrios populares y de clase media de muy diversas urbes colombianas como
celebración de la orden de prisión preventiva.



Los escándalos del presidente



Declarado enemigo del acuerdo de paz establecido con la insurgencia, Uribe
es hoy el líder principal del partido Centro Democrático. La organización es
la base del apoyo legislativo al actual presidente, Iván Duque, quien por
estos días busca profundizar sus reformas de corte neoliberal en el mercado
de trabajo, aprovechando las condiciones sociales generadas por el impacto
de la pandemia. Duque salió de inmediato a defender a su padrino político y
dijo ser un creyente de su «inocencia y honorabilidad».



Lo cierto es que, elegido presidente de Colombia en 2002, el primer objetivo
de Uribe fue modificar la Constitución –en aquel momento la carta magna
prohibía a los presidentes gobernar por más de un mandato consecutivo– con
el fin de poder ser reelegido en 2006. Aprobada la reforma, saldría
posteriormente a la luz pública que los operadores uribistas habían logrado
el apoyo de muchos parlamentarios a dicha reforma mediante el ofrecimiento
de prebendas personales. Dos legisladores fueron condenados por recibir
sobornos y dos exministros de Uribe se encuentran en la actualidad bajo
investigación por dicho asunto.



En paralelo, fruto del periodismo de investigación, la revista Semana
descubrió, en 2009, que durante las presidencias de Uribe el Departamento
Administrativo de Seguridad –el equivalente al FBI en Colombia– utilizó a
sus agentes secretos y su tecnología para el control ilegal de llamadas
telefónicas y de los movimientos de los políticos opositores al uribismo,
así como de activistas de derechos humanos, periodistas e, incluso, jueces
del Tribunal Supremo. Todo ello por orden directa del Palacio de Nariño.



De igual manera, en la actualidad el Tribunal Supremo investiga a docenas de
parlamentarios uribistas por presuntos vínculos financieros y políticos con
grupos paramilitares de la extrema derecha. Entre ellos, no podía faltar
Mario Uribe, un primo del exmandatario, quien incluso llegó a ser
encarcelado en 2011 por sus lazos con el paramilitarismo. En los expedientes
judiciales consta cómo los hombres del expresidente Uribe amenazaron y
chantajearon a los jueces para impedir sentencias condenatorias contra sus
amigos y el entorno presidencial.



Pero, posiblemente, el más grave de los asuntos que involucra al dos veces
mandatario fue la forma en que se corrió un tupido velo sobre las
investigaciones internas que demostraban cómo los militares colombianos
asesinaron a civiles inocentes entre 2006 y 2010, y hacían pasar los
cadáveres como guerrilleros abatidos. Los llamados «falsos positivos» se
remontan a la década de los ochenta, pero ocurrieron con mayor frecuencia de
2004 a 2008 –durante el gobierno de Uribe–, según la Corte Penal
Internacional, y ascendieron a, al menos, 2.248, según cifras de la Fiscalía
General de Colombia.

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