Brasil/ La batalla por el "oro púrpura" en la Amazonía [Julia Dolce]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de marzo 2020

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redacción y suscripciones

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Brasil



La batalla por el oro púrpura en la Amazonia *



Desde hace décadas existen en Brasil procesos de restitución de tierras a
los quilombos (1), las comunidades formadas por negros esclavos que se
establecieron durante el siglo XIX en territorios que no tenían dueño. Un
decreto de 2003 reguló la demarcación y la titulación de esas tierras, que
todavía son motivo de disputa. Esto ocurre en el caso de la isla Marajó, en
Pará, una zona que además es rica en açaí, una fruta conocida como “oro
púrpura”.



Julia Dolce

Revista Lento, marzo 2020

https://lento.ladiaria.com.uy/



Alfredo Batista Cunha recorre el mapa con los dedos para mostrar la tierra
reclamada por lo que queda de la comunidad del quilombo de Gurupá, en la
isla Marajó, una región de Pará de más de 10.000 hectáreas disputada por
negros quilombolas y blancos productores rurales. La titulación del
territorio, ya conquistada por los quilombolas en la Justicia, involucra la
disputa por el açaí, conocido como “oro púrpura”.



Para mostrar una de las consecuencias de esta disputa por la tierra, Alfredo
me acompaña en un viaje de más de media hora en rabeta —nombre que se les da
a pequeños barcos con motor en la popa— a un campamento a orillas del río
Arari. Allí, el recolector de açaí Gilberto Amador, un hombre tímido, con
una voz casi inaudible, muestra una cicatriz en la cadera, donde todavía
está alojada la bala disparada el 29 de setiembre de 2016 por el
administrador del establecimiento rural São Joaquim Agropecuária Limitada,
Assis da Silva Leal.



Gil, como es conocido Gilberto, cuenta que unos 30 guardias de seguridad del
establecimiento rural llegaron en botes, disparando con pistolas y escopetas
de doble caño. “Dijeron: ‘Matá a este hijo de puta’. Se suponía que iban a
disparar a matar. Me dijeron que me acostara”, agregó, todavía con timidez.
La misma versión consta en su declaración, en el expediente de una
investigación que todavía está en curso.



Gil es una de las víctimas de una disputa de más de medio siglo con el
establecimiento São Joaquim. A ese mismo conflicto la comunidad le atribuye
el asesinato de dos quilombolas y una agresión que terminó con una persona
en silla de ruedas, además de innumerables actuaciones policiales por hurto
de açaí en tierras que el establecimiento reclama como suyas, contra lo que
dictaminó la Justicia. Aunque la comunidad Gurupá ganó en todos los ámbitos,
el título de demarcación de tierras continúa siendo amenazado por São
Joaquim, dicen los entrevistados para este reportaje.



Los propietarios de ese establecimiento, el fallecido Liberato Magno de
Castro y sus herederos, se declararon dueños de casi la mitad del área del
título de propiedad, incluidos todos los açaí que bordean el río Arari. Los
informes públicos han señalado, sin embargo, que el área es parte del
acaparamiento de tierras que hizo Liberato. Es decir, se apropió de tierras
que no le pertenecían y las hizo pasar por suyas mediante documentos falsos.



Del proceso de titulación del Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA) falta la expulsión de los intrusos, el desalojo de los no
quilombolas de ese territorio. La lentitud del proceso llevó a la
Procuraduría General de la Unión a presentar, el 26 de setiembre, una acción
de recuperación para anular la escritura de propiedad y cancelar los
registros de bienes inmuebles del establecimiento São Joaquim.



Para el Ministerio Público Federal, este es uno de los conflictos más serios
de los que involucran a quilombolas en todo el estado de Pará. La historia
de la comunidad, ubicada a orillas del río que le da su nombre, Gurupá, se
remonta a la fuga de personas esclavizadas de un establecimiento rural en la
orilla opuesta del río Arari, donde desemboca el Gurupá, a mediados del
siglo XIX. Con el pasar de las décadas, las tres familias originarias —una
de ellas es la Batista, de la que proviene Alfredo— se convirtieron en una
comunidad de 47 familias, cuya subsistencia siempre dependió de la selva
amazónica, y que extrajo açaí para su consumo. A principios de la década de
1970, la llegada del estanciero Liberato a la región cambió todo, explica
Alfredo.



Abogado y ganadero de renombre en Marajó, Liberato también tuvo antepasados
que participaron en el período de la esclavitud, como su bisabuela, la
baronesa Maria Leopoldina Lobato de Miranda. Historicismo aparte, los casi
900 quilombolas de Gurupá recuerdan, por experiencia o por relatos, cuando
el estanciero llegó diciendo que esas tierras le pertenecían, y sus
empleados prendieron fuego las casas de sus familiares. En esa época, las
familias fueron expulsadas hacia las márgenes del río Gurupá, y desde
entonces el establecimiento ha explotado los recursos disponibles en el
resto de la región. “Mi tía Joana, cuando llegó de los campos, vio su casa
en llamas y sus cosas debajo de los árboles”, cuenta Alfredo.



Si antes las familias vivían dispersas junto a varios arroyos repletos de
açaí, hoy docenas de casitas bordean las curvas de Gurupá, el único lugar
liberado por el estanciero para explotar el açaí. El conflicto sobre la
“posesión” de la fruta se intensificó en la última década con la
valorización del precio del açaí, cuya pulpa, la principal fuente de
ingresos de la comunidad quilombola, se exporta desde Pará a todo el mundo.
En 2018 Pará exportó más de 2.000 toneladas de oro púrpura, cuya ruta llega
a casi todos los continentes, según la Federación de Industrias del Estado.



Acaparamiento y titulación



La zafra del açaí comienza en julio y se extiende hasta diciembre, y es
entonces cuando los quilombolas logran obtener la mayor parte de sus
ingresos, del açaí que se encuentra en el área protegida por el
administrador de São Joaquim, Assis da Silva Leal. Anualmente, el
establecimiento arrienda las palmeras de açaí a los trabajadores llegados de
otras comunidades, que trabajan como aparceros, es decir, dejando la mitad
de las ganancias a los propietarios del establecimiento.



En proceso de demarcación desde 2008, el decreto de reconocimiento de Gurupá
ya fue publicado por el INCRA, en diciembre de 2014, y firmado por la
Presidencia de la República, en abril de 2016. La supuesta propiedad de São
Joaquim, a su vez, es considerada por la Secretaría de Patrimonio de la
Unión tierra pública desde finales de 2017.



Se concluyó que los documentos presentados por Liberato no sólo son
inválidos en la actualidad, ya que se remontan incluso al sistema de
concesión de tierras a las familias nobles por parte del Imperio portugués
(conocido como sesmarías), sino que, de hecho, refieren a otra área, de otro
municipio.



Los antecedentes del productor incluyen una larga historia de participación
en la política estatal. Liberato, además de ser propietario de São Joaquim,
fue socio de un consorcio de establecimientos rurales llamado Itaqui
Agropecuária Limitada, afiliado a la Asociación Brasileña de Criadores de
Cebú, y también fue socio de un estudio de abogados en Belém. El estanciero
llegó a ser mencionado en el libro Dueños de la tierra: trayectorias de la
Unión Democrática Ruralista (UDR), de la historiadora Marcionila Fernandes,
como miembro de la UDR de la isla Marajó.



Aunque Liberato murió a comienzos de 2018, sus herederos continúan luchando
por la propiedad de la tierra. Una de sus hijas, Consuelo Castro, fue
alcaldesa del Municipio de Ponta de Pedras, vecino de Cachoeira do Arari,
por el Partido de la Social Democracia Brasileña, entre 2012 y 2016. Otro
hijo, Leão Neto, colecciona publicaciones de Facebook en las que critica los
derechos indígenas, la reforma agraria e incluso las repercusiones
internacionales de las quemas en la Amazonia.



El administrador de São Joaquim, Assis, llamado capataz por los quilombolas,
tendría incluso la ayuda de los guardias de seguridad del establecimiento
rural y de la Policía Civil del Municipio de Cachoeira do Arari, donde está
la comunidad, para proteger el lugar, según los quilombolas. Esto es lo que
denuncia Alfredo, que hoy es presidente de la Asociación Remanente del
Quilombo de Gurupá (Arquig). “Nuestra lucha ha durado más de 100 años, y en
el caso de este agricultor que se dice dueño del área, duró 47 años. Hoy la
tierra está declarada propiedad de los habitantes de la ribera y de los
quilombolas, pero quienes perdieron no saben perder. Asumen este revés,
porque salen a dar esa batalla”, dice, y muestra su preocupación por los
quilombolas que están en la primera línea del conflicto.



La comunidad quilombola de Gurupá espera, desde hace casi dos años, que el
INCRA desaloje a los intrusos del territorio, algo que ya fue pospuesto
varias veces por falta de presupuesto. Además de São Joaquim, otro
establecimiento rural, llamado Caju, y otras siete propiedades de pequeños
productores que no se consideran quilombolas se encuentran dentro del
territorio de la comunidad Gurupá. Sólo estas pequeñas propiedades recibirán
indemnización por ser removidas del área, ya que los establecimientos
rurales son considerados “de mala fe”.



Como explica el fiscal de la Cámara de Comunidades Tradicionales y Pueblos
Indígenas del Ministerio Público Fiscal de Belém, Felipe de Moura Palha e
Silva, la falta de recursos no sirve para justificar que no se les retire la
propiedad a los herederos de Liberato. “El desalojo de los intrusos tiene
que ocurrir ya, porque mientras no se retiren los conflictos seguirán
ocurriendo en esta zafra de açaí”, explica. Contactada por teléfono y correo
electrónico, la Superintendencia Regional del INCRA en Pará no respondió
sobre el aplazamiento del desalojo de intrusos.



Mientras tanto, según Silva, el conflicto en la comunidad de Gurupá es “de
riesgo de muerte inminente”. Agrega que “a partir del momento en que se
definió que el área es de ellos, y ellos actúan de acuerdo con la
legitimidad que les da su título, esto genera una acción contraria por parte
del poder político local, el productor, la Policía”.



Ante la prolongación en el tiempo de esta situación el Ministerio Público
Federal recurrió a la Procuraduría General de la Unión, que presentó un
pedido de tutela urgente para que se haga efectivo el desalojo de los
intrusos y que se abstengan de volver a ocupar esa tierra, de lo contrario
serán multados.



Marcados para morir



La última amenaza registrada por los quilombolas ocurrió en agosto. Según
relatos de los residentes brindados al Ministerio Público Federal y
registrados en una circular enviada el 19 de agosto a varios organismos
responsables de la seguridad de la comunidad, Assis da Silva Leal, una vez
más, habría atravesado las aguas para amedrentar a los miembros del quilombo
y amenazarlos con la expulsión. Según la carta enviada al Ministerio
Público, el administrador del establecimiento São Joaquim lo habría hecho
acompañado por Romero Giotto do Amaral Brasil, investigador de la Policía
Civil de Cachoeira do Arari.



Quien relata la historia por primera vez es Josiel Amador, recolector de
açaí y hermano de Gilberto. Durante unos dos meses, él, Gil y otro joven
estuvieron viviendo “en carpas”, es decir, acampando a orillas del Arari y
sus arroyos, por turnos, como parte de la estrategia de ocupación del área.
Allí, llenan las rasas, cestas que rinden hasta siete litros de pulpa de
açaí, y las venden. La ocupación temporal, a pesar de que se da dentro del
territorio quilombola ya demarcado, es una retaguardia contra las embestidas
del establecimiento rural.



“Este mes, Assis vino escoltado por la Policía. Entraron en el Gurupá para
dejar una citación y luego se detuvieron aquí, en esta carpa. Entonces
dijeron que éramos invasores, ladrones, que estábamos invadiendo tierras.
Les dije que sólo saldríamos con una orden judicial”, recuerda, reafirmando
su falta de confianza en las autoridades locales. “Cada vez que llegamos a
una comisaría, es una pesadilla. Cuando obtenemos algo, es en el Ministerio
Público Federal y en la Policía Ambiental. Cuando la Policía de Cachoeira
viene aquí es para perseguir a los quilombolas”, se queja Alfredo.



En el documento emitido por el Ministerio Público Federal, el abogado Felipe
de Moura Palha e Silva pide que la Comisaría de la Policía Civil de
Cachoeira do Arari y la Comisaría de Conflictos Agrarios envíen la lista de
lo que se ha hecho para prevenir el conflicto y que eviten tomar medidas que
no garanticen la integridad física de la comunidad quilombola.



A partir de la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la Arquig
registró una segunda denuncia en la propia Policía Civil sobre la conducta
criminal del administrador de São Joaquim. Con el reconocimiento oficial de
la comunidad quilombola, la asociación siente que tiene los elementos
necesarios para responsabilizar a Assis, como lo explicó Analu Batista dos
Santos, estudiante de posgrado en Derecho y una de las referentes de la
comunidad.



“Acusamos [a Assis] de difamación, amenaza y coerción ante la Policía.
Tendríamos muchos cargos para presentar contra él, pero nunca se ha probado
nada. Ellos siempre hicieron eso. Llevar a la Policía para intimidar fue una
práctica constante durante mucho tiempo. Cuando la Policía comenzó a dejar
de venir, trajeron a la milicia: gente encapuchada que bajaba de un
helicóptero en un establecimiento rural cercano. Esto es recurrente”,
denuncia.



Analu, que es técnica en Administración y licenciada en Letras, dice que
decidió estudiar Derecho para defender a su comunidad. Trabajó como
funcionaria en la prefectura de Cachoeira de Arari durante diez años. “En
esa década que viví allí, durante los tiempos de zafra iba casi todos los
fines de semana a la comisaría para tratar de defender a los quilombolas que
llevaban para allí. Iba a hablar, porque no conocía la ley. Les preguntaba
qué tenían contra esas personas, y eventualmente tenían que liberarlas”.



Analu dice que no se considera una líder y que su interés por el derecho
comenzó cuando tenía siete años. “Cuando era pequeña, pensaba que la figura
del abogado podía hacer cualquier cosa”. Cuenta que su padre, Osvaldo
Batista, ex presidente de la Arquig, fue amenazado de muerte durante muchos
años por los capataces de Liberato. “Quien fuera a matarlo simplemente no lo
hizo porque yo fui a los campos con él. A veces tenía pesadillas y no lo
dejaba ir, lo acompañaba para protegerlo. Creo que sintieron pena, no lo
sé”, dice.



El primer intento de denunciar formalmente al administrador de São Joaquim
ocurrió justo cuando Gil fue baleado, en 2016, y también involucró a su
hermano Josiel. En ese momento, estaban acampados durante esa cosecha de
açaí. Al mostrar la cicatriz que dejó la bala, recuerda que en esa ocasión
logró arrastrarse hacia el bosque y buscar ayuda. Fue entonces cuando los
hombres se volvieron contra Josiel, lo esposaron y lo llevaron río abajo
como “rehén”. “Se quedaron ofendiéndome, insultándome. Pasamos una hora
frente a una casa y traté de gritar, pero me golpeaban”, recuerda. En la
denuncia, la declaración de Josiel enumera los insultos que recibió.
“Ladrón. Hijo de puta. Banda de negros ladrones”.



Según Josiel, lo dejaron en un establecimiento rural llamado Corazón, lejos
de la comunidad, de donde los pistoleros que lo secuestraron se fueron en
helicóptero. El quilombola caminó durante horas hasta que encontró una casa
rural con un teléfono para llamar a sus familiares y conseguir una
embarcación para regresar a Cachoeira do Arari. Cuando llegó, fue
directamente a la comisaría para informar de lo ocurrido, mientras Gil
estaba en el hospital.



Según la Arquig, la denuncia fue archivada por falta de pruebas, ya que los
médicos que atendieron a Gilberto no pudieron retirar la bala. “La mejor
justicia para mí es que Gil está vivo y contando la verdad. Vio que era
Assis. La prueba está ahí”, critica Alfredo, presidente de la asociación. El
comisario David Bahury dijo que desconocía el caso, que ocurrió antes de su
administración, pero afirmó que creía que la investigación había “acusado al
señor Assis”.



Aunque emblemático, el caso no es la excepción en la historia de la
comunidad. Alfredo cuenta que en la víspera de Navidad de 2014 un hombre que
se presentó como Rose, hijo del ex administrador de São Joaquim,
identificado sólo como Dino Feio, irrumpió en uno de los sectores de la
comunidad, el Arroyo de la Roça, junto con dos pistoleros, con el supuesto
propósito de cobrarles a los quilombolas que habían pescado en los lagos del
establecimiento y se habían “metido con sus peces”. Desde la tierra, el hijo
del capataz disparó hacia donde estaban los quilombolas y hermanos Adenilson
Moraes Alexandrine y Adelson Moraes Alexandrine. El primero murió en el
acto, y el segundo todavía está en una silla de ruedas debido a sus
lesiones.



Alfredo cree que los crímenes ocurrieron en represalia por una pelea que los
quilombolas tuvieron con Dino. “Hubo una discusión aquí sobre las
acusaciones de robo de açaí, y los quilombolas, disgustados por todo lo que
estaba sucediendo, tomaron a Dino y lo golpearon. Y hubo una respuesta”,
dice.



El asesinato de Lalor



De hecho, los líderes de la comunidad conservan una pila de documentos que
contienen numerosos informes sobre la violencia que sufrieron por parte de
los administradores del establecimiento São Joaquim y los oficiales de la
Policía de Cachoeira do Arari a lo largo de décadas. Asimismo, guardan las
docenas de citaciones que han recibido por “robo de açaí” e “invasión de
propiedad”.



A los 64 años, la empleada estatal María de Fátima Gusmão Batista, madre de
Analu y auxiliar de limpieza de la Escuela Municipal Quilombola de la
comunidad Gurupá, actúa como una especie de guardiana de los documentos. “Yo
siempre guardo las declaraciones. Esto es sólo una citación y el reporte de
una denuncia que vino de Cachoeira do Arari acusándonos de robar açaí. La
Policía no se fue de aquí. Te diré que he ayudado mucho en este conflicto.
Ayudo cuando puedo, porque ya tengo esta edad”, dice, sentada en el piso de
la casa de madera junto al río Gurupá, rodeada de papeles amarilleados por
el tiempo. A pesar de tantos informes, un hecho específico fue lo que marcó
más la historia de la comunidad quilombola y de María: el asesinato del
líder Teodoro Lalor de Lima.



“Después de que Lalor murió, todos se asustaron. Y después de eso también se
intensificó el conflicto”. Lalor era presidente de la Arquig cuando fue
asesinado, en 2014, en la capital del estado, Belém, donde se estaba
preparando para una ronda de reuniones con el INCRA y el Ministerio Público
Federal. Las circunstancias del asesinato fueron consideradas por el
tribunal como un “crimen pasional”. “Era muy amigo mío. Si estuviera vivo,
todavía estaría en la presidencia [de la Arquig], porque se enfrentaba a los
estancieros de igual a igual”, dice María.



La familia de Lalor fue la única que, desde la década de 1970, con la
llegada de Liberato, no se apartó del lugar donde vivía, en el arroyo Bom
Jesus do Tororomba. Con la intimidación constante para que la familia se
fuera del lugar, lo que llevó a la apertura por parte de la Fiscalía de un
proceso de demarcación paralelo del sitio de la familia Lalor Lima, Teodoro
se convirtió en el principal referente para los quilombolas de Gurupá.



A lo largo de décadas, llegó a ser arrestado varias veces en la comisaría de
Cachoeira do Arari, en acciones de recuperación impulsadas por el
establecimiento rural, y su residencia fue incendiada en 1993. En ese
momento las amenazas provenían del entonces capataz de São Joaquim,
Coriolano Feio. Analu dice que la violencia en el conflicto comenzó con
Lalor. “Era un pobre hombre negro que se atrevió a confrontar a estas
personas. Para Liberato, la cuestión era luchar por amor propio”.



En aquella época las principales ganancias del establecimiento provenían del
ganado, del caucho y de la extracción de palmitos. El açaí todavía era
manejado por los quilombolas, principalmente para comida. “El açaí no tenía
ese valor en aquel momento. Para nosotros, antes de ser vendible, siempre
fue para beber. Entonces, para el establecimiento rural nunca fue
determinante; para ellos esto fue un cambio”, agrega Analu.



La historiadora y antropóloga Rosa Acevedo Marín, profesora de posgrado en
el Centro de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará,
fue una de las responsables del primer informe antropológico sobre la
comunidad de Gurupá, en 2008, y organizó la producción de un libro con los
recuerdos de Lalor. “Hacemos el trabajo en una situación de conflicto muy
fuerte”, recuerda.



De acuerdo con la quilombola Analu, todo el proceso de conflicto con los
productores, y las últimas acciones, que buscan criminalizar al capataz de
São Joaquim, son “concomitantes” con el largo proceso de titulación de la
comunidad remanente del quilombo. El autorreconocimiento de la comunidad
como quilombola se dio en 2002, con la creación de la Arquig; el certificado
de la Fundación Cultural Palmares se publicó en junio de 2010 y el informe
de identificación y delimitación técnica es de 2012. A partir de ese
momento, el INCRA y la administración central reconocieron la expropiación
de la granja para uso del Territorio Quilombola de Gurupá.



En 2009, los quilombolas obtuvieron una orden judicial que les daba la
autorización para explorar la llanura inundable, es decir, las orillas del
río Arari, territorio exigido por Liberato. Sin embargo, una apelación ante
el Tribunal Regional Federal de la Primera Región frenó la decisión. De
todos modos, el largo proceso de demarcación, después de una década, se
completó. Pero en la práctica, el último paso del desalojo de los intrusos
de esas tierras mantiene a los quilombolas en riesgo.



El desalojo que no llega



Según el fiscal Silva, el retraso del INCRA está relacionado con un
“agotamiento total de la política de demarcación de las comunidades
quilombolas”, especialmente en la Superintendencia de Belém. “Han sido
detenidos desde el 1º de enero [de 2019]”, dice. Según los datos de
Ministerio Público Federal, sólo en la isla Marajó otras tres comunidades de
quilombolas también han completado su proceso de titulación, y están a la
espera de la expulsión de los invasores.



Entre las recomendaciones que dio el Ministerio Público Federal en la
circular enviada en agosto aparece la insistencia en que el desalojo debe
ser hecho por el INCRA lo antes posible. Silva denuncia la acción del fiscal
local de Cachoeira do Arari. “Una es la emisión de notificaciones a los
quilombolas por parte del investigador de la Policía Civil sin siquiera la
participación del comisario, y la otra es el propio fundamento jurídico que
están dando a una posesión ilegal e ilegítima para fundamentar incluso
acciones policiales por robo de açaí”, dice.



El Ministerio Público de Cachoeira de Arari está sin titular desde abril. La
fiscal temporal, Paula Camacho, dijo que el reporte de la participación del
investigador de la Policía Civil en las denuncias de amenazas sufridas por
quilombolas le llamó la atención, pero que, según la Policía, la información
“no coincide con los hechos”. “Como es un conflicto, hay víctimas en ambos
lados. Todas estas cuestiones aún se están aclarando”, concluyó en una breve
conversación telefónica.



Para el fiscal Silva, el gran problema de la situación es la “fuerza
política local que tiene la gente para evitar los procesos y el
reconocimiento y la titulación de la comunidad”. Afirma: “Puedo decir, sin
temor a equivocarme, que la fuerza política y económica de aquellos que no
tienen interés en que esta titulación se concrete es responsable de ese vía
crucis”.



Después de toda una vida dedicada a la demarcación de la comunidad, María de
Fátima Batista teme no poder “ver el territorio” en “manos de los
quilombolas”. Manifiesta enojo por la justificación financiera dada por el
INCRA para no efectuar la expulsión del establecimiento São Joaquim. “Además
de ofendida me siento muy enojada, porque no queremos nadar para morir en la
orilla. Quiero ver este territorio libre; espero que si todavía tengo vida
pueda ver nuestro territorio, toda el área reclamada”.



El otro lado



Leão Neto, hijo de Liberato Magno de Castro, respondió a una llamada por
teléfono cuando fue consultado para este reportaje y prometió que un
representante de la familia respondería sobre las denuncias presentadas,
pero al momento de la publicación no se había contactado.



El comisario responsable en Cachoeira do Arari, David Bahury, dijo por
teléfono que la Policía Civil de Pará ha estado luchando “vehementemente”
contra las milicias existentes en el estado. Con respecto a los informes que
denuncian que el investigador Romero Brasil estuvo presente en las últimas
amenazas contra la comunidad hechas por el administrador Assis da Silva
Leal, Bahury respondió que el investigador tiene una “conducta
irreprochable”.



Sin embargo, afirmó que lo que “pudo haber sucedido” es que Brasil “haya
necesitado ayuda para llegar a la comunidad, porque es un lugar distante”, y
que esto justificaría la presencia de una de las partes del conflicto en la
lancha de la Policía Civil. El comisario finalizó la llamada diciendo que
investigaría las denuncias de los quilombolas.



El 25 de setiembre, un hombre que se identificó como Augusto llamó por el
reportaje. En una breve conversación, la periodista intentó aclarar la
relación de Augusto con el conflicto. Él colgó después de advertir que
pronto en la investigación se sabría “quién es él”, así como quiénes son
realmente los quilombolas y los productores rurales. El número fue
identificado de forma pública como del investigador Romero Brasil.



Cuando se intentó contactarlo, Romero Brasil respondió por Whatsapp
diciendo: “No tengo nada que declarar”. Con respecto a las acusaciones
registradas en el documento del Ministerio Público Federal, el investigador
dijo que estaba haciendo intimaciones contra los quilombolas debido a “la
gran cantidad de denuncias formuladas por el señor Assis Leal y los
empleados del establecimiento rural”, así como que hay “invasiones de
personas que dicen ser quilombolas” y que la Policía no tiene cómo saber
“quién es y quién no es quilombola”. Romero también declaró que las
intimaciones no fueron hechas por barco y que, como nunca había recorrido la
región de Gurupá, “el señor Assis se ofreció” a guiarlo “hasta la zona de
entrada a la región”. El investigador destacó que no presenció ninguna
“coacción o amenaza” durante el episodio.

Normalmente, las comunidades quilombolas se ubicaban en tierras de fronteras
económicas abiertas. Eran protegidas por la geografía de una determinada
región –ríos, montañas y bosques- y por un “sistema de defensa” con
empalizadas. Podían incluso combinar estructuras más estables con
campamentos provisorios que, al mismo tiempo, confundían las expediciones
represoras, las cuales en la mayoría de las veces econtraban apenas ranchos
abandonados.



* Este artículo fue publicado originalmente en portugués por Agência
Pública: https://apublica.org/  <https://apublica.org/>



Nota



1) En su origen el nombre fue “mocambos” para después ser denominados
“quilombos”, En 1575 apareció la primera información sobre un mocambo en
Brasil, exactamente en Bahía. Todavía a finales del siglo XVI, la
autoridades coloniales afirmaban que había “algunos obstáculos”, siendo el
primero de ellos los “negros de Guinea” que vivían en algunas sierras y
practicaban invasiones a haciendas e ingenios. Recién con la legislación
colonial de 1740, se definió lo que sería un quilombo. Según estableció el
Consejo Ultramarino, un quilombo era “toda habitación de negros huidos que
pasaran de cinco, en parte despoblada, aunque no tengan ranchos levantados
ni se hallen pilotes”. No obstante, un siglo antes ya existían cámaras
municipales que definían como quilombos a agrupamientos con apenas “dos o
más huidos”, que tuviesen “ranchos y pilotes”, o sea, una estructura
económica más fija.

En general, los quilombolas eran esclavos fugados de una misma localidad y/o
hacienda, y con frecuencia pertenecían a un mismo hacendado. Muchas veces
procuraban mantenerse en el interior de las tierras del dueño y, cuando
hacían protestas durante algunos meses e incluso años, reivindicaban
espacios autonómicos.

Las “comunidades de fugitivos” proliferaron en Brasil, por cuenta de su
capacidad para articularse con las lógicas económicas de las regiones
vecinas. La “economía quilombola” más típica era aquella de producción de
harina de mandioca. A su vez, los quilombos se dedicaban a proveer leña y a
la fabricación de cerámica. Nunca aislados, mocambos y quilombos realizaban
trueques económicos, tanto como esclavos así como población libre:
taberneros, labradores, pescadores, campesinos, garimpeiros (buscadores de
oro y otros metales), etc.

Normalmente, las comunidades quilombolas se ubicaban en tierras de fronteras
económicas abiertas. Eran protegidas por la geografía de una región .ríos,
cañadas, montañas y bosques- y por un “sistema de defensa” con empalizadas.
Podían incluso combinar estructuras más estables con campamentos provisorios
que, al mismo tiempo, confundían a las expediciones represoras, las cuales
en la mayoría de las veces encontraban apenas ranchos abandonados.

Palmares fue el más importante quilombo. Surgió en la capitanía de
Pernambuco en las últimas décadas del siglo XVI, siendo que la primera
referencia aparece en 1597, Allí los mocambos crecieron enormemente, y a
mediados del siglo XVII su población alcanzaba millares de personas
distribuidas en varios mocambos a lo largo de aquellas sierras. Estos eran
denominados a partir de los nombres de sus jefes y comandantes. El más
célebre de ellos fue Zumbi, asesinado en una emboscada el 20 de noviembre de
1695. A pesar de la muerte de Zumbi, la persecución contra los quilombolas
continuaría en los años siguientes. Algunos resistieron –bajo el comando de
Camoanga, finalmente asesinado 1701-  y otros migraron hacia Paraiba y Río
Grande del Norte.

También proliferaron quilombos urbanos, unidades móviles que se formaron en
el Brasil imperial, principalmente en las grandes ciudades esclavistas como
Río de Janeiro, Salvador y Recife. Eran espacios de protección y escondite
para miles de fugitivos denunciados en la prensa diariamente. (Redacción
Correspondencia de Prensa).

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