Argentina/ Deuda: el FMI avaló al gobierno, pierde el pueblo trabajador [Esteban Mercatante]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de febrero 2020

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Argentina

 

Deuda: cuando perder es el único resultado posible para el pueblo trabajador

 

Con la declaración de que la deuda no es sostenible, el FMI avaló al
gobierno para negociar la deuda en manos de acreedores privados. ¿Qué
significa esto para las tratativas que vienen?

 

Esteban Mercatante

La Izquierda Diario, 20-2-2020

https://www.laizquierdadiario.com/

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el miércoles, terminada la
misión técnica que estuvo en Buenos Aires desde el 12 hasta el 19 de
febrero, lo que el gobierno esperaba: la deuda no es sostenible en la
situación actual de las cuentas fiscales y externas del país y con el
cronograma de pagos, muy cargado para este año y los que vienen. Por lo
tanto, es necesario que la Argentina renegocie sus pasivos, y que haya “una
contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto significa que
estos deberían aceptar una pérdida de valor de sus bonos, o sea una quita.

 

De esta forma, Alberto Fernández consiguió de la visita del FMI lo mejor que
podía esperar. Los tecnócratas del organismos no le pidieron formalmente más
ajuste (aunque mientras estaban en el país el gobierno metió la mano en el
bolsillo de 2 millones de jubilados y anunció aumentos de tarifas
“solidarios”, continuando con lo iniciado en diciembre con la ley de
emergencia económica) y le marcaron la cancha a los bonistas. De cara a una
dura negociación con los bonistas que se viene, y que según el cronograma de
Economía debería cerrarse con el 31 de marzo como fecha límite y en la cual
el Estado argentino llega en una posición de gran debilidad, el respaldo del
FMI es un contrapeso en la balanza, aunque difícilmente cambie en algo la
dureza que preanuncian los bonistas.

 

¿Qué es lo que se está discutiendo en la negociación de la deuda?

 

La deuda pública total alcanza según los últimos datos informados por la
secretaría de Finanzas, los USD 324 mil millones. De toda esa deuda, más de
un tercio es intra sector público. O sea, es dinero que el Tesoro le debe a
Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el Banco Nación, el
Banco Central (BCRA) y otros organismos públicos. Esa deuda no está en
discusión, son vencimientos que se patea para adelante de manera permanente
(con perjuicio para la operatoria de las entidades en muchos casos, ya que
pierden liquidez).

 

La deuda que se está renegociando es, por un lado, los USD 121 mil millones
que están en manos de bonistas privados, y por otro, los USD 44 mil millones
desembolsados por el FMI. El ministro Martín Guzmán también planteó en su
gira por Europa incluir en la negociación otros pasivos, como los alrededor
de USD 3.000 millones que restan de pagar al Club de París, negociados por
Axel Kicillof cuando era ministro de Cristina Fernández en 2014.

 

La renegociación de la deuda es en realidad tres negociaciones al mismo
tiempo:

 

• la de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, es
decir la que fue emitida en Nueva York u otras plazas. Se trata de una deuda
que hay que pagar en dólares u otras monedas que no son el peso argentino, y
que en caso de incumplimiento habilita a los acreedores a hacer juicio en
cortes de otros países, como los buitres de Griesa. En la mayoría de los
bonos de esta categoría rigen las Cláusulas de Acción Colectiva, por las
cuales si el 75 % de los bonistas o más acepta, se considera lograda la
renegociación, y el restante 25 % debe aceptarla. Pero si no se alcanza ese
porcentaje, el acuerdo queda bloqueado. En los bonos emitidos en 2005 y 2010
cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández canjearon los bonos del default
de 2001, las condiciones son aún más duras: 85 % de los acreedores debe
aceptar. El monto de esta deuda es de USD 65 mil millones, y la mitad de la
deuda o más está en manos de 10 grandes fondos: Pimco, Templeton, Fidelity,
BlackRock y unos 6 más. Si se juntan y unifican posición tienen casi poder
de veto; 

 

• el segundo carril de negociación, es el de los bonos en manos privadas
bajo legislación local. Acá hay deuda en pesos (por el equivalente a USD 18
mil millones) y en dólares (USD 44 mil millones), pero a diferencia de la
anterior no habilita cortes extranjeras. Aunque la negociación local está
subordinada a la de los bonos bajo ley extranjera (Guzmán prometió iguales
condiciones para ambos tipos de deuda, aunque los acreedores opinan que la
deuda local puede ser más castigada), en realidad la mayor parte de los
vencimientos de lo que resta del año son de estos bonos; 

 

• por último, está la deuda con el FMI, para devolverle los USD 44 mil
millones que le prestó a Macri. Hasta el año que viene no hay pagos de
capital al FMI, pero en 2022 y 2023 se concentran vencimientos siderales.
Por eso, la intención de Guzmán es acordar la postergación de pagos hasta
2024. Es una negociación que no es urgente. Pero tener rubricado un acuerdo
con el Fondo sería un gesto para sentarse a la mesa con los acreedores
privados. El gobierno está haciendo los deberes por estos días para cumplir
de antemano todo lo que podrían exigirle. 

 

Este año los vencimientos totales de deuda bruta (es decir, descontando lo
que el Estado le debe al Estado) son de USD 48 mil millones. En dólares son
USD 20 mil millones, el resto en pesos. Los dólares del Banco Central
disponibles hoy para usar son de USD 14 mil millones según las estimaciones
más optimistas. Es decir que no hay plata suficiente para pagar los
vencimientos. Está la deuda en pesos, que se podría pagar emitiendo, pero
eso significa ponerle presión al tipo de cambio, aumentando la brecha entre
el dólar legal y el paralelo, contado con liqui, dólar bolsa, etc.

 

Los tiempos apremian. Si no hay acuerdo para mayo, podría haber default:
hasta ese mes vencen 1 billón y medio de pesos de deuda en moneda local
(sumando capital a intereses), y casi USD 18 mil millones de dólares. Es
decir, USD 4 mil millones más de lo que tiene el BCRA para usar, si
estuviera dispuesto a quemar hasta el último dólar disponible.

 

¿Esto qué significa? Que el gobierno está yendo a una negociación en
condiciones muy débiles. Ya de por sí, no haber entrado en default hace la
negociación siempre más trabajosa. Es cierto por un lado que le da al
gobierno una arma, que es la amenaza de patear el tablero y dejar de pagar,
haciendo que caigan los bonos y los acreedores pierdan todavía más plata,
porque hay muchos que compraron bonos cuando valían bastante más de lo que
están hoy. Pero eso amenaza pierde credibilidad cuando se pone en evidencia
que no hay decisión de ir por ese camino, que es lo que confirmó Kicillof en
la provincia hace dos semanas. Entonces, querer renegociar sin default ya es
una dificultad. Mucho más lo es cuando no se tiene ningún respaldo, que es
lo que le está pasando a la Argentina. Y al haber seguido pagando desde el
día uno, usando dólares escasos, el gobierno debilitó su posición para la
negociación todavía más porque cada vez que paga tiene menos reservas.

 

Entonces, la posición más fuerte está del otro lado de la mesa, donde se
sientan los grandes fondos.

 

Hay cinco variables que van a determinar cómo resulta la renegociación: 1)
la magnitud de la quita de capital; 2) la quita de cupones, es decir el
porcentaje que va pagando de intereses el bono a lo largo de su vida; 3) la
extensión del plazo de pago de los bonos, 4) el tiempo “de gracia”, es decir
sin pagar ni capital ni intereses; y 5) la tasa de retorno del bono
reestructurado, lo que la yerga define como “exit yield”. El gobierno define
(o propone al menos) las primeras cuatro condiciones, en la oferta que
realice a los acreedores. La última variable la definen los mercados: una
vez terminada la negociación según la valuación que tenga el bono respecto
de su valor nominal, esta “exit yield” va a ser más alta o más baja. Si la
tasa es muy alta, la negociación va a arrojar resultados muy precarios.

 

Los bonistas no miran una de estas variables por sobre la otra con más
jerarquía, lo que les importa es el valor presente del conjunto de la
oferta.

 

De todo esto, quita de capital, reducción de intereses, y años de gracia sin
pagar nada, son las claves de lo que hasta ahora se dispone a pedir Guzmán.
Las señales por el lado de los acreedores fueron más bien hostiles. Se
preparan para una dura batalla, que difícilmente concluya antes del 31 de
marzo.

 

Entre la meta del gobierno, de contentarse para este año con el ajuste que
ya viene haciendo y no acelerar el ritmo (pero tampoco disminuirlo), y la de
los acreedores, que es cobrar más y más rápido, obligando al gobierno a
acelerar sus metas de ajuste fiscal, se define la posibilidad de éxito del
paquete, o su fracaso. Será una negociación al filo del default, un evento
para nada descartable.

 

Lo malo y lo peor, las únicas alternativas que ofrece renegociar la deuda
para el pueblo trabajador

 

En la última semana el gobierno encaró un primer ajuste de las jubilaciones,
y anunció que volverá los tarifazos, selectivamente. También presiona por la
eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias, mientras el ministro
de Trabajo propone (y luego niega haberlo hecho) empezar a discutir aumento
de la edad jubilatoria. Son todos anticipos de lo “mejor” que puede surgir
si el gobierno tiene éxito en la negociación con los bonistas: seguir con un
ajuste, que en nada se parece a la propuesta de “poner plata en el bolsillo”
realizada durante la campaña electoral. La alternativa, el fracaso y la
entrada en default, realizada de manera caótica, impondría por la vía del
derrumbe un ajuste todavía peor.

 

La amenaza de esta “catástrofe” como único escenario alternativo, puede ser
utilizada por el gobierno para decir que no se puede hacer otra cosa que
ceder a las exigencias de los acreedores. Pero es falso que esa sea la única
alternativa. También puede encararse un desconocimiento soberano de la deuda
odiosa, acompañado de otra serie de medidas de emergencia como la
nacionalización de los bancos conformando una banca estatal única y el
monopolio estatal del comercio exterior, para que esta vez la crisis la
paguen quienes la generaron: los banqueros, especuladores, y grandes
empresarios.

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