Chile/ ¿Los últimos suspiros de la Constitución de Pinochet? [Felix-Anselm van Lier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de enero 2020

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Chile

 

¿Los últimos suspiros de la Constitución de Pinochet? 

 

Tras meses de protesta social, los chilenos consiguieron uno de sus
objetivos: votarán si desean o no una nueva Constitución. La protesta social
podría desterrar una de las principales herencias del pinochetismo.

 

Felix-Anselm van Lier *

Nueva Sociedad, diciembre 2019 

https://nuso.org/

 

Hace pocas semanas, legisladores y líderes de casi todas las facciones
políticas chilenas llegaron a un acuerdo histórico. En medio de las
persistentes protestas sociales en el país, anunciaron un referéndum para un
nuevo proceso constitucional. ¿Cómo pudo un alza de 3% del precio del metro
estremecer el fundamento de un país supuestamente estable y próspero y
convertirse en una verdadera revolución constitucional?

 

Los analistas han explicado que la historia de éxito macroeconómico en Chile
eclipsó serias fracturas socioeconómicas y políticas en la sociedad. Aunque
la riqueza de los multimillonarios en Chile equivale casi a 25% del PIB del
país, la clase media está cada vez más endeudada y lucha por mantenerse a
flote frente a los altos costos de la educación y del sistema de salud, y
percibiendo pensiones precarias e inestables. Otros han destacado las fallas
políticas: el poder político está muy concentrado entre las elites
económicas, lo que crea en los chilenos una sensación generalizada de
enajenación política. La desconfianza en los partidos políticos y en las
instituciones creció debido a bloqueos políticos permanentes en el Congreso
y a los escándalos de corrupción.

 

Las actuales protestas son el producto de un antiguo descontento y expresan
tensiones latentes. Durante la pasada década, se produjeron manifestaciones
contra la desigualdad en el acceso a la salud, contra el inequitativo
sistema de pensiones y contra los altos costos de acceso a la educación.
Ahora, la consigna de los manifestantes en la «revolución de los 30 pesos»,
como se la ha llamado, es que «no es por 30 pesos, sino por 30 años de abuso
del poder». En el principio, las protestas eran contra la Constitución de
1980, con la que Augusto Pinochet cimentó un modelo político-económico
basado en el mercado dentro del sistema económico del país. En efecto,
muchos de los desbalances socioeconómicos y políticos de Chile se desprenden
de esta Constitución.

 

La gran sombra de Pinochet

 

Probablemente, el acuerdo entre Pinochet y la oposición para mantener la
Constitución de 1980 –aunque con enmiendas– haya sido el fundamento para la
aclamada democratización pacífica de Chile en 1990 y el garante de la
estabilidad y prosperidad en el mediano plazo. Pero la Constitución también
impedía una transformación estructural de los éxitos económicos del país en
un Estado de Bienestar basado en la distribución. Además, limitaba el
desarrollo a largo plazo de una democracia de pleno derecho.

 

El arquitecto de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, construyó
regulaciones y normas legales e institucionales que consolidaron la visión
política del régimen socioeconómico neoliberal al final de la dictadura. Uno
de los más importantes «enclaves autoritarios» fue el sistema electoral
binominal que, efectivamente, creó un sistema bipartidista.

 

Por mucho tiempo, este sistema estuvo dominado por coaliciones de
centroizquierda y centroderecha y excluía a partidos minoritarios de la
participación política. Además, tenía varios requisitos de mayorías
extraordinarias y alto quórum para enmendar la Constitución y sus «leyes
orgánicas» (vinculadas al sistema de educación, al sistema electoral y al
Tribunal Constitucional). Para colmo, le otorgaba de facto poder de veto a
una minoría política (que incluye a los herederos políticos de la
dictadura). Finalmente, el Tribunal Constitucional, predominantemente
conservador, fue investido con poderes de gran alcance, entre ellos el poder
de descartar medidas legislativas que considerara inconstitucionales de
forma preventiva, mientras estas eran discutidas en el Congreso.

 

Esta situación fomentó la «política de los acuerdos», es decir, la búsqueda
de consenso entre centroderecha y centroizquierda que caracterizó la toma de
decisiones post-Pinochet. Las reformas políticas no se discutían a través de
deliberación participativa, de elecciones o de debates legislativos, sino a
través de negociaciones a puertas cerradas entre las elites políticas. Este
sistema trajo consigo estabilidad política pero a expensas de una débil
representación democrática y de la ausencia de reformas socioeconómicas
fundamentales.

 

Desde el final de la dictadura se han ido eliminando los «enclaves
autoritarios» de Pinochet. La Constitución de Chile fue enmendada en más de
30 ocasiones. Se abolieron las secciones más explícitamente autoritarias de
la Constitución, se reformaron las atribuciones de los tres poderes del
Estado y, finalmente, se sustituyó el sistema electoral binominal por un
sistema de representación proporcional, aunque se mantuvieron los requisitos
de mayorías extraordinarias para las reformas constitucionales.

 

Las reformas, sin embargo, se lograron con una mínima participación pública
y fueron el producto de negociaciones de alto nivel dentro de la elite
política tradicional. Como resultado, las instituciones políticas seguían
siendo más conservadoras que la sociedad chilena. De hecho, varias reformas
socioeconómicas (fiscales, educativas, etc.) no atendieron los problemas
reales de la población. Por eso, las sucesivas reformas no hicieron que la
Constitución ganara mayor legitimidad. Muchos chilenos aún la consideran
como la «Constitución de Pinochet».

 

Intento fallido de transformación constitucional de Michelle Bachelet

 

Desde 2006, la sociedad chilena ha tendido a descreer cada vez más de la
idea fundamental de la Transición: la de garantizar un marco de estabilidad
política y crecimiento económico, antes que atender los conflictos
distributivos y las necesidades sociales. Antes de las elecciones
presidenciales de 2013, un movimiento animó a los votantes a marcar en sus
papeletas el lema «AC», en señal de reclamo para que se instituyera una
Asamblea Constituyente fuera del marco institucional existente con el fin de
redactar una nueva Carta Magna. Cerca de uno de cada diez votantes marcaron
sus papeletas de esta manera.

 

La presidenta Michelle Bachelet ganó las elecciones de ese año y asumió el
mando con una coalición de centroizquierda llamada Nueva Mayoría, con la
aspiración de no solo cambiar el modelo político-económico (a través de
reformas fiscales y educativas), sino también de abordar los últimos
remanentes del legado institucional de la dictadura.

 

En 2015, Bachelet anunció un proceso constitucional ambicioso, participativo
e inclusivo para sustituir la Constitución de 1980. Por primera vez, los
ciudadanos chilenos estaban directamente involucrados en una reforma
nacional a través de un proceso innovador, que incluía asambleas ciudadanas
en toda la nación mediante encuentros locales autoconvocados o cabildos.

 

Sin embargo, el proceso se encontró frente a la pared de las costumbres que
habían marcado la política chilena desde la transición. Generalmente, los
políticos conservadores y de derecha dudaban de la necesidad de un cambio
constitucional y destacaban que casi todos los «enclaves» de Pinochet habían
sido erradicados. En ausencia de algún acuerdo entre los partidos sobre el
mecanismo de enmienda constitucional (a través de Asamblea Constituyente o
en el Parlamento), los políticos de centroizquierda no vieron una
oportunidad realista para superar las barreras constitucionales de las
mayorías extraordinarias.

 

Finalmente, el impulso de reforma constitucional se debilitó cuando el texto
final se redactó a puertas cerradas. Líderes políticos de todos los sectores
se sintieron enajenados del proceso y lo señalaron como una «estafa», lo que
causó que muchos chilenos se sintieran decepcionados y desmotivados.

 

Volviendo al libreto tradicional de «grandes acuerdos», Sebastián Piñera –el
sucesor conservador de Bachelet– retiró el borrador constitucional y puso
fin al debate de una nueva Constitución. En su lugar, propuso un proceso de
reforma institucional con eje en la resolución de problemas y la gestión,
por sobre la representación y la consolidación democrática. 

 

Marea de cambio constitucional

 

Frente a los disturbios en curso, la lógica tradicional del ambiente
político en Chile parece estar modificándose. Los intentos de Piñera de
apaciguar a los manifestantes con un cambio de gabinete y con promesas de
reformas políticas mayores han sido en vano. Las cifras abismales de
aprobación de un referéndum constitucional, el apoyo sin precedentes al
cambio de Constitución por buena parte de los partidos políticos y también
en distintos ámbitos de gobierno, incluyendo el Poder Judicial, finalmente
presionaron al presidente Piñera. 

 

El último intento participativo de redacción constitucional dejó una marca
muy clara en los ciudadanos. Los chilenos de todo el país y en el extranjero
han retomado los Cabildos, que fueron parte del proceso de redacción
constitucional anterior. Los políticos se han dado cuenta de que la
tradición antigua de «grandes acuerdos» no será suficiente esta vez.

 

En abril de 2020, los chilenos votarán si desean o no una nueva Constitución
y qué forma tendrá el organismo constituyente. En cualquier caso, si los
chilenos optan por una reforma constitucional, las negociaciones no se harán
en las instituciones tradicionales, sino en una Convención Constituyente.

 

Aunque muchos detalles del proceso aún no están definidos y una Constitución
no es una panacea, las protestas han abierto una oportunidad histórica para
salir de la gran sombra de Pinochet y moverse hacia una sociedad más
equitativa.

 

* Felix-Anselm van Lier, es un estudioso de derecho público que se centra en
los procesos de elaboración de constituciones. Actualmente trabaja como
investigador en el Instituto Max Planck de Antropología Social, donde
investiga el papel de la tecnología en la elaboración de constituciones. Es
licenciado en Derecho y Antropología por las universidades de Bremen, Turín
y la London School of Economics and Political Science. Completó su doctorado
en la Universidad de Oxford en 2018. Entre otros, trabajó como consultor
para el Centro Bingham para el Estado de Derecho, Democracy Reporting
International, la Fundación Berghof y Abogados por la Justicia en Libia.

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