Ecuador/ De la pandemia sanitaria al pandemonio económico [Alberto Acosta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de julio 2020

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Ecuador



De la pandemia sanitaria al pandemonio económico



Alberto Acosta *

Rebelión, 25-7-2020

https://rebelion.org/



El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno
ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría
añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud
pública aplicados por el gobierno de Lenín Moren



“Puede decirse que nuestro problema no consiste ni principalmente en que no
seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos
proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de
nuestros deseos, como en la forma misma de desear”.  Estanislao Zuleta (El
elogio de la dificultad).



La crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), que forma parte de la
crisis multifacética global, es mayúscula. La pandemia, sin duda alguna,
constituye una prueba mayor para la sociedad humana globalizada. Nunca antes
tantos países han estado envueltos con tanta intensidad, en tan poco tiempo
y con tanta brutalidad, en un reto que casi paraliza toda la economía y la
misma sociedad. Una cuestión que no se puede olvidar es que muchos problemas
ya estaban larvados o incluso ya habían aflorado antes de que aparezca esta
pandemia: en la lista caben la recesión económica global y más aún el
colapso climático.



Discutir los orígenes de tanto problema y entender lo que se avecina será
una tarea compleja y ardua. No será fácil hacerlo con los viejos
instrumentos epistemológicos considerando que la incertidumbre caracteriza
como pocas veces antes el momento; tan es así que bien cabe recuperar la
conclusión a la que llega Eduardo Gudynas en este contexto de crisis: “al
final de cuentas la estimación de la crisis que hace cualquier vecino en el
barrio, en su esencia puede ser tan válida como la de los analistas
económicos o los catedráticos universitarios. En la geometría de la crisis
se desvanece la pretendida superioridad del saber del experto y es necesario
escuchar todas las voces”.



A pesar estas dudas, quizás podemos aceptar que toda crisis nos confronta
con riesgos y amenazas, a la vez que con oportunidades. Los problemas son
evidentes, pero es necesario describirlos en sus líneas gruesas, pensando
sobre todo en un país como Ecuador. Tema que abordaremos en este breve texto
tratando de esbozar sobre todo algunos elementos de la coyuntura económica,
sin descuidar el escenario social y político. Y por cierto, al final
esbozaremos un par de ideas fuerza de cuáles podrían ser las oportunidades.



Los entretelones de una crisis de larga data



El Ecuador, ya antes del coronavirus, enfrentaba una coyuntura llena de
urgencias fiscales y con un ambiente internacional muy complejo que
estrangulaba las cuentas externas. Tales urgencias expresan una crisis
económica estructural, profunda y de larga duración. Una crisis en donde se
combinan una producción y una demanda interna estancadas por los menos desde
el 2014; la creciente dependencia extractivista que caracteriza la matriz
productiva; los elevados niveles de concentración de mercados, finanzas y
riqueza; la incapacidad de generación de empleo con el consiguiente aumento
del empleo inadecuado y de la pobreza (con mayor énfasis en las zonas
rurales y campesinas); la existencia de problemas fiscales que han obligado
a sostener la liquidez interna vía endeudamiento externo agresivo,
especialmente desde el 2014; la carencia de una moneda propia que impide
disponer de una herramienta dinámica como lo es la política monetaria y
cambiaria; y, por supuesto la falta de una política económica coherente e
integral. Y todo esto en un escenario de creciente desigualdades,
exacerbadas por la crisis sanitaria y económica.



Esa crisis estructural, que se manifiesta por la enorme fragilidad del país
ante shocks externos, empezó a ser más visible nuevamente desde fines del
mencionado año 2014. Ahora esa crisis se vuelve cada vez más compleja. Con
la abrupta caída del precio del petróleo vivida por el impacto sumado del
coronavirus y la recesión internacional, prácticamente se han diluido los
ingresos petroleros presupuestados para el presente año. Se han desplomado
por igual las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior. A
esto se suma la apreciación del dólar, con el consiguiente encarecimiento de
las exportaciones ecuatorianas.



Para colmo, la coyuntura internacional coincide con un momento en el que, al
país, agobiado por los problemas mencionados y por la misma política
económica destinada a superarlos -según el discurso oficial-, se le ha
vuelto extremadamente costosa la colocación de más deuda externa, con un
índice de riesgo país que se ha disparado. Si bien este indicador es más que
cuestionable, en especial por su carácter especulativo, es innegable que es
una muestra de cuán frágil se ha vuelto la capacidad del Ecuador de acceder
a los mercados financieros para financiar su economía dolarizada.



El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno
ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría
añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud
pública aplicados por el gobierno de Lenín Moreno; tales recortes se
reflejan en la caída de los montos presupuestados para el Plan de Salud: 353
millones de dólares en 2017, 302 millones en 2018 y 186 millones en 2019;
esto se agrava por la incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado
-también por presiones de la austeridad fiscal- lo que se refleja en una
inversión real de 241 millones en 2017, 175 millones en 2018 y 110 millones
en 2019; en este año, además, fueron despedidos más de 3.000 profesionales
de la salud pública. A más de los recortes, hay otros problemas de fondo en
el sector de la salud, pues es insostenible mantener la visión curativa del
paradigma clínico, asistencialista y mercantilista, por más hospitales que
se construyan; tales problemas se agudizaron por una silenciosa
privatización de la salud en el gobierno de Rafael Correa, la cual aceleró
la acumulación capitalista del complejo médico industrial. Todos estos
elementos están en la base de la brutal expansión del virus en este país
andino, particularmente en la ciudad de Guayaquil en donde se reproducen con
especial crudeza las desigualdades sociales.



Ante una crisis estructural tan compleja y con perspectivas tan difíciles,
resulta angustioso constatar que el gobierno haya mantenido inalterado el
curso recesivo. Las urgencias fiscales priman por sobre otras urgencias,
como las sanitarias. Y las condiciones impuestas desde la lógica
fondomonetarista, tanto como diversos miedos e incluso posiciones
dogmáticas, centradas por ejemplo en sostener a la dolarización como un
objetivo nacional, bloquean la construcción de alternativas creativas, sobre
todo sustentadas en profundos criterios de solidaridad.



En ciernes la madre de todas las crisis…



En Ecuador, la necesidad de enfrentar la crisis sanitaria, en especial,
parecía que le obligaba al gobierno a morigerar algunas de sus acciones
abiertamente neoliberales. Con el coronavirus a la vista el régimen desplegó
algunas medidas puntuales para tratar de obtener recursos “raspando la
olla”, sea metiendo mano en los depósitos del sector público, sea
estableciendo retenciones de impuestos, sea ignorando el oro de la reserva
monetaria (como lo hizo el gobierno anterior en el año 2014 cuando el precio
del petróleo bordeaba los 100 dólares por barril). Incluso se planteó una
reforma legal con algún criterio de solidaridad… sin embargo este proyecto
de ley no pasó de ser una intención, como veremos más adelante.



Un punto central de la gestión gubernamental radica en la fijación existente
y dominante por mantener a toda costa “buenas relaciones” con el mercado
financiero internacional. En plena pandemia, cuando escaseaban los recursos
para la salud, se prefirió atender el servicio de la deuda externa. No es
algo nuevo. En 1999, cuando Ecuador caminaba hasta la que había sido hasta
ese entonces la peor crisis de su historia republicana -que es muy probable
que sea superada con la actual crisis- Ana Lucia Armijos, gerente general
del Banco Central, declaró que “primero es la deuda externa, después lo
social… si se sigue aplazando su pago, la deuda crecerá, estrangulando toda
posibilidad de desarrollo y sin desarrollo es imposible el pago de la deuda
social.”



Entonces, como ahora, Ecuador no buscó un trato preferente con los
organismos multilaterales de crédito, aduciendo que no es un país pobre,
sino de ingreso medio. Así, en el mes de marzo, con el país colapsado por la
pandemia, cuando escaseaban recursos para las demandas sanitarias, el
gobierno prefirió cancelar 320 millones de dólares por el capital de los
Bonos Global 2020, postergando el pago de los intereses, mientras buscaba
desesperadamente nuevos créditos. Esta cifra se opacó poco tiempo después
cuando se comprobó que el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e
intereses) fue mucho más elevado: en abril, el gobierno se vio forzado a
pagar 865 millones de dólares de capital y 71 millones de dólares en
intereses y comisiones por concepto de deuda externa a Goldman Sachs, Credit
Suisse e ICBC Standard Plc.; gran parte de estos egresos resultan de una
operación especulativa realizada por el actual gobierno, que colocó bonos en
el mercado internacional con una tasa de un 6% apalancándolos con una
garantía de más de 2 millones de dólares de otros bonos; así, cuando cayó la
cotización de dichos bonos de garantía, el gobierno tuvo que apuntalar las
garantías. Así entre solo entre enero y abril de 2020 ese servicio de la
deuda representó 4.008 millones de dólares. Téngase en mente que para el
presente año el Ecuador tiene necesidades financieras por 13,5 mil millones
de dólares, lo que manifiesta la complejidad del momento.



La caída estimada de los ingresos fiscales petroleros y tributarios en el
año 2020 bordea los 8 mil millones de dólares, según anuncios oficiales del
gobierno (a lo que se suma un déficit fiscal de 4 mil millones); simplemente
para tener un idea de referencia, en abril, los ingresos petroleros para la
caja fiscal fueron de 19 millones de dólares; mientras en el mismo mes de
2019 alcanzaron los 194 millones: una contracción de 90%; una situación que
se explica tanto por el colapso de los precios del crudo en el mercado
internacional, como por la rotura de los oleductos a inicios de dicho mes
(un hecho que no puede ser visto como un caso fortuito, pues se trató de una
evidente negligencia de las empresas petroleras); adicionalmente hay que
tener presente que el costo promedio de extracción de un barril bordea los
20 dólares; mientras en abril el precio promedio fue de 8,20 dólares.



La caída de las remesas que envian nuestros compatriotas desde el exterior
es muy preocupante, teniendo en consideración que han llegado a representar
ingresos mayores que las exportaciones de banano. Bajo una previsión inicial
del Banco Central del Ecuador, en 2020 las remesas caerían en 570 millones
de dólares. Si a esto se suma los problemas propios de la pandemia y de la
recesión global se tiene que, a diferencia de la crisis de 1999, la
migración no será una válvula de escape.



La caída y deterioro del empleo se registra de forma sostenida desde 2015,
agudizándose cada vez más desde 2018. Al inicio del año 2020 casi el 62% de
los trabajadores no tenía un empleo adecuado, es decir más de 5 millones de
personas. En ese momento solo 3’150.000 personas tenían empleo adecuado. A
causa de la crisis del coronavirus y la rcesión, dependiendo de diferentes
escenarios, la pérdida de empleo en el país se estima que afectaría de entre
500 a 750 mil personas; una situación que golpeará de diversas formas a la
economía, sea por la contracción de la demanda agregada o por los menores
aportes la seguridad social, a lo que podríamos añadir los impactos sobre
las condiciones de vida de amplios segmentos de la sociedad, el deterioro de
la educación pública e inclusive los índices de nutrición, para mencionar
unos cuantos puntos cruciales. La pobreza se estima que subiría de un 25% a
un 35%, o quién sabe si más aún…



En síntesis, vivimos tiempos de una crisis multifacética mayúscula y en
extremo complicada. El reto es descomunal. Solo notemos que la economía
caería en -6,3% en 2020 según las previsiones económicas del Fondo Monetario
Internacional (FMI): una contracción más grave que aquella vivida en la
crisis financiera de 1999 (cuando la economía cayó en -4,7%). Y el asunto
sería aún mucho más grave si se cristalizan las recientes previsiones del
Banco Central del Ecuador que anticipa una caída de la economía que
fluctuaría entre 7,3% y 9,6%; cifras que se quedan cortas frente al
pronóstico del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien anticipó que el
costo de la pandemia puede significar un 10 o 12% del PIB. Y esta situación,
que podría prolongarse por un largo período, hay que incorporar la compleja
recuperación de la economía mundial de cuya suerte depende tanto el Ecuador.



No solo más de lo mismo, sino más de lo peor



El gobierno de Lenín Moreno –insensible y a ratos desorientado– ha
presentado de manera fragmentada varias medidas económicas, destacando
aquellas aprobadas por las leyes de Apoyo Humanitario COVID-19 y de
Ordenamiento de las Finanzas Públicas, así como otras disposiciones que
brevemente mencionaremos.



La primera crea un régimen especial de acuerdos privados, el cual reemplaza
las actuales disposiciones legales en las negociaciones entre empresas y
trabajadores, arrendatarios e inquilinos, deudores y acreedores. Aquí lo
medular es la flexibilidad laboral. En concreto, el Estado deja de
garantizar derechos, ingresos y estabilidad laborales. Entre otros varios
puntos, se destaca, por ejemplo, la reducción emergente de la jornada
laboral de hasta un 50% por un año renovable por un año más; asimismo, el
salario se paga en función de las horas trabajadas, pudiendo reducirse hasta
llegar al 55% del monto fijado antes de la reducción de la jornada. En el
sector público se plantea la reducción de 2 horas de trabajo a los
servidores públicos, con la consiguiente reducción de sus remuneraciones en
un 16%; la reducción de una hora de trabajo al magisterio, con la
disminución de sus ingresos en un 8%; se exceptúa en la reducción a los
miembros de la fuerza pública y los trabajadores de la salud. Así, por
efecto del creciente desempleo y por la reducción de ingresos, tal como
dejamos constancia, caerá la capacidad de compra de amplios segmentos de la
población y por cierto también de los aportes a la seguridad social.



Lo grave es que el propio presidente LenínMoreno eliminó del proyecto de
“Ley Humanitaria” su propia propuesta de establecer una contribución de
empresas con grandes utilidades y también de los trabajadores; tal maniobra
se muestra como clara sumisión a las presiones de las cámaras de la
producción (cabe recordar que los trabajadores habían aceptado hacer un
aporte solidario, con ligeras modificaciones en los montos mínimos de
ingreso desde los cuales realizar el aporte).



La segunda ley establece un nuevo funcionamiento del Estado en lo realtivo
al gasto público y a la planificación económica: es decir, a donde van los
recursos del país, quién y cómo se toman las decisiones, de qué manera se
obtiene dinero para financiar el gasto y la inversión del sector público.
Sin embargo, estas reformas legales más parecen responder a las presiones
del FMI para la firma de un nuevo acuerdo y el acceso a más deuda; asimismo,
forma parte del proyecto neoliberal –criollo y transnacional– de reducir el
tamaño del Estado, visto como la principal explicación de la crisis, sobre
todo en términos fiscales. Esta Ley de Ordenamiento de la Finanzas Públicas
determina también que la autoridad máxima que regula las políticas de
sostenibilidad fiscal, es decir que decide sobre la conducción de las
finanzas públicas, es el Ministerio de Economía y Finanzas, provocando una
mayor pérdida de trascendencia de la planificación del Estado; tal como
sucedía hace un poco más de 20 años cuando era la Junta Monetaria el eje del
control económico global.



Para enfrentar las urgencias fiscales, se plantea también una serie de
privatizaciones (monetizaciones) y el cierre de varis empresas públicas,
como el ferrocarril; el servicio de correos; TAME, la línea aérea del
Ecuador; entre otras.



Adicionalmente el gobierno ha abierto la puerta a la renegociación de la
deuda externa buscando más financiamiento. Después de haber criticado
duramente los créditos con China contratdos durante el correismo, el
gobierno actual se apresta a renegociar la deuda con este país asiático. El
ministro de Finanzas viene anunciando desde hace rato la llegada de créditos
chinos, que hasta la fecha no se concretan: se habla que entre junio y
octubre llegarían 2.400 millones de dólares por concepto de créditos chinos.




Luego de posponer el pago de intereses, sin caer en moratoria, la
renegociación con los acreedores de bonos privados estaría empezando. Se
espera que no se pagarían intereses por unos 813 millones de dólares hasta
agosto, cuando, además, se firmaría otro acuerdo con el FMI. La expectativa
es conseguir una reducción del valor de dichos bonos en un 35%, hasta ese
mes, para entonces comenzar a servir dicha deuda. El monto de la
obligaciones por este concepto supera los 17 mil millones de díolares.



A pesar de hacer tantos esfuerzos para congraciarse con los acreedores, con
los organismos de crédito es poco lo que ha obtenido hasta ahora. Contrasta
la diferencia de créditos -sin condicionalidades- para  enfrentar la
pandemia del Covid-19 obtenidos por Ecuador de parte del FMI: 643 millones
de dólares, con los 11 mil millones obtenidos por el Perú y 10.800 millones
por Colombia. Saldo, este gobierno la tiene muy clara: la deuda primero, el
país después…



En este contexto, en plena cuarentena, se abrió la posibilidad para poner
fin a los subsidios a los combustibles. Aprovechando que el precio del
petróleo está bajo, el gobierno eliminó dichos subsidios, y deja que sus
precios fluctúen con un margen de variación (bandas) del 5%. Por lo pronto,
mientras el precio del petróleo esté deprimido, no se notará la decisión.
Pero, poco a poco, cuando los precios del petróleo vuelvan a subir, se
incrementarán también los precios de las gasolinas y del diesel. Así, se ha
reemplazado a la torpe alza de dichos precios en Octubre pasado, por una
salida mañosa, encubierta de tecnicismos, sin ningún criterio social,
ecológico o productivo. Parecería que el único fin es ahorrar dinero para
poder pagar el servicio de la deuda externa.



Esta embestida de medidas por parte del gobierno de Lenín Moreno, escudadas
en la angustias vitales que acosaban a la sociedad en los más profundo de la
cuarentena, refleja la intención de hacer realidad un ajuste incluso más
drástico al que quedó trunco por la rebelión popular de Octubre de 2019. En
particular, las mencionadas flexibilizaciones laborales y ambientales -con
el fin de mejorar la conpetitividad de la economía, dirán los economistas
ortodoxos- auguran un futuro de mayor incertidumbre y por cierto de
explotación tanto para las clases trabajadoras del país como para la
Naturaleza.



Este pandemonio se agudiza por un ambiente político cada vez más enrarecido,
donde mezquinos intereses políticos están empeñados en pescar a río
revuelto: unos cuantos líderes, con aspiraciones presidenciales, se ahogan
en sus ambiciones cerrando la puerta a acciones solidarias sustentadas en la
justicia social; otros simplemente desarrollan acciones caritativas para
pulir su imagen; no ha faltado un grupo de políticos que aprovechándose de
la pandemia han participado en negocios ilícitos; mientras otros buscan
simplemente provocar el caos para intentar desmontar los procesos judiciales
iniciados a raíz de actos de corrupción cuando eran gobierno. Y en este
contexto el debilitado gobierno del presidente Moreno, que parece cumplir
una serie de consignas impuestas por una curiosa mezcla de pragmatismo
político y teología neoliberal, lo que espera es que concluya su mandato. El
escenario político, incluyendo el inminente proceso electoral, se perfila
con muchos nubarrones y grandes amenazas.



El resultado de esta evolución será, sin duda alguna, frustración y
desesperanza crecientes, sobre todo en sectores populares cada vez más
abandonados en medio de la incertidumbre… y así, no sería de sorprender que
las protestas estén a la vuelta de la esquina.



Lo cierto es que desde la lógica del poder se impone la obsesión por los
indicadores económicos de inspiración neoliberal, que exacerba las
desigualdades sociales y la destrucción ambiental, y el autoritarismo para
asegurar la estabilidad política, que tiene en la militarización una de las
principales opciones para tratar de frenar la respuesta popular; bastaría
destacar el decreto ministerial que autoriza el empleo de armas letales por
parte de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. A la postre,
con el incremento de las desigualdades y con el sacrificio de los derechos,
se deteriora aún más la democracia.



La oportunidad se construye



Es innegable que el Ecuador requiere de un cambio de régimen económico. Esto
demanda, para no reiterar viejos errores, una lectura histórica que empiece
por enmarcar la actual situación de crisis.



Así ese otro régimen económico debe partir por recuperar las experiencias
acumuladas. Las más severas crisis económicas de esta república tienen
algunos elementos comunes. Recordemos que la crisis provocada por los
problemas de algún producto de exportación, el cacao fue superada con el
advenimiento de otro producto primario, como el banano. Luego el petróleo
insufló nuevos vientos en la economía, cuando se produjo la crisis del
banano. Y ahora, aún existiendo otros productos primarios de exportación,
los ojos de las élites, a la par que declinan las reservas petroleras,
apuntan más y más hacia la megaminería. Así, manteniendo nuestra calidad de
país-producto, es decir país exportador de materias primas, hemos sostenido
firmemente nuestra condición de economía dependiente de los vaivenes del
mercado mundial, sin siquiera haber intentado una inserción más inteligente
y dinámica en el mismo; ésta es, a no dudarlo, una de las profundas causas
de nuestra recurrente postración económica. En consonancia con lo dicho, nos
hemos cansado de constatar, que las cri­sis del capi­ta­lis­mo dependiente y
periférico ecua­to­ria­no se han pro­du­ci­do li­ga­das a las cri­sis del
ca­pi­ta­lis­mo metropolitano. Como telón de fondo de toda esta compleja
evolución tenemos, en estrecha relación con los puntos enunciados, a “la
deuda eterna”, otro eslabón en la cadena de la dependencia con la economía
internacional.



Estas constataciones, de ninguna manera, pue­de lle­var a
so­bre­di­men­sio­nar la influen­cia ex­ter­na en la evolución eco­nó­mi­ca
nacional; casa adentro también somos responsables de muchos de los problemas
acumulados.



Pero hay más. Los pro­ble­mas am­bien­ta­les han si­do compañeros
in­se­pa­ra­bles de las cri­sis ecuatoria­nas: inun­da­cio­nes y se­quías
ocasionadas por masivas deforestaciones, con­ta­mi­na­cio­nes propias de
extractivismos desbocados o de los incontrolados procesos de urbanización,
así como pla­gas derivadas de los mo­no­cul­ti­vos, a lo que se po­dría
aña­dir -como un tema externo- el colapso climático; es decir estos son
problemas provocados por la acción de los propios seres humanos en el marco
del capitaloceno.



Pensando en clave de alternativas, teniendo presentes las lecciones de la
historia, en el corto plazo las prioridades están definidas: salud,
alimentación e ingreso mínimo para sobrevivir. A lo que se debe sumar una
vivienda digna. De allí urge dar un paso más: recuperar y potenciar el
paradigma del cuidado que va más allá de la coyuntura; es decir esas
necesidades básicas deben ser asumidas como un derecho y no más como una
simple mercancía. El necesario retorno del Estado -que comienza a ser
aceptado incluso por algunos defensores del mercado- debe estar influenciado
por lo social y ambiental, como parte de un proceso de radicalización
permanente de la democracia, como antídoto para prevenir la recuperación del
Estado como un “ogro filantrópico”, en tanto garante de la seguridad de los
privilegios para las minorías, empresa de reparaciones del capital,
compensador de beneficios sociales y represor de tendencias transformadoras.



Simultáneamente, en sintonía con la experiencia histórica, habría que
establecer las bases para un ajuste con criterios de solidaridad social y
ambiental, que permita transitar paulatinamente hacia otra modalidad de
acumulación que no esté sustentada en la destrucción de la Naturaleza, es
decir en signo postextractivista. Y en el horizonte cabría proyectar las
visiones andinas y amazónicas del Buen Vivir – sumak kawsay, como elementos
referenciales de una sociedad fundamentada en las armonías, los equilibrios,
la reciprocidad, la solidaridad, las igualdades y las libertades de los
individuos viviendo en comunidad.



Este esfuerzo, como es evidente, reclama una nueva forma de abordar la
economía. Tarea compleja y que requerirá esfuerzos que superan ampliamente
los estrechos márgenes de este pequeño país andino. Para lograr esa gran
transformación, entonces, se precisa una visión que supere el fetiche del
crecimiento económico, que propicie la desmercantilización de la Naturaleza
y los bienes comunes, la descentralización y desconcentración de los
aparatos productivos y de las mismas ciudades, la redistribución de la
riqueza y del poder: estas son algunas bases para una estrategia de
construcción colectiva de otra economía, indispensable para otra
civilización en clave de pluriverso.



Es evidente que ese nuevo régimen de acumulación, base para una sociedad
democrática, a ser construido democráticamente, no se conseguirá con
acciones autoritarias, más neoliberalismo y más extractivismo. La
construcción de responsabilidades sociales, y sobre todo comunitarias,
demanda la participación democrática de las propias comunidades en tanto
actoras para enfrentar estas graves crisis, para reconstruir un tejido
social vigoroso que permita asumir este tipo de retos con más capacidad e
inteligencia. Las redes barriales y comunitarias que se fortalecen y
conforman en medio de la pandemia para garantizar alimentación y protección
a la población son un buen ejemplo del potencial que tiene la organización
social. Repensar el Estado desde abajo y replantearse las relaciones
internacionales es también otra cuestión de suma importancia. Por último,
debe quedar claro que la tarea no basta con combatir el Covid-19 y superar
la recesión para volver a la vida como de costumbre, porque esa realidad ya
era un desastre. El objetivo, en cambio, debería ser enfrentar todas las
pandemias tan propias del capitalismo, dando respuestas frente a la
recesión, y, al hacerlo, transformar la economía priorizando efectivamente
al ser humano sobre el capital, pero asegurando que el ser humano viva en
armonía con la Naturaleza. Este momento, entonces, sería un error regresar a
la “normalidad” anterior, que es la causa de tanto problema…         



* Alberto Acosta, economista, fue Ministro de Energía y Minas del Ecuador
(2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-8).
Profesor universitario, conferencista, autor de varios libros y sobre todo
compañero de lucha de los movimientos sociales. Artículo publicado
originalmente en la revista Debate, junio 2020.

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