Argentina/ La mafia de la deuda [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de julio 2020

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Argentina



La mafia de la deuda



Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 12-7-200

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En la reestructuración de la deuda argentina la realidad supera la ficción.
Billions, la serie disponible en Netflix donde Bobby "Axe" Axelrod acumula
riquezas con su agresivo fondo de inversión, se queda corta en comparación
con los métodos con que negocian la reestructuración de deuda los lobos de
Wall Street [1]. El mexicano Gerardo Rodríguez Regordosa fue el primer
negociador frente al equipo económico argentino en representación de
BlackRock, el principal fondo especulativo del mundo. Fue quien amenazó
meses atrás al ministro de Economía, Martín Guzmán: afirmó que si ellos
querían podían cambiar a los directivos del FMI y esperar a que él no esté
más para obtener mejores condiciones.



Finalmente, Rodríguez Regordosa fue reemplazado por la abogada Jennifer
O´Neil luego de la intermediación de jugadores interesados, tal es el caso
de otro mexicano, David Martínez, socio del Grupo Clarín y dueño del fondo
de inversión Fintech, uno de los acreedores de Argentina. Los modales
cambiaron: O’Neil es una negociadora más amable. No obstante, las amenazas
siguen en pie. BlackRock lidera el “Grupo Ad Hoc”, que también integran los
fondos Fidelity y Ashmore. El rechazo de esta parte de los especuladores es
la principal traba que parece tener por delante la reestructuración de deuda
argentina. Aparentemente, la diferencia reside en detalles contractuales. No
obstante, los trascendidos indican que BlackRock presiona para que Alberto
Fernández se vea obligado a realizar una negociación directa con Donald
Trump y el Tesoro de los Estados Unidos, donde, además de cuestiones
financieras, se discutan aspectos geopolíticos.



Martín Guzmán mantuvo firmes sus buenos modales, su tono moderado en la
argumentación, su estilo sencillo y humilde, al tiempo que flexibilizó todos
sus principios: su idea de “última oferta”, enarbolada en abril, está
enhebrada en un álgebra móvil que cede cada vez más dólares a los
acreedores. El lunes 6 de julio el Gobierno formalizó frente a la Security
and Exchange Commission (SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos)
una nueva oferta para la reestructuración de deuda: propone pagar U$S 53,5
por cada U$S 100 adeudados [2]. El efecto de la reestructuración es que los
especuladores ganen menos de lo que tenían planificado. Pero ninguno pierde.
En realidad la quita de capital es insignificante: 1,9 % promedio ponderado
para las distintas series de bonos [3]. De abril a julio, el ministro de
Economía pasó de ofrecer U$S 40 a ofrendar U$S 53,5: según varios analistas
financieros, esto implica unos U$S 15 mil millones adicionales de pagos de
deuda en relación a los cálculos de hace tres meses atrás. En la
negociación, Guzmán fue dejando de lado otros principios. El 1 de junio, a
pedido del ministro, el FMI hizo un estudio de sostenibilidad que afirmaba
que existía muy poco margen para mejorar la oferta, que en ese entonces se
ubicaba en U$S 47. Con la nueva propuesta es muy probable que se esté
vulnerando el marco de sostenibilidad en el que tanto énfasis hizo Guzmán.
No solo eso. El FMI, que siempre falla en sus mal intencionados pronósticos,
realizó aquél análisis con los escenarios económicos de marzo, antes que la
pandemia del coronavirus dejara expuestas todas las debilidades previas de
la economía mundial y la Argentina. Toda la historia económica reciente
muestra lo falaz de estos estudios, por lo rápido que la deuda pasa de ser
supuestamente “sostenible” e evidenciarse como una hipoteca impagable: el
documento del FMI es directamente ciencia ficción.



Los bonos en manos de los especuladores cotizaban a U$S 30 dólares antes de
que se iniciaran las negociaciones gracias al default virtual y el derrumbe
económico que dejó Mauricio Macri. En la actualidad, cotizan encima de U$S
40 dólares. Quienes acepten el canje van a obtener U$S 53,5, lo cual implica
una recuperación patrimonial significativa en relación a fines del año
pasado. Por la naturaleza de la especulación financiera, no hay información
pública sobre a qué valor compró cada tenedor el bono. Si bien muchos
tenedores pueden haber comprado U$S 100, U$S 80 o en una amplia gama de
cotizaciones intermedias, existen algunos acreedores que compraron
justamente a U$S 30, cuando esos bonos se devaluaron y estaban a “precios de
remate”. En esos casos, las ganancias patrimoniales son gigantescas: casi
del 80 %. Tanto que, incluso, el Gobierno apuesta a que este sector sea el
que le permita un canje exitoso.



Los detalles técnicos son difíciles de ponderar para la mayoría del pueblo
trabajador que va a sufrir la hipoteca que significa la deuda, pero los
respaldos del exministro de Finanzas macrista, Luis Caputo, y de Domingo
Cavallo dan cuenta de la generosidad de la oferta del Guzmán. Además, la
propuesta del actual ministro contiene una cesión de soberanía, en tanto se
emite con prórroga de jurisdicción: esto significa que, frente a cualquier
litigio, las reglas y los árbitros son extranjeros. De esta forma, queda
abierta la puerta a que en el futuro aparezcan nuevos Thomas Griesa, el
fallecido juez neoyorquino que impuso, con el beneplácito del Congreso
Nacional, pagar una millonada a los fondos buitre.



Mientras BlackRock esgrime todas sus armas extorsivas para defender sus
intereses, el Gobierno de Alberto Fernández busca destrabar la negociación
con el lobby del Papa Francisco y de economistas que luego de haber servido
al capital financiero hicieron un mea culpa por los “daños colaterales”
causados por el neoliberalismo, como Joseph Stiglitz, quien fuera asesor del
presidente yanqui, Bill Clinton, y economista jefe del Banco Mundial. Estos
respaldos se confrontan con la misma tragedia del ministro de Economía de
Raúl Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, quién le habló al corazón de los
“mercados” que, insensibles, le contestaron con el bolsillo.



La propuesta de Guzmán también recibió el respaldo del FMI, el G-20 y el
Club de París. El gobierno postergó los pagos de este año con el Club de
París y pidió una rebaja de la tasa de interés desmedida que acordó Axel
Kicillof en 2014 para pagar una deuda con origen en la dictadura. Si logra
cerrar un acuerdo con los acreedores privados, lo cual todavía no tiene
asegurado, el próximo paso de Guzmán será negociar con el FMI, quien no
acepta ninguna quita y vela por asegurarse el cobro del préstamo más grande
de su historia. Un acuerdo con el Fondo es, a la vez, exigido por el Club de
París. Así se entienden mejor esos apoyos “bien” intencionados. El resultado
final de la reestructuración sigue abierto [4]. La oferta argentina estará
vigente hasta el 4 de agosto.



En su reciente informe de estabilidad financiera [5], el FMI advierte que
“tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes, la
carga de la deuda de empresas y hogares podría tornarse inmanejable”. Según
el FMI, otro foco de inestabilidad se encuentra en los que denomina mercados
emergentes (países dependientes, semicoloniales, según los marxistas) que, a
pesar de cierta distensión en relación a los primeros meses de la pandemia,
siguen enfrentando riesgos para cubrir sus necesidades de financiamiento. En
este contexto crítico, con un mundo que acumula una montaña de deudas de
empresas, familias y estados (deudas que alimentaron las ganancias
financieras exorbitantes desde la salida de la crisis de 2008/2009), el
resultado de la reestructuración de deuda argentina puede actuar como una
suerte de “paritaria testigo” a escala global para esa montaña de deudas
que, eventualmente, puede ingresar en un proceso de reestructuración en
medio de la crisis global [6].



Asociación ilícita



El Banco Central indica que “El conjunto de políticas económicas que se
aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más
de USD 86.000 millones” [7]. La mayor parte del endeudamiento macrista
financió la fuga de capitales; en particular el préstamo del FMI se esfumó
casi todo en fuga. Casi el 30 % de toda la salida de capitales de la era
macrista la realizaron 100 agentes sobre los cuales la entidad financiera no
ofrece detalles. La información sí fue difundida por Horacio Verbitsky en su
portal El Cohete a la luna: Telefónica, Pampa Energía, Western Union,
American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes,
Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa e YPF están en el top ten de fugadores [8].



A fines de mayo, en el Congreso, se reunió la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Deuda Externa con el objetivo de pedir al Banco Central
que detalle los nombres de los que fugaron capitales (los mismos que
difundió Verbitsky) y al Ministerio de Economía que indique cómo fue la
elección de bancos colocadores de deuda durante el macrismo. En esa reunión
se denunció de todo: Oscar Parrilli (Frente de Todos) explicó que en los
últimos tres años de Macri se fugaron capitales a guaridas fiscales para
pagar menos impuestos; Maurice Closs (FdT) señaló que el gobierno anterior
le daba garantía a los fondos especulativos y bancos internacionales para
que hicieran ganancias del 40 % en dólares: Luis Tailhade (FdT) dijo que
J.P. Morgan se llevó millones de dólares del Banco Central en abril de 2018
provocando la devaluación del peso argentino; Carlos Heller (FdT) se
preguntó cuánto de lo fugado califica cómo ilícito y cuánto se explica por
la famosa “bicicleta financiera”, a la vez que cuestionó que siga vigente la
Ley de Entidades Financiera de la dictadura militar que contiene una
filosofía: los bancos hacen lo que quieren. Fernanda Vallejos (FdT) unió
cabos: contó que el Congreso investigó 4040 cuentas bancarias activas
durante 2006 y 2007 a través de las cuales HSBC organizó la evasión de
impuestos y fuga de capitales de los más ricos del país a Suiza; que
recientemente AFIP abrió una causa sobre otras 950 cuentas bancarias
localizadas en el exterior de sujetos que evadieron impuestos; que hay otra
la lista de quienes compraron dólares durante la crisis de 2008 y 2009; y
otra lista más de la fuga de 2011; a lo que se suma la información que surge
de los Panamá Papers. ¿Cuál es el hallazgo? Vallejos indicó que se repiten
los nombres de los fugadores en todas las listas [9].



Ricardo Buryaile (UCR-Cambiemos) dijo que había que ir más atrás en la
investigación: investigar, por ejemplo, los canjes de 2005 y 2010. No le
faltan razones. El actual director del Banco Central, Claudio Lozano, es su
libro La deuda ilegítima [10] dice que el canje de 2005 fue inconstitucional
e ilegal en tanto sirvió para regularizar la deuda del “blindaje” y del
“megacanje”, operaciones sospechadas de fraudulentas, realizadas por el
Gobierno de la Alianza. Buryaile metió el dedo en la llaga: dijo que a la
vez que la Bicameral comprobó que el HSBC es responsable del lavado de
activos, es una de las entidades que eligió Martín Guzmán para llevar
adelante la reestructuración de deuda.



Es paradójico: HSBC, a través de su exCEO, Gabriel Martino, fue uno de los
principales socios en los negociados de la deuda durante la gestión
Cambiemos, tanto que fue quien ofició de celestino entre el fondo
especulativo Franklin Templeton y el expresidente. Hay que prestar atención
a este dato porque parece increíble, pero es real: Guzmán contrató al HSBC
para que “solucione” la crisis de la deuda argentina.



En ese debate parlamentario, el cruce de denuncias mutuas expuso la
asociación ilícita que actúa detrás de la deuda y la fuga de capitales: se
trata de dos engranajes de un mecanismo de vaciamiento donde el empresariado
nacional es socio menor del gran capital internacional. El sistema bancario
es el instrumento de la fuga. No es un hecho novedoso. La investigación del
Congreso sobre la fuga de capitales de 2001 concluyó que el 75 % de los
montos fugados se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco
Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y, otra
vez, el HSBC [11]. Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo encerraban
en el “corralito”. La fuga no se detuvo en los gobiernos kirchneristas. De
hecho, es lo que surge del detalle de las listas que mencionó Vallejos, que
abarcan casi dos décadas: más de U$S 100 mil millones se fueron del país en
los gobiernos de Néstor y Cristina, solo que en ese momento se financió la
fuga con divisas del superávit del comercio exterior gracias a los precios
extraordinarios de las materias primas de exportación.



En aquella reunión de Comisión Bicameral del mes de mayo, Romina del Plá y
Nicolás del Caño, que participaron del debate con un planteo de
desconocimiento soberano de la deuda, estaban en condiciones de decir:
“señor juez, no más preguntas”. Es evidente que el endeudamiento argentino
califica como deuda odiosa, en tanto fue contraído contra los intereses de
las mayorías populares. También es evidente que BlackRock es solo el “Al
Capone” de una mafia mundial conformada por los fondos de inversión, el
sistema bancario y los organismos internacionales como el FMI. No obstante,
todo el régimen político capitalista se prepara para convalidar este saqueo.
Quizás allí resida el apoyo de Luis Caputo a la propuesta de Guzmán, quien
luego de haber estafado al país con un bono a cien años debe estar pensando
lo bueno que es hacer borrón y cuenta nueva.



El Congreso y el Banco Central hasta el momento solo han realizado un
simulacro de investigación, sin ninguna consecuencia para los que vacían el
país, que siguen ganando como siempre. El sistema bancario sigue ganando
mucho: $ 74 mil millones entre enero y abril, el equivalente a $ 25 millones
por minuto. Una buena parte de su rentabilidad proviene del negocio de las
Leliq, cuyos intereses paga el Banco Central. La banca ni siquiera cumple el
rol que le está supuesto en el capitalismo: canalizar recursos para promover
el crédito. El desconocimiento soberano de la deuda, es decir un no pago a
BlackRock y el resto de los especuladores impulsado por la movilización
popular debe ir acompañado del planteo de nacionalización de la banca, que
en manos privadas es un instrumento más del vaciamiento del país.



Un Caballo de Troya para la “reconstrucción”



La deuda es un mecanismo de dominación que atraviesa toda la historia del
país. Pero, evidentemente, pegó un salto de calidad y cantidad en un esquema
amplio de ataque a las condiciones de vida regido por el neoliberalismo.
Desde la dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976, hasta la
actualidad el balance es claro: la pobreza de ser menor al 10 % en los ’70
alcanzó un nuevo piso histórico de al menos un cuarto de la población para
expandirse a más del 50 % en momentos de crisis profundas, como en 2001-2002
(un nivel que podría alcanzar nuevamente este año), el desempleo se
consolidó en alrededor un décimo de la población activa (es decir, la que
busca o tiene trabajo; sin contar la que se cansó de patear sin encontrar
empleo) y trepó a más del 20 % en 2002. A lo que se suma una distribución de
la riqueza más desigual. De la mano del sometimiento que implica la deuda
avanzaron las privatizaciones, que desde los ’90 dejaron en manos privadas
los servicios públicos. Desde 2011, el país alcanza casi una década de
estancamiento económico y retroceso del PIB per cápita.



La restricción externa, es decir la crónica escasez de dólares para el
crecimiento y el desarrollo económico, brota de una estructura económica
atrasada que para sostener su actividad requiere de dólares para importar
bienes intermedios y maquinaria para la industria, e incluso también para el
sector agropecuario desde que su “modernización” de las últimas décadas
requiere cada vez más insumos y tecnología importada. Pero esa escasez de
dólares es acentuada por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y los
envíos de ganancias a sus casas centrales que hacen las empresas
extranjeras. La mayor extranjerización del aparato productivo es otra de las
consecuencias de las políticas económicas de las últimas décadas: el capital
imperialista explica el 78 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre
las 500 grandes empresas del país [12].



La derecha acusa perversamente a un supuesto populismo de la decadencia
histórica del país, cuando es la clase social capitalista que domina los
resortes estratégicos de la economía la responsable. El gobierno rechaza los
postulados neoliberales, e incluso exhibe tensiones fuertes con un sector
del capital financiero por la reestructuración de la deuda, pero anuncia que
prepara la “reconstrucción” de la mano de esa misma clase social que dejó al
país en las condiciones actuales. En la celebración del 9 de julio, Alberto
Fernández convocó a Olivos al Grupo de los Seis (G-6): Miguel Acevedo y
Carolina Castro (Unión Industrial Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de
Comercio), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio), Javier Bolzico
(Asociación de Bancos Argentinos), Néstor Szczech (Cámara Argentina de la
Construcción) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina). El anunció de
un impuesto a las grandes fortunas se posterga infinitamente mientras se
envía un proyecto al Congreso para establecer una moratoria impositiva que
beneficiará, fundamentalmente, al gran capital. El oficialismo propone un
nuevo blanqueo de capitales para que los fugadores seriales aporten a la
reconstrucción. Un desatino.



En otro plano, la deuda es un Caballo de Troya que pone límites estrechos a
cualquier plan keynesiano, “mini” Marshall, o plan de reconstrucción, según
el “marketing” que hace el oficialismo de la idea de superar la actual
crisis. La negociación de Guzmán comprende la deuda emitida bajo
jurisdicción extranjera: apenas un 20 % del total. Sí, es cierto, es el
tramo más complejo de negociar: allí está BlackRock como testimonio. Pero
resta reestructurar otro 80 %. Una parte es más sencilla, aunque no menos
onerosa: se trata de deuda emitida bajo jurisdicción local (¡milagro! rige
la ley argentina). Y, como si fuera poco, falta negociar la deuda con el
FMI.



Antes de ser ministro, Guzmán afirmaba que Argentina necesitaba de tres a
cuatro años de gracia para volver a crecer y poder pagar. El plazo de gracia
de Guzmán se fue achicando hasta casi hacerse imperceptible: el año próximo
comienzan los pagos. Es cierto, que de ser exitosa la reestructuración, los
pagos con acreedores privados serán reducidos en 2021 y 2022. No ocurre lo
mismo con los pagos con organismos internacionales, como el FMI, el BID y el
Banco Mundial, a los cuales el año próximo habrá que pagar U$S 7.400
millones. En 2022 y 2023, los pagos al Fondo y organismos internacionales se
elevan por encima de los U$S 20 mil millones cada año. ¿Cómo hará el
oficialismo para juntar esos dólares en medio de una crisis económica,
sanitaria y social de dimensiones históricas? Por fuera de la magia, es
difícil encontrar la respuesta. ¿Negociará con el FMI un acuerdo de
facilidades extendidas para postergar los pagos? La historia indica que con
el Fondo nada es gratis: a cambio de ese tipo de acuerdos exige reformas
regresivas en los ámbitos previsional, laboral e impositivo.



Hasta el FMI reconoce que, en escenarios irrealmente optimistas, en el
mediano plazo entre el 3 % y el 5 % del PIB (lo que produce Argentina cada
año) se tendrían que destinar a pagos de deuda. Es decir, es la proporción
de la riqueza creada por las manos de las trabajadores y trabajadoras
argentinas que se llevarán los especuladores en las siguientes décadas.



De la dictadura hasta la actualidad se pagaron más de U$S 600 mil millones.
La deuda no paró de crecer: pasó de ser U$S 8 mil millones en 1976 a
elevarse a U$S 321 mil millones cuando se fue Macri. La deuda, como
mecanismo de dominación, comprende el mismo castigo de Sísifo que, según la
mitología griega, tenía que empujar cuesta arriba por una montaña una piedra
que, previo a llegar a la cima, volvía a desbarrancarse hacia abajo. Sísifo
repetía el frustrante y absurdo procedimiento una y otra vez.



Como fue desarrollado en el manifiesto programático publicado por el PTS en
el Frente de Izquierda-Unidad, para poner fin a la dominación del país y a
la decadencia nacional, es necesario imponer el desconocimiento soberano de
la deuda, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio
exterior, propuestas integradas en un programa para que la crisis la paguen
los capitalistas. La clase trabajadora tiene la tarea de terminar con la
irracionalidad capitalista reorganizando la estructura económica en función
de atender las necesidades sociales.



* Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en
la UBA (Universidad de Buenos Aires. Milita en el Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de
radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.



Notas



[1] Se les dice así en referencia a El lobo de Wall Street, la película de
Martin Scorsese donde el desenfrenado corredor de bolsa Jordan Belfort lleva
una vida de lujos y excesos.

[2] Este número resulta de un cálculo técnico que estima lo que se llama
valor presente neto de los desembolsos futuros, donde dicho sea de paso se
utiliza una tasa de “exit yield” (una tasa de rendimiento “teórica” del
canje) del 10 % que favorece a los acreedores. Si se aplica una “exit yield”
menor, el valor presente neto es mayor y el descuento menor.

[3] La oferta oficial contiene una tasa de interés creciente que parte en
0,125 % y se eleva progresivamente hasta 4,125 %. Argentina ofrece tasas
menores que las draconianas pagadas por Mauricio Macri, pero elevadas en un
mundo de rendimientos por el suelo: el bono a diez años de los Estados
Unidos tiene un rendimiento menor al 1 %. Alemania, Francia, Suecia,
Bélgica, Holanda o Suiza pagan tasas de interés negativas. No solo eso:
España que hace pocos años vivió una crisis de deuda, hoy paga 0,5 %;
Grecia, todavía siente descargas por su monumental crisis y reestructuración
de su deuda, pero paga 1,5 %. En América del Sur, Perú paga 3,5 %.

[4] Existe otro “Grupo de Tenedores de Bonos del Canje”, liderado por
Monarch, que no está claro en este momento si está con BlackRock o se está
acercando a una postura de aceptación. El “Comité de Acreedores de
Argentina”, que lidera Greylock, representa unas 30 empresas y fondos de
inversión, consideró “razonable” la oferta oficial. Otro grupo manifestó
aceptación es el representado por el UBS (Unión de Bancos Suizos) que
negocia en nombre de Gramercy y Fintech. Este último fondo, como se
mencionó, es propiedad del mexicano David Martínez, un socio del Grupo
Clarín.

[5] Actualización del Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (Junio
2020), titulado “Las condiciones financieras se han distendido, pero las
insolvencias son un riesgo predominante”.

[6] Recientemente, en Ecuador una reestructuración de deuda con U$S 60 de
valor presente neto. Ese país también enfrenta una larga crisis, que se
agudizó en octubre de 2019 por las protestas desatacadas por los planes
acordados con el FMI. Pero el endeudamiento argentino tiene una escala muy
superior.

[7] Banco Central de la República Argentina (Mayo 2020), “Mercado de
cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.

[8] Los 100 de Macri. Disponible en:
https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/.

[9] La sesión completa de la Comisión se puede ver aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=uhy4XB_fPIk .
<https://www.youtube.com/watch?v=uhy4XB_fPIk>

[10] Claudio Lozano (2019), La deuda ilegítima. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Editorial Autonomía.

[11] Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de
Divisas de la Argentina durante el año 2001. (2005). Fuga de divisas en
Argentina 2001 / Informe final. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI
Editores Argentina / Flacso, p. 66.

[12] El dato corresponde a 2018 y surge de la última Encuesta Nacional a
Grandes Empresas que elabora Indec. Disponible en:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf.
<https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf>


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