Rusia/ El referéndum de Putin. Grietas en el hielo [Alexey Sakhnin/Per Leander]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de julio 2020

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Rusia



El referéndum de Putin



Grietas en el hielo



El presidente ruso logró legalizar su eventual permanencia ininterrumpida en
el poder hasta 2036. Pero su triunfo en una consulta popular que el propio
gobierno reconoció como legalmente innecesaria y la oposición denuncia como
fraudulenta puede no alcanzar para garantizarle estabilidad, mientras cae su
popularidad y crece el malestar social.



Alexey Sakhnin/Per Leander

Brecha, 17-7-2020

https://brecha.com.uy/



Rusia, 2035. Una mujer con uniforme de enfermera filma con su celular. Hoy
un niño de 5 años está siendo adoptado. «¿Estás contento porque ahora
tendrás una mamá y un papá?», le pregunta la mujer al niño, mientras el
hombre que ahora es su padre se acerca. El pequeño sonríe y sale del
decrépito edificio con su nuevo padre y dos enfermeras. «¿Dónde está mi
mamá?», pregunta, parado en la entrada del orfanato. La cámara se vuelve
hacia un hombre con vestido y maquillaje que espera cerca de un auto caro,
con gestos afectados, exagerados. Sostiene un pequeño vestido. Las
enfermeras fruncen el ceño. «Pobre niño, ¡lo van a vestir de mujer!»,
piensan. Una de ellas escupe al piso, furiosa, y vuelve a entrar. «¿Es esta
la Rusia que eliges?», se pregunta una voz en off antes de convocar al
espectador: «Decide el futuro del país. Vota a favor de las enmiendas
constitucionales». Así termina uno de los videos de la campaña previa al
referéndum que Vladímir Putin convocó para el 1 de julio en pos de reformar
la Constitución rusa. Las enmiendas posibilitarán, entre otras cosas, que
gobierne de por vida.



Un nuevo comienzo



Putin parecía venir en declive. Después de la impopular reforma previsional
con la que aumentó la edad de jubilación en 2018, su estrella comenzó a
perder brillo: en abril el apoyo al presidente marcó un 59 por ciento, su
mínimo histórico, lo que representa una caída de casi el 20 por ciento en
sólo dos años, según datos del Centro Levada. Un número creciente de rusos
no quisiera verlo permanecer en el cargo más allá de 2024, cuando se termine
su actual mandato, el segundo consecutivo y el cuarto desde que asumió por
primera vez como presidente, en 2000 (entre 2008 y 2012, en tanto, gobernó
como primer ministro, algo que ya había hecho a fines de 1999). Algunos
medios ya habían comenzado a discutir cómo sería la sucesión de Putin; la
clase dominante, enfrentada a un eventual vacío de poder, había comenzado a
fracturarse en clanes rivales.



Sin embargo, nadie tiene aún suficiente poder, o tal vez valentía, como para
concebir siquiera una Rusia sin Putin. Nadie excepto el propio Putin. En
enero, al dirigirse, como cada año, al Parlamento ruso, el presidente
presentó de forma inesperada una serie de propuestas para reformar la
Constitución. La mezcla de temas sociales, económicos y gubernamentales que
incluía su discurso pudo parecer absurda al principio. Aquel día, luego de
un largo pedido de que el Estado proveyera desayuno gratuito a los
escolares, propuso que se prohíba que los miembros del Parlamento tengan la
doble ciudadanía o permisos de residencia en el extranjero y que se
introduzca un nuevo organismo de gobierno, el Consejo de Estado.



Tampoco parecía haber un hilo conductor entre las diferentes enmiendas que
presentó. Por un lado, sostenía que era necesario expandir el mandato del
Parlamento. Por otro, pedía la creación de una prerrogativa presidencial
para suspender de forma unilateral los poderes de los tribunales
Constitucional, Supremo, de Casación y de Apelaciones. Más tarde, algunas
otras iniciativas fueron agregadas al paquete. Una es la definición
constitucional del matrimonio como «unión entre un hombre y una mujer» y
otra consagra la lengua rusa y la creencia en Dios en la carta magna.



Pero lo más extraño del discurso de Putin fue cuando demandó que estas
enmiendas fueran sometidas al voto popular. Por primera vez en 27 años se
celebraría un referéndum en un país donde por décadas la gente ha sido
sistemáticamente alienada del proceso político. En los días siguientes,
empezó a verse que las reformas propuestas eran tan sólo un intento velado
de crear una arquitectura política que garantice la continuidad del proyecto
del presidente después de 2024. Otras cosas no estaban tan claras: ¿se iría
Putin de la presidencia para liderar el Parlamento o el nuevo Consejo de
Estado?, ¿se retiraría y dejaría lugar a un sucesor?



La intriga se resolvió a comienzos de marzo, cuando las enmiendas fueron
formalmente aprobadas por la Cámara Baja del Legislativo, la Duma. Durante
la sesión, Valentina Tereshkova –quien en 1963 fue la primera mujer en el
espacio, hoy diputada por el partido de Putin, Rusia Unida– subió los
escalones del atril parlamentario y allí, en medio de su intervención,
propuso que, además de los cambios ya presentados, los mandatos
presidenciales de Putin hasta la fecha sean «borrados» y se dé así al
presidente una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, para volver a competir
en las elecciones. La propuesta de la diputada fue aprobada.



Cuarentena y crisis



Desde un principio se supo que la consulta popular sobre estas enmiendas
–inicialmente agendada para el 22 de abril– iba a ser una farsa. La Duma y
el Tribunal Constitucional ya habían aprobado todas las modificaciones y el
propio Putin ya les había estampado su firma. La Comisión Electoral Central
y hasta el vocero de la presidencia debieron admitir que con eso bastaba
para su entrada en vigor y que el referéndum no tendría, en realidad, efecto
legal alguno. Sin embargo, no por esto la votación dejaba de ser un elemento
clave en la estrategia del mandatario. Tras 20 años en el poder, Putin
necesitaba la aprobación popular para levantar la moral del régimen y
actualizar su legitimidad política, golpeada por la situación económica y
las tensiones sociales que sacuden al país.



Pero entonces llegó el coronavirus. Aunque en Rusia la pandemia impactó más
tarde que en otros países, el gobierno hizo poco y nada a lo largo de marzo
para prepararse para lo que venía, con la esperanza de que la atmósfera
electoral no se viera afectada cuando llegara abril. Cuando el 30 de marzo
Moscú y otras grandes ciudades debieron aplicar la cuarentena general, ya
era demasiado tarde. Hoy Rusia está tercera en el mundo en número de
personas infectadas (más de 740 mil), sólo superada por Estados Unidos y
Brasil, siempre de acuerdo a las estadísticas oficiales y sin tener en
cuenta diversas denuncias de subregistro.



La epidemia propinó otro golpe al régimen. El sistema de seguridad social
crujió, debilitado por las políticas neoliberales de los últimos años.
Mientras los precios del petróleo estaban altos, las reformas promercado de
Putin salían adelante sin mucha oposición, gracias al alza de los salarios y
una maquinaria de propaganda estatal bien aceitada. Pero la creciente
mercantilización de la esfera estatal ha tenido un impacto catastrófico en
los servicios públicos, especialmente en la salud. Sólo en la última década,
el número de hospitales públicos disminuyó a la mitad. El número de camas de
hospital, en tanto, se redujo en un 40 por ciento y la cantidad de personal
médico se achicó en casi un tercio. En el lapso de diez años, la atención
médica ha sido transformada de servicio público disponible de forma gratuita
a privilegio accesible apenas para los pudientes.



Esa no fue la única debilidad revelada por la pandemia. Cuando Rusia entró
en la cuarentena, millones de personas perdieron sus empleos (de acuerdo al
propio Putin, hay 3 millones registrados oficialmente como desempleados;
según la Escuela Superior de Economía de Moscú, la cifra real de
desempleados estaría en torno a los 10 millones). Las autoridades
insistieron en que las medidas eran tan sólo un «régimen de
autoaislamiento», eufemismo que descargó en los individuos toda
responsabilidad. Pero al mismo tiempo se implementó una serie de
restricciones generales que incluía multas para quienes salieran de su casa
sin permiso.



La economía se contrajo un 12 por ciento en abril, de acuerdo a las cifras
oficiales, mientras que Bloomberg habla de una caída total del 33 por
ciento. A diferencia de lo hecho en otros países, el gobierno ruso se ha
negado a proveer asistencia económica directa a sus ciudadanos y a las
empresas. En Moscú y otras ciudades, se les pidió a los residentes que
compraran máscaras y guantes médicos, que son producidos por una entidad
propiedad del Ayuntamiento de Moscú. Cuestan 20 veces más que antes de la
llegada del coronavirus. Mientras tanto, según Forbes, las 101 personas más
ricas de Rusia ganaron 62.000 millones de dólares en los primeros dos meses
de la pandemia.



No tan distintos



Ocultas por décadas de rivalidad geopolítica, hay sorprendentes similitudes
entre los órdenes sociales ruso y estadounidense. Al igual que en Rusia,
millones de estadounidenses han perdido sus empleos desde el comienzo de la
pandemia. Y, al igual que sus pares rusos, los multimillonarios
estadounidenses continúan acrecentando su riqueza: han amasado 565.000
millones de dólares más desde el 18 de marzo, según un reciente estudio del
Institute for Policy Studies. «Hay un cóctel explosivo de pérdida de
ingresos y crecimiento de la desigualdad», dijo a la CNN, a comienzos de
mes, Joe Brusuelas, economista jefe de RSM International, una red global de
firmas contables. Ese cóctel, que estalló en Mineápolis, Washington y
Seattle tras el asesinato de George Floyd, también está presente en Rusia.



Al igual que Donald Trump, durante esta crisis Putin ha visto sufrir su
imagen de «líder fuerte»: él también delegó su autoridad a los gobernadores
locales y se escondió en un búnker debajo de su residencia. Luego de 2008,
las réplicas de la crisis financiera mundial produjeron una ola de protestas
masivas desde El Cairo hasta Nueva York, desde Madrid hasta Moscú. Pocos
meses después de que comenzara el movimiento Occupy Wall Street, en Estados
Unidos, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital
rusa para protestar contra el fraude electoral en el movimiento conocido
como Bolotnaya. Hoy el descontento social es más feroz y profundo: en un
estudio publicado a comienzos de junio, los sociólogos Serguéi Balanovsky y
Mijaíl Dmitriev, exdirectores del Centro de Estudios Estratégicos de Moscú,
han anticipado la mayor explosión de disturbios en Rusia desde 2011 y 2012
como consecuencia de la crisis pandémica. La reacción, sin embargo, podría
ser aún más feroz.



Derecho a la urna



La pandemia ha terminado, insistió Putin a comienzos de julio, a pesar del
hecho de que Rusia todavía registra de 8 a 9 mil nuevas infecciones cada
día. Las autoridades tenían prisa. Con vacaciones nacionales a mediados de
julio era casi imposible asegurar la participación necesaria para el
plebiscito. Si la votación se postergaba para el otoño ruso, el gobierno
enfrentaba la posibilidad de una derrota. Las elecciones locales que se
realizarán entonces dificultarían la manipulación de los votos: los
observadores electorales estarán de guardia. Las autoridades debieron
programar la votación para el 1 de julio, en plena pandemia.



Incluso así, las autoridades temían la derrota. Introdujeron una serie de
cambios de último minuto que expandieron drásticamente las posibilidades de
fraude electoral. Se permitió la votación anticipada durante una semana
desde el 24 de junio y la Comisión Electoral Central autorizó la votación
online. Citando razones médicas, se estableció que el voto físico tendría
lugar al aire libre, lo que dificulta seguir incluso precauciones
rudimentarias. No se permitieron observadores independientes y la votación
fue supervisada por la Cámara Pública, un organismo leal al Kremlin.



En los hechos, el gobierno imposibilitó la campaña contra las enmiendas,
mientras que el Estado convocó a votar por el sí en las principales
estaciones de televisión y en las vallas publicitarias de toda Rusia. El
socialista Nikolai Platoshkin ha estado bajo arresto domiciliario desde el 5
de junio tras decirles a sus 500 mil seguidores de Youtube que votaran en
contra de las reformas (de acuerdo a la Fiscalía General, Platoshkin
«instigó al desorden público» y «diseminó información falsa sobre temas que
representan una amenaza para la vida y la seguridad de los ciudadanos»;
Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia y ha llamado
a su liberación).



Pero Putin puede dormir tranquilo por ahora. La oposición está trágicamente
dividida. El Partido Comunista, la mayor fuerza opositora del país, hizo
campaña contra las reformas, una táctica moderada que, sin embargo,
reconocía la legitimidad del voto. La mayoría de los otros grupos de
oposición, desde el Frente de Izquierda hasta el derechista Alexey Navalny,
llamaron a un boicot total del referéndum. Es muy posible que, de todas
maneras, la votación no logre su objetivo real, ya que es poco probable que
pueda asegurar a Putin el tipo de legitimidad que busca. Por el contrario, a
medida que se levanta el telón, el malestar social se acerca gradualmente a
un punto de inflexión.



Traducción y subtitulado de Brecha. Artículo publicado originalmente en
Jacobin, 1-7-2020: https://jacobinmag.com/



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Resultados



Según la Comisión Central Electoral de Rusia, las enmiendas de la
Constitución recibieron un apoyo del 78,5 por ciento de quienes concurrieron
a las urnas entre el 25 de junio y el 1 de julio. Un 21,4 por ciento votó
por el no. La participación fue de casi el 68 por ciento del electorado
habilitado.



El miércoles 15 de noche hubo 142 detenidos en Moscú tras la última de una
serie de protestas contra el resultado de la votación, informó AFP. También
se registraron protestas en San Petersburgo y Jabárovsk. La oposición
califica de fraudulenta la votación, que oficialmente se llamó elección
panrusa, en lugar de referéndum, ya que no cumplió con los requisitos
establecidos por la norma constitucional federal. La ley establece, entre
otras cosas, que los resultados de ese tipo de consultas deben ser
vinculantes.



Francisco Claramunt

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