Brasil/ El MST en la mira de Bolsonaro. Se incrementa la violencia en el campo [Nara Lacerda]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de enero 2020

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Brasil

 

El MST en la mira de Bolsonaro, se incrementa la violencia en el campo

 

Se puso en práctica el discurso bélico del presidente: militantes
ejecutados, desalojos y ruralistas en el poder-

 

Nara Lacerda

Brasil de Fato, 3-10-2019

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Traducción de Luiza Mançano

 

Durante los primeros días de administración en enero de 2019, el gobierno de
Jair Bolsonaro ya había demostrado que pondría en práctica la posición
adoptada durante su campaña electoral con respecto a las cuestiones
agrarias. Con el pasar de los meses, las violentas declaraciones se
tradujeron en acciones gubernamentales. Las declaraciones continuaron
aumentando en agresividad, lo que, según los observadores, ha hecho que las
relaciones en el campo de Brasil sean aún más tensas.

 

El en periodo electoral, Bolsonaro defendió cerrar las escuelas del
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), dar respaldo legal a
quienes matan a ocupantes de la tierra y poner fin a la expropiación de la
tierra de los terratenientes denunciados por trabajo esclavo. También
comparó a los trabajadores rurales con los terroristas.

 

En 5 de enero, antes de que su gobierno completara siete días, se registró
el primer acto de violencia. Guardias de seguridad de una empresa privada
asesinaron a una persona e hirieron a otras ocho en una ocupación en la
Hacienda Agropecuária Bauru, en Colniza, municipio de Mato Grosso (región
centro oeste de Brasil). En la ocasión, la declaración de uno de los
guardias ya demostraba que el discurso beligerante del gobierno había
influenciado el clima de permisividad a actos violentos.

 

“Hubo invasión de los sin tierra, que ahora ya no son sin tierra. Según
Bolsonaro, son bandoleros…se murieron dos bandoleros y otros cinco fueron
abaleados y están en el hospital”, afirmó el jefe de los vigilantes a un
portal de noticias local. Cuatro de los autores del crimen fueron detenidos
acusados por homicidio e intento de homicidio. Pero la justicia liberó a los
acusados dos días después del crimen.

 

También en enero, el gobierno determinó la interrupción de todos los
procesos para compra y demarcación de tierras para asentamientos. Algunas
semanas después, el secretario especial de Asuntos Fundiarios, Luiz Antonio
Nabhan Garcia, tildó las escuelas del MST de “pequeña fábrica de dictadores”
y afirmó que el gobierno iba a trabajar para cerrar las instituciones que
atienden a más de 200 mil niños y jóvenes.

 

En medio a la ofensiva del discurso violento del gobierno federal,
administraciones estaduales también conservadoras, empezaron a actuar.

 

En la última semana de febrero, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo) determinó el cierre de las actividades en la Escuela Estadual Eduardo
Galeano. La institución funcionaba desde hace tres años en el campamento
Quilombo Campo Grande sin apoyo gubernamental para transporte o
alimentación.

 

Días después, en Chapada Diamantina (Bahia), la Policía Militar invadió el
campamento Mãe Terra (Madre Tierra) y arrestó a dos trabajadores rurales sin
orden de detención.

 

En Pernambuco, 450 familias recibieron un orden de desalojo en un campamento
ubicado en la usina Maravilha. El local estaba ocupado desde 2012, con
producción de alimentos sanos, viviendas y una escuela. 

 

En Oeste de Paraná, la justicia determinó la toma de posesión del pre
asentamiento Jangadinha, en el municipio de Cascavel, que producía 2.000
kilos de alimentos por semana.

 

Frentes de ataque

 

El intento de debilitamiento de movimientos sociales que luchan por la
tierra no fue solo discursivo. 

 

Aun en febrero, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(Incra) recibió la determinación de cerrar negociaciones con entidades sin
personería jurídica, lo que paralizó diversos frentes de diálogo. Días
después, bajo recomendación de la Procuraduría General, el gobierno
retrocedió tras el alerta de que la medida podría desatar ilegalidades e
inconstitucionalidades.

 

Isolete Wichinieski, economista y coordinadora nacional de la Comisión
Pastoral de la Tierra, analiza que hay un intento de vaciamiento de los
procesos de asentamiento.

 

“Todos los órganos vinculados al tema de la reforma agraria fueron
desmantelados. Todas las políticas para el campo están paralizadas. Para
complicar la situación, hay un desmantelamiento de los procesos de posesión
comunitaria. Asentamientos y campamentos con más de diez años, en proceso de
emisión de títulos, han sido expulsados de su tierra”.

 

Hay más de 2 mil escuelas públicas en asentamientos y campamentos del MST en
Brasil. En la foto, la Escuela Municipal Campesina Trabajo y Saber, en el
asentamiento Eli Vive I, en Paraná (Foto: José Carlos de Jesus Lisboa)

 

En abril, Bolsonaro volvió a atacar el MST directamente. En una emisión
directa en sus redes sociales, el mandatario derechista afirmó que pretendía
calificar las ocupaciones del movimiento como actos de terrorismo y defendió
que terratenientes podrían disparar contra ocupantes sin que la acción sea
considerada un crimen.

 

Muertes y desalojos

 

En marzo la coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas, Dilma
Ferreira Silva, fue asesinada con crueldad en el asentamiento Salvador
Allende, en Pará.

 

Su marido, Claudionor Costa da Silva e Hilton Lopes, amigo de la pareja,
también fueron asesinados. El autor intelectual del crimen, el hacendado
Fernando Ferreira Rosa Filho, de 43 años, fue detenido. Según las
investigaciones, su objetivo era ocupar parte de la tierra del asentamiento
y utilizar documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la
tenencia de tierras, método que en Brasil se llama grilagem.

 

A lo largo del año, hubo acciones de desalojo en diversos estados.

 

Una de las iniciativas más exitosas e históricas del MST, el Centro de
Formación Paulo Freire fue blanco del gobierno de Bolsonaro. Ubicado en el
Asentamiento Normandia, en Caruaru, municipio de Pernambuco, la escuela
ofrecía cursos, talleres, charlas y actuaba en asociación con el gobierno
estadual y universidades,

 

El orden de desalojo fue firmada por el Incra, la institución que dos
décadas antes posibilitó la creación del centro de formación.

 

Las embestidas del gobierno de Jair Bolsonaro contra los movimientos
sociales que actúan en el campo no cesaron.

 

El 25 de noviembre el mandatario afirmó que pretendía enviar al Congreso
Nacional un Proyecto de Ley para permitir operaciones de la llamada Garantía
de La Ley y el Orden (GLO) durante acciones de toma de posesión. Caso sea
aprobado, el proyecto garantizaría la actuación de agentes federales,
incluso agentes de las Fuerzas Armadas, en esas acciones.

 

Kelli Mafort, de la dirección nacional del MST, afirma que el discurso de
odio por parte del gobierno hacia los trabajadores del campo autoriza
eventos violentos protagonizados por agentes de seguridad pública y de
empresas privadas que actúan como paramilitares.

 

“El mismo día en que Jair Bolsonaro habló sobre GLO Rural, tuvo lugar uno de
los más brutales desalojos del año, en Bahia. Un desalojo determinado por
una institución gubernamental, incumpliendo acuerdos y con la presencia de
la Policía Federal”.

 

Kelli comenta la acción de que afectó a 700 familias en los campamentos
Abril Vermelho [Abril Rojo], Dorothy e Irany, ubicados en los municipios de
Casa Nova y Juazeiro, en Bahia. Además de agentes de la Policía Federal,
participaron de la acción policías militares y guardias privados.

 

Hubo disparos y bombas de gas lacrimógeno. Las familias vivían en el local
desde hace diez años, debido a un acuerdo firmado entre el gobierno federal,
el gobierno estadual, el Incra, la Defensoría Agraria [que recibe denuncias
relacionadas a conflictos agrarios], la Compañía de Desarrollo Vale São
Francisco y la Fiscalía General.

 

En diciembre, nuevas acciones violentas: los campamentos Zequinha y Patria
Libre, en la región metropolitana de Belo Horizonte, fueron allanados sin
orden. Los guardias de seguridad montaron un cerco e asediaron las más de
1.200 familias que viven en la región.

 

Tres días después de la invasión fueron registradas denuncias de
atropellamiento, destrucción del patrimonio y plantíos y asedio sexual.

 

Ruralistas 

 

Pocos días antes, Bolsonaro había firmado la Medida Provisional del Programa
de Regularización Fundiaria, que en teoría simplificaría el proceso de
titulación de tierras. Sin embargo, especialistas analizan que la medida
corresponde a intereses de terratenientes y pone en riesgo la protección
ambiental.

 

En una entrevista concedida a Brasil de Fato, la investigadora Brenda Brito,
del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente en la Amazonía (Imazon),
considera que la medida podrá incitar la invasión de tierras públicas y la
deforestación ilegal.

 

“Esto porque cambia la fecha que determina hasta cuándo una tierra pública
tiene que haber sido ocupada para tener derecho a la titulación, cumpliendo
algunos requisitos. Siempre que se cambia esta fecha el mensaje es que se
puede cambiar la ley para beneficiar a quienes están robando tierras
públicas”, explica.

 

Ante la violencia, muertes e intentos de debilitamiento de los movimientos
campesinos, la producción sigue.

 

Actualmente el MST es el productor más grande de alimentos orgánicos en
Brasil. Son centenas de cooperativas, más de 90 agroindustrias e 1,9 mil
asociaciones. Los productos no son comercializados solo en Brasil, pero
también en otros países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía.

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