Estado español/ Un gobierno de "progreso" bajo el chantaje golpista de un bloque reaccionario [Jaime Pastor]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de enero 2020

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Estado español

 

Un gobierno de “progreso” bajo el chantaje golpista de un bloque
reaccionario

 

Jaime Pastor *

Viento Sur, 7-1-2020

https://www.vientosur.info/

 

En medio de un clima de tensión creciente dentro de un parlamento muy
fragmentado (con 10 grupos parlamentarios y 22 partidos), el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, ha logrado, gracias una segunda votación muy ajustada (167
votos frente a 165 y 18 abstenciones) y bajo la sombra del tamayazo, ser
investido presidente del primer gobierno de coalición en la historia de la
democracia postfranquista, hasta ahora basada en la alternancia
bipartidista.

 

Se trata sin duda de un acontecimiento histórico que se produce además en el
contexto de una crisis de régimen en el plano socioeconómico (que viene del
giro austeritario iniciado por Zapatero en mayo de 2010 y de la irrupción
del 15M en 2011 y que ha conducido a una de las sociedades más desiguales y
con mayor precariedad de la UE), en el institucional (con un gobierno de los
jueces, una crisis del sistema de representación política y una monarquía
cada vez más cuestionada) y en el nacional-territorial (que ya no afecta
solo a Catalunya y que ha sacado a la luz también a la España vaciada).

 

Se llega a esta fórmula inédita de gobierno, aunque con una duración llena
de incertidumbres, tras dos procesos electorales fallidos y como resultado
de un acuerdo entre el PSOE y UP que ha necesitado de pactos con otras
fuerzas políticas para lograr salir adelante. Con unas (PNV, BNG, NC, Más
País, Compromís y Teruel Existe) para su voto favorable y con otras (ERC y
EH Bildu) para garantizar su abstención. De todos ellos, el más importante
ha sido sin duda el alcanzado con ERC, según el cual se establece el
compromiso de poner en pie en un plazo corto una Mesa de diálogo en torno al
“conflicto político” catalán entre el gobierno español y el govern para
valorar un posible acuerdo que culmine en una consulta a la ciudadanía de
Catalunya sobre el mismo. O sea, se asume el inicio de un proceso cuyo
resultado está por definir, con la obligada ambigüedad respecto al marco
jurídico en que podría encajar y cuyo recorrido está todavía por ver, como
explica Martí Caussa en El acuerdo ERC-PSOE: ¿por fin sentarse y hablar?

 

Asimismo, es muy relevante el documento firmado con el PNV, ya que refuerza
la necesidad de abordar la realidad plurinacional del Estado pero también
establece la obligación de consulta previa del gobierno a ese partido (de
derechas, no lo olvidemos, aunque sin genes franquistas) sobre las políticas
a aplicar, especialmente en el ámbito fiscal.

 

Pese a que el conjunto de esos acuerdos puede ser caracterizado como
social-liberal y obediente a los dictados de Bruselas en lo económico -me
remito a los artículos publicados en nuestra web sobre cómo se abordan en el
programa cuestiones como los derechos laborales, la sanidad y las pensiones
- y reformista en lo nacional-territorial, la alarma que ha creado en la
mayoría del establishment ha ido creciendo en los últimos días. Esto se ha
visto reflejado en el debate de investidura con la beligerancia mostrada por
la competencia abierta entre las tres derechas (estimulada, obviamente, por
la novedad que supone que en este parlamento esté presente por primera vez
una formación, Vox, abiertamente ultraderechista, como tercer grupo) por ver
quién alertaba más al electorado frente a la catástrofe y a la traición a
España que estaría dispuesto a hacer Pedro Sánchez.

 

Esa reacción se ha ido manifestando en distintos frentes: desde la mayoría
de los medios de comunicación hasta la Conferencia Episcopal (“recemos por
España”) pasando, cómo no, por las grandes corporaciones empresariales y,
sobre todo, el poder judicial e incluso órganos administrativos como la
Junta Electoral Central (JEC). Ha sido esta última la que en vísperas del
inicio de la sesión de investidura ha dado un salto enorme en esa
beligerancia decidiendo por 7 votos frente a 6 la inhabilitación del
presidente del gobierno catalán, Joaquim Torra (condenado por desobedecer la
orden de retirada de una pancarta que pedía la libertad de los presos y
presas catalanas), para, a continuación, exigir mantener en prisión a Oriol
Junqueras pese a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y, ahora, la comunicación del Parlamento europeo, que le
reconocen definitivamente, junto con Puigdemont y Comín, como eurodiputado.
El hecho de que fuera el dirigente del PP, Pablo Casado, el primero en
difundir la resolución relativa a Torra ha confirmado a las claras la
complicidad entre ese partido y la mayoría de ese organismo administrativo
en su intención política de interponer un obstáculo de última hora a la
posible abstención de ERC en la investidura. Sin embargo, como hemos visto,
el resultado ha sido el contrario, ya que ha servido para que el conjunto de
fuerzas de la alianza de progreso cierre filas frente a la estrategia de
guerra jurídica que, junto a la movilización en la calle y el filibusterismo
institucional, el bloque reaccionario amenaza con intensificar frente al
nuevo gobierno.

 

De nuevo, la sagrada unidad de España y… ETA

 

Respecto al debate vivido estos días, si bien no han faltado las críticas de
las derechas a las moderadas medidas socio-económicas anunciadas (derogación
parcial de la reforma laboral del PP, subida del salario mínimo, aumentos de
algunos impuestos directos…), así como tampoco las inevitables referencias a
la Venezuela chavista y a la futura presencia de ministros populistas y
comunistas, ha sido el acuerdo con fuerzas nacionalistas e independentistas
(principalmente, ERC pero también EH Bildu) el objeto principal de sus
diatribas contra el líder socialista.

 

Usando como coartada el discurso abiertamente hostil al independentismo
catalán que el propio Pedro Sánchez desarrolló durante la última campaña
electoral, la acusación al mismo como “traidor” a España y a la Constitución
ha sido una tónica común en los líderes de ese bloque: “gobierno
Frankenstein de pesadilla”, “España se queda sin socialismo
constitucionalista”, “rompe la soberanía nacional”, han sido algunas de las
acusaciones de Pablo Casado, seguidas por las de Santiago Abascal quien,
como en otras ocasiones, sin olvidar sus consabidos ataques al feminismo, al
ecologismo o a la inmigración, se ha remontado a la historia del PSOE
anterior a la guerra civil de 1936 para denunciar a ese partido como
golpista. A toda esta lista de enemigos ha sumado esta vez al diputado de
Teruel Existe con una campaña en las redes sociales y en su propia provincia
incluyéndole en la lista de “traidores a la patria” por su disposición a
votar a favor de la investidura de Sánchez. Después de ambas intervenciones,
poco le quedaba ya por añadir a la líder de Ciudadanos, en declive electoral
acelerado, más allá de denunciar la “contrarreforma ideológica” en educación
que teme aplique el nuevo gobierno, continuar con la paranoica crítica a
todas las fuerzas nacionalistas…no españolas y el llamamiento al
transfuguismo a miembros del grupo socialista.

 

Ha sido sin embargo con ocasión de la intervención de la portavoz de EH
Bildu y su crítica a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017
cuando se ha mostrado con toda su crudeza la particular concepción de la
libertad de expresión que tienen estas derechas cuando se ataca a Felipe VI,
al igual que su nostalgia por la desaparecida ETA, con el fin de seguir
criminalizando a la izquierda abertzale y acusar a Sánchez de cómplice del
terrorismo.

 

Frente a esos discursos, la respuesta del líder socialista ha sido evitar
explicar el porqué de su cambio de actitud, reflejado en el acuerdo al que
ha llegado con UP y ERC respecto a sus discursos anteriores para limitarse a
sostener que la única alternativa que le quedaba para evitar unas terceras
elecciones, ante el bloqueo de las derechas, era llegar a una suma de apoyos
como la que finalmente ha alcanzado. Eso sí, trató de reducir el alcance del
documento firmado con ERC dejando claro que buscaría una salida “en el marco
de la Constitución” y que seguía rechazando el derecho de autodeterminación.

 

En el marco de esa polarización Pablo Iglesias quiso ilusionar en su
intervención apelando demagógicamente a los movimientos sociales como
“arquitectos del Acuerdo”, a la lucha por la justicia social como
alternativa a la extrema derecha y a la España diversa frente a la
Anti-España de Vox, pero sin reconocer todo lo que ha tenido que ceder para
aceptar los límites establecidos al programa que defendió en su campaña
electoral. Fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien no evitó aludir al
pasado lleno de contradicciones de Pedro Sánchez para reconocer que ahora,
citando a Borges, “no nos une el amor sino el espanto” ante una “derecha
asilvestrada” y avisando que “si no hay Mesa, no hay legislatura”.

 

Fue, en cambio, Mireia Vehí, de la CUP, la única que hizo una crítica desde
la izquierda al programa del gobierno de coalición, denunciando que seguirán
ocurriendo tragedias como las que se viven en la frontera sur y en los CIES
y recordando al PSOE aquellos tiempos del tardofranquismo en los que
defendía ”el derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades
ibéricas”.

 

Pocas novedades nos ha traído la breve segunda sesión del debate, más allá
de la reafirmación en el rechazo por las derechas de cualquier crítica a
Felipe VI y en su denuncia a la “rendición socialista” ante los
nacionalistas y, sobre todo, de la legítima reivindicación de Montserrat
Bassas de la libertad de su hermana Dolors y de los representantes políticos
y sociales catalanes que siguen en la cárcel. También, por lo que nos toca,
la oportuna mención del diputado Oskar Matute, de EH Bildu, a Daniel Bensaïd
cuando haciendo un balance de su trayectoria militante decía que “nos hemos
equivocado a veces, tal vez muchas veces, y en muchas cosas. Pero no nos
hemos equivocado de combate ni de enemigos”.

 

Una vía estrecha, llena de obstáculos y renuncias

 

Entramos, por tanto, en una nueva fase en la que la investidura del nuevo
presidente del gobierno no garantiza en absoluto la gobernabilidad de un
régimen que sigue enfrentado a una crisis estructural, no sólo a escala
estatal sino también en la UE y que a lo máximo a que aspira es a
contrarrestar parte de los recortes sociales aplicados en el pasado
reciente, pero dentro de las restricciones impuestas por el artículo 135 de
la Constitución , ya recordadas y concretadas por la Comisión europea para
2020 en la reducción de 8.000 millones de euros en el PIB. Una limitación
que se esforzará por compensar con una reforma fiscal que seguirá sin llegar
a la media impositiva europea y, sobre todo, con medidas progresistas en
otros frentes como el de derechos civiles y libertades (derogación ley
mordaza, eutanasia, memoria histórica, contra la violencia machista), el de
una tímida transición energética o la disposición a “encauzar” el conflicto
catalán por la vía del diálogo.

 

Con todo, pese a la moderación reafirmada por Pedro Sánchez en sus últimos
discursos, el problema fundamental es que tiene enfrente a una derecha
mayoritariamente de origen franquista y con una concepción patrimonial del
régimen. Esto explica su temor de que una reforma, aunque sea parcial, del
mismo en lo que es uno de sus dogmas intocables -la unidad de España,
entendida como la única nación dentro de un Estado cuyas fronteras son
inviolables- abra la caja de Pandora de la reforma constitucional e incluso
de un proceso constituyente en el que pilares fundamentales como la
monarquía y los enclaves autoritarios heredados de la dictadura se vean
impugnados.

 

Incluso un columnista de la derecha española aparentemente liberal, José
Antonio Zarzalejos, ha comparado la alianza a la que ha llegado Sánchez con
las otras fuerzas nacionalistas con el Pacto de San Sebastián de 1930, que
precedió a la caída de la monarquía y a la proclamación de la República en
abril de 1931. Ojalá fuera así, pero por desgracia la voluntad del nuevo
gobierno no apunta a generar un escenario de ruptura como el que se inició
entonces sino, más bien, a atenuar la inestabilidad y la crisis de
gobernabilidad que sin duda van a seguir siendo la tónica.

 

Así que, pese a la moderación de este nuevo gobierno, habrá que prepararse a
responder a la estrategia de la tensión que el bloque reaccionario está
aprendiendo aceleradamente del nuevo golpismo constitucional (como estamos
viendo ya con el intento de inhabilitación del president de la Generalitat)
que se ha ido extendiendo en América Latina en los últimos tiempos y que les
lleva ahora a considerar al nuevo gobierno como “ilegítimo”. Volvemos así a
la vieja discusión sobre legalidad y legitimidad, resucitada a raíz del
conflicto catalán y que ahora estas derechas recuperan a su favor, como ya
hicieron frente a la victoria electoral de Zapatero en marzo de 2004 tras la
matanza del 11M y las mentiras de Aznar.

 

¿Qué hacer desde una izquierda alternativa?

 

Por tanto, debido a ese marco de polarización y radicalización de las
derechas, no cabe prever, al menos a corto plazo, que el PSOE pueda jugar
mucho con una geometría variable que le ayude a hacer compatibles sus
acuerdos de gobierno con los que pudiera alcanzar con PP y Cs en cuestiones
de Estado, aunque sin duda es eso lo que va a intentar cuando las aguas se
calmen.

 

Teniendo en cuenta, además, los giros discursivos y tácticos de los que ha
hecho gala Sánchez (sin olvidar las presiones que va a sufrir dentro de su
propio partido, especialmente de las baronías autonómicas) y la hegemonía
que en el nuevo gobierno va a tener en relación con UP (relegada a carteras
ajenas a los ministerios de Estado y obligada a ser leal y disciplinada,
también en sus iniciativas parlamentarias, según el Protocolo de seguimiento
firmado), no podemos tener ninguna confianza en que desde esa coalición de
progreso se vaya a hacer frente con firmeza al bloque reaccionario y a los
poderes económicos que lo sustentan. Habrá que apelar, como ya se está
haciendo desde la movilización que se anuncia el 30 de enero en Euskadi (30
de enero: Huelga general - Viento Sur), a la urgencia de reabrir un nuevo
ciclo de luchas que presionen por una agenda social, ecológica, feminista,
antirracista y de solidaridad entre nuestros pueblos que vaya más allá de
los límites sistémicos que el propio Sánchez va a asumir desde el primer día
y, a su vez, no renuncie, junto con la exigencia de libertad para presos y
presas políticas, a desobedecer a aquellas leyes y sentencias judiciales que
ataquen nuestros derechos y libertades. Tareas todas ellas que deberán verse
acompañadas e impulsadas por la reconstrucción de una izquierda que no se
subordine al nuevo gobierno y reafirme la necesidad de seguir apostando por
un proyecto rupturista con este régimen y con las reglas del neoliberalismo
global.

 

En resumen, frente a la amenaza golpista con la que se ha iniciado esta
nueva fase no cabe moderarse sino todo lo contrario: hará falta ir
construyendo un bloque social de las clases populares dispuesto a caminar
hacia un proceso destituyente de un régimen de cuyo seno vuelven a salir a
la luz fuerzas que ni siquiera están dispuestas a permitir las tímidas
reformas prometidas Un gobierno, por cierto, que pronto va a tener que
responder a la amenaza de guerra que ha vuelto a agitar Trump en Oriente
Medio y que, para ese fin, va a querer volver a utilizar bases militares
como la de Rota. Habrá que exigirle ya que diga No a la Guerra, como ya
gritamos a comienzos de este siglo contra el trío de las Azores hasta acabar
con el actual jefe de las tres derechas, José María Aznar. 

 

* Politólogo y editor de Viento Sur.

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