Colombia/ "Falsos positivos". Se asoma la verdad sepultada [Santiago Torrado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de febrero 2020

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Colombia 

 

Se asoma a la verdad sepultada de los “falsos positivos”

 

Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la
justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común.

 

Santiago Torrado, desde Bogotá

El País, 23-2-2020  

https://elpais.com/internacional/

 

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a
una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el
tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a
escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje
montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya
ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de
ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en
combate para mostrar resultados.

 

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se
conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos
mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una
fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad,
busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una
excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general
en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en
que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas
sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el
militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las
transcripciones a las que ha tenido acceso El País.. Incluso han pedido que
lo excluyan de la jurisdicción.

 

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que
es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas
alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos
positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de
los soldados el origen de este fenómeno. "Los muchachos que van al Ejército
son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro.
Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los
cubiertos", señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por
estratos.

 

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso
03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en
combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha
entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por
algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a
cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un
coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia
militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número
de bajas.

 

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por
el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal
que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo
fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores
explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la
funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del
número de cuerpos sin exhumar e identificar.

 

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas
enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras.
Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los
informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo
de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de
Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas
por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea
agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de
Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC.
El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de
las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes
en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia
transicional.

 

Cuerpos recuperados

 

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas
militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y
cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de
fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos
que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes
en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de
los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

 

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y
exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’,
como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de
las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos,
forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron
los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en
conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el
Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un
total de 54.

 

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante
habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la
entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer
cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven
agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

 

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado
y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus
restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de
camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda
con su nombre.

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"Sin acuerdo de paz, estos casos quedarían en la impunidad"

 

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos
positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia
transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos
hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de
ejecución extrajudicial de militares.

 

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se
trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación
criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin
acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido,
seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia
ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la
Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado
desde el año 2003.

 

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente
identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por
ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil
extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras
de los familiares de desaparecidos.

 

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo
de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar formidables
obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de
víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas,
paramilitares y agentes del Estado.

 

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención
sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en
décadas de campaña contrainsurgente.

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