México/ Crimen y castigo en el país de AMLO [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de agosto 2020

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México



Crimen y castigo en el país de AMLO



Manuel Aguilar Mora *

Ciudad de México, 25-8-2020



El pueblo se cansa de tanta pinche transa.

Grito en las manifestaciones populares.



En medio de la pandemia del Covid-19 que no ha podido dominarse (con más de
60 mil muertos México se coloca en un triste tercer lugar después de Estados
Unidos y Brasil), de una devastadora crisis económica con por lo menos un
millón de desempleados y de la imparable tendencia de violencia
delincuencial que sigue desenfrenada, ahora en estos días el país está
experimentado un terremoto político que sacude de arriba abajo su estructura
política dominante.



Descomposición política



Los barruntos de esta tormenta política estaban ya presentes desde hace dos
años. La victoria electoral aplastante de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), en gran medida forjada por él mismo con su feroz campaña de
agitación durante varios años contra la “mafia del poder” del PRI y el PAN
(el PRIAN), condujo a la pulverización política y organizativa de ambos
partidos, los pilares del tradicional régimen mexicano durante la mayor
parte del siglo XX y de lo que iba del siglo XXI. Así surgió el partido de
AMLO, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) como la aplanadora de las
cámaras legislativas. De hecho en la etapa final anterior a las elecciones
presidenciales de 2018 que lo llevaron a su triunfo, AMLO comenzó
palpablemente a echar agua a su vino “anti mafia del poder”. AMLO ha
mostrado bien la razón de este giro de su discurso político mucho más
moderado a partir de su llegada al Palacio Nacional. Aunque de forma caótica
su curso de política económica centrado en una lucha contra la corrupción no
difiere sustancialmente de las normativas macroeconómicas neoliberales
prevalecientes en los últimos treinta años: total apoyo a los negocios
capitalistas en especial a los mayores, énfasis en las privatizaciones,
austeridad extrema en el presupuesto público, fortalecimiento del aparato
represivo y completa subordinación a la economía del poderoso vecino del
norte. Incluso en los objetivos favoritos de su gobierno AMLO no se
distingue de sus antecesores al subordinar enormes recursos económicos a
proyectos particulares faraónicos que no se acomodan con las necesidades
urgentes del momento como son el aeropuerto de Santa Lucía, el tren maya y
la refinería de Tres Bocas de Tabasco.  Su objetivo de “primero los pobres”
ha quedado como un lema sin verdadero sustento como la situación de abandono
en que se encuentra la abrumadora mayoría popular en la pandemia lo
demuestra.



Obviamente que las circunstancias de la agudísima crisis capitalista global
ya anunciada desde 2019 y desatada de modo feroz con la aparición de la
pandemia ha tensado los conflictos agudizando fuertemente todas las
contradicciones, dejando muy poco o nulo margen para los compromisos. Está
sucediendo en todo el mundo no podía sino expresarse también en México, más
aún cuando desde 2018 era evidente que las grandes masas populares
expresaron fehacientemente con 32 millones de votos, la votación más grande
en la historia del país, su repudio al sistema del PRIAN falsamente
presentado como “democrático”, en realidad un régimen de decadencia, de
violencia y de corrupción generalizadas. El terremoto político actual que
sacude a México ha puesto de relieve esta situación sin duda alguna posible.



Emilio Lozoya Austin es el personaje que se ha convertido en la fuente del
escándalo del poder más importante de  lo que va del gobierno de  AMLO. Es
el imputado principal por la justicia de delitos mayores pero también,
debido a esos vericuetos del sistema jurídico imperante, actúa como testigo,
colaborador y denunciante. Director de Pemex durante la mayor parte del
gobierno de Enrique Peña Nieto, huido con motivo de la llegada a la
presidencia de AMLO, detenido en España y extraditado a México en julio
pasado, Lozoya es (fue) el clásico miembro de  los niveles superiores de los
gobiernos del PRIAN como heredero de una dinastía familiar de  la élite del
poder, destinado y educado para ser un alto funcionario del régimen.



Como representante internacional de Peña Nieto, Lozoya fue directamente el
encargado de tratar con la compañía brasileña transnacional Odebrecht que
aportó en 2012 importantes cantidades de recursos financieros a la campaña
presidencial del primero a cambio de disfrutar posteriormente de jugosos
contratos. El vínculo gubernamental con dicha compañía proveedora también de
los recursos utilizados en los sobornos necesarios para aprobar la “reforma
energética” que se daría en 2013-14 ya estaba presente desde el gobierno de
Calderón y representó una muestra viva de la complicidad entre éste y Peña,
entre el PAN y el PRI. La denuncia de estos hechos interpuesta en la
Fiscalía General de la República (FGR) por Lozoya el 11 de agosto y
difundida en forma jurídicamente irregular una semana después, un documento
de más de 60 fojas, es la narración de reuniones, acuerdos, cantidades de
dinero entregadas como sobornos, relaciones entre personajes del mundo de la
política de los grupos dominantes con el entonces presidente Peña Nieto y
Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y después de
Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. Junto a la filtración de la
denuncia mencionada, también se filtró un video en donde personeros panistas
en la Cámara de Diputados repartían en maletas los montones de billetes que
se encontraban en grandes bolsas sobre una mesa.



En el amplio relato de su denuncia Lozoya nombra como autores y ejecutores
de numerosos negocios de miles de millones de dólares que reportaban
superganancias a la compañía brasileña a través de contratos leoninos,
subsidios innumerables, créditos de la banca estatal (Nafinsa y Bancomext) a
tres ex presidentes de la República (Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña
Nieto y Felipe Calderón Hinojosa), dos ex candidatos presidenciales (el
panista Ricardo Anaya y el externo postulado por el PRI, José Antonio Meade
Kuribreña quien también fungió dos veces como secretario de estado del
gabinete de Peña Nieto), una suerte de vicepresidente ejecutivo durante el
peñismo (Luis Videgaray Caso el cerebro del gobierno en el sexenio
2012-2018)), el fallido delfín de Calderón a la candidatura presidencial
panista de 2012 (Ernesto Cordero hoy senador de la República), dos panistas
que ahora son gobernadores (Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas,
y Francisco Domínguez, de Querétaro), varios políticos ligados
específicamente al calderonismo (Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle
Maury), el concuño de Carlos Salinas de Gortari (José Antonio González
Anaya, quien fue secretario de Hacienda y director de Pemex durante el
peñismo) y a 70 personajes más relacionados con estas operaciones en las
cámaras legislativas, en Pemex entre otros lugares.



El papel de AMLO



En sus diarias mañaneras de agosto, refiriéndose al escandalazo de Lozoya,
más de una vez AMLO se ha hecho eco del grito tantas veces oído en las
manifestaciones populares: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa”. No
ha dejado de hablar, comentar, señalar y recomendar que todos lean el
testimonio de Lozoya considerado por él, no sin razón, como una prueba
contundente de la bancarrota de los gobiernos “neoliberales”, es decir, de
sus opositores políticos burgueses. Este combate contra la corrupción
centrado en los altos niveles lo ha llevado a decir que la denuncia de
Lozoya plantea la necesidad de llamar a declarar a los ex presidentes de la
República mencionados en ella. Algo inaudito en los anales políticos del
país que por primera vez acerca a los presidentes omnipotentes e intocables
mexicanos al destino más terrenal de los representantes del poder ejecutivo
de América Latina. Tarde pero esa ronda de saqueo de las finanzas públicas,
de sobornos y corrupción de Odebrecht por el subcontinente que ha afectado a
21 presidentes: 3 en Guatemala, 1 en El Salvador, 4 en Perú (uno suicidado
el aprista Alan García), 2 en Colombia, 2 en Ecuador, 5 en Brasil finalmente
ha tocado a 3 de México. Una lección que postula de modo inequívoco cómo la
corrupción es inherente al sistema, como se deriva lógica y necesariamente
de la explotación capitalista. Una verdad que el obradorismo evade y niega
con vehemencia considerando que dentro de las fronteras nacionales “no
existe la lucha de clases”. Una concepción ideológica subyacente en el
origen del obradorismo en la pequeña burguesía cuya constitución como la
fuerza política hegemónica del estado burgués en México lo ha transformado
por completo en dependiente del capital.



La feroz pugna entre estos grupos del poder, a su vez representantes
burgueses de intereses muy poderosos, elevó su virulencia en esa tercera
semana de agosto a niveles muy altos. El 17 de agosto fue presentado el
video arriba mencionado produciendo una auténtica conmoción nacional, pero
tres días después le siguieron otros videos en los cuales también había
bolsas y sobres llenos de billetes que eran entregados a Pío, hermano del
presidente Andrés Manuel López Obrador. Éste respondió de inmediato el 22 de
agosto mostrando el atraco del contrato del gobierno peñista con Odebrecht
referente a la compañía Etileno XXI cuantificado en 15 000 millones de pesos
(aproximadamente 750 millones de dólares). Y no evadió la comparación con
las otras bolsas de billetes a su hermano Pío: “mis adversarios sacaron unos
videos de mi hermano recibiendo dinero para colaborar con Morena en 2005. De
todas maneras es dinero que le entregaron”. Para él es un dinero muy
diferente al de la corrupción de Odebrecht. “Lo de Odebrecht es corrupción,
lo otro es cooperación”. (La Jornada, 23.08.2020). Reconoció que hay que
investigar a su hermano, al personaje que le entregó el dinero y él mismo se
dijo dispuesto a declarar. Y su vena frecuente de expresarse con dichos
populares remató diciendo que “el buen juez por su casa empieza y quien nada
debe nada teme”.



El panorama de la política burguesa en México es desolador. Un ex consejero
electoral Alfredo Figueroa crudamente señala las consecuencias de estos
hechos en el tinglado de los partidos en México. Los partidos desviaron
millones del erario para comprar votos y publicidad, los diputados y
senadores fueron sobornados para votar a favor de las reformas que
privatizaron la energía y la educación, el Instituto y la Fiscalía Electoral
nunca notaron que se rebasaban los topes de campaña, la Auditoría Superior
jamás conectó la entrega de contratos públicos con los sobornos privados.
Los gobernaba festivamente una élite que no discutía por ideas sino por
sobornos (los famosos “moches”). Así, la expresión política de la transición
hacia una democracia no fue, como nos decían sus biógrafos, ni democrática
ni liberal. Fue hacia una democracia de los “moches” que produjo una
presidencia fraudulenta, la de Peña Nieto cuya ilegalidad es una de las
posibles consecuencia del presente escándalo”.(“Efecto Odebrecht. PRI y
Verde en riesgo de desaparecer”, Proceso, 23.08.2020).



El callejón sin salida oficial



El escándalo de Lozoya, Odebrecht y anexas que abarca y salpica a toda la
jerarquía de la casta oficial del PRIAN pero también del PRD y si rascamos a
grupos que se han colado a Morena, es la evidencia palpable de la
descomposición de la política burguesa en México. Las evidencias de los
crímenes y delitos de todo tipo cometidos por sus representantes desde sus
más altas figuras, como los tres ex presidentes mencionados, hasta sus
agentes menores no dejan lugar a dudas que merecen castigo. La cárcel
debería ser su destino para pagar culpas de crímenes monstruosos cometidos
por sus personeros bajo la autoría intelectual de los funcionarios del más
alto nivel civil y, por supuesto, militar. El contubernio de los altos
niveles del poder con el hampa es otra evidencia que ha sido más que probada
durante el gobierno de Calderón con el encarcelamiento del súper-policía de
su gobierno Genaro García Luna en Estados Unidos acusado de complicidad con
la delincuencia del narco. Es por supuesto el caso de la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa, caso sobre el cual priva la más completa
discreción oficial después de que se había avanzado ya un buen tramo hace
unas semanas cuando las investigaciones apuntaban a la necesidad ineludible
de indagar en los expedientes y en los recursos de todos tipo de los
militares del cuartel de Iguala y de otras fuentes sobre su involucramiento
en la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014.



Abrumado por la triple crisis de  la pandemia sanitaria, la caída
catastrófica de  la economía y la violencia criminal que no cede, AMLO se ha
metido en una bronca con sus predecesores en el poder del Zócalo de
pronósticos reservados. Aunque realizadas en el ambiente tan resbaladizo
como el que priva los días actuales, las encuestas le son favorables ante su
posición en la situación criminal que ha sido develada por Lozoya. ¿Cuánto
tiempo durará?



Se trata de una prueba decisiva de la que dependerá en gran medida lo que
resta de su gobierno, o sea el trecho más largo. La pugna interburguesa que
protagonizan AMLO y sus opositores no será la fuente de la justicia que
amerita a gritos la situación de criminalidad y delito que asuelan a México.
La cita de  las elecciones intermedias de 2021 ya está en el horizonte y en
ellas se ajustarán muchas cuentas. El destino de Morena le importa, aunque
no sea del todo dependiente de su partido. Las semanas, los meses próximos
serán cruciales. Ante la debacle de las formaciones burguesas tradicionales
el escenario se abre para las nuevas alternativas reformistas o de un
gobierno fuerte. En el panorama burgués no se percibe en su horizonte
reformismo alguno, más bien son crecientes los signos de  las soluciones
militares, como se ha visto con creces durante  lo que va del gobierno
obradorista. AMLO, por tanto, aspira a seguir fortaleciéndose como el hombre
fuerte del sistema..



Mientras tanto, aunque grandes sectores populares quieren y esperan el
castigo de los criminales balconeados durante los escándalos actuales, otros
sectores de esas mismas masas no van a esperar los tortuosos vericuetos de
la justicia burguesa. La lucha de clases, en cierta medida frenada por la
pandemia, surgirá impetuosa al menor atisbo de fisuras y oportunidades.



Labores de esclarecimiento político, de organización independiente, de
delineamiento de  perspectivas libertarias y emancipatorias y una vocación
de lucha por el socialismo como alternativa a tanta decadencia y
descomposición capitalistas son las que aguardan a todos los sectores
democráticos, revolucionarios y socialistas que están surgiendo y
multiplicándose por todo México. La gran tarea a corto plazo es la
organización de esas fuerzas hoy todavía modestas pero que la profunda
crisis que atravesamos transformará, con la voluntad e inteligencia de sus
integrantes, en una fuerza poderosa.



* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS). Profesor de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el
Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de
numerosos libros sobre la historia política y social de México.

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