Venezuela/ El régimen de Maduro permite desastre del Arco Minero [Jorge Padrón - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de julio 2020

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Venezuela



Jorge Padrón: Anarquía impulsada Nicolás Maduro permite desastre del Arco
Minero



Provea, 19-7-2020

https://www.derechos.org.ve/



El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón,
advierte que con la explotación indiscriminada del Arco Minero se está
afectando el 80% de las reservas de aguas dulces, así como el sistema
hidroeléctrico del Guri, que abastece de energía a 70% del país, además de
que los recursos se van “por los caminos verdes”



El pasado 15 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la grave situación que se vive
hacia el sur de Venezuela, en las áreas que constituyen el llamado Arco
Minero del Orinoco (AMO), donde grupos criminales tienen el control del
territorio, se explota a los trabajadores y se produce un daño ecológico de
grandes proporciones cuyos efectos la población venezolana podría comenzar a
padecer próximamente.



El AMO fue creado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para aprovechar
los recursos que se encuentran en la zona, que abarca gran parte del estado
Bolívar, y partes de Amazonas y Bolívar, con lo que paliar la merma en la
producción y consiguiente explotación de petróleo; sin embargo, luego de
tres años de explotación indiscriminada sin control ni rendición de cuentas
algunos, poco han visto los ciudadanos venezolanos de la venta de oro,
diamantes o coltán, mientras grupos criminales se han hecho millonarios, se
denuncian ventas irregulares de estos recursos en países como Turquía, y se
violan los DDHH, no solo porque los grupos que tienen el control de las
zonas aplican la ley a su antojo, sino porque se afecta el ecosistema y se
amenaza la vida de los venezolanos en general.



El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, no
duda en que la anarquía que ha impulsado el gobierno de Nicolás Maduro lo
que ha generado todo el drama que se vive en la región y asegura que el
informe de Michelle Bachelet se queda corto ante la situación.



Para Jorge Padrón, informe Bachelet dejó de lado el tema ambiental



“Es relevante la información que da la comisionada y mejora sustancialmente
con respecto al informe elaborado el año pasado que fue muy escueto, con muy
pocas palabras dedicadas al tema del Arco Minero, pero en este caso detalló
más y es un aval. Ella hace énfasis en el tema de la explotación laboral, lo
que sucede con las mujeres y los niños, y sí, hay una parte social que es
importante enfocar; también habla de los niveles de violencia que se
presentan en la zona, pero el tema ambiental como tal lo refiere muy poco;
lo hace cuando habla de la calidad del agua que se consume tanto por las
personas que han migrado hacia la zona como por la población indígena, que
está tomando agua contaminada producto de esas sustancias que se vierten en
los cauces. Está enfocando la mirada en una zona que es terrible en el país,
hay que reconocerlo, pero hay muchas observaciones que hacer y que debieron
reflejarse en un documento de esta naturaleza”, expresó el geógrafo, quien
es el responsable del capítulo sobre el Derecho al Ambiente Sano, del
informe de la ONG Programa de Educación Acción en DDHH (Provea).



Indicó que reconoce la labor de los asesores que trabajaron en la comisión,
ya que reflejaron uno de los aspectos más resaltantes del problema, pero
que, no obstante, el informe no habla de por qué se está generando esta
situación.



“Hay una anarquía muy grande que está siendo promovida y respaldada por el
gobierno. El Estado está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer
un gobierno. En vez de poner orden está impulsando el desorden y permitiendo
entre otras cosas, esos hechos de violencia”, sostuvo Jorge Padrón.



Recursos del Arco Minero del Orinoco se van por los “caminos verdes”



Asegura Jorge Padrón que el gran grueso de los recursos auríferos que se
explotan están entrando en poca proporción al fisco nacional y el grueso se
va por los “caminos verdes” debido a que la mayoría de lo que se produce no
está registrada. “Se habla de que hasta un 80% del oro no está siendo
registrado. Nos estamos enterando por la información del oro que se está
vendiendo en Turquía, por ejemplo”, señaló.



Explicó que buena parte de ese oro es parte de lo que antes estaba
contemplado como minería ilegal. “Hasta 2010-2011, algunas zonas del estado
Bolívar, aunque el tema del Arco Minero incide en Amazonas y Delta Amacuro y
se expande, pues va mucho más allá del lindero establecido en el decreto
2248 de febrero de 2016, la minería que se daba en la zona estaba siendo
vigilada, entre comillas, por parte de los ministerios responsables, que
eran los de Minas y Ambiente. A veces se hacían operativos para frenarla,
pero la actividad estaba contemplada como minería ilegal, informal.
Entonces, a partir del decreto le dan puertas abiertas, luz verde, porque
generan una producción significativa, pero no hay control, no se sabe en qué
áreas se están metiendo, en qué bosques, inclusive en las áreas protegidas,
y personajes del gobierno se la están comprando, hay una anarquía
formalmente abierta y toda esa actividad está ocasionando graves daños al
ecosistema.



-¿El gobierno se aprovecha de la minería ilegal?



En Provea y la asociación civil ecológica y social Chunikai le hemos hecho
seguimiento a buena parte de las acciones que ha hecho el Estado. Una de las
primeras cosas que hicieron es que el Banco Central les abrió la puerta a
todos esos mineros ilegales, un oro no de sangre, pero ilegal, de origen
irregular. El informe (de Michelle Bachelet) debía resaltar eso, no
solamente los síntomas sino el origen, es una situación generada por el
gobierno de Nicolás Maduro.



-¿Cuál es el papel de los militares allí?



En el tema de los actores hay bastante información recabada por diferentes
organizaciones, como Transparencia Internacional, SOS Orinoco, que han
recogido buena cantidad de datos y reflejan que ha habido combinación de
grupos vinculados inicialmente y promovidos desde la misma gobernación.
Recuerda que los dos últimos gobernadores vienen de las Fuerzas Armadas, el
general Rangel y Noguera, hay un vínculo desde la misma gobernación y ha
habido situaciones irregulares.



“Hay participación –prosiguió- de grupos delincuenciales vinculados a las
cárceles, a los llamados pranes, los ‘sindicatos’, que no tienen que ver
nada con el mundo sindical, laboral, le dicen “seguridad”, y hasta la
guerrilla colombiana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el
propio gobierno ha llevado para apropiarse de territorio.



Parques nacionales afectados



-¿De cuánta extensión de tierra estamos hablando donde hay impacto
ambiental?



La superficie que comprende el decreto habla 11 mil 843 kilómetros
cuadrados. Es el área que definieron en cuatro zonas y un agregado en la
parte alta del Río Caroní, en total 112 mil kilómetros cuadrados. No
obstante, hay que agregar el mismo Parque Nacional Canaima, tres millones de
hectáreas, la zona sur del estado Bolívar, áreas protegidas que no
incluyeron en el Arco Minero como tal, y el estado Amazonas, donde la
incidencia aún es incipiente pero evidente.



Añadió Jorge Padrón que, a raíz de 2016 se incrementaron las actividades de
extracción de oro, de diamantes y coltán en el estado Amazonas, donde está
prohibida la explotación minera. “Hay una  actividad hacia el norte del
estado Amazonas, orientada a la explotación del coltán y denuncias de que la
guerrilla colombiana está participando de eso”, apuntó.



Además, resaltó que el área de influencia de toda esta actividad irregular
hay incorpora áreas protegidas, no solo en el estado Amazonas sino en una
parte de Delta Amacuro, con el parque nacional Imataca.



El impacto ambiental es como un cáncer



-¿Cuál es el impacto de la desforestación?



El tema de la minería aurífera como tal no es un asunto de grandes
superficies desforestadas. Lo que se genera en esos ecosistemas es una
especie de cáncer, focos donde se generan problemas de sedimentación muy
graves. El informe de Bachelet no dice que se está generando una actividad
donde hay descarga de mercurio, que es muy contaminante y que no solo va a
llegar a los ríos principales porque cae en los cauces de los ríos Cuyuní,
Aro y Caroní, sino que terminan en el Orinoco, el Mar Caribe y el Atlántico;
así que estamos afectando la zona pesquera del Mar Caribe.



“Hay estudios de gente en Puerto Rico que indican la presencia de peces
contaminados de mercurio que vienen de nuestra zona. Depende de cuáles
cuencas, si estamos hablando del Icabarú, tiene un ‘bonus’ que le metió el
gobierno de Maduro al Arco Minero, ya que estamos hablando de la cuenca alta
del Caroní, la más estratégica en términos de energía eléctrica de Venezuela
porque abastece al 70% del país”, precisó Jorge Padrón.



Aseguró Jorge Padrón que se está afectando a las partes altas del Caroní con
sedimentos cuyas cargas hacen  daño al sistema hidroeléctrico del Guri.



“El profesor Alexander Luzardo ha hablado mucho de eso, es autor de un
proyecto de ley sancionado por la AN, que deroga el Arco Minero, y establece
que se debe proteger las reservas de aguas dulces más importantes del país.
El tema de las aguas, al estar contaminada por estos focos de mercurio,
deshechos de hidrocarburos, combustible, aceite, basura y en algunos casos
cianuro, es que estamos afectando el 80% de las reservas de agua del país,
agua dulce, limpia. Entonces el tema va más allá de la violación de los
derechos de las comunidades indígenas, que son de los primeros afectados,
estamos hablando del agua y la energía eléctrica de los venezolanos”,
resaltó Jorge Padrón.



Procedimiento legal



-¿Cuáles son los derechos humanos ambientales que se están transgrediendo?



Es muy importante porque mucha gente piensa que el tema de los DDHH no
contempla la parte ambiental y resulta que el derecho al ambiente sano es un
derecho humano. En el caso venezolano aún más porque está consagrado en la
Constitución, desde la parte de motivaciones hasta el articulado, el 127,
128 de la Constitución establecen ese derecho. Hay derechos y deberes. Se
transgrede el derecho al agua potable, a que el ambiente de los venezolanos,
de las comunidades indígenas esté en equilibrio. Estamos hablando del aire,
de todo lo que contempla las condiciones ambientales. Es parte de los DDHH
principales el derecho al ambiente sano.



-¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas luego de presentado este informe que
como usted dice es un abreboca?



Es otro elemento más para llevar a crear sanciones al gobierno venezolano no
solo está el tema de los presos políticos, la falta de todos los servicios
que estamos padeciendo, sino estos focos que se están abriendo y dando a
conocer al mundo. El hecho que se conozcan es un gran paso. Hay un
procedimiento que incluso puede llevar a la Corte Penal Internacional, de
que aquí se están violando los DDHH en todas las magnitudes y con el
componente ambiental es evidente. Estamos hablando del tema eléctrico y del
tema del agua que cada día se ve empeorado este derecho.



-Y las tierras que ya no serán fértiles



-Quedan degradadas, por eso te decía que es como un cáncer. El proceso de
restauración de esa zona va a implicar una inversión muy grande y va a ser
experimental porque no hay muchos casos en el mundo de bosques tropicales
restaurados después de pasar por la minería. Ahí se está haciendo un daño
terrible y estamos hablando también de afectación a la biodiversidad, porque
en esa destrucción se está acabando con distintas especies botánicas y
animales que posiblemente pudieran ser fuentes para medicinas como el
cáncer. Igualmente se afecta el clima mundial, porque afectar esos bosques
va a generando cambios en las corrientes de precipitación a nivel regional y
global.



Recuperación de las zonas afectadas



-¿Cuáles serían las primeras acciones a implementar de manera urgente ante
la situación?



Estamos hablando del sur del río Orinoco. El tema Arco del Orinoco es de
poca data, es reciente, lo creó (Hugo) Chávez en uno de sus discursos
televisados. Hay que hablar del sur del Orinoco, de la situación minera. Lo
primero es dar un frenazo a la situación de inseguridad por los grupos
armados de la zona. Asumir como Estado y confrontar esa situación, enfrentar
a los grupos armados de otros países, detener a quien haya que detener. Sin
eso no se va a poder avanzar en restaurar el territorio afectado por la
minería. Hay que hacer investigaciones, poner a participar a las
universidades en esto. Hay propuestas de soluciones desde hace tiempo. Hay
que tomar en cuenta las experiencias de los sectores religiosos, como la de
los salesianos, pero lo primero que hay que atender es la violencia que hay
en la región.



-Hay personas que dicen que se requiere explotar los recursos de la zona,
sobre todo ante la merma en la producción petrolera. ¿Existe la posibilidad
de explotar racionalmente esos recursos?



Hay que trabajar el tema de la ordenación territorial. Un plan de ordenación
de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y buscar con certeza cuáles
son las áreas y a qué se destinan. Si en algún caso se permitiera la
actividad minera, como en El Callao, que tiene una tradición desde el siglo
XIX, tienes que hacerlo bajo todas las normas que ya existen, estudio de
impacto ambiental, tiene que haber un organismo (que controle), restablecer
la institucionalidad, que vigile y fiscalice en la parte minera las
concesiones que se entreguen a las empresas; un Estado presente por la parte
ambiental; rehacer el ministerio del Ambiente, eliminado en 2014 y lo
convirtieron en un ministerio de Ecosocialismo, que no se sabe muy bien a
qué se refiere. Dotar de recursos al ministerio del Ambiente, y antes de
otorgar concesiones, tener un equipo preparado, con vehículos, imágenes
satelitales, y dotadoss de recursos para la vigilancia.



Ecoturismo opacado



Concluye Jorge Padrón reiterando que el informe de Bachelet dejó por fuera
la que es la razón que genera la situación, y que es anarquía promovida por
el gobierno de Nicolás Maduro.



“Liquidaron la actividad turística; el estado Bolívar era muy importante,
tal vez más que Nueva Esparta, con los parques Canaima y La Gran Sabana. Hay
bastante posibilidad de que vengan turistas desde Brasil, de hecho, hay
algunos que actualmente se aventuran. En el mismo corazón del Arco Minero,
que lo representa la cuenca del río Cuyuní, que es donde están Las Cristinas
y las Claritas y donde la destrucción es garrafal, y en la región de
Imataca, que era protegida, hay un potencial importante para el ecoturismo
de observación de aves. Hasta 1999 ibas a la Gran Sabana, te conseguías unas
posadas en el camino, y había promoción de actividades de promoción de aves,
por la riqueza de especies que no hay en ningún otro lugar del mundo”,
puntualizó.

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