Colombia/ La muerte en todas partes. La horrenda violencia contra los líderes sociales [Bibiana Ramírez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de diciembre 2020

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Colombia



La muerte en todas partes



Esta semana, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos,
Michelle Bachelet, llamó al Estado colombiano a detener «la horrenda
violencia» a manos de grupos armados y el abandono que padecen amplios
sectores de ese país. El organismo denuncia la ejecución sistemática de
masacres y el asesinato de centenares de líderes sociales. La siguiente
historia refleja la situación que se vive en las zonas rurales colombianas



Bibiana Ramírez

Brecha, 18-12-202

https://brecha.com.uy/



En redes sociales circuló un video con la imagen de un niño llorando y
gritando, desesperado, golpeando pisos y paredes. A su lado yacía su madre,
asesinada minutos antes tras un ataque sicarial. Los hechos sucedieron el 21
de junio de 2019, en Tierralta, Córdoba. La mujer asesinada es María del
Pilar Hurtado, quien estaba liderando la toma de un predio de 14 hectáreas
contiguo a la zona de invasión más grande del municipio, conocida como Nueve
de Agosto, donde ella residía, junto a su esposo y sus cuatro hijos.



Todo empezó el 25 de mayo del año pasado, cuando una vecina le dijo a María
del Pilar, quien salía a trabajar en la mañana con Manuel Berrío, su esposo,
que estaban invadiendo un lote de tierra. «Ella me dijo: “Papi, yo me voy,
váyase usted a reciclar, yo me voy por el lote”. Cuando pasé por la tarde vi
ese poco de gente. Allá la pusieron como líder, hablaba duro, todos
alrededor de ella», recuerda Manuel.



Es un terreno plano que, a simple vista, se dimensiona de gran tamaño, donde
cabrían las 250 familias que querían invadirlo y sobraría espacio. Esta
propiedad es vecina a una zona marginal donde la mayoría de las casas son de
madera, algunas cubiertas con lonas o plásticos, los pisos de tierra y no
hay alcantarillado óptimo, razón por la cual pululan los malos olores y las
enfermedades.



Pasaron varios días y la gente empezó a demarcar sus pequeños lotes en la
propiedad que pertenece a Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero
Avilez, alcalde de Tierralta para el período 2016-2019. Con la ayuda de
María del Pilar y otros líderes del municipio, se organizaron para que la
tierra fuera distribuida equitativamente. El que sería su lote estaba justo
frente a su casa, tan sólo era cruzar la calle.



Orden de desalojo



El 30 de mayo, el alcalde Otero convocó un consejo de seguridad y dio
instrucción a la Policía para que desalojara a las personas de ese y otros
tres lotes, todos privados, que estaban siendo invadidos por campesinos,
personas desplazadas de algunas zonas cordobesas agobiadas por la guerra y
algunos migrantes de nacionalidad venezolana.



Ese mismo día, circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC), que tienen pleno dominio criminal en la región, con el
que amenazaban a Albeiro Begambre, secretario técnico del Consejo de Paz de
Tierralta, y a otros líderes defensores de los derechos humanos, a quienes
acusaron de «financiar las invasiones»; también incluyeron a quienes
lideraban a las familias. A todos les dieron un plazo de 24 horas para que
desocuparan esos terrenos. «Nosotros no estamos con rodeos, nosotros vamos
es matando [sic] y recuperando el control, y si buscan que el pueblo se
caliente, pues que se caliente esta mierda. Después de esta hora, a quien
encontremos en estas invasiones lo declaramos objetivo militar. Por culpa de
ustedes tenemos a la Policía, el Ejército y inteligencia [sic] en el pueblo
detrás de nosotros», se leía en el panfleto.



El 2 de junio se hizo realidad la orden del alcalde. Llegó un piquete del
Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional con la tarea de
desalojar a los ocupantes del lote de su padre. Algunos invasores
respondieron con piedras. La trifulca dejó heridos de lado y lado, además de
cuatro personas capturadas. Ese mismo día, hombres armados asesinaron a uno
de los ocupantes de otro lote privado que también estaba siendo invadido
cerca del Nueve de Agosto. Los dueños de ese predio son miembros de la
familia Rueda Salas, quienes se pronunciaron en redes sociales pidiendo el
desalojo voluntario o, de lo contrario, lo harían por la fuerza, tal cual
sucedió. Al día siguiente, asesinaron en el Nueve de Agosto a otro hombre
que estaba ocupando el predio de Otero Paternina.



Amenaza cumplida



Ante esos hechos, los que buscaban un pedazo de tierra perdieron la
esperanza de tener un espacio para vivienda, aunque algunos intentaron
volver a entrar en los días siguientes. «Después de esas muertes, María del
Pilar recomendó parar un poco porque esto estaba peligroso. Como a los 15
días fue que la mataron. Ahí sí dejamos la cosa quieta, todo el mundo se
asustó. Yo también me llené de miedo y no dormía en la noche, pensando en
que también me iban a matar», recuerda una de las vecinas.



Ese 21 de junio está muy presente en la vida de Manuel, a tal punto que aún
llora cuando recuerda lo sucedido. «Eran las 6.40 de la mañana cuando se me
arrimó un amigo y me dijo: “Acabaron de matar a su mujer”. No puede ser,
¡ay, Dios mío! A mí se me cayó todo, se me fueron las luces. Corrimos. Me
volvieron a decir, “acabaron de matar a su mujer”. Llegué y estaban los
niños llorando. Un gemelito se tiraba al piso, gritaba. Ella era el motor
mío, el apoyo para mí.»



Dos hombres llegaron en una moto, le propinaron cuatro tiros y huyeron. La
gente, asustada, no supo qué hacer. Manuel llamó a una sobrina para que se
llevara los niños. El cuerpo de María del Pilar fue trasladado a Puerto
Tejada, donde su madre, en medio del dolor, enterró a su tercer hijo. Los
gemelos, que presenciaron la muerte de su mamá, tenían 12 años de edad. Uno
de ellos se quedó sin habla por varios meses. Así de profundo fue el
impacto.



Guardar silencio



Días después del asesinato, nadie quería salir de su casa. Algunos afirman
que seguían pasando hombres en moto, como dando ronda. Darío, el líder que
también habita en el barrio Nueve de Agosto, vio con preocupación este
hecho: «Por las tomas de esas tierras fueron asesinadas tres personas, ahí
no hubo negociación o una persona doliente que fuera a dialogar con la gente
y buscara una salida».



Manuel se quedó en el municipio, aunque se fue a vivir a la casa de su
hermana, con la esperanza de mejorar su casa y cumplir el sueño de María del
Pilar: tener un lugar para su familia. Intentó buscar información para
identificar a los que habían matado a su esposa, un desafío donde las AGC
imponen sus condiciones. «Yo preguntaba por ahí qué sabían. Un día yo iba en
una moto para donde mi hermana y nos alcanzó otra moto con dos personas. El
de atrás me dijo que era mejor que dejara eso, que si seguía averiguando, no
respondía. El que manejaba la moto, donde yo iba, le dijo que por qué, si
estamos en un país libre. El otro dijo: “Lo único que le digo es eso”, y se
fueron», recuerda Manuel. Días después abandonó Tierralta, dolorido por
tanto silencio.



Sometidos por los fusiles



Durante las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo de Paz con las
extintas FARC, líderes y lideresas del sur de Córdoba recuerdan haber
experimentado un ambiente de calma, pero no una paz plena, debido a la
fuerte presencia de grupos armados ilegales, que limitan la labor de los
voceros de las comunidades y de las organizaciones sociales, y les generan
graves riesgos. La confrontación en los últimos años entre grupos herederos
del paramilitarismo, guerrillas, disidencias de las extintas FARC y la
Fuerza Pública ha sido particularmente grave para las comunidades y sus
voceros en regiones como la de San Jorge, poblada por campesinos e
indígenas.



El coronel Jairo Alfonso Baquero, comandante de Policía de Córdoba, sostiene
que las agresiones contra líderes y lideresas estarían relacionadas con el
control territorial sobre zonas integradas a rutas de producción y
comercialización de cocaína, y precisa que la mayoría de los hechos
violentos han tenido lugar en áreas rurales de San José de Uré, Puerto
Libertador, Montelíbano y Tierralta.



Sin embargo, el narcotráfico es apenas una de las piezas del cuadro de
violencia cordobesa. Oposición a proyectos mineros, implementación del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos,
representación en juntas de acción comunal y la constante defensa de los
derechos humanos también incomodan a los que ejercen el poder ilegal,
quienes recurren a amenazas, estigmatizaciones, atentados, asesinatos y
desplazamientos forzados para afectar a las comunidades y a sus voceros. La
organización Somos Defensores, que documenta la situación de riesgo de
líderes y lideresas sociales desde 2002, asevera que, de los 16 asesinatos
de líderes sociales en el departamento desde el 24 de noviembre de 2016,
cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta el pasado 30 de junio, por lo menos
13 han ocurrido en el sur de Córdoba.



(Tomado de los artículos «María del Pilar Hurtado, un liderazgo espontáneo
que le costó la vida» y «Liderazgos sometidos por los fusiles», publicados
originalmente en Verdad Abierta. Brecha reproduce fragmentos. Titulación
propia.)

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