Venezuela/ Una invasión de utilería. Mientras, la crisis sigue [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de mayo 2020

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Venezuela

 

La Operación Gedeón 

 

Una invasión de utilería 

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue
reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad.
Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los
acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 8-5-2020

https://brecha.com.uy/

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses,
intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al
presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse
por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho
resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

 

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar
Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que
arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa
en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando
policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho
muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

 

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la
Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia
desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al
noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados
por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un
tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en
Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos.
Las autoridades aún buscan más.

 

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia
Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos
estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas
especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los
atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido
las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido
de cientos de millas por aguas del Caribe.

 

Boinas, mentiras y video 

 

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una
conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que
actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el
estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que
actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

 

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando
llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la
captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia
de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros
delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura,
así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles
y militares.

 

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de
prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores
de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e
infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar
levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular
del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro
medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau
para financiar la fallida Operación Gedeón.

 

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el
gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami,
junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido
con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde,
sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado
un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense
y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los
capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para
conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas
elecciones.

 

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical,
recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero
no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en
la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son
cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el
presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene
que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría
sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

Mientras, sigue la crisis 

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de
hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según
cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza
(el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28
millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las
Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte
y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas
diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en
marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a
tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha,
30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015,
a casi cinco millones de venezolanos.

 

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un
siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las
refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos
dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de
divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado
petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede
dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos
3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000
millones anuales.

 

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la
estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de
cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el
propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la
cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo,
unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro
tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

 

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de
Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que
no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos
para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima
convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la
lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a
la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del
entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y
democrática. No es un buen presagio.

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