Argentina/ El monopolio privado del comercio exterior. ¿La "expropiación" de Vicentín? [Esteban Mercatante - Pablo Anino]]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de junio 2020

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Argentina



El comercio exterior, un asunto demasiado serio para dejarlo en manos
privadas



Mientras siguen las idas y vueltas con la ¿expropiación? de Vicentin, es un
buen momento para preguntarse qué hacer con todo el comercio exterior que
hoy es un verdadero monopolio privado que concentran menos de 100 empresas.



Esteban Mercatante *

Ideas de Izquierda, 14-6-2020

https://www.laizquierdadiario.com/



La disponibilidad de divisas es un problema crítico para el funcionamiento
de la economía argentina. La estructura productiva está configurada en todas
las ramas de tal forma que la mayor parte de los sectores, sobre todo de la
industria, requieren para funcionar un alto porcentaje de componentes
importados. La dependencia de insumos importados existió desde los comienzos
del desarrollo industrial del capitalismo dependiente argentino, y siempre
operó como un freno para la producción, dado que por cada punto porcentual
de aumento del producto las compras al exterior crecen por encima de ese 1
%; pero se agravó en los ‘90 como resultado combinado de la destrucción de
numerosas cadenas de proveedores por el esquema económico imperante y por la
reconfiguración de cadenas globales o regionales de valor que reemplazaron
proveedores locales por otros extranjeros, como es el caso paradigmático de
la industria automotriz. Desde entonces los rasgos del aparato productivo se
mantuvieron sin cambios sustanciales; durante los primeros años después de
la salida de la convertibilidad creció la industria en participación en el
PBI pero con la misma estructura desarticulada heredada. El “cambio
estructural” del que hablaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández no se verificó en los hechos.



Pero la demanda de divisas para la producción quedó sobrepasada en las
últimas décadas por la captación de divisas que realizan los acreedores de
la deuda pública y el comportamiento de los grandes empresarios, ya sea
locales o extranjeros, de casi todos los sectores de la producción o
servicios, que se vienen caracterizando por convertir en dólares y girar al
exterior buena parte de las utilidades que obtienen por sus operaciones en
el país, restando así los recursos disponibles para la inversión en ampliar
la capacidad productiva. Los servicios de la deuda en moneda extranjera, la
remisión de utilidades de las empresas multinacionales al exterior, y la
fuga de capitales se han vuelto una carga cada vez más pesada sobre la
economía nacional, que excepto en momentos excepcionalmente favorables para
la exportación del país como fue con altibajos el período 2003-2013, no
puede sostenerse con los dólares que entran de la exportación.



Pero determinar de manera racional el destino de los dólares del comercio,
de acuerdo a un plan que tenga que ver realmente con las necesidades
fundamentales de la sociedad y no con el lucro privado, y evitar cualquier
maniobra de fraude o especulación con la liquidación de divisas de la
exportación, es elemental para evitar los recurrentes trastornos económicos.
Tanto como lo es poner fin a la sangría de recursos que imponen los
acreedores, especuladores, las firmas imperialistas y la gran burguesía
“nacional”.



El monopolio privado del comercio exterior



Hoy existe un monopolio privado del comercio exterior, que consiste en unas
pocas decenas de empresas que concentran entre la mitad y dos tercios de las
exportaciones del país. Son las comercializadoras de cereales y derivados,
petroleras y mineras, y en el sector manufacturero algunas grandes firmas de
la agroindustria, las automotrices, el aluminio y otros metales. En este
reducido grupo encontramos algunas de las principales empresas imperialistas
que actúan en el país junto a grupos económicos locales como Aluar o
Techint. A diferencia de lo que ocurre con la economía nacional tomada como
un todo, este sector de grandes firmas registra de manera habitual holgados
superávit en su balanza comercial. Como observan Andrés Wainer y Paula
Belloni:



Estos actores, en tanto grandes proveedores de divisas, cuentan con un
importante poder de veto, por ejemplo, poniendo límites objetivos a la
capacidad que tiene el Estado de apropiar renta y/o modificar los parámetros
del comercio exterior. Y, por el tipo de sectores en los que se encuentran
insertos, se caracterizan por no reinvertir sus ganancias en la esfera
productiva y enviarla al exterior en forma de remisión de utilidades o fuga
de capitales [1].



El “poder de veto” del que hablan los autores se manifiesta de múltiples
maneras. Con el desarrollo de cadenas de valor globales, en las cuales la
Argentina solo tiene una integración significativa en el caso del sector
agroalimentario, el automotriz (en las etapas finales orientadas para la
venta en el Mercosur y otros países de América Latina y solo
excepcionalmente en la producción de componentes de cierta importancia para
proveer mundialmente como son las cajas de cambio que fabrica en el país
Volkswagen para proveer a varias de sus plantas en el mundo) y algunos pocos
más, las multinacionales realizan un comercio administrado entre sus
filiales. A través de las operaciones intra-firma ubicadas en distintos
países, estas trasnacionales se han especializado en el manejo de los
precios de transferencia, que les permiten aumentar los costos en las
jurisdicciones de alta tributación y transferir las utilidades a las casas
matrices, muchas veces a través de guaridas fiscales, las cuales ofrecen el
beneficio de tener bajas o nulas tasas imponibles y un elevado nivel de
secretismo. Con maniobras opacas de este tipo es como estas firmas terminan
imputando el grueso de las utilidades en las filiales localizadas en los
paraísos fiscales (donde no se produce nada y sin embargo son sede de
grandes firmas industriales, como es el caso de Techint argentina, con sede
social en… Luxemburgo), eluden impuestos por sumas multimillonarias. Los
mecanismos exceden desde ya lo comercial, los créditos entre filiales
también pueden permitir encubrir giros de ganancias hacia países con menor
presión impositiva a los fines de reducir los pagos de impuestos. Son el
tipo de mecanismos que se desarrollan en la Argentina cada vez que se
aplican restricciones a las operaciones cambiarias, para saltearlas. En
todos los casos, apropiación de este recurso escaso que son los dólares y
escape al pago de impuestos van de la mano.



Las consecuencias de este “monopolio privado” del comercio exterior también
son una vía para agujerear el control de las operaciones de compra-venta de
divisas. Ocurre que los grandes vendedores al exterior son muchas veces
también los grandes compradores. Como informó el periodista Alejandro
Bercovich, del cruce de datos entre Aduana y el Banco Central se puso de
manifiesto que en solo dos meses (abril-mayo) de este año, las importaciones
fueron de USD 5.800 millones, pero los importadores accedieron a divisas por
U$S 7.500 millones; una diferencia fenomenal de 30 %. O estamos ante la
habitual sobrefacturación de importaciones o ante una declaración de
operaciones no concretadas para obtener divisas. Es decir, que vemos un
aprovechamiento de los canales legales para la compra de dólares para
inmovilizar, léase atesorar, dólares, a la espera de algún ajuste del tipo
de cambio o para volcarlos provechosamente a la venta en los canales
paralelos. Ante tamaña evidencia de defraudación, la respuesta de las
autoridades no pasó por exigir una devolución de dólares; apenas si
apretaron un poco más el torniquete para acceder a divisas, algo que por
estos días el titular del Banco Central, Miguel Pesce, está evaluando
nuevamente relajar, ante los reclamos de los importadores.



Un 40 % del comercio exterior de la Argentina corresponde al comercio de
cereales y oleaginosas con sus derivados, y un 25 % es el complejo sojero.
En la campaña anterior 2018/19 los cinco principales exportadores de granos
y subproductos del agro concentraron el 57 % de las ventas totales al
exterior. Las multinacionales Cofco, Cargill, ADM-Toepfer, Bunge, y la
argentina Aceitera General Deheza (AGD) fueron las 5 empresas que lideraron
las exportaciones de granos y derivados, con una participación del 14, 12,
11, 10 y 9 %, respectivamente. Vicentin se ubicó en un sexto lugar con casi
el mismo volumen que AGD. Situaciones semejantes se observan en el resto de
las exportaciones argentinas, donde multinacionales mineras y automotrices
ocupan posiciones líderes.



La privatización del comercio exterior se agravó desde la década de 1990,
cuando algunas empresas extendieron su control en la logística de los
despachos al exterior. Las cerealeras manejan sus propios puertos, desde que
estos fueran privatizados. Sobre el río Paraná tienen sus puertos Cargill,
Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y
Nidera. Cargill posee una flota propia y opera la Terminal 6 de Puerto San
Martín. En condiciones similares se encuentra Bunge.



Con todo este complejo entramado operando a escala internacional y
priorizando sus oportunidades de negocios y sin que entre ni mínimamente en
sus consideraciones el requerimiento de divisas de la economía argentina,
nada podría ser más ilusorio que la idea de que haciéndose cargo de
Vicentin, una empresa vaciada y quebrada, para operar a través de ella en el
comercio de granos, alcanzará para hacer un “mini IAPI” y poner en caja a
todos estos jugadores.



Sustraer el manejo del comercio exterior de los caprichos de estos
conglomerados capitalistas es una medida elemental de autodefensa nacional
ante los vaivenes económicos globales y la rapacidad imperialista. Las
decisiones de compras y ventas, resolver qué necesita importar el país y qué
no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población, son decisiones
que no pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas. Por eso una
medida fundamental para terminar con el recurrente estrangulamiento de
divisas es imponer la estatización de este comercio exterior; siendo el
Estado quien centralice las compras y ventas al exterior y determine la
oportunidad de realizarlas.



Una medida con historia



En los países dependientes y semicoloniales la necesidad de defenderse del
ahogo del imperialismo ha llevado incluso a gobiernos burgueses a avanzar
hacia la nacionalización parcial del comercio exterior en determinadas
circunstancias. Un ejemplo es Perón en su primer gobierno, con el Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Creado en mayo de 1946
apoyado en el antecedente de la Junta Nacional de Granos que existía desde
la década anterior [2], tuvo varias funciones: comerciales; financieras; de
regulación del mercado interno; promoción y fomento; abastecimiento de
bienes importados, y ejecutora de subsidios para la provisión de algunos
productos de consumo masivo [3].



En materia comercial, compraba a los productores los cereales para venderlos
al exterior. En el caso de varios cereales (avena, cebada, centeno y maíz)
solo adquiría los cupos necesarios a la exportación, dejando en manos
privadas la comercialización del resto de la cosecha que iba dirigida al
mercado interno. En el caso del trigo adquiría casi toda la producción, para
exportar una parte y destinar otra /a la venta local para la molienda. Lo
mismo ocurría con las oleaginosas, de las que adquiría todo el grano que
luego entregaba por cupos a los industriales para que la procesaran. El
aceite resultante del proceso era exportado también por el IAPI. Las
exportaciones de carne, cueros, grasas y sebos también las realizaba el
Instituto, previa compra en el mercado interno, aunque en proporciones
diferentes según los años [4].



Esta nacionalización del comercio exterior implicó que el Estado tomara el
manejo de las divisas de la exportación agropecuaria y se apropiara de la
renta agraria. A diferencia de la década de 1930, cuando las Juntas de
Granos establecían un precio sostén para beneficiar a los productores, el
IAPI (que arrancó sus operaciones en un momento de elevados precios
internacionales de los granos, a diferencia de la década poscrisis de 1929)
fijaba un precio tope para el mercado interno. Luego vendía al exterior con
una diferencia que llegó a ser del 50 %. Es decir que se apropiaba de una
proporción importante de la renta agraria, como hoy hacen las retenciones,
solo que en mayor medida.



Pero en 1949 las condiciones internacionales cambian: los precios agrícolas
internacionales se deterioran como resultado de las abundantes cosechas en
Europa, Canadá y EE. UU. La caída de ingresos aumentará la beligerancia de
los ganaderos y agricultores, que desde los comienzos se opusieron al IAPI.
Ante la nueva situación y los desplomes de la producción, modificará su
operatoria y empezará a subsidiar a la producción rural, como hacían las
Juntas en la década de 1930. La baja en los precios internacionales y el
costo de los subsidios llevará a que “el IAPI decida ir privatizando
paulatinamente el comercio frente al enorme déficit que debe financiar” [5].
Existirá hasta que el gobierno de facto que derrocó a Perón decrete su
liquidación, pero con un rol cada vez más restringido y secundario.



Esto demuestra que cualquier nacionalización del comercio exterior debe ir
acompañada de un avance sobre la gran propiedad terrateniente [6] y los
entramados del “agropower”.



Un programa de conjunto



Un monopolio estatal del comercio exterior, para no terminar subsidiando a
los grandes jugadores del agropower, debe ir de la mano de terminar con el
parasitismo de la gran propiedad terrateniente. Esto permitiría administrar
las divisas generadas por las exportaciones en función de las necesidades de
una producción al servicio de las mayorías populares y no de las ganancias
de unos pocos. Es clave para administrar las importaciones priorizando la
adquisición de lo necesario para el funcionamiento productivo y la atención
de las necesidades de la población.



La Argentina parte hoy de una estructura productiva profundamente
desarticulada; la mayor parte de los sectores productivos que deberían ser
de interés para impulsar su desarrollo porque impactan sobre el
desenvolvimiento de toda la economía y/o contribuyen a elevar la calidad de
vida, requieren inversiones que solo pueden llevarse a cabo si contamos con
capacidad para importar medios de producción e insumos que el país no
produce. El monopolio estatal del comercio exterior, unido al
establecimiento de la propiedad pública de resortes productivos
fundamentales que hoy están en manos de empresas imperialistas o grandes
grupos nacionales para que sean gestionados por los trabajadores que
diariamente los ponen en funcionamiento, permitirá definir cuáles son las
prioridades del intercambio comercial, qué importaciones se puede y conviene
apostar a sustituir por producción local, y en qué casos esto resulta menos
viable, al menos en lo inmediato.



La fuga de capitales, los onerosos pagos de la deuda, las remesas de
ganancias de las empresas multinacionales que operan en el país a sus casas
matrices, y la renta agraria, muestran que el problema no es la falta de
recursos potencialmente disponibles para realizar las inversiones más
urgentes que permitan elevar el desarrollo de las fuerzas productivas. El
problema está en cómo los actores que concentran la apropiación del
excedente, hacen uso de él.



La “restricción” fundamental que explica el atraso y decadencia tiene un
carácter de clase: es el resultado del gobierno de una burguesía integrada
por mil lazos al imperialismo. Si cortamos con el vaciamiento nacional que
producen los acreedores de la deuda, las grandes empresas y el agropower,
imponiendo a través del monopolio del comercio exterior y un sistema
financiero nacionalizado, terminando con el lucro que hacen los grandes
bancos de la bancarrota nacional, se pueden asegurar los recursos para
incrementar la capacidad de crear riqueza, para destinarse a mejorar o
desarrollar las infraestructuras fundamentales, a la construcción de
viviendas, escuelas, hospitales, a la modernización de los transportes, y a
garantizar el acceso a la cultura y el esparcimiento.



Notas



[1] Andrés Wainer y Paula Belloni, “¿Lo que el viento se llevó? Restricción
externa en el kirchnerismo”, Martín Schorr (coordinador), Entre la década
ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Ensayos de economía
política, Buenos Aires, Batalla de Ideas, 2018, p. 77.

[2] La Junta de Granos se había conformado con el objetivo inicial de
centralizar el comercio y las exportaciones, pero con el objetivo de
entregar a los productores un precio mínimo, superior al del mercado
internacional. Era una vía para subsidiar desde el Estado, gobernado
entonces por una coalición conservadora-liberal que tenía en los grandes
hacendados su base social, la renta agraria. Eran los tiempos de la Gran
Depresión, cuando se desplomaron los precios de la carne y el trigo, y los
grandes terratenientes y capitalistas agrarios encontraron en esta
intervención pública, y en el Pacto Roca-Runciman que buscó mantener abierto
el comercio con Gran Bretaña, las vías de preservación de sus intereses.

[3] Susana Novick, “La experiencia del primer peronismo sobre comercio
exterior”, Sociedad N.º 24, marzo 2012.

[4] Ídem.

[5] Ídem. Como dirá Juan Carlos Esteban, citado por Novick, ante el
deterioro de los precios, “el gobierno del General Perón vacila, y es
incapaz de avanzar en una reforma agraria que liquide la renta
parasitaria…”.

[6] Empezando por la expropiación sin pago de los 4.000 grandes propietarios
que son dueños por sí solos de más del 30 % de las tierras cultivables en
todo el país, que hoy como ayer se siguen apropiando de un porción
significativa de la renta agraria participando del agrobusiness. Ver Esteban
Mercatante, “Han desaparecido los dueños de la tierra”, Ideas de Izquierda
1, julio 2013.

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Los negocios non sanctos de Vicentin



Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 14-6-2020



La imagen de Gustavo Nardelli, uno de los dueños de Vicentin, paseando en
yate por el Río Paraná en plena cuarentena parece ser una síntesis de la
impunidad con la que se mueven los dueños de los medios de producción: las
fábricas, los puertos, la tierra. Para certificar que el lujo es vulgaridad,
el yate fue bautizado Champagne.



Si cualquier ser humano, sin yates ni puertos propios, se presenta ante un
banco para solicitar un préstamo le pedirán hasta análisis de sangre como
ceremonia previa para, muy probablemente, rechazarle la aprobación porque,
lamentablemente, no cumple los requisitos.



A los Nardelli (que son una familia numerosa), los bancos los tratan
distinto que a la inmensa mayoría de los seres humanos. Mucho más la banca
pública: Vicentin adeuda $ 18 mil millones al Banco Nación por préstamos que
obtuvo vulnerando los circuitos internos de la entidad. Con ese dinero se
podrían construir 8.000 viviendas de tres ambientes. El cómplice en la
operatoria fraudulenta es Javier González Fraga, ex presidente del Banco
Nación durante la gestión de Cambiemos.



Según un relevamiento de noviembre de 2018 realizado por la Provincia de
Buenos Aires, en Villa Itatí y Villa Azul [1] en Quilmes, uno de los focos
del coronavirus, viven 18.270 personas distribuidas en 5.085 hogares. Con la
plata que recibió Nardelli del Banco Nación sobraba para urbanizar esa zona
del conurbano.



Parafraseando al filósofo expresidente, que afirmaba que “hay lugares donde
falta agua y otros lugares donde sobra el agua”, hay lugares donde sobran
préstamos, mansiones y yates, y otros donde falta todo.



Estado Hood Robin



Claudio Lozano, nombrado director del Banco Nación con la llegada a la
presidencia de Alberto Fernández –el mismo que hoy busca una “propuesta
superadora” con la gerencia de Vicentin-, supo investigar las maniobras
fraudulentas de la empresa. De acuerdo a esos informes, a los que accedió
Ideas de Izquierda, los negocios crecieron exponencialmente durante la
gestión macrista. Todos los años para los que existen datos se observa que
su facturación creció más que el promedio de la cúpula de las 200 empresas
que tienen mayor facturación en el país. Dentro del ranking de esas grandes
empresas, Vicentin ascendió desde el puesto 19 en 2015 al 6 en 2018.



Este crecimiento no estuvo impulsado por el espíritu emprendedor de un
empresario que toma riesgos. Ni siquiera por la política de convertir a la
Argentina en el “supermercado del mundo”, el gran sueño de Macri, en función
del cual quitó las retenciones a todos los productos exportados y las redujo
progresivamente para la soja, desfinanciando el presupuesto público. Ni
siquiera por las devaluaciones sucesivas que hicieron que el dólar trepara
424 % en la era Macri mejorando los ingresos del agropower en la misma
proporción. Sino que, fundamentalmente, el crecimiento de Vicentin estuvo
apalancado por los préstamos oficiales y los préstamos oficiales fueron
facilitados, seguramente, por el apoyo de Nardelli a Macri. En 2019, a
través de distintas empresas, Nardelli aportó $ 4,5 millones a la campaña
electoral del expresidente.



Vicentin facturó $ 118 mil millones en 2018, una suma idéntica al
presupuesto nacional de salud de aquel año. De nuevo: una sola empresa
obtuvo ingresos equivalentes a todo el presupuesto de salud. La deuda de
Vicentin con el Banco Nación representa apenas el 15 % de su facturación de
2018 (al momento de elaborar el informe no estaba disponible el último
balance de la empresa). Y las deudas totales en el ámbito local representan
apenas el 20 % de su facturación. El ratio de deuda sobre ventas de otras
empresas es más alto: Arcor tiene deudas que representan más del 50 % de sus
ventas y el pasivo de YPF representa el 65 % de las ventas. Es decir, las
finanzas de Vicentin no están particularmente estresadas, como dicen sus
dueños.



Vicentin también tomó empréstitos en el exterior a través de Renova para
financiar la molienda de soja. Renova es una empresa que produce biodiésel
en la que Vicentin mantiene un joint venture (un proyecto conjunto) con la
suiza Glencore, un comercializador global de granos. Renova tomó un préstamo
por U$S 295 millones (o el equivalente a $ 17.700 millones) con la
Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco
Mundial, y los bancos Natixis y Rabobank. En diciembre último, Vicentin
transfirió 16,66 % de su paquete accionario a Glencore, por lo cual la
mayoría accionaria queda en manos de la empresa suiza.



De toda esta información, Lozano concluye que la deuda de Vicentin con la
IFC y bancos internacionales es menor que la que tiene con el Banco Nación,
por lo cual destaca “el trade off en que se encuentra la firma, entre el
cumplimiento de sus pasivos con actores financieros internacionales […] y la
que detenta con los actores financieros del mercado doméstico, como el que
detenta con el Banco Nación”. Dicho en criollo, le hace un paga dios al
Banco Nación para privilegiar su deuda con el extranjero. En el camino,
también, se extranjeriza el capital de la empresa.



Incluso esto ocurre aun cuando el análisis del último balance (presentado el
31 de octubre de 2018) exhibe un estado patrimonial positivo: sus activos
superan sus pasivos (deudas). Es cierto, que la devaluación de la moneda
agravó su situación financiera en dólares. Pero la evaluación de conjunto no
alcanza a ser estresante. No solo eso, la empresa obtuvo una ganancia
operativa de $ 25.745 millones, es decir el equivalente a un cuarto del
presupuesto de salud de 2018, antes citado. Ahí aparece la contabilidad
creativa, en tanto la empresa, a esos $ 25.745 millones, siguiendo las
recomendaciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, le
aplica una deducción porque “son el resultado de la ganancia por devaluación
del tipo de cambio”. Es decir, la ganancia que obtuvo por la devaluación, un
efecto buscado por todas las agroexportadoras para incrementar sus ingresos,
no la consideran tal, sino casi un perjuicio que lo descuentan de su estado
de resultado. Como reconoce el propio Lozano, de todo este enjuague resulta
que “para colmo, el pago del impuesto a las ganancias que figura en el
balance es de apenas $46,2 millones. La empresa apenas paga el 2,4 % de las
ganancias que declara!!!”.



A partir de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Ideas de Izquierda construyó una serie de las exportaciones de
Vicentin entre 2016 y 2019. En ese período, las ventas externas crecieron 58
% hasta superar las 10 millones de toneladas: un 74 % corresponde a aceites
y subproductos; el 24 % restante a cereales. En el año 2019, para el cual
todavía no se conoce el balance de la empresa, sus exportaciones alcanzaron
un récord. Incluso el año pasado sus ingresos escalaron al calor de la
devaluación. No parece ser que con exportaciones récord la empresa
atravesara una situación que le impida pagar sus créditos.



El latrocinio no concluye ahí. Vicentin trianguló ventas externas a través
de Paraguay y Uruguay para evadir el pago de retenciones y otros impuestos
en Argentina. El Comité de Acreedores de Vicentin denunció esta situación en
Paraguay para que se investigue, además, maniobras de lavado de dinero: por
ejemplo, el producido por la venta de una parte del paquete accionario de
Renova a Glencore no sé sabe a dónde fue a parar. ¿A paraísos fiscales? Es
probable, Vicentin armó un esquema de mamushkas: una empresa dentro de otra,
y esta otra dentro de otra más y así sucesivamente, con el objetivo que se
pierda el rastro de los activos y de sus dueños. Estos esquemas societarios
se utilizan para el lavado de activos.



Este prontuario delictivo no evitó que Alberto Fernández recibiera a otro de
los dueños de Vicentin, Sergio Nardelli (el hermano del navegante y el
cerebro del grupo económico), en la Quinta de Olivos para explicarle que el
“objetivo es el rescate de la empresa”, e incluso abrir un diálogo por si se
le ocurre una “propuesta superadora”. En su desfachatez, los Nardelli pueden
llegar a pedir otro préstamo como “solución superadora”. En realidad,
correspondía citarlos, no en Olivos, sino en los tribunales.



Con el peronismo, los rescates de empresas concluyen, como en el caso de la
nacionalización parcial de las acciones de YPF, con los empresarios con las
cuentas llenas de dólares. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof,
comenzó diciendo que Repsol tenía que indemnizar a la Argentina por el
pasivo ambiental, para terminar pagando más de U$S 5.000 millones a la
empresa española, en agradecimiento por años de saqueo: en esa operación
también sacó su tajada J.P. Morgan, que “facilitó” el financiamiento. Con el
paso del tiempo y el pago de interés, se estima que la indemnización de
Repsol terminó costando unos U$S 8.000 millones. Ni que decir que la previa
y fallida argentinización de YPF con la familia Eskenazi resultó en una
estafa para el libro Guinness: estos banqueros santacruceños, amigos de los
Kirchner, abrieron el camino a un litigio, a través de la venta de sus
“derechos” al fondo buitre Burford, que cursa en este momento en Nueva York
contra el Estado Argentino y podría costar unos U$S 3.000 millones. Esa
novela, concluyó con un pacto neocolonial con Chevron para que explotara,
junto a YPF, Vaca Muerta.



Para evitar este devenir, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad,
presentó en el Congreso un proyecto que establece la expropiación sin pago
de indemnización al grupo empresario fraudulento propietario de Vicentin.
Además, que la administración y explotación de los activos de las empresas
pasen a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores.



Entre otras voces empresariales, la Asociación de la Cadena de la Soja
Argentina (ACSOJA), emitió un comunicado donde expresa que le “preocupa la
seguridad jurídica y un mayor avance del Estado sobre las cadenas
agroalimentarias” [2]. Un desatino que no da cuenta del avance de Vicentin
en el robo del patrimonio estatal ni de la utilización de la “seguridad
jurídica”, de las propias leyes burguesas, para hacer imposible el rastreo
de su patrimonio.



La fábula liberal del empresario exitoso que construye su emporio por su
propio esfuerzo queda desnuda con el caso Vicentin. Como aquella otra fábula
que reza que en el país existe una presión fiscal insoportable, algo que,
por un lado, no es cierto, y por el otro, si lo fuera, Vicentin la gambetea
mejor que Maradona a los ingleses.



Agronegocios



Vicentin construyó un emporio con tentáculos en muchas ramas de la
producción. La empresa reconoce sus orígenes en un pequeño establecimiento
de acopio y ramos generales inaugurado a fines de la década de 1920 en la
localidad de Avellaneda, Santa Fe [3]. Hoy esa localidad y su vecina
Reconquista son el equivalente de General San Martín para Ledesma: allí los
Nardelli manejan todo, hasta las movilizaciones de vecinos que recibieron a
los interventores designados por el Poder Ejecutivo.



Uno de los hitos en la historia de la empresa se ubica en 1966 cuando
incorporó en la molienda el proceso de extracción por solventes. Esto le
permitió consagrarse en la rama agroindustrial. Otro hito se observa en
1979, en plena dictadura cívico militar, cuando inauguró una segunda planta
de molienda de soja y girasol. En aquellos tiempos en los que se ampliaban
sus negocios, veintidós obreros de Vicentin fueron detenidos y
desaparecidos, catorce de los cuales eran delegados. Sufrieron vejaciones y
torturas en Centros Clandestinos de Detención hasta que se los “blanqueó” en
cárceles comunes.



Finalizada la dictadura, en 1985, Vicentin comenzó a exportar desde su
propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Los años 1990 fueron testigos de
una gran expansión de los agronegocios: en 1997 inauguró la tercera planta
de molienda de soja en el complejo portuario de San Lorenzo. La “década
ganada” también lo fue para Vicentin. En 2005 duplicó su capacidad instalada
de molienda con una nueva planta: Oleaginosa San Lorenzo. En 2007 comenzó
las actividades Renova, la empresa ahora controlada por Glencore, que se
constituyó en la principal productora de biediésel (elaborado en base a
soja). En 2008, Vicentin construyó en Avellaneda una planta para procesar
algodón hidrófilo y adquirió la marca Estrella. En 2010, con la integración
de Molinos Río de la Plata a Renova puso en pie un nuevo puerto y una planta
de “crushing” (partición de granos) con generación de energía en Timbués,
Santa Fe. En 2012, Vicentin comenzó a producir bioetanol en base de maíz y
sorgo, también en una planta instalada en Avellaneda.



La Ley de Biocombustibles (Ley 26.093 de 2006) del primer kirchnerismo
otorgó beneficios impositivos, precios y cupos de venta garantizados por la
regulación estatal para las empresas que producen bioetanol y biodiésel. En
la actualidad, el diésel que se vende en las estaciones de servicio contiene
un 10 % de corte de biodiésel (en base a soja) y las naftas un corte del 12
% de bietanol (producido en base a caña de azúcar, maíz o sorgo). Vicentin
es uno de los principales beneficiarios del corte de bioetanol, no así del
corte de biodiésel, preservado por el Estado para empresas de menor tamaño,
mientras los grandes jugadores, como Renova, destinan su producción al
rentable mercado mundial.



En la actualidad, Vicentin participa en el rubro textil a través de
Algodonera Avellaneda, en el engorde vacuno con Los Corrales Nicanor, en la
venta de carnes al mercado interno y externo a través del frigorífico Friar,
en la producción de vinos con Vicentin Family Wines, en la elaboración de
miel con Promiel, en la industria de agroquímicos e insumos farmacéuticos.



Si bien es una empresa de agronegocios, no está orientada principalmente a
producir alimentos para el consumo humano. Con excepción de los aceites
comestibles, la mayor parte del procesamiento de cereales y oleaginosas es
para obtener harinas y pellets para la exportación, principalmente con
destino de alimento para ganado en el sudeste asiático. Otra parte del
procesamiento está destinada a la elaboración de biocombustibles: allí
participa con el 8 % en la producción nacional de bioetanol y el 12 % en la
de biodiésel, que mayormente exporta. En el negocio de las carnes tiene una
participación menor, que se ubicó por debajo del 1 % en 2019.



La idea que formuló el presidente, Alberto Fernández, acerca de que con
Vicentin se busca alcanzar la soberanía alimentaria, está floja de papeles.



Los cuatro grandes



Si hasta aquí Vicentin se ve como un gigante, cuando el “zoom” se amplía
para observar más en general la configuración de los agronegocios, queda en
cierta medida empequeñecido en relación a las empresas multinacionales que
actúan en el país. Mal que pese, en este rubro, los cuatro grandes no son
Boca, River, Independiente y Racing. Los cuatro grandes son las compañías
imperialistas que hace más de un siglo dominan el comercio mundial de granos
y tienen gran influencia en los precios de los alimentos. Se trata de Archer
Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, todas de los Estados Unidos, y Louis
Dreyfus de Francia. Son las llamadas ABCD, por sus letras iniciales. Junto
con otras empresas, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales,
estableciendo pautas financieras, productivas y tecnológicas. Algunas de
ellas tienen sede fiscal lejos de sus casas centrales: en paraísos fiscales.
Después de todo, Vicentin no inventó nada nuevo en la práctica de ocultar su
patrimonio y evadir impuestos. A escala mundial son denunciadas por la
deforestación, el trabajo infantil, el uso de transgénicos, entre otras
maravillosas contribuciones al avance de la humanidad [4].



Aun siendo un pulpo local, Vicentin es apenas un jugador menor en el negocio
global agroalimentario. Esto queda en evidencia cuando se observa la
facturación de 2018: Cargill factura a nivel mundial 28 veces más que
Vicentin, sumando ingresos que equivalen a una cuarta parte el Producto
Interno Bruto (PIB) de Argentina. La empresa santafesina se inscribe bien en
el derrotero distintivo de la burguesía “nacional”: es una socia menor del
capital extranjero. Esto tiene raíces históricas profundas en la inserción
de Argentina cómo apéndice agrario abastecedor de materias primas de las
principales potencias económicas. Se trata de una relación asimétrica, donde
la impronta sobre qué se produce, cómo se produce y quién se apropia de los
beneficios se define a miles de kilómetros de estas pampas.



La desproporción entre las multinacionales y las empresas argentinas en la
participación del agronegocio, no solo queda en evidencia en la facturación
mundial, sino también en la escala local. Cuando a los cuatro grandes, se
suman en nuestro país la compañía china Cofco, que se transformó en la
principal empresa exportadora y la suiza Glencore, se llega al resultado de
que más del 60 % del comercio está en manos extranjeras: existe en los
hechos un oligopolio privado extranjero del comercio exterior. Las “manos
argentinas” (AGD, Vicentin, Molinos) tampoco parecen estar comprometidas en
una agricultura sostenible ecológicamente, sino que siguen el modelo del
agrobusiness. Incluso dentro de las 500 grandes empresas del país, que
releva una encuesta de Indec, las de alimentos, bebidas y tabaco suman 101:
44 son locales y 57 son extranjeras [5].



El investigador del Conicet, Pablo Wahren, explica que la dinámica local no
puede ser escindida de las transformaciones globales en el agro y que las
“firmas multinacionales fueron y son protagonistas de dicho proceso a través
de diversas vías”. Señala cuatro factores que dan cuenta de ese
protagonismo: la difusión del nuevo modelo basado en el paquete tecnológico;
acaparan las principales capacidades innovativas y regulatorias en la
perspectiva de desarrollo de nuevos productos; concentran el mercado de
semillas y agroquímicos (por producción directa o cobro de regalías);
detentan el control sobre los comercios locales [6].



Esto no es problema menor para poder orientar la producción en la
perspectiva de la soberanía alimentaria, que según Vía Campesina, comprende
el “El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. La primera
parte de la definición (“el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles”) requiere, además de una reorganización
de la forma de producir que la libere de la búsqueda de la ganancia,
políticas que permitan que la clase trabajadora tenga los ingresos
necesarios para vivir. Todo indica que en el medio de la pandemia, los
pactos UIA-CGT para bajar salarios, un IFE que no llega a todos lo que lo
necesitan y no alcanza más que para pocos días, la población bajo la línea
de la pobreza se aproxima al 50 % del total. En relación a la segunda parte
de la definición de soberanía alimentaria, que refiere a un “propio sistema
alimentario y productivo”, el dominio estructural de grandes empresas del
agronegocios excluyen cualquier hay posibilidad de cumplir con esa idea.



Independientemente que el Estado pueda contar con más información sobre la
dinámica del agronegocio a través de Vicentin, el fundamento de contar con
una “empresa testigo”, que desliza el oficialismo, tampoco trasciende el
terreno de la ilusión. Ni siquiera con YPF, que tiene una participación
determinante en el negocio de hidrocarburos (poder del que carece Vicentin),
el Gobierno de Cristina Fernández y el actual de Alberto Fernández,
quisieron sustraer el negocio de los hidrocarburos de la lógica de la
ganancia. Por el contrario, siguieron las “mejores prácticas”
internacionales: de nuevo, el acuerdo con Chevron está para dar un
testimonio de ello. O la propuesta (ahora en crisis) del Ministro de
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de impulsar con todo el fracking en
Vaca Muerta para obtener dólares no para desarrollar el país, sino para
pagar la deuda.



En un negocio, dominado de principio a fin por grandes multinacionales, si
no son afectados sus intereses, terminando con el monopolio privado del
comercio exterior e imponiendo -como desarrolla Esteban Mercatante en otro
artículo de este número de Ideas de Izquierda- el monopolio estatal del
comercio exterior y la expropiación de los grandes terratenientes, es
imposible hacer lo que corresponde: poner fin al extractivismo de la tierra,
establecer un plan de producción agropecuaria racional que priorice la
protección del medio ambiente y esté orientado a atender las necesidades de
las grandes mayorías populares, con arrendamiento barato para campesinos
pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo. Este es el
camino para conquistar, no solo la soberanía alimentaria, sino también para
lograr una reorganización general de la economía que termine con el dominio
de unos pocos.



* Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en
la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es
columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La
Izquierda Diario.



Notas



[1] Informe Censo Villa Itatí - Villa Azul, Provincia de Buenos Aires. Fue
elaborado en junio de 2019 en base a un relevamiento de noviembre 2018.

[2] El comunicado puede leerse completo aquí.

[3] Así presenta la empresa sus orígenes en su sitio web.

[4] Henry Waxman, un político del Partido Demócrata de California, en la
explicación de su desencanto para convencer a Cargill que cambie sus
prácticas dice lo siguientes “Las personas que han enfermado o fallecido por
comer carne de Cargill contaminada, los niños que trabajan cultivando el
cacao que Cargill vende en forma de chocolate por todo el mundo, los
habitantes del Medio Oeste que beben agua contaminada por Cargill, los
indígenas desplazados por la inmensa deforestación para dedicar esos
terrenos a la alimentación de los animales de Cargill y los consumidores
corrientes que han tenido que pagar más para llevar comida a la mesa debido
a las malas conductas financieras de Cargill, todos ellos, han sufrido las
repercusiones de este gigante de la industria agroalimentaria. Su vida es
peor por haber entrado en contacto con Cargill”. Disponible en este link.

[5] Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE).

[6] Pablo Wahren (Primer semestre de 2020), “Historia de los cambios
tecnológicos en el agro argentino y el rol de las firmas multinacionales,
1970-2016”, en la revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad.

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