Chile/ Un virus en La Moneda [Facundo Ortiz Núñez]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

28 de marzo 2020

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net>

  _____



Chile



Un virus en La Moneda



El Ejecutivo de Piñera afronta la pandemia preocupado únicamente por el
orden público, protegiendo a los grandes grupos económicos y mintiendo en
televisión.



Facundo Ortiz Núñez, desde Santiago de Chile

ctxt, 27-3-2020

https://ctxt.es/es/



El COVID-19 llega a Chile en medio de la mayor tensión social de las últimas
décadas, con un gobierno criticado desde todos los frentes, un cuerpo de
carabineros desprestigiado por las violaciones a los Derechos Humanos, el
ejército mirado con desconfianza tras los crímenes cometidos durante el
estallido y una población más politizada y consciente que nunca. Quizá por
eso mismo, la revuelta social se ha congelado en las calles y ha regresado a
los balcones, mientras el ejecutivo se niega a asumir la gravedad del
problema.



Si hasta hace unos meses se debatía la posibilidad de decretar una ley
“anticapuchas” para perseguir a los manifestantes que se protegían de los
gases y ocultaban su identidad, ahora las ciudades se han plagado de
mascarillas, hasta el punto de que han comenzado a escasear en farmacias y
en clínicas de salud. En vista del número creciente de contagiados, el
referéndum del 26 de abril, que todos esperaban como primer paso serio en la
resolución de la crisis social, ha sido desplazado al 25 de octubre con el
acuerdo de todas las fuerzas políticas e incluso de la población más
movilizada.



Pero, paralelamente, la gestión de la pandemia por parte del ejecutivo de
Sebastián Piñera está otra vez sacando a la luz todos los males del Estado
chileno que las movilizaciones de los últimos cinco meses han buscado
denunciar y combatir: la desigualdad, las precarias condiciones de vida, así
como el autoritarismo y la falta de empatía de la élite gobernante, que
parece dispuesta a permitir que el contagio se expanda con tal de que el
poder económico no se resienta.



La prioridad del Estado



El primer contagiado de COVID-19 llegó oficialmente a Chile desde el sudeste
asiático el 3 de marzo. Por desgracia, el Gobierno de Sebastián Piñera no
tenía entonces mucho tiempo que dedicarle al asunto, ya que todas sus
energías estaban puestas en seguir reprimiendo violentamente las protestas
sociales, como la movilización de estudiantes de secundaria, que dejó
cientos de adolescentes detenidos en el país el 11 de marzo. De hecho, la
primera medida “preventiva” que se tomó en febrero frente a la crisis
sanitaria que se avecinaba fue la de poner precio a la prueba diagnóstica.



Después de eso, más allá de imponer controles estándar en el aeropuerto y
delegar toda la crisis en su ministro de Salud, Jaime Mañalich, funado por
sus propios funcionarios en los hospitales hasta hace poco, el primer
movimiento importante del presidente llegó el día 18, tres días después de
que cerraran los colegios y universidades. Cuando ya se contabilizaban 238
contagiados, Piñera decretó estado de catástrofe constitucional, lo que
suponía que los militares volvieran a las calles. No 14 días como en otros
países, ni tampoco un mes, sino directamente por 90 días. Designó así 12
generales como jefes de zona con amplias atribuciones, dos de ellos
implicados en millonarios pagos injustificados del ejército, para que se
ocuparan de coordinar la emergencia en el nuevo escenario.



La primera acción visible que se produjo a pocos minutos de iniciado este
estado de catástrofe fue la “limpieza” que se realizó en la plaza de la
Dignidad en Santiago, en la que se borró todo rastro dejado por las
manifestaciones de los últimos meses. Por la mañana, el general a cargo de
la Región Metropolitana declaró que la gran tarea del ejército era “el orden
público”. El gobierno se muestra así más preocupado por aprovechar
políticamente la nueva crisis para terminar de asfixiar el movimiento
social, que por hacer colaborar seriamente al ejército en las medidas de
prevención, puesto que el estado de catástrofe no ha implicado cuarentena
alguna de la población.



Nueva crisis en la cocina



Esta aparición del ejército como actor clave no está teniendo impacto alguno
a la hora de prevenir o paliar la pandemia. De hecho, al día siguiente se
vieron filas de personas de la tercera edad, esperando durante horas frente
a los bancos y oficinas de AFP del país para cobrar su pensión. No se veían
ni muchas mascarillas ni se mantenían distancias de seguridad.



Al mismo tiempo, se han ido multiplicando las denuncias en redes sociales de
personas a las que, aun sufriendo los síntomas y acudiendo a los centros de
salud o a los números telefónicos de asistencia, se les niega la realización
de la prueba y son únicamente derivados a sus hogares por 14 días sin
asistencia alguna, lo que sugiere un severo maquillaje de las cifras de
contagiados. El Colegio Médico ha apuntado en la misma dirección. Según su
vocera, Izkia Siches, el gobierno les está dando “muy poca información, los
datos aportados son incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta
de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la
Salud pública chilena”.



El mismo tipo de denuncias está llegando de los centros médicos, donde ya se
reportan casos de falta total de mascarillas y alcohol gel, y esto teniendo
menos de 1.000 casos en el país en comparación a los más de 20.000 que se
registran en España o Italia. Frente a la imagen de los militares argentinos
fabricando mascarillas, información que en Chile se ha viralizado, contrasta
la de las enfermeras del hospital Las Higueras de Talcahuano, que han tenido
que ponerse a confeccionar sus propias mascarillas por falta de insumos.



Las medidas de alivio a la población presentadas por Piñera tampoco están
ayudando a aumentar la confianza general. El bono de ayuda a las familias
más vulnerables apenas dará para costearse un balón de gas de 11 kilos, y
que los empleados con contrato (en un país con amplio trabajo informal)
vayan a cobrar únicamente entre un 45 % y un 70 % de su salario,
considerando que el salario medio nacional es de por sí muy bajo en
comparación al coste de vida, supondrá un duro golpe para millones de
chilenos. Mientras, en los supermercados crece el acaparamiento y el
consecuente desabastecimiento. Los precios de las mascarillas y el alcohol
van en aumento, y los decretos legislativos para combatir la especulación
llegan con retraso.



Cacerolazo por la cuarentena



Como el gobierno ha mostrado una severa lentitud, son los mismos chilenos
los que han comenzado a reaccionar. Los malls seguían abiertos hasta hace
pocos días, lo que llevó a sus empleados a realizar protestas improvisadas
exigiendo que les permitieran resguardarse en sus hogares. Lo mismo tuvieron
que hacer empleados de compañías de transportes o los trabajadores del
megaproyecto Mapa de la empresa Arauco frente a las escasas medidas de
protección. Solo cuando se superaron los 300 casos de contagio confirmados
en el país, el gobierno aceptó clausurar las grandes superficies. Pero como
los desplazamientos interprovinciales no se han interrumpido, y los turistas
de Santiago, donde se concentra el 60 % de los casos de contagio, siguen
acudiendo al resto de regiones, van creciendo los cortes de carreteras por
parte de colectiveros o habitantes locales para evitar que la pandemia se
extienda a sus regiones. A esto se le suma el motín con intento de fuga de
la cárcel Santiago 1, que se produjo el día 19 por las pésimas condiciones
sanitarias en que viven los reclusos, incluyendo algunos de los miles de
presos políticos que han dejado las protestas sociales de los últimos meses,
y que además de revelar el trato cruel que reciben por las autoridades,
podrían convertir las prisiones en graves focos de contagio.



En este contexto, no se debe olvidar tampoco la situación de las llamadas
“zonas de sacrificio”, territorios que concentran la industria más
contaminante del país, lo que impacta incluso en el agua que consumen sus
habitantes, o la crisis hídrica que golpea profundamente otras regiones como
Petorca. Sumémosle a esto las enormes “tomas” (asentamientos sin acceso a
servicios esenciales) que hay en los suburbios de Santiago o en los cerros
de Viña del Mar, donde la gente no tiene alcantarillado ni agua en sus
hogares. Ante semejante panorama, los llamados a lavarse habitualmente las
manos para reducir el contagio no es en Chile otra cosa que un brindis al
sol mientras el gobierno no tome medidas claras para abastecer de agua
diariamente a estas comunidades. Frente a las altas cifras de Europa, lo que
se puede producir en Chile y otros países del cono sur cuando la pandemia
aterrice en estas áreas tan precarias podría acabar superando todos los
récords.



Frente al inmovilismo del ejecutivo y siguiendo los consejos de las
organizaciones médicas, los alcaldes han tomado la iniciativa, y más de 150
regidores municipales han exigido al gobierno decretar la cuarentena total
preventiva, que en algunos municipios ya se ha puesto en práctica. Incluso
la Universidad de Valparaíso, conjuntamente con el Colegio Médico, ha
presentado una acción judicial con el mismo propósito. Pero las palabras del
ministro de Salud al respecto han dejado clara la cerrazón total del
gobierno a la idea: “Es una insensatez completa”, declaró el ministro
Mañalich el día 20. “Es una medida que produce, sin lugar a dudas, mucho
daño, mucho pillaje, mucha delincuencia, por supuesto asalto a lugares de
acopio, más Fuerzas Armadas que tenemos que destinar al orden público”.
Nuevamente, el Estado insiste en mostrarse preocupado únicamente por los
posibles saqueos, y es como si esperase ilusamente vencer esta nueva crisis
como todas las anteriores: mediante las armas.



Obligados por las circunstancias, las mismas organizaciones sociales que
antes convocaban a manifestarse en las plazas del país son ahora las más
activas en pedir a todos que se queden en casa como forma de autocuidado.
Las marchas han sido reemplazadas por cacerolazos masivos en todas las
regiones para exigir la cuarentena total. Irónicamente, son esos mismos
trabajadores y estudiantes que hasta hace poco seguían movilizados en las
calles clamando contra el presidente los que ahora llevan la batuta para
exigir el encierro en los hogares, que se apliquen controles sanitarios
auténticos, mientras el gobierno actúa con retraso y provocando escándalos
cada vez que un miembro del gabinete presidencial toma el micrófono. Uno de
los últimos episodio del ministro de Salud ha sido señalar el “manejo
compasivo” que se le ha practicado a la primera persona fallecida por el
virus, deslizando así un protocolo de “no intervención” en los casos con mal
pronóstico.



Un virus más en el estallido



En Chile, el coronavirus no está siendo ese gran “momento generacional” que
están viviendo otros países. Al contrario, parece solo un episodio más de la
crisis de los últimos tiempos, ya que el auténtico virus del país no viene
de Asia, sino de su modelo económico y social, intocable para el poder
incluso en los momentos de máxima gravedad. Para la población, se trata de
una crisis ante la que hay que actuar de inmediato para proteger a los
ciudadanos, mientras que para una minoría con mucho poder en Chile, se trata
de otra oportunidad para hacer negocio. El ejecutivo de Piñera, por su
parte, afronta la crisis con la misma actitud con la que afrontó las
protestas sociales de los últimos cinco meses: preocupado únicamente por el
orden público, protegiendo a los grandes grupos económicos y mintiendo en
televisión, como lo hizo el presidente hace pocos días en una entrevista en
la que señaló que Chile estaba más preparado que Italia para la
contingencia, y hasta se permitió criticar la gestión del país europeo,
cuando hasta ahora está repitiendo sus mismos errores.



Más aún, en el caso chileno, como en toda Sudamérica, la crisis del
coronavirus corre el riesgo de convertirse en un nuevo campo de conflicto
entre clases sociales. Hace apenas dos meses, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos publicaba un mapa de las golpizas efectuadas por las
fuerzas policiales en la capital, que graficaba cómo la represión, a
excepción de la “zona cero” de las protestas en Santiago centro, se
concentraba principalmente en los distritos más empobrecidos. Esto contrasta
con el actual mapa del impacto del virus, donde la situación se revierte: el
COVID-19 afecta mayormente a los distritos de alto nivel socioeconómico
situados en la zona oriente de la capital. A efectos prácticos, es una
enfermedad importada por los “cuicos”, los ciudadanos acomodados que pueden
viajar al extranjero, un privilegio no al alcance de cualquiera en Chile,
pero que corre el riesgo de acabar teniendo un impacto más mortal en los
sectores socioeconómicos más precarios.



Piñera parece menos angustiado que hace un mes: ha encontrado el terremoto
que esperaba para poner fin a las “convulsiones” que vivía el país, y, esta
vez sí, ha logrado lo que intentó y no pudo obtener en octubre: tener al
ejército en las calles de todas las regiones para asegurar que no haya
manifestantes protestando ni pobres robando, pero que los consumidores sigan
realizando sus compras, ya sea presencial o telemáticamente. Bajo estas
mismas coordenadas se inscribe el reciente toque de queda que se ha
decretado, y que solo aplica desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, franja
dictaminada a medida de las empresas, dado que no interrumpe las horas
laborales, pero sí facilita que el ejército impida saqueos nocturnos. Nada
da a entender que la medida tenga como fin prevenir más contagios, dado que
la afluencia de personas en esas horas se encuentra en sus mínimos. Sin
embargo, ya se ha visto el primer efecto de la medida. A primera hora del
día siguiente se registraron numerosas aglomeraciones en las entradas de las
estaciones del metro de Santiago de los trabajadores que se ven obligados a
seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, algo que solo puede exponerlos
todavía más la epidemia.



El COVID-19, lejos de servirle a Piñera para “pacificar” el país como le
gustaría, puede terminar acrecentando la polarización que ya se vive en
Chile desde hace meses entre el funcionamiento neoliberal más implacable del
Estado y el anhelo popular de una vida más digna. Si antes el poder buscaba
encerrarlos en casa mediante la fuerza para que no salieran a luchar por un
país mejor, ahora esa misma élite parece estar dispuesta a dejar que se
contagien y mueran antes que ponerle un candado temporal al tejido
económico, y son los que “despertaron”, los mismos que coparon y pusieron
nombre a la Plaza de la Dignidad, los que están en proceso de replegarse y
concienciar a todos con el fin de salvarse a tiempo para poder, el próximo
octubre, recuperar la calle, ganar el plebiscito y, con suerte, alcanzar esa
dignidad que en octubre del 2019 salieron a conquistar. No por nada, solo un
día después de que la estatua del general Baquedano fuera repintada en
Santiago, apareció el primer rayado de este nuevo periodo, que dice:
“Volveremos”. De momento, para que esa promesa se cumpla, no parece que
puedan depender del Estado, sino de sí mismos y de su colaboración, por lo
que la pandemia del COVID-19 puede acabar siendo la prueba definitiva en la
actual batalla de Chile entre el individualismo de las últimas décadas y la
fuerza colectiva que nació en el estallido de octubre.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200328/c9ccc575/attachment-0001.htm