Uruguay/ "Personas rotas". Casi 3.000 de los presos actuales no deben estar en la cárcel [Ana Juanche - Entrevista]

Mar Ene 7 11:32:19 UYT 2020

  _____  

Correspondencia de Prensa

7 de enero 2020

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net> 

  _____  

Uruguay 

Casi 3.000 de los presos actuales no deben estar en la cárcel

Para la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana
Juanche, hay personas tan “rotas” que necesitan un “acompañamiento de por
vida” por tener “escindida su capacidad de sentir de su capacidad de pensar”

Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga

Búsqueda, 2-1-2019

https://www.busqueda.com.uy/

Cuando se licenció en Lingüística por la Facultad de Humanidades de la
Universidad de la República, Ana Juanche nunca pensó que iba a terminar a la
cabeza del sistema carcelario uruguayo. Hay un gran trecho del estudio del
latín a gestionar un mundo caótico con las personas más violentas del país,
pero una carrera profesional orientada a los movimientos sociales y los
derechos humanos acortó ese camino.

Fue justamente esa sensibilidad humanista la que derivó en el llamado de
Eduardo Bonomi, ministro del Interior, para que Juanche se integrara en 2016
al equipo directivo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Desde
entonces se ha enfocado en aportar una mirada alternativa para llegar, “casi
50 años después”, a los programas educativos, laborales y psicológicos que
se aplican a los reclusos en los países anglosajones.

Desde junio tiene la posibilidad de profundizar en ese enfoque, cuando la
fuga de Rocco Morabito ocasionó su ascenso ante la renuncia del entonces
director Alberto Gadea. Pero la tarea no es fácil: Uruguay tiene un récord
de 11.519 presos con prioridades presupuestales que “van por otro lado” e
impiden, según Juanche, sacar de las prisiones al menos a 2.500 personas de
bajo riesgo; la falta de inversión determina también que no existan las
suficientes “intervenciones cognitivas y conductuales” para que un
delincuente aprenda a ser vulnerable cuando la víctima le implora “¡no me
mates!”.

Para Juanche, esa es la única forma de disminuir los altos índices de robos,
rapiñas y homicidios que alcanzó Uruguay, y también de evitar la pena de
muerte y la cadena perpetua. “No es un pensamiento naif. Lo mejor que puedan
volver esas personas redunda en beneficios de todos”. A continuación, un
resumen de la entrevista de la primera mujer en dirigir el INR con Búsqueda.

—¿Con qué se encontró en estos seis meses como directora del INR?

—Este recorrido como directora ha sido breve, por lo cual el balance debería
hacerlo desde octubre de 2016, cuando pasé a integrar el equipo que dirige
la institución. En ese momento cuando el ministro me convoca me pide
trabajar en tres cosas muy concretas: la clasificación de la población
privada de libertad, la promoción de los programas de rehabilitación y
aumentar la posibilidad de que las personas trabajaran y estudiaran. A
partir de ahí comencé a trabajar con una mirada integral. Lo primero que
hice fue un plan estratégico a tres años, hasta 2019, y con esa herramienta
pudimos reorganizar un poco el curso institucional, que era muy urgente y le
faltaba un poco la mirada más a mediano y largo plazo. Y creo que con ese
plan pudimos ordenar bastante el rumbo, aunque quedan muchas cosas por
consolidar y otras tantas por desarrollar.

—Da la sensación de que el país no tiene una política carcelaria definida.

—Al Uruguay le hace falta una política pública para la ejecución penal, que
trascienda al INR y que trascienda al gobierno de turno, al partido político
de turno. Para entender la rehabilitación el Estado se debe comprometer y
debe adecuar sus políticas al contexto de la privación de libertad y al
perfil de las personas que transitan esa situación. El INR tiene la
directriz de liderar esas políticas pero hacen falta muchas otras cosas: una
política educativa que se adecue al contexto; una política integral de la
salud que atienda los múltiples problemas, de drogas, mentales, de
alimentación, bucales; las políticas habitacionales, porque la persona si
sale tiene que retornar al barrio donde consumió drogas y se vinculó al
delito, vuelve a la misma rosca y no quiere hacerlo, pero no tiene
alternativas certeras ni suficientes; y por supuesto en el área de trabajo,
donde las personas para generar una vida fuera del delito deben tener
alternativas laborales reales, porque si no se pueden insertar
eficientemente en el mercado de trabajo, van a tener poca sostenibilidad en
la sociedad.

—Desde 2010 han pasado por el INR siete directores distintos, incluida
usted. ¿Cómo se logra esa política a largo plazo con tan alta rotación en el
cargo más importante?

—El cambio del gestor es secundario si la política está trazada. El problema
es cuando se conjugan las dos cosas. Y este INR actual no es el mismo de
hace tres años cuando yo ingresé. Ahí era más complejo, entiendo yo que el
viraje que hemos dado en estos últimos tres años es el rumbo a mantener. Por
ahora se ha organizado todo con actos administrativos internos porque no hay
una ley de organización del INR y en eso el Estado es omiso: para legitimar,
además del presupuesto y de la idea hay que ponerle norma. Hace falta una
ley de ejecución de penas que diga qué es lo que le compete al INR, tenemos
una ley vetusta que es el decreto 14.470 del año 1976, de la dictadura. El
sistema mutó, no podemos seguir con un marco legal parcial, desactualizado,
que deja muchos agujeros y mucha discrecionalidad a la administración
penitenciaria.

—Así como en la educación especialistas y autoridades miran a Finlandia como
modelo, ¿existe algún país al cual a usted le gustaría aproximarse en
materia carcelaria?

—Más que un país modelo nos inspiramos en los modelos anglosajones, que
funcionan muy bien desde la década de los 70. Fíjense, estamos llegando casi
50 años después a cosas que estos países tienen muy resueltas como la
clasificación y la evaluación de las personas según un perfil de riesgo,
criminológicos. Venimos llegando después para entender que trabajar y
estudiar es fundamental pero no suficiente para que las personas se
rehabiliten. Nosotros en estos tres años hemos ordenado el sistema,
clasificando y evaluando a las personas con un modelo de riesgo. Antes una
persona entraba a una cárcel dependiendo del técnico que la recibiera, sin
transparencia ni trazabilidad. Hoy tenemos un sistema con una misma
herramienta de evaluación para todos, con un destino que lo decide una junta
nacional según el perfil criminológico y social de la persona.

—Y una vez dentro del sistema, ¿cómo debe tratarse al recluso?

—Las decisiones de las personas privadas de libertad están condicionadas por
sus necesidades criminógenas: si es un usuario problemático de drogas,
probablemente tome malas decisiones y salga a robar para consumir, que es el
delito que tiene más representación del total. En Uruguay ocho de cada 10
personas que ingresan al sistema penitenciario declaran ser usuarios
problemáticos de drogas, y de esos ocho entre seis y siete dicen que en los
últimos meses la motivación para cometer el delito fue consumir. Es
evidencia pura. Entonces para modificar esas necesidades criminógenas hay
que trabajar sobre las conductas, sobre los pensamientos. Los sistemas
anglosajones tienen programas de control de agresión de género, de agresión
sexual, de control de adicción de drogas que se trabajan inmediatamente,
enseguida que una persona ingresa al sistema, y por varias fases. Son
intervenciones cognitivas conductuales donde las personas aprenden a
modificar sus conductas y que se mantienen una vez que las personas egresan
del sistema. Son programas masivos, disponibles para todos, pero nosotros
los tenemos solo en algunas unidades, de manera incipiente, con mucho
esfuerzo. Y se necesitan si queremos que una persona aprenda a ser
vulnerable al grito del otro cuando le dice “¡no me mates!”. Que aprenda a
escuchar al otro y pueda poner su necesidad en segundo plano frente al dolor
del otro y pueda pensar que está vulnerando una vida.

—¿Por qué no se amplían estos programas?

—Implica una inversión muy grande del Estado, pero es una inversión
imprescindible, porque trabajando con la población privada de libertad es
que vamos a abatir los índices de delitos. Esta evidencia internacional
muestra que los modelos basados en riesgo y necesidad de respuesta
funcionan. Esto está probado que funciona porque baja la tasa de retorno al
sistema a mediano y largo plazo. Esa tasa hoy en Uruguay es del 64%. Con ese
tipo de programas, en vez de que salga de la cárcel por tentativa de hurto y
a los cinco días vuelva a ingresar porque intentó abrir un auto o robar una
garrafa, capaz que la próxima entrada la prolongamos dos meses y la
siguiente seis meses. Pero estamos en un país que tiene recursos finitos y
un presupuesto acotado. El país va a tener que ver cómo negocia las
prioridades.

—La directora del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social
Adolescente), Gabriela Fulco, dijo el año pasado que “el quiebre de códigos”
en algunos jóvenes infractores es tan profundo que no hay esperanza de
rehabilitarlos. ¿Comparte?

—Creo en la posibilidad del cambio de la persona, si no, no podría liderar
una institución como esta, porque asumiría que gestiono el horror, la
miseria, lo peor del ser humano, y sería la mía una gestión hipócrita. Si
no, creemos en la posibilidad del cambio de la persona, ¿qué vamos a hacer?
O le ponemos un acompañamiento de por vida o vamos a medidas más drásticas
como las que ponen otros países, como la pena de muerte, como la cadena
perpetua, que son debates que nosotros ya hemos superado ampliamente como
sociedad. La de hoy no es la cárcel del siglo XVIII, de encierro y castigo.

—Pero qué hacer con aquellas personas que son más difíciles de recuperar.

—Sí, hay personas que por su grado de deterioro socioemocional el trabajo es
muy duro. Diariamente nos enfrentamos con personas que están muy rotas, muy
rotas, que están quebradas, que tienen escindida su capacidad de sentir de
su capacidad de pensar. Disocian el pensamiento del sentimiento y con eso es
que tenemos que trabajar. Pero tenemos que pensar que por suerte no tenemos
pena de muerte ni tenemos cadena perpetua, entonces esas personas van a
volver a la sociedad, y lo mejor que puedan volver redunda en beneficio de
todos. Todos los reclamos y opiniones que piden que estas personas “pasen
mal, que sufran”, solo refuerzan eso que ya está roto, y si les decimos a
estas personas que no valen un plato de comida digna, un colchón cómodo, una
celda sin insectos, reforzamos su parte negativa. Sé que no es una tarea
fácil, que es difícil, pero se puede hacer porque muchos sistemas con
índices de violencia mucho más altos han podido revertir ese tipo de
conductas. Si queremos que la persona vuelva, aun tras cometer el peor
crimen de todos, con una sentencia de 30 años, yo voy a querer que esa
persona vuelva en otras condiciones.

—Usted plantea una abordaje integral desde el lado humano...

—Sí, pero este no es un pensamiento naif.

—En junio la Guardia Republicana (Policía militarizada) pasó a hacerse cargo
de la seguridad de las cárceles. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora?

—En términos generales mi balance es que ha sido positiva la incorporación
porque es mentira que la gente puede salir a estudiar o a trabajar en una
unidad en un contexto inseguro. La seguridad es una pata básica, por eso no
hablo de una mirada naif que prescinda de la seguridad. Sabemos que estamos
trabajando en algunos casos con personas que son violentas, que no regulan
sus conductas, que están atravesadas por síndromes de abstinencia, que
actúan y después piensan. Todo eso hay que tenerlo muy bien controlado y eso
se controla con la seguridad dinámica, del operador del INR que en la
convivencia diaria está pendiente en forma permanente del micromundo de las
personas, por ejemplo, de aquel que tiene deudas de drogas o problemas
familiares  y de la seguridad estática, más vinculada a la Guardia
Republicana, a la respuesta con el uso de la fuerza.

—¿Hay actualmente hacinamiento en el sistema penitenciario?

—No, ¡pero ojo: hoy! Porque esto... qué sé yo, si la operación que el
Ministerio del Interior siempre hace en verano es efectiva y el índice de
delito sube en verano como suele pasar, vamos a tener menos plazas en
cualquier momento.

—¿Cuántas son las personas privadas de libertad al día de hoy?

—Hoy tenemos 11.519 personas privadas de libertad (1), por eso es necesaria
una política de Estado, pensar qué se va a hacer con la política criminal,
si nuestro país puede sostener de forma responsable el índice de
prisionalización que tenemos, que es altísimo en la región y es altísimo en
el mundo.

—¿Cuál cree que debe ser el límite de personas privadas de libertad?

—Yo creo que hoy dos de cada 10 que están presos no deberían estarlo. Hoy
tenemos 2.500, casi 3.000 personas que podrían estar perfectamente en una
medida no privativa de libertad. Hay que discutir profundamente a quiénes
vamos a encarcelar. La clasificación y la evaluación hay que hacerla antes,
previo a la sentencia: en el momento de la negociación, cuando la Fiscalía
esté imputando a la persona, en el juicio se formalizó y está en la
investigación, ahí hay que hacer el estudio del perfil criminológico y ver
si tiene sentido encarcelar a la persona o tiene sentido fortalecer el
sistema de medidas alternativas y acompañarla en el medio libre.

—¿No implica eso un peligro?

—No, en los sistemas modernos las personas con bajos riesgos no entran al
sistema. Van a medidas alternativas que brindan determinadas prestaciones
para que puedan cumplir la pena de otra forma, porque es poco probable que
puedan cometer un delito. La evidencia internacional muestra que si una
persona tiene bajo riesgo, cuando ingresa a la cárcel lo que hace es
intensificarlo. Eso se llama contacto criminógeno. Esa gente no debería
entrar a la cárcel para evitar un costo mayor a posterior que es fortalecer
ese riesgo que era bajo. Sobre todo las personas primarias, jóvenes, que no
vienen de trayectorias delictivas iniciadas tempranamente. Sí deben entrar
las personas con riesgo medio y alto.

—¿Y deben hacerlo en cárceles masivas como el Penal de Libertad o en
unidades más chicas, como las chacras policiales?

—Tengo una posición personal y en eso hay un consenso hasta del propio
ministro del Interior. Nadie duda de que las unidades más pequeñas, de hasta
500 personas, son las unidades manejables a escala humana, donde uno puede
conocer y seguir a todas las personas, e incluso a nivel administrativo y
burocrático es más abarcable. Ahora, gigantes como los que tenemos nosotros
como la Unidad Nº4 Santiago Vázquez... ¡3.500 personas o 3.600 personas! Eso
es imposible de gestionar a escala de proximidad. Tendrías que tener un
caudal de funcionarios que tampoco cabe ahí.

Nota 

1) De las 11.519 personas encarceladas, el 98% son varones, la mayoría
pobres y menores de 35 años, con poca experiencia laboral, baja
escolarización, nacidos y crecidos en los barrios de las periferias urbanas.
De ese total, 624 son mujeres que, en forma creciente, son condenadas por
delitos como el robo, el hurto, la rapiña, la extorsión, y la tenencia y
micro-comercialización de drogas ilegales..(Redacción Correspondencia de
Prensa)  

  _____  

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200107/aaee3f20/attachment-0001.htm