Estados Unidos/ "Carga Pública". Trump prohíbe entrar a los migrantes pobres [Página/12]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de febrero 2020

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Estados Unidos

 

La normativa de "carga pública" entra en vigor 

 

Trump prohibe entrar a los migrantes pobres

 

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual
hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del
inmigrante.

 

Página/12, 25-2-2020

https://www.pagina12.com.ar/

 

La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario
de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán
sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su
tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

 

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de
elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar
la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de
migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la
capacitación del inmigrante.

 

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las
apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal
Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo
había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa
emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington
y Maryland.

 

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será
retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos
migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a
quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de
violaciones de derechos humanos, entre otros.

 

Inmigración frente a Carga Pública

 

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un
extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es
inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que
puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de
tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de
migración del país.

 

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como
"carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12
meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en
cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún
tipo de asistencia.

 

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre
Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará
"radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da
la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que
la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que
temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de
beneficios públicos".

 

Trump mira hacia adentro y pone trabas a los de afuera 

 

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el
cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública"
afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras,
pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda,
que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

 

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o
busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que
soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó
el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al
país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya
tienen trabajo y hablan inglés".

 

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por
razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El
presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un
sistema de mérito", sentenció.

 

Capacidad financiera bajo lupa 

 

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente,
extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos
como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus
familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

 

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador
sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de
ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido
hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede
resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de
Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

 

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la
Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan
su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos
de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese
sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la
reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las
familias".

 

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una
tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una
determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la
familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de
residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma
derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas
de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país.

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