Guatemala/ ¿Después del fuego, qué? [Ricardo Sáenz de Tejada]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de diciembre 2020

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Guatemala



¿Después del fuego, qué?



Las protestas registradas en Guatemala en noviembre pasado contra el
presupuesto presentado por el gobierno revelan un estado de disconformidad
social que tuvo su pico en las movilizaciones de 2015. El desprestigio de la
política está asociado a los niveles escandalosos de corrupción que
atraviesan todas las instituciones del Estado. La demandada convocatoria de
una Asamblea Constituyente aparece como una de las vías para recomponer un
sistema político y social marcado por las enormes desigualdades.



Ricardo Sáenz de Tejada *

Nueva Sociedad, diciembre 2020

https://nuso.org/articulo/



El sábado 21 de noviembre, un grupo de manifestantes incendió varios salones
del Congreso de la República en Guatemala. A pesar de que existía suficiente
presencia policial tanto dentro como fuera del edificio, las fuerzas de
seguridad no actuaron para detener a los manifestantes e incluso, según
informaron fuentes de la misma Policía Nacional Civil (PNC), oficiales de
esta entidad se negaron a permitir el ingreso a tiempo de los bomberos a la
zona donde ocurrió el incendio. Posteriormente, las unidades del pelotón
antimotines de la PNC lanzaron bombas lacrimógenas contra quienes
protestaban frente al edificio del organismo legislativo y avanzaron por las
calles del centro de la ciudad hasta llegar a 100 metros de la Plaza de la
Constitución, donde miles de personas protestaban contra el gobierno de
Alejandro Giammattei.



A diferencia de las movilizaciones de 2015, que llevaron a la renuncia y
encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina, esta vez los
policías lanzaron gas lacrimógeno al centro de la plaza, hirieron a varias
personas, incluyendo a dos jóvenes que perdieron un ojo, y realizaron
decenas de capturas.



Aunque la protesta se originó en la aprobación del presupuesto del gobierno
para 2021, la movilización ciudadana respondió a una crisis política no
resuelta y que incluye a los tres poderes del Estado. Como antecedente de la
situación política actual de Guatemala puede ser útil analizar los
resultados de las elecciones generales de 2019, y no olvidar que Alejandro
Giammattei asumió la presidencia el 14 de enero de 2020, es decir, tiene
menos de un año al frente del gobierno.



En esos comicios se manifestó una vez más la fluidez y la fragmentación del
sistema de partidos guatemalteco. Participaron 19 candidatos presidenciales,
dos más fueron retirados de la papeleta a última hora (el primero por haber
sido capturado bajo acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos y el
segundo por no cumplir con los requisitos legales) y las dos candidatas que
a principios de año tenían la mayor intención de voto –Zury Ríos, hija del
dictador Efraín Ríos Montt y precandidata del partido Valor, y Thelma
Aldana, ex-fiscal general y precandidata del Movimiento Semilla– tampoco
fueron inscritas por razones legales.



En ese contexto, Giammattei obtuvo apenas 14% de los votos en la primera
vuelta electoral. Se convirtió así en el candidato que pasó a una segunda
vuelta con el menor porcentaje de votos y pese a ello ganó la Presidencia.
86% de los votantes tenía una primera preferencia distinta al actual
presidente de Guatemala, quien logró ganar en el balotaje fundamentalmente
por el rechazo de la mayoría de votantes frente a su rival Sandra Torres,
ex-esposa del ex-presidente Alvaro Colom (2008-2012) y candidata del partido
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).



La debilidad de Vamos, el partido del presidente, se expresó también en la
composición del Congreso: 21 partidos tienen representación parlamentaria,
ningún bloque legislativo tiene mayoría y el partido oficial cuenta con solo
17 de 160 bancas. En esas circunstancias, Giammattei y sus operadores
políticos tejieron una coalición parlamentaria que incluyó a Unión del
Cambio Nacionalista (UCN), partido acusado de vínculos con el narcotráfico y
cuyo candidato presidencial cumple condena en Estados Unidos; Todos, el
partido insignia del llamado «pacto de corruptos» (la coalición política,
empresarial y criminal que impulsó la salida de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)); otros grupos parlamentarios
minoritarios y un grupo de diputados de UNE que, de acuerdo con denuncias de
sus correligionarios, fueron sobornados para aliarse con el partido oficial
y elegir de esa forma una junta directiva del Congreso subordinada en los
hechos al Poder Ejecutivo. En adelante, cada votación importante ha
significado para el gobierno el intercambio de favores con los bloques y
diputados aliados.



Tras lograr el control del Congreso, el siguiente paso de esta coalición ha
sido bloquear sistemáticamente la elección de los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones. A principios de 2020 la
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó una trama en la que
diputados negociaban con personas acusadas de corrupción candidaturas a las
altas cortes. Previamente, la Corte de Constitucionalidad ordenó al
Legislativo elegir a los magistrados a viva voz, garantizar la idoneidad y
justificar el voto. La junta directiva del Congreso ha manipulado la agenda
legislativa para posponer durante 11 meses esta elección. La intención de
estos grupos al retrasar la elección de las cortes es esperar la renovación
de la Corte de Constitucionalidad, de manera que puedan elegir sin
obstáculos magistrados que les garanticen impunidad.



En este contexto, el gobierno de Giammattei enfrentó la pandemia de
covid-19. La tensión entre la salud y la economía que ha caracterizado el
manejo de la enfermedad en la mayoría de los países se resolvió en Guatemala
en favor de los grupos económicos. Las actividades productivas más
importantes tuvieron continuidad y los trabajadores debieron cubrir los
costos de transporte (los servicios públicos fueron suspendidos) y de
medidas de prevención. A partir de septiembre pasado se abrió con ciertas
restricciones la totalidad de las actividades comerciales.



En cuanto a las acciones para enfrentar las consecuencias de la crisis
económica y social producida por la pandemia, las políticas públicas se
caracterizaron por producir y reproducir las ya elevadas desigualdades
sociales, la opacidad y la corrupción. Aunque el Congreso aprobó recursos
desde marzo, los programas de apoyo empezaron a ejecutarse recién en mayo, y
en el caso del programa de dotación de ayuda alimentaria destinado a la
población rural en condiciones de extrema pobreza, en septiembre se habían
ejecutado menos de 10% de los fondos aprobados. Denuncias presentadas por
diputados opositores señalaron que personas fallecidas, radicadas en el
extranjero y empleados públicos fueron beneficiados con los fondos
destinados a atender a los afectados por la crisis.



Otra fuente de críticas al gobierno de Giammattei fue el establecimiento del
llamado Centro de Gobierno, una oficina dirigida por uno de sus allegados
que supuestamente da seguimiento a las actividades de los ministerios y al
cumplimiento de las prioridades gubernamentales. Esta oficina no solo es
onerosa, sino que además duplica las funciones del vicepresidente y de la
Secretaría de Planificación. La existencia de esta entidad se sumó a otras
tensiones existentes entre el presidente y el vicepresidente, diferencias
que se expusieron públicamente a través de las redes sociales y que
confirmaban el carácter autoritario e irascible de Giammattei.



El primer año de gobierno se caracterizó también por constantes cambios en
el gabinete. El ministro de Salud Hugo Monroy fue destituido en junio por el
mal manejo de la crisis sanitaria producida por el covid-19; el primer
ministro de Gobernación (que tiene a su cargo la seguridad pública) renunció
por problemas de salud y el segundo fue obligado a renunciar por haber
aprobado la autorización para trabajar en Guatemala de Planned Parenthood,
acusada por los sectores conservadores de promover el aborto; los ministros
de Agricultura y Trabajo fueron destituidos por falta de resultados; y, el
director general de Caminos fue destituido por acusaciones de corrupción.



En noviembre, Guatemala, al igual que el conjunto de Centroamérica, fue
azotado por dos fenómenos climáticos: las tormentas Eta y Iota, que
afectaron a centenares de miles de personas y provocaron inundaciones y
pérdidas de cosechas. En Guatemala, las tormentas provocaron 60 muertes y
más de dos millones de personas afectadas, así como la inminente agudización
de los problemas de hambruna que asolan el país. La respuesta gubernamental
nuevamente fue tardía e insuficiente y la ayuda a los damnificados fluyó
inicialmente por donaciones comunitarias, ayuda privada y cooperación
internacional. En estas circunstancias se desencadenaron las protestas
ciudadanas.



La gota que derramó el vaso de la inconformidad de la población fue la
aprobación del presupuesto del Estado 2021 por el Congreso de la República.
El proceso de elaboración presupuestaria se inicia al principio del año,
cuando las entidades públicas empiezan a preparar sus planes y programas de
trabajo para el año siguiente. En abril estas entregaron sus propuestas
presupuestarias a la Secretaría de Planificación, que a su vez entregó en
julio una propuesta integrada al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Este presentó el 1 de septiembre el proyecto de presupuesto al Congreso de
la República, que a su vez lo trasladó a la Comisión de Finanzas.



Durante todo el proceso se realizan consultas y discusiones entre las
entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para proponer un
presupuesto que se adecue a las prioridades del país. A pesar de este
proceso, la Comisión de Finanzas del Congreso emitió un dictamen favorable
al presupuesto, que fue aprobado casi sin discusión en la misma comisión y
presentado al pleno del Legislativo para ser aprobado en una sola lectura.
El dictamen se emitió a las 5 de la tarde del 17 de noviembre y el Congreso
se reunió esa misma noche y aprobó de «emergencia nacional» el presupuesto
la madrugada del 18 de noviembre. Para ello se configuró una mayoría
legislativa que se impuso sobre los grupos opositores.



La aprobación acelerada y poco transparente generó el rechazo de las cámaras
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas.
El propio vicepresidente Guillermo Castillo solicitó públicamente al
presidente que vetara el decreto presupuestario. Entre los problemas que
tenía el presupuesto estaban el aumento del endeudamiento, la existencia de
«bolsones de corrupción» y la ausencia de financiamiento para políticas
sociales. Sobre la primera cuestión, aunque el endeudamiento de Guatemala es
comparativamente menor que el del resto de los países de la región, la baja
carga tributaria (menos de 10% sobre el PIB) limita las capacidades de pago
de la deuda. En las últimas semanas, las principales calificadoras
internacionales señalaron que, si no resuelve el problema de la baja
tributación, el país enfrentará problemas para mantener el financiamiento de
la deuda.



En cuanto a la corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
alertó sobre varios rubros presupuestarios aprobados en los que se
identificaban anomalías y dificultades para la fiscalización. Además, en el
presupuesto no se atendían suficientemente las necesidades para hacer frente
a la desnutrición crónica y la pobreza extrema.



El jueves 19 por la tarde, el presidente Giammattei con su gabinete de
ministros anunció que no vetaría el presupuesto y que convocaría a think
thanks para readecuarlo. Media hora después, el vicepresidente Castillo hizo
pública en rueda de prensa su ruptura con el presidente, solicitando el veto
del presupuesto, la disolución del Centro de Gobierno y la renovación del
gabinete. Propuso también como una salida a la crisis la renuncia de ambos
(presidente y vicepresidente) y la elección por parte del Congreso de nuevas
autoridades.



El sábado 21 se realizaron movilizaciones de protesta en la capital y en las
principales ciudades del país. Por primera vez desde el inicio de la
pandemia, miles de personas manifestaron en las calles su inconformidad con
las decisiones gubernamentales. Se destacó la presencia de organizaciones de
estudiantes, tanto de la universidad pública como de universidades privadas.
Aunque la anulación del presupuesto constituyó la principal reivindicación,
se empezaron a escuchar demandas de renuncia de las principales autoridades
del país.



La represión policial, la forma en que se manejó el incendio del Congreso y
las detenciones arbitrarias, lejos de amedrentar a los ciudadanos,
aumentaron la indignación. El domingo 19 se reunió en una instalación
militar la junta directiva del Congreso con algunos jefes de bloque y
anunciaron que se suspendería el trámite de aprobación del presupuesto,
cuestión que fue oficializada por el pleno del Legislativo: el decreto
presupuestario sería archivado y, como lo establece la Constitución, entrará
en vigencia el presupuesto del año anterior.



Como parte de una puesta en escena dirigida a criminalizar las protestas, el
22 de noviembre Giammattei invocó la Carta Democrática de la Organización de
Estados Americanos (OEA), insinuando que se gestaba un golpe de Estado, y
solicitó apoyo para promover un espacio de diálogo. Pese a ello, las
protestas no se detuvieron: el sábado 28 nuevamente miles de ciudadanos se
concentraron en distintas plazas del país, y el lunes varias comunidades
indígenas ocuparon tramos carreteros estratégicos, pidiendo la renuncia del
presidente y diputados y la convocatoria a una Asamblea Constituyente
Plurinacional.



El jueves 3 de diciembre, el presidente y el vicepresidente dieron una rueda
de prensa conjunta –por primera vez en meses– y anunciaron un proceso de
diálogo para ajustar el presupuesto, la reestructuración del gabinete de
ministros y la disolución del Centro de Gobierno. Una vez más, la fuerza de
las plazas hizo retroceder al gobierno.



Con las medidas anunciadas, y sobre todo por la cercanía de las fiestas de
fin de año, es probable que las movilizaciones disminuyan. Sin embargo, la
crisis política no resuelta y los efectos sociales y económicos de 2020
pueden desencadenar una nueva ola de protestas en 2021. Las soluciones a la
crisis son complejas ya que, como señalamos, los grupos de poder vinculados
a la corrupción y al crimen organizado buscan hacerse del pleno control del
Organismo Judicial y preservar su influencia sobre el Ejecutivo y el
Legislativo. Esta contienda por el control del Estado tendrá su próximo
capítulo en abril de 2021, cuando se renueve la Corte de Constitucionalidad,
entidad que ha sido estratégica para contener el avance de la coalición
mafiosa y que, de ser también capturada, facilitará la selección de
magistrados de las altas cortes al servicio de la impunidad.





La dificultad para lograr el rescate del Estado ha llevado a que cada vez
más sectores asuman una demanda planteada desde hace varios años por
organizaciones indígenas y campesinas: la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente de carácter plurinacional. El desafío es la
construcción de una ruta democrática que posibilite las transformaciones de
fondo del Estado, particularmente en lo referido a las relaciones entre
Estado y pueblos indígenas, así como el régimen económico y social.



* Es antropólogo y politólogo. Es profesor de la Escuela de Historia,
Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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