Uruguay/ ¿Volverá la clase obrera? Pit-Cnt: las cuentas pendientes del aparato sindical [Venancio Acosta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de mayo 2020

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Uruguay

 

El Pit-Cnt y el fin del protagonismo de los sectores medios

 

¿Volverá la clase obrera? 

 

Caído el telón del progresismo, la principal discusión de la izquierda se
movió sin escalas hacia el viejo campo económico, luego de la primavera de
los nuevos derechos. El maridaje de la línea mayoritaria del Pit-Cnt (1) con
el FA (Frente Amplio) y los sectores medios dejó una larga lista de cuentas
pendientes. En tanto, la “nueva normalidad” trae consigo un horizonte
plagado de conflictos en el que la perspectiva de clase vuelve a
considerarse una variable de peso en el debate.

 

Venancio Acosta

Brecha, 29-4-2020

https://brecha.com.uy/

 

La tolerancia de la sociedad uruguaya con el sindicalismo en los últimos
años –a pesar de tres gobiernos consecutivos de la izquierda– es tan poca
que los trabajadores ya se acostumbraron a pedir disculpas. La semana pasada
fue lo del dique Mauá. Un grupo de militantes sindicales escribió frases
alusivas al 1 de mayo y tapó parte de un grafiti que un artista, auspiciado
por la Intendencia de Montevideo, había estampado en el murallón. La osadía
motivó una queja pública de Christian di Candia (Frente Amplio) el
intendente de la capital, que el 23 de abril escribió en las redes sociales:
“En la noche de ayer nos comunicamos con el presidente del Pit-Cnt, Fernando
Pereira, para manifestarle nuestra preocupación sobre el mural tapado en la
Rambla Sur”. Las inquietudes de Di Candia se amplificaron en Internet. Eran
diez, eran veinte, eran cincuenta condenando a los inadaptados de brocha y
engrudo. Y el resultado no tardó en llegar: el mismo día, el Secretariado
Ejecutivo difundió un comunicado público en el que reconocía el “error”.

 

Antes del asunto del dique, le tocó a Gabriel Molina, dirigente del
sindicato de trabajadores de Antel (empresa telefónica estatal) y secretario
de prensa y propaganda de la organización. Se filtró a los medios un largo
audio en el que Molina se refería, en una conversación privada, a la
decisión del Poder Ejecutivo de recortar salarios públicos, por fuera de la
negociación colectiva, para destinar fondos al combate de la pandemia. “Fue
muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo”, espetó en un momento de
enojo, refiriéndose al presidente, y allí mismo pidió disculpas por la
expresión. Una vez filtrado el audio, se pidió su cabeza en las redes
sociales. Y allá salió Molina a hacer público el pedido de disculpas que ya
había hecho en privado.

 

En las encuestas de “confianza en las instituciones”, los sindicatos ocupan
casi siempre el último lugar. Detrás de los bancos, detrás de los militares,
detrás de la Policía, detrás de los empresarios, detrás de los partidos
políticos. La última rectificación del movimiento sindical ocurrió a raíz de
la forma en la que se decidió llevar adelante las manifestaciones por el Día
de los Trabajadores. El 16 de abril –con la negación de la cadena nacional
para el Primero de Mayo– la Mesa Representativa discutió una serie de
medidas para difundir su mensaje. Se aprobó por mayoría realizar un video,
organizar reuniones en los centros de trabajo, convocar una conferencia de
prensa y llevar adelante una campaña de difusión con “pintadas de muros,
pasacalles, redes sociales y todos los instrumentos de difusión al alcance”.
También se definió realizar cuatro pequeños actos públicos en Montevideo –y
uno en cada departamento del Interior– “tomando todas las medidas
sanitarias”.

 

La reacción pública de rechazo llegó inmediatamente. Y fue tal que el
Secretariado convocó, de manera urgente, una segunda reunión de la Mesa, a
raíz de las opiniones que “hemos recibido estos últimos días de filiales
nuestras, del Smu (Sindicato Médico del Uruguay)y de personalidades
vinculadas a la salud”, según quedó registrado en el acta. El 23 de abril,
aquello que había sido votado casi por unanimidad fue objeto de división en
la interna. La línea mayoritaria votó para que parte de la decisión inicial
fuera revocada y resolvió, en sustitución, hacer una “caravana vehicular”.
Al día siguiente, circuló por las redes sociales un mensaje de voz que
advertía falsamente que la organización estaba planificando contratar
automóviles para aparentar mayor convocatoria. “El Pit-Cnt no va a pagar ni
un solo peso a los que participen en ninguna caravana en todo el país. Lo
que está circulando es simplemente un acto de mala intención”, dijo Fernando
Pereira, a quien, cuando no tiene que salir a pedir disculpas o hacer
desmentidos, le toca hasta atender bromas pesadas, como recibir un pedido
masivo de pizzas que llegó hace algunas semanas a la sede de Jackson.

 

El Pit-Cnt tiene que remar contra la corriente de su mala reputación.
Aunque, con todo, no es de sus principales problemas. Si el año anunciaba
algunas turbulencias, la pandemia colocó más nubes negras en el horizonte.
El movimiento sindical –que todavía no hizo el duelo de la alianza
estratégica que sus mayorías promovieron con el gobierno frenteamplista–
arrastra una interna conturbada. Pero también ingresa en un escenario de
discusión en el que el aspecto económico vuelve a dominar el itinerario de
la izquierda, que hasta hace poco parecía estar recostada en elementos
vinculados con la agenda de derechos y protagonizada por organizaciones que
levantan las banderas de las llamadas minorías. El cimbronazo de la
depresión económica –con componentes previstos e imprevistos– vuelve a poner
a la malherida clase trabajadora en el escenario central del movimiento
social.

 

Frente interno 

 

Desde el último congreso, que sesionó en 2018, la interna del Pit-Cnt quedó
partida en tres. La corriente mayoritaria se llama Gerardo Cuesta. Está
integrada por una alianza entre el Partido Comunista del Uruguay (Pcu) –con
una mayoría absoluta en los gremios de la construcción y la metalurgia,
principales aliados del proyecto desarrollista del FA– y Articulación, una
aglomeración de frenteamplistas de centro, fundamentalmente reunida en el
triunvirato del sindicato del comercio (Fuecys), los bancarios (Aebu) y los
funcionarios de magisterio (Fum). Fernando Pereira y Marcelo Abdala son sus
principales referentes. La Gerardo Cuesta es la fuerza de movilización de
los comunistas más la disposición conciliadora de los moderados. Funcionan
de forma aceitada y lideran con relativa tranquilidad.

 

Luego existen dos minorías. La corriente En Lucha es la segunda en disputa.
Está integrada fundamentalmente por los públicos: la Confederación de
Funcionarios del Estado (Cofe) y la Asociación de Empleados y Obreros
Municipales de Montevideo (Adeom). Pero también la integra, de forma algo
marginal, el sindicato de la bebida (Foeb). Aunque está formada mayormente
por cuadros frenteamplistas (no alineados al Pcu), su principal disputa con
las mayorías pasa por reivindicar una “independencia de clase” que, en lo
discursivo, le permite distanciarse de lo que en la Gerardo Cuesta es más
evidente: su relación abierta con la orgánica del FA. A En Lucha la
distinguen su escasa capacidad de alianza con organizaciones de peso
político por fuera de lo sindical, un corporativismo siempre acechante sobre
la base de la presión en el sector público y un pragmatismo, algo tosco,
habitualmente distante de las viejas tradiciones del sindicalismo uruguayo.
Sus referentes principales son Valeria Ripoll y Joselo López (y Richard Reed
como figura pública fuera de la orgánica), quienes tienen una intensa
presencia en la opinión pública, que no parece corresponderse con su aporte
en la discusión de ideas.

 

El llamado Grupo de los 8 es la corriente minoritaria por excelencia. Está
integrado por ocho sindicatos de base, que en el último congreso se
descolgaron con un documento que discutía el liderazgo de las dos corrientes
mayoritarias. Su escasa incidencia cuantitativa en la organización es
inversamente proporcional a la incidencia de su propuesta política. El Grupo
de los 8 desentierra discusiones que fueron una parte fundamental de la
conformación, a mediados de los sesenta, de la Cnt: reclama que se respeten
los estatutos, no admite que el Pit-Cnt sea concebido como una central (pero
sí como una convención), denuncia la falta de democracia interna y reniega
de las figuras de presidente y secretario general, inexistentes en los
documentos fundacionales. Lo integran la educación privada; funcionarios
postales; funcionarios de la Udelar (Universidad de la República) , la Ute
(empresa eléctrica estatal) y el Codicen (dirección de la enseñanza pública)
y funcionarios gastronómicos, de las artes gráficas y ferroviarios. Asumen
protagonismo en la discusión de ideas, pero aparecen a la retaguardia en
cuanto a capacidad de movilización.

 

Este año tendría que llevarse adelante –según el estatuto– el congreso
ordinario de la convención, máxima instancia de decisión después de la Mesa.
Pero llegó la pandemia. Antes, las minorías empujaban para que se realizara.
Las mayorías, sin embargo, estaban divididas. Los comunistas, como Marcelo
Abdala, tenían una postura a favor (en la interna tienen poco que perder). Y
los moderados, como Fernando Pereira, se abroquelaban en la negativa (de no
ser por su alianza con en el Pcu, Articulación se reduciría a tres gremios
importantes pero minoritarios). Poco ha cambiado.

 

Frente externo

 

Desde marzo, hay aproximadamente 150 mil solicitudes de envío al seguro de
paro. (2)El número creció exponencialmente, en forma inédita, en tan sólo
dos meses. Los sectores más afectados son –de mayor a menor cantidad de
solicitudes– los del comercio por mayor y menor, la industria manufacturera,
el alojamiento y los servicios gastronómicos, el transporte y el
almacenamiento. El gobierno, en términos generales –a tono con la política
de contingencia de la mayoría de los países–, ha intentado contener la
sangría estirando la sábana de la protección social y buscando algunas
soluciones ad hoc para los monotributistas (que incluyen transferencias de
fondos del Inefop) y todavía pocos salvavidas para el sector informal, que
en Uruguay alcanza al 25 por ciento del empleo.

 

Con la actual correlación de fuerzas, las mayorías han intentado amortiguar
los impulsos de radicalización de las bases, sosteniendo un ámbito de
negociación con el que consideran el componente menos nocivo de la coalición
de derechas: el ministro de Trabajo, Pablo Mieres (Partido Independiente).
La radicalización es principalmente desatada por los embates políticos del
Grupo de los 8, que continúa, además, jalonando el protagonismo de la Mesa.
En la primera reunión de abril, por ejemplo, el Grupo de los 8 presentó una
moción de caracterización del gobierno y de la etapa actual en la que
instaba a profundizar la posición de clase del Pit-Cnt, precipitando la
confrontación. La moción fue abortada por la línea mayoritaria. Hubo, sin
embargo, detalles para tener en cuenta: la moción fue apoyada por 11
sindicatos (con la adhesión de Adeom), rechazada por 19 y tuvo seis
abstenciones (entre ellas, las de Cofe y la bebida). Adeom también votó con
la minoría cuando llegó la hora de reconsiderar las manifestaciones del
Primero de Mayo en la Mesa siguiente, Cofe votó con la mayoría y la bebida
mantuvo la abstención. La radicalización de las medidas tensiona a la
corriente En Lucha y a los trabajadores públicos, que seguramente ganarán
protagonismo con la discusión del presupuesto (quizás con los sindicatos de
la educación a la cabeza) y de la propia ley de urgencia, que da relevancia
a los trabajadores de Ancap (empresa petrolera estatal) por ejemplo.

 

En el sector privado, la radicalización dependerá, también, del ritmo de la
crisis. Mientras que los dos principales sindicatos –el de la metalurgia y
el de la construcción– no han experimentado grandes sismos (aunque no
escapan a los seguros de paro), los sectores que hasta ahora han acompañado
la moderación, pero, en los hechos, vienen siendo golpeados duramente (los
del comercio, el transporte, el empleo doméstico, entre otros), tienden a
ponerse en guardia. Por su parte, los informales –que se hallaban divididos
en dos organizaciones sindicales, a raíz de las diferencias por la
regularización que llevó adelante la Intendencia de Montevideo– pueden
incluso ganar estructura dentro de la convención, apoyando la hipótesis del
enfrentamiento. Al mismo tiempo, la próxima ronda consejos de salario,
prevista inicialmente para junio (a excepción de la construcción),
probablemente será postergada, ante la negativa de las cámaras de mantener
los convenios anteriores. Otro foco de conflicto en el horizonte.

 

Frente estratégico 

 

En el congreso, la corriente mayoritaria ha embarcado a la organización en
una perspectiva estratégica que se ha dado en llamar “bloque social de los
cambios”. Fue propiciada en paralelo a la carrera por el cuarto gobierno
frenteamplista (luego frustrado), cuando la administración de Tabaré Vázquez
caía en cuanto a popularidad y resultados, y se volvía cada vez más
probable, por primera vez en 15 años, una restauración conservadora. El
bloque buscó favorecer políticamente un marco de alianzas entre
organizaciones afines al FA que han protagonizado el movimiento social en
los últimos años, cuando iniciativas vinculadas a la agenda de las llamadas
minorías ganaron protagonismo. La agenda se instaló como tendencia en el
debate público, pero pareció no favorecer decisivamente a la izquierda en
las últimas elecciones, en las que el aumento del desempleo –por ejemplo– sí
dio señales de incidir de forma determinante.

 

La crisis sanitaria nuevamente revolcó a la izquierda en el barro de la
realidad económica, para la cual hace un año los oídos no eran demasiados,
cuando las manifestaciones que ganaban terreno en cuanto a movilización
tallaban mayormente en aspectos descentrados del problema capital-trabajo,
al menos en sus formas clásicas. A la vez, declarada la emergencia, el FA
dejó en segundo plano lo que podría ser una discusión interna sobre la
derrota electoral de noviembre y pudo amortiguar su caída violenta del Poder
Ejecutivo a las filas de la militancia de base, en las que aún hay muchas
cuentas que ajustar. La nueva realidad requería acciones rápidas en otros
campos.

 

Las organizaciones del movimiento social según las cuales el aspecto
económico no configuraba el centro de la discusión tendieron a ser
hegemónicas antes del covid. El hecho de que esa agenda no constituya un
objeto de disputa política visible en el contexto actual dificulta ahora su
protagonismo. Más de una lectura de la crisis desde una perspectiva de
izquierda se regodeó en cobrarles a los liberales sus ensoñaciones con el
mercado, recordó el valor de lo público, señaló la importancia del sistema
de salud estatal, etcétera. Sin embargo, pocos retomaron la discusión que
empezaba a asomar antes de la pandemia, vinculada con la posibilidad de que
la “agenda de derechos” (3) –promovida por sectores con un fuerte arraigo en
la clase media capitalina– haya eclipsado el protagonismo de las demandas
obreras, que durante el progresismo se abroquelaron en la defensa del modelo
desarrollista, lo que dinamitó también las posibles alianzas con
organizaciones ecologistas, por ejemplo.

 

La alianza con la agenda de los sectores medios empujó muchas veces al
Pit-Cnt a la retaguardia del “bloque” y generó varios embates dentro y fuera
de la organización. El posicionamiento de las mayorías a favor de la
coalición de izquierdas –por ejemplo– llevó a suavizar algunas críticas al
gobierno del FA cuando este adoptó medidas que contravenían los derechos
laborales (como el proyecto de ley que modificaba la negociación colectiva,
presentado en noviembre por el exministro Ernesto Murro). Críticas en el
mismo sentido se hicieron oír cuando organizaciones sociales que no
integraban el “bloque” (por no estar alineadas con el FA) demandaron a la
organización obrera que se pronunciara a favor de sectores no asalariados de
la población que reclamaron, sin éxito, visibilidad y calificación política
durante los gobiernos frenteamplistas, como quienes enfrentaban la pobreza y
la violencia en las periferias urbanas, la población privada de libertad
–que rompía récords de muerte en el sistema penitenciario– y los
adolescentes que padecían la inhumanidad del sistema penal juvenil. (Otro
aspecto que la crisis sanitaria vino a revertir de un plumazo, pues obligó a
la organización a plantear soluciones para los cientos de miles de
trabajadores informales que viven al día y son la cara más visible de estos
sectores sin representación.) Como en toda la izquierda, la crisis tiende a
empujar al Pit-Cnt a reconfigurar su marco de alianzas, al mismo tiempo que
el parate económico arrecia con intensidad y se reacomodan los términos del
debate. Es probable que los cambios heredados de la primavera de los “nuevos
derechos” –encabezada por el feminismo como articulador central y principal
movimiento social de los últimos años– sigan su curso minando las viejas
estructuras de la política uruguaya, incluida la convención obrera. Pero, en
la “nueva normalidad”, la izquierda se aproximará, por fuerza, a decidir si
los trabajadores organizados –y, en general, los sectores más desfavorecidos
económicamente, que constituyen la mayoría de la población y en los que
predominan, precisamente, las mujeres– tendrán ahora un rol protagónico en
la agenda o seguirán entrando a la discusión por la puerta de servicio de la
clase media montevideana. 

 

Notas de Correspondencia de Prensa  

 

1) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores, central sindical única. 

2) El desempleo oficial, según la última medición del Instituto Nacional de
Estadística, se ubicaba  en 10.6% al comenzar la “emergencia sanitaria”.
Mientras, la pandemia vino a “descubrir” que la “informalidad” alcanza,
luego de 15 años de gobiernos progresistas, a un 30% del total de la fuerza
laboral, estimada en un millón seiscientas mil personas. 

3) Se refiere a las leyes de despenalización del aborto, la comercialización
legal de marihuana en farmacias registradas, y a la legalización del
matrimonio homosexual, entre otros “nuevos derechos”.  

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