Uruguay/ Los dueños de todo. Extranjerización en las cadenas agrarias [Nadia Amesti/Luciano Costabel]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de diciembre 2020

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Uruguay



Extranjerización en las cadenas agrarias

Los dueños de todo



Una superficie del suelo productivo uruguayo mayor que la del departamento
de Tacuarembó está en manos extranjeras, incluyendo las de empresas
pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más grave lo que sucede en
la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y
sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el
63 de la carne que produce este país se exporta y factura en beneficio de
firmas foráneas.



Nadia Amesti/Luciano Costabel

Brecha, 11-120-2020

https://brecha.com.uy/



En el marco de esta investigación, durante 2017 y 2018 se ingresaron dos
solicitudes de acceso a la información pública ante el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pidiendo los datos de la cantidad
total de tierras productivas pertenecientes a capitales extranjeros en
nuestro país, pero en ambas ocasiones el ministerio se negó a entregar esta
información. En su primera respuesta, la información solicitada fue
catalogada como «confidencial». Tras la respuesta negativa, la Unidad de
Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo estatal encargado de velar
por el derecho de acceso a los datos en manos del gobierno, instó a que se
entregara «disociada o anonimizada» y calificó de «ilegítimo» el argumento
empleado para definirla confidencial. Sin embargo, la cartera negó
nuevamente la información «por no estar obligado a producirla», pese a que
el contador Aldo García, en su comparecencia ante la UAIP como representante
del ministerio, sostuvo que «la información […] se encontraba materialmente»
en el organismo. En esa instancia, por toda respuesta, se entregaron los
datos públicos del Censo General Agropecuario de 2011.



El camino para intentar completar la información se haría largo. Esta
investigación tuvo que recurrir a infinidad de fuentes (institucionales,
académicas, medios de comunicación y estados contables de las empresas,
entre otras) para comprobar que hasta 2018, bajo diferentes figuras
jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de
hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras
productivas del país, lo que equivale a una superficie mayor a la ocupada
por el departamento de Tacuarembó.



Dentro de ese listado se destacan las empresas dedicadas a la forestación.
Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más
de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total
ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia
de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa instaladas en nuestro
país. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (joint venture entre Arauco, de
capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255
mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a
través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión
estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil
hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más
grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa
forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser).



Asimismo, se confirmó que de los 31 conglomerados relevados, 12 tienen su
origen en Brasil, Argentina y Chile, y nueve en Europa (Islas Vírgenes
Británicas, Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Finlandia y Suecia).
Además, se observó una fuerte presencia de inversiones con origen en Estados
Unidos, China, Singapur y Japón.



La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura
empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de
valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas
de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas
y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.



Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los
inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y
proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global, según se
explica en un Informe de Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012. Como
consecuencia, el informe sostiene que, además de los actores empresariales
clásicos «fueron apareciendo [en Uruguay] nuevas formas de organización del
capital, integrando diferentes rubros productivos y con nuevas estrategias
de actuación».



Dentro de las nuevas formas de organización se encuentran los fondos de
pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas
de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción
de commodities, intermediación y comercialización agrícola.



Entre ellos se destaca el fondo de inversión estadounidense Greenwood
Resources, que posee 27 mil hectáreas en nuestro país dedicadas a la
forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK
Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y
bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y
finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y
profesores.



Por su parte, el Forestal Atlántico Sur (FAS), asociación entre capitales
chilenos y uruguayos, posee 41 mil hectáreas propias. Hasta 2018, FAS
gestionaba además los predios de LMAT Uruguay Holdings SRL (14 mil
hectáreas), empresa subsidiaria de Liberty Mutual, una de las aseguradoras
más grandes de Estados Unidos, y los de Guanare SA (49 mil hectáreas),
propiedad de la Universidad de Harvard, que invierte para financiar las
becas de sus estudiantes.



Fuera del sector forestal, el caso más destacable es el del Union
Agriculture Group (UAG), que fue presidido por el actual senador del Partido
Nacional, Juan Sartori. UAG cotizó en la bolsa de valores de Montevideo
hasta 2019 y posee más de 83 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la
ganadería, la lechería y el cultivo de arroz. En este fondo participan
inversores de origen canadiense, estadounidense, europeo y chino.



Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en
el exterior. Sin embargo, en nuestro país también se han desarrollado
proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer
inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de
oferta pública.



Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más
de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan
comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.



La administración de los proyectos, en nuestro país, se reparte entre cuatro
empresas. TMF Uruguay –de origen holandés– administra dos FF, al igual que
Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión, que forma
parte de un grupo que tiene sede en Bahamas y oficinas en Hong Kong,
Montevideo e Islas Caimán. En tanto, Trust AFISA (un FF) tiene sede en
nuestro país, pero la mayoría de los accionistas son argentinos. Finalmente,
EF Asset Management (cuatro FF) tiene origen en Uruguay.



Estas empresas delegan la producción en seis agentes operadores, de los
cuales sólo dos son de origen uruguayo (Agroempresa Forestal SA y Okara
Ltda.). Entre estos, se destaca Cambium Forestal Uruguay SA, empresa formada
en 2007, que es subsidiaria de la chilena Cambium SA y en nuestro país
administra unas 140 mil hectáreas, distribuidas en diez departamentos.



Las evaluaciones llevadas a cabo por la calificadora de riesgo CARE detallan
que los inversores obtienen ganancias por el arrendamiento de los campos, la
venta de producción y la liquidación de los terrenos al finalizar el
proyecto, dependiendo del plan productivo establecido. Al respecto, se
especula con un aumento en el precio de la tierra a futuro, ya sea por la
tendencia de los últimos años o por las mejoras realizadas en los predios.



Si bien en nuestro país las inversiones en fideicomisos provienen,
principalmente, de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional
(AFAP), según el excalificador de CARE y exanalista de la Oficina de
Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP, Juan Peyrou,la
estructura da la posibilidad de conservar el anonimato a los inversores.



Hecha la ley…



Los cambios en la propiedad de la tierra producidos en los últimos años son
evidentes. Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011),
en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya
controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011
sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.



Al mismo tiempo, buena parte de la tierra pasaba a ser poseída por
sociedades, la mayoría de ellas anónimas, que pasaron de disponer del 1 por
ciento del territorio a controlar el 43,1. Si bien no es posible establecer
que todas las sociedades anónimas sean extranjeras, los investigadores
Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo sostienen que, durante ese período,
por lo menos el 20 por ciento de las tierras transadas en el mercado (más de
1,5 millones de hectáreas) fue a parar a manos de extranjeros por esta vía.



Frente a la profundización de ese fenómeno, durante los gobiernos del Frente
Amplio se aprobaron dos leyes con el propósito de regularizar e identificar
a los agentes que podían acceder a la compra de tierra en nuestro país. La
ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en
comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de
las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital
accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a
personas físicas».



El motivo de la ley era claro: identificar a las personas físicas «que por
sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares
de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el
artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de
excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son
desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, entre 2007 y
2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro
realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más
de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la
actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya
ejecución se consideraba prioritaria para el desarrollo productivo del país.



Si bien el exministro del MGAP Enzo Benech sostuvo que se revisaban las
empresas para conceder las autorizaciones de tenencia de tierra porque se
debía saber «quiénes son los dueños», el director de OPYPA, Adrián Tambler,
reconoció que si cotizaban en la bolsa de valores, «automáticamente reciben
autorización» para tener tierras.



La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que
estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades
de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país
en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero.



Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas
se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de
las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del
51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble.La empresa china, que
buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la
adquisición del total restante de la compañía.



El grupo Noble, ahora en propiedad de COFCO, estaba presente en Uruguay
mediante la empresa Evera SAC y controlaba 24 mil hectáreas dedicadas a la
agricultura. Además, en la actualidad, el grupo chino tiene centros de
acopio y vende cereales y oleaginosos en nuestro país.



Cuatro años después, una resolución de la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del Uruguay daba cuenta de que la empresa UAG
no había informado que «la empresa china Chengdong Investment Corporation
poseía de forma indirecta más del 10 por ciento del capital con derecho a
voto de Union Agriculture Group».



La omisión de informar fue debidamente multada, sin embargo, no parece
haberse reparado en que, como esta investigación constató en diversas
fuentes, la empresa Chengdong Investment Corporation es una subsidiaria del
fondo soberano de inversión China Investment Corporation (CIC), responsable
de administrar parte de la reserva internacional de ese país. Además, según
informó Búsqueda (2018), en el UAG también participa la institución
financiera de desarrollo Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft,
subsidiaria del banco KFW, del gobierno alemán.



La firma CIC habría sido modelada de acuerdo al fondo de inversión estatal
Temasek de Singapur, que también está presente en Uruguay. En el caso de
Temasek, controla el 58,4 por ciento de las acciones del grupo Olam, que en
nuestro país cuenta con 66 mil vacas lecheras y 32 mil hectáreas dedicadas a
esa actividad.



Las penas y las vaquitas



Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la
compra de tierras, en los últimos 15 años se observó un proceso de
extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales
sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el
Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las
empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las
exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra
ascendió al 70 por ciento.



Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el
80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto,
del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos
derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas
extranjeras. Dentro de esas empresas se da un caso particular con Uruply SA
(responsable de un 9 por ciento del total exportado en 2018), ya que es
subsidiaria de BTG Pactual TIG, grupo que, como se dijo, posee 120 mil
hectáreas en nuestro país a través de la empresa LUMIN y además controla el
100 por ciento de SAMAN SA. En 2018 la empresa arrocera efectuó casi la
mitad de las exportaciones del sector, siendo la principal industria de
procesamiento de arroz en Uruguay.



Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se
adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación
de extranjeras era del 13 por ciento. Tambler sostuvo que en esta cadena
productiva se da un proceso de extranjerización, pero apreció que «no se han
visto impactos negativos aunque la mitad del mercado la haya comprado un
brasileño».



Por su parte, el sector agrícola presenta la particularidad de que los
capitales transnacionales participan, mayormente, en las fases inicial y
comercial. Es así que, el 64 por ciento de las exportaciones de soja en
2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas
extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS
Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales
extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos
analizados.



A partir de la investigación llevada a cabo, fue posible confirmar que las
cinco poseen tierras en nuestro país, aunque sólo se pudo acceder a
información de dos de ellas. El grupo LDC (francés) es propietario del 29
por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la
agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21
mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.



Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración
por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico
uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos
del país. Según se explica en el documento elaborado por Uruguay XXI, en
este rubro resulta más sencillo adquirir una empresa instalada que
satisfacer los requerimientos necesarios para instalar una nueva planta,
además de que existe poco margen para instalar nuevos establecimientos de
gran porte.



Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre
las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de
la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras
en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a
63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales
nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.



La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período
fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el
grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos
Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones
SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que
en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.



«La tierra es de la nación», decía en 2009 José Mujica, quien sería electo
presidente ese año. Sin embargo, una década después, el agro uruguayo se
resume en la imagen de un campo cada vez más despoblado, de grandes
superficies y actores fantasma, donde las decisiones sobre qué producir y
cómo hacerlo son tomadas por grupos extranjeros que controlan los factores
de toda la cadena productiva y la regulan según la infalible lógica del
mercado internacional. Quienes invierten, también extranjeros, especulan con
los resultados a futuro, algunos de ellos para pagar becas universitarias o
pensiones, otros, directamente, para capitalizar sus reservas nacionales y,
de paso, tener el poder para incidir en la soberanía de un país ajeno.

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